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El 84% de los mexicanos considera que Constitución se cumple poco o nada: UNAM

El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna, y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana, revela una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco del centenario de la promulgación de la Carta Magna, la UNAM da a conocer esta encuesta, en la que precisa que uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

“La pregunta central es hasta qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su Constitución y la hacen suya mediante el conocimiento no sólo de los preceptos que componen el documento, sino también de las instituciones y las estructuras de gobierno que se han creado con fundamento en ella; no únicamente mediante la percepción de su cumplimiento por las autoridades y los conciudadanos, sino además por la disposición propia a acatar dichos preceptos y reconocer los principios y valores que los subyacen”, informó la Universidad en un comunicado difundido este domingo.

Los resultados fueron arrojados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Departamento de Investigación Aplicada y Opinión) de la UNAM.

La encuesta, aplicada a nivel nacional en mil 200 casos en vivienda a población de 15 años y más, en octubre de 2016, es la tercera de una serie iniciada en 2003, que ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes y opiniones de los mexicanos sobre su Constitución, el cumplimiento de la ley y la democracia.

En el documento, la máxima casa de estudios dice que la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia.

Otro de los resultados importantes añade: “Al preguntar ¿qué es más importante para usted?, la mayoría de los entrevistados (57.1 por ciento) eligió la opción ‘Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes’, por sobre otras como ‘Una sociedad sin delincuencia’ (55.4 por ciento), ‘Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres’ (42.8 por ciento) y ‘Una sociedad más democrática’ (24 por ciento)”.

La UNAM indicó que los resultados de la encuesta se analizan en el libro “Los mexicanos y su Constitución”, coordinado por Héctor Fix-Fierro, Julia Isabel Flores y Diego Valadés, que se presentó el viernes pasado en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/473232/84-los-mexicanos-considera-constitucion-se-cumple-poco-nada-unam

Gasolinazo, “ punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética”: investigadora

“El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética, con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal en la industria de los hidrocarburos, con el consiguiente desplazamiento del Estado mexicano”, aseguró la integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Rosío Vargas.

Durante el coloquio “El Gasolinazo en el contexto de la integración energética con América del Norte”, Vargas explicó que con la liberalización del precio de las gasolinas y del diésel se avanza en la instauración de un régimen de mercado que pretende la competencia nacional sobre bases regionales, “lo que significa pérdida de soberanía energética y de control territorial”.

Aseguró que su implementación “será a costa de la sociedad mexicana” y que además conllevará “importantes riesgos” para la seguridad energética del país, debido a que propicia la dependencia estratégica de las importaciones de derivados, petroquímicos y gas de la Unión Americana.

De acuerdo con la investigadora, la reforma constituye “la joya de la corona” que no logró Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues abre áreas que antes eran consideradas estratégicas por el Estado mexicano, como el procesamiento industrial de los hidrocarburos y el acceso a las reservas petroleras.

Vargas precisó que en la reforma está el modelo y objetivo de la liquidación de la paraestatal. “Le quitan dinero para inversiones, no le dan presupuesto, están liquidando a toda su planta”, indicó.

Agregó que “la seguridad energética ha estado excluida de la reforma y simplemente se ha manejado como una cuestión económicamente necesaria y una forma de quitar el monopolio a Pemex”.

Días antes de que iniciara el 2017, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el incremento en el precio de las gasolinas que entró en vigor el 1 de enero, con un aumento de hasta 20 por ciento. Inmediatamente, los estados de la República se organizaron para protestar contra el gasolinazo, así como sus consecuencias, entre las que se incluyen los aumentos en los alimentos, las tarifas de transporte y servicios como el gas LP.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
https://desinformemonos.org/gasolinazo-punta-del-iceberg-una-bomba-llamada-reforma-energetica-investigadora/

El enojo acumulado salió a la calle

El aumento al precio de los combustibles, anunciado por el presidente Peña Nieto el pasado 28 de diciembre, desencadenó una serie de hechos, algunos explicables y lógicos; otros muy oscuros. El gasolinazo enardeció a la gente. Esta vez el enojo acumulado durante años y años de abusos de poder no se quedó en las redes sociales, sino que salió a las calles y a las carreteras de todo el país. Pero las marchas, protestas y bloqueos protagonizados por ciudadanos airados de pronto se vieron contaminados por actos vandálicos (bajo sospecha de estar orquestados por las autoridades): saqueos a comercios, rumores de asonadas o cuartelazos… y entonces llegó el miedo, un capaz de paralizar las movilizaciones sociales. Ante un riesgo real de estallidos populares ese miedo le cae como anillo al dedo al sistema.

El cierre de año fue calamitoso: el 28 de diciembre el gobierno federal adelantó que a partir del domingo 1 sería liberado el precio de la gasolina; dos días después anunció el aumento de las tarifas eléctricas, lo que detonó las protestas.

Apenas iniciado el año y una semana después había cientos de manifestaciones, cierre de carreteras y toma de gasolineras en prácticamente todo el país.

“Es el enojo de la gente ante el cúmulo de abusos de poder”, sostienen la politóloga y directora de la Red de Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, y el director de la encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos. Por separado, ambos coinciden: estas manifestaciones no son una catarsis social, sino una expresión de falta de gobierno y un reclamo a los partidos.

“En primer lugar”, sostiene Campos, “no se puede descontextualizar ese descontento. Hay un enojo desde 2014 que se ha ido acumulando por corrupción, impunidad, malos resultados económicos, inseguridad creciente, e indignación por los bonos de los diputados. Todo esto genera el enojo”.
Morales, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y egresada de la Universidad de París, señala:

“Estamos viendo un rechazo de la gente a los abusos de la clase política. Si bien el costo político lo estaba pagando el PRI por sus (ex)gobernadores corruptos, hasta ahora no vemos a otros partidos pronunciarse al respecto. El PAN está muy callado con respecto a los bonos de los diputados y el PRD es omiso. Por eso la gente está muy enojada.





Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/469151/enojo-acumulado-salio-a-la-calle

El falso diálogo de la Segob

Una reunión celebrada el pasado 30 de junio en la Secretaría de Gobernación con una comisión de representantes de Nochixtlán acabó prácticamente en nada. Víctimas y deudos del ataque del 19 de junio pedían, entre otras cosas, la derogación de la reforma educativa –que estuvo en el origen de la tragedia– y reparación del daño. Lo único que obtuvieron fue una visita posterior de Roberto Campa Cifrián a la zona del ataque…


ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, Oax.- Cuando los deudos, víctimas y representantes de esta comunidad le pidieron al gobierno de México abrogar la reforma educativa, la respuesta fue “que no se metieran en eso”. Demandaron justicia y les pidieron paciencia, pero les ofrecieron programas clientelares y acceso a internet.

Luego exigieron la reparación integral del daño conforme a estándares internacionales. El gobierno ofreció analizar el tema. Finalmente, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó la actuación policial diciendo que en Oaxaca había desabasto en las tiendas Diconsa y se afectaba a miles de personas con los bloqueos del magisterio.

–¡Eso no es cierto! –explotó Adriana, una mixteca integrante del grupo de padres de familia que apoya al magisterio–. Esas tiendas no tienen desabasto y ni siquiera venden cosas nutritivas. ¡No quiera usar esa mentira en esta mesa!

Ante el señalamiento de la mujer, Osorio Chong se descompuso y momentos después abandonó el encuentro, sin dar ni una explicación. La reunión del pasado 30 de junio entre la comisión de Nochixtlán y funcionarios de Gobernación se había iniciado hacia las 14:30 horas y para las 16:00 el titular de la secretaría ya se había esfumado.

Habían pasado 11 días de los hechos trágicos de Nochixtlán y en los pueblos de la Mixteca continuaban las ceremonias funerarias.

La reunión comenzó con recelo mutuo. Según los integrantes de la Comisión de Representantes de Nochixtlán –quienes dieron a Proceso los pormenores de las reuniones–, la primera molestia fue porque en Gobernación se les exigió que para dar inicio al encuentro, se deshicieran de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos que pudieran registrar lo que ahí se tratara.

Para ellos, los funcionarios de Gobernación “fueron parte de los que autorizaron el desalojo, y ni entonces ni ahora han dado una explicación para el pueblo por el ataque”, dice a Proceso Vicente Rodríguez, uno de los representantes.

En las primeras horas el estancamiento en la reunión giró en torno al primer punto del pliego que llevaban las familias: la abrogación de la reforma educativa. Según Vicente Rodríguez, la respuesta que les dieron es que “en la reforma educativa no se metieran pues era asunto de otra mesa”.

Un funcionario de la dependencia, que participó en los encuentros, confirmó la negativa a abordar el asunto, pues dijo que los representantes “tienen dos agendas… la CNTE no deja ir ninguna oportunidad y esta mesa es para el caso 19 de junio”.

Para los miembros de la mesa era justificable pedir lo mismo que el magisterio, pues fue esa reforma la que provocó el conflicto que, al ser reprimido, afectó a la comunidad.

Mientras Osorio y sus colaboradores insistían en llevar programas sociales a Nochixtlán y otras comunidades, la comisión ciudadana les hizo saber que estaban ahí por un tema de justicia y que si era su obligación llevarles programas sociales, el tema no tenía por qué estar a discusión.

Reticencias y “show”

En la sala que se dispuso en la sede de la dependencia, y tras la abrupta salida de Osorio Chong, quedaron sólo los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; y de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; el coordinador de asesores de Osorio, Guillermo Lerdo de Tejada Servit­je; y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.

La reunión había sido acordada el 27 de junio, durante un encuentro previo facilitado –según los representantes de la comunidad– por la CNTE. No hubo documento ni minuta, pero el compromiso fue que se abriría una mesa especial sobre el operativo policiaco del 19 de junio que, oficialmente, cobró la vida de ocho personas y dejó más de un centenar de heridos.

Por su parte, los integrantes de la comisión ciudadana, así como de la CNTE y los grupos de padres de familia, estaban en desacuerdo con que la mesa se centrara en Nochixtlán, pues los ataques de ese 19 de junio ocurrieron también al menos en Huitzo, Viguera y Hacienda Blanca, además del operativo en la región del Istmo de Tehuantepec; en esos hechos hubo lesionados, un muerto y cuantiosos daños materiales.

En cualquier caso, lo que obtuvieron “fueron respuestas a medias, sin fechas ni definiciones”, afirma Sergio López, también representante de la comunidad.

Higuera proponía un peritaje, adelantando la atracción que del caso haría la Procuraduría General de la República. Las familias recriminaron la falta de miras y el tiempo transcurrido. Además pedían una fiscalía especial para el caso, con coadyuvancia de la Comisión Nacional de Mediación (Conamed), la organización Serapaz, y asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alrededor de las 16:30 horas hubo un receso; al regresar, sólo llegaron Campa Cifrián y Lerdo de Tejada. Las horas transcurrieron sin avance, pues Campa sólo prometía revisar la viabilidad de la asistencia internacional y rechazaba a la Conamed, pero ofrecía la participación de su subsecretaría.

Con todos los puntos rechazados, la concurrencia les dio un ultimátum: atiéndannos “como acordamos. Que regrese Osorio, o al menos Nava. No vamos a seguir hablando con dos personas sin poder de decisión”.

Después de un nuevo receso, Campa Cifrián propuso su visita a Nochixtlán, aunque los asistentes no estaban de acuerdo. El funcionario los forzó. No avanzarían en el tema de justicia hasta no realizar la visita y en sus propios términos: quería hablar con víctimas y garantizarles a los heridos atención médica –no quieren ir a hospitales por miedo a ser detenidos–, para lo que llevaría brigadas de salud y otros expertos, con la oferta de cubrir todos los gastos. No aceptaría prensa.

Sin más promesas que las relacionadas con presupuesto y sin avance en los temas de justicia, Campa Cifrián acudió el jueves 7 a Nochixtlán con una caravana de unos 10 vehículos.

Contingentes reunidos afuera de la escuela Abraham Castellanos, donde se realizaría el encuentro, lo recibieron coreando “¡asesinos, asesinos!”; las consignas de repudio se mantuvieron hasta unos 10 minutos después de que la delegación oficial había entrado al inmueble.

Seis horas después, en un acto de teatralidad y lucimiento, Campa salió a la calle e intentó dar una conferencia de prensa que, por las malas condiciones logísticas y las consignas que se coreaban contra el gobierno, debió suspenderse y reorganizarse dentro de la escuela.

El anuncio central: que se había aceptado la asistencia del ACNUDH y de la CIDH en la indagación de los hechos. Nada sobre reparación integral del daño. Luego Campa se retiró pues debía encontrarse en la Ciudad de México con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que precisamente exigían la actuación de la CIDH.

La asamblea comunitaria

“Estamos conformes mas no satisfechos. Esto apenas comienza y pensamos que la parte más difícil será la operatividad, que lo que se acordó se haga”, afirma Sergio Cruz García, integrante de la Comisión de Nochixtlán.

Una vez más no hubo minuta ni firma de lo acordado; y, aunque se anunció, no se fijó fecha para la siguiente reunión con Osorio Chong; en tanto, la mesa de trabajo no está integrada, así que no se sabe quiénes asistirán.

El 19 de junio la población acusó a los hermanos Daniel y Herminio Cuevas –priistas, alcalde y diputado electo respectivamente– de facilitar el ingreso del operativo a través de un rancho. La indignación por lo ocurrido devino disturbio que coronó la jornada con el incendio del rancho de los Cuevas, el hotel Juquila, el Palacio Municipal y una estación de la Policía Federal.

Desde ese día, el ayuntamiento se disolvió de hecho y el gobierno estatal, de Gabino Cué Monteagudo, ha mostrado que es una nulidad. Los pobladores se organizaron, llamaron a asamblea, eligieron dos representantes por cada uno de los cuatro barrios, quienes luego fueron ratificados. Así surgió la Comisión de Representantes de Nochixtlán­ que se reunió con Osorio Chong el 30 de junio.

Con la ciudad sumida en el duelo y el caos, el 23 de junio los habitantes de Nochixtlán se reunieron en asamblea. Acordaron exigir la desaparición de poderes y las cosas se pusieron por momentos tensas por la presencia de seis regidores que decidieron asistir. La asamblea les dijo que, si tenían dignidad, renunciaran y se fueran del pueblo. Desde entonces viven escondidos o se fueron.

En 30 minutos decidieron elegir dos personas por cada barrio, de manera que la comisión quedó integrada por Vicente Rodríguez, Sergio Cruz, Abimelec López, Sergio López, Misael Zanabria, Susana Avendaño, Itayee Cruz y Neftalí Reyes. El día 24 fueron ratificados en asambleas de barrio.

Así fue como improvisaron gobierno: hay brigadas de vigilancia en cada barrio, integradas por ciudadanos que hacen rondines nocturnos y cuidan las calles. La limpieza de las calles se hace con trabajo comunitario y las ambulancias llegan de otras comunidades, como apoyo.

Aunque no existen servicios administrativos municipales, hay aspectos en que las cosas han mejorado: no hay robos desde que los ciudadanos se hacen cargo de la seguridad.

Otras cosas siguen igual, como el desabasto de agua; desde hace años los habitantes deben conseguirla en pipas.

La mayoría de los integrantes de la comisión son profesionistas de la localidad, algunos tienen simpatía o han militado en partidos políticos, pero esta vez son tajantes: “Aquí nadie puede llevar agua a su molino pues se trata de un grupo que trabaja para el pueblo”, dice Sergio López.

Y añade: “no estamos usurpando funciones ni decimos que somos autoridad. Nuestro objetivo es trabajar por que se haga justicia y la prioridad es que eso se consiga, a pesar de todo, con la mesa de Gobernación”.





Fuente: Proceso
Autores: Pedro Matías y Arturo Rodríguez
http://www.proceso.com.mx/446839/falso-dialogo-la-segob

La inconformidad social

CIUDAD DE MÉXICO: Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto le apostó a la mano dura y a la estrategia de una imagen atractiva en los medios de comunicación para llegar a la Presidencia.

Al principio, esta fórmula le funcionó con la ayuda de Televisa que aplicó una especie de photoshop para darle fuerza como político moderno a pesar de la represión en Atenco.

Pero ante el fracaso de esta estrategia y el crecimiento del disgusto social en apenas dos años de su gobierno, lo que ahora le queda es la amenaza de la represión ante el movimiento magisterial disidente que ha generado un conflicto donde no lo había: el resurgimiento de la insurgencia armada en el sur del país.

Los grupos guerrilleros en México nacen y se fortalecen de la inconformidad social. Esta es su plataforma de organización y de esta rebeldía se alimentan las células combatientes diseminadas en las zonas más pobres y marginadas de los estados de mayor atraso social y económico como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracaso en todo. Las reformas estructurales que tanto impulsó como el mejor futuro para los mexicanos no han tenido ni un solo beneficio. Todo fue una mentira.

Los precios de gasolina, luz, gas, agua, impuestos y alimentos han aumentado sin control. La violencia y el crimen organizado siguen imparables. La corrupción y la impunidad se han entronizado entre la clase política y empresarial.

Los partidos políticos, principalmente el PRI, ya no son socialmente representativos. Y la imagen de Peña Nieto es la peor que ha tenido un presidente desde hace 20 años con Ernesto Zedillo.

Operadores políticos del gobierno como Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño le han apostado al desgaste para debilitar al movimiento magisterial como lo hicieron con Ayotzinapa, pero los maestros disidentes han mostrado resistencia a las amenazas, represión, despidos y a la campaña mediática que se ha desplegado en algunos medios que reciben contratos millonarios de publicidad.

Nuño ha sido borrado del mapa político tras la mentira y torpeza de sus acciones de querer imponer a la fuerza una reforma dizque de carácter educativo cuando en la realidad tiene más un trasfondo laboral y político de desintegrar al magisterio como grupo de poder.

Osorio Chong no ha podido establecer una estrategia de reparación de daños ocasionada por Nuño en su afán autoritario. No ha habido ningún acuerdo en los distintos encuentros con la CNTE tras los enfrentamientos en Nochixtlán que acarrearon varios muertos y decenas de heridos.

Mientras tanto, el disgusto social en contra del gobierno de Peña Nieto sigue creciendo sin que lo puedan detener las campañas mediáticas destinadas a mostrar a un presidente despreocupado y sonriente.

Las marchas de los maestros ya no se han expresado solamente en el sur del país sino en entidades del norte y el centro donde hacía mucho tiempo no había este tipo de manifestaciones masivas de inconformidad por las acciones del gobierno.


Más que un humo social adverso, lo que el peñismo ha ido generando es una inconformidad social que se ha traducido en derrotas electorales para el PRI y en el reavivamiento de grupos insurgentes como el EPR y EZLN que ya manifestaron su apoyo a los maestros disidentes haciendo llamados de organización de lucha armada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446393/el-disgusto-social