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martes, 27 de marzo de 2018

Otorgan premio nacional de derechos humanos a presos políticos de San Pedro Tlanixco

Seis habitantes de la comunidad nahua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que llevan 15 años presos por haber defendido su derecho al agua serán reconocidos con el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, anunció el comité organizador del galardón.

Los integrantes del comité aseguraron que Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles “defienden su Derecho a la Justicia y el Derecho Humano al agua”, por lo que son merecedores del premio.

jueves, 11 de enero de 2018

Integrantes de Las Abejas en Chiapas son liberados ante demandas sociales

Las nueve personas que fueron detenidos por habitantes de su propia comunidad, denunciaron actos de tortura en su contra mientras estuvieron presos; mujeres tzotziles y organizaciones civiles lograron que los dejaran en libertad.

Los nueve integrantes de la Organización Civil Las Abejas de Acteal, que fueron detenidos por habitantes de su propio municipio y trasladados desde el pasado fin de semana a la cárcel comunitaria de Río Jordán, en Los Chorros, Chiapas; obtuvieron su libertad.

Las Abejas de Acteal es un grupo conformado por personas tzotziles pacifistas, surgido en Chenalhó, durante 1992. El 22 de diciembre de 1997, durante la matanza de Acteal, Las Abjeas sufrieron la pérdida de 45 de sus miembros.

miércoles, 10 de enero de 2018

Detienen a 23 indígenas tzotziles de Chenalhó; Fiscalía de Chiapas los acusa motín, daños y lesiones

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que al menos 23 indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó, fueron detenidos tras el operativo de desalojo en la plaza central de esta ciudad la noche del martes pasado, acusados todos de los delitos de motín, daños y lesiones.

La FGE dijo elementos del grupo interinstitucional detuvieron a 23 personas, entre ellos seis líderes de un grupo de habitantes de Chenalhó que provocaron lesiones graves a dos efectivos de seguridad y diversos daños a las instalaciones del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

“El frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen”, denuncia brigada con los desplazados en Chiapas

“El frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”, además de que en los campamentos improvisados los desplazados de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán viven con temor porque “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”, denunció la brigada conformada por las organizaciones no gubernamentales Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM).

Luchas, resistencias y rebeldías feministas de mujeres de los pueblos indígenas

Son las mujeres de los Pueblos Indígenas en Sudamérica, sujetas que día a día, luchan desde el feminismo indígena de forma cada vez más activa por la defensa de sus Derechos políticos, sociales, económicos, culturales; por el respeto a los Derechos colectivos e individuales que como mujeres tienen; por el desafío a las estructuras de poder; por la transformación social con equidad de género. Cada vez más partícipes de diversos espacios políticos en la búsqueda de igualdad de condiciones, las mujeres feministas e indígenas se reúnen para cuestionar críticamente y luchar contra el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, para acabar con las desigualdades, con las prácticas de violencia, impunidad, discriminación, negación, invisibilización, represión, persecución y violación a los Derechos Humanos, que diariamente viven en distintos territorios sudamericanos.

lunes, 27 de noviembre de 2017

Exigen justicia para mujeres indígenas víctimas de violencia en Guerrero

Víctimas de violencia y defensores de derechos humanos denunciaron los obstáculos que identificaron para el acceso a la justicia y los procesos penales a los que se enfrentan mujeres indígenas de Guerrero ante el presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJE), Miguel Barreto Cedeño, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

Elvia Méndez Castillo, indígena nahua, sobreviviente de violencia familiar, acusada por el delito de lesiones y condenada a un año de prisión, denunció frente al TSJE: “Me acusan de lesiones contra mi ex pareja cuando él fue quien me agredió en la calle mientras estaba borracho”.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Los detienen, acusan y juzgan, pero miles de indígenas en México están presos sin saber por qué

De acuerdo con datos de la CNDH, toda la población penal indígena recluida en México (unos 8 mil) están aún a la espera de una sentencia: es decir, pagan prisión sin condena firme. La mayoría no sabe por qué está allí. Organizaciones civiles como Otigli han empezado a trabajar junto a la Procuraduría a través de convenios para disminuir la situación de vulnerabilidad, pero la atención es insuficiente porque se circunscribe casi siempre a la capital y no logra abarcar la periferia. Eso sin contar que en México, por cada 600 mil habitantes indígenas, hay solo un defensor público federal.

Firmar la hoja en blanco y admitir la culpa porque no queda de otra, porque no hablas español, porque eres indígena.

Hasta noviembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estimaba que unos 8 mil 500 indígenas permanecían recluidos en los centros penitenciarios del país. De esa cifra, apenas el 15 por ciento supo de qué se le acusaba, porque solo ese porcentaje tuvo acceso a un traductor.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Megaplantón de campesinos hñahñus en el Congreso de la Unión cumple tres días

El “Megaplantón” de más de cuatro mil hñahñus de 52 comunidades del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, cumplió su tercer día consecutivo frente a la puerta 1 de acceso de la Cámara de Diputados.

Los manifestantes demandan la inclusión de 370 millones de pesos para escuelas, caminos, carreteras, sistemas de drenaje y agua potable, así como de otras obras en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el cual será discutido y votado en el transcurso de este jueves.

martes, 7 de noviembre de 2017

Sufren jornaleros indígenas de Guerrero extorsiones y falta de apoyo gubernamental

En el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la falta de apoyo gubernamental que, a pesar de conformar una comisión intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país ante la falta de trabajo en sus lugares de origen.

De septiembre a la fecha, el flujo migratorio ha sido de 2 mil 500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit, entre otros, los atropellos en su contra no cesan.

miércoles, 19 de abril de 2017

México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena

El problema de la justicia mexicana se refleja en Adán Cruz Gallegos, un indígena zapoteco de Oaxaca que lleva siete años encarcelado a la espera de una sentencia. Sus abogados afirman que lo obligaron a firmar una declaración de culpa sin entender español.

Adán de la Cruz Gallegos, de 45 años, es un indígena zapoteco del estado de Oaxaca (Sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.

Su abogado asegura que fue detenido sin orden de aprehensión el 4 de octubre de 2010 en las calles de su ciudad natal, Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, a unos 400 kilómetros al este de la capital de Oaxaca.

Lo acusan por los secuestros de la médica Amira Sánchez Martínez, el 13 de octubre de 2009, y el de Julio Rasgado, el 27 de julio de ese año.

martes, 21 de febrero de 2017

Logra la presión nacional que la fiscalía oaxaqueña rescate a niña indígena chimalapa

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que “gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa”, Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, “fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación”.

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato “negligente y discriminatorio”, afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, “máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que “fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre”.

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad: por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores.

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- “quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres”.

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”; como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.


Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/logra-la-presion-nacional-la-fiscalia-oaxaquena-rescate-nina-indigena-chimalapa/

sábado, 3 de diciembre de 2016

Diana Leal, Nuestra Belleza Puebla, denuncia que le quitaron la corona por ser mixteca

La joven poblana mencionó que los directivos consideraban que ella no cumplía con el prototipo de una reina de belleza. Por su parte, los directivos informaron en rueda de prensa que la destitución de Diana Leal Herrera fue por “falta de disciplina y compromiso”.


Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Diana Leal Herrera, ganadora de Nuestra Belleza Puebla 2016, denunció en un programa de radio que los directivos del certamen le quitaron la corona debido a que no estaban de acuerdo con que una mujer mixteca hubiera ganado la corona.

De acuerdo con el medio digital Centro, Diana Leal aseguró en una entrevista para el programa “Los Informales” que denunciará a los directivos del concurso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que el pasado 19 de noviembre fuera destituida del título Nuestra Belleza Puebla 2016.

Por su parte, los directivos informaron en rueda de prensa, y a través de las redes sociales del concurso, que la destitución de Diana Leal Herrera fue por “falta de disciplina y compromiso”.

La joven de 19 años sostuvo que cuenta con pruebas para demostrar que cumplió con el proceso de capacitación en la Ciudad de México, y que posteriormente comenzó el acoso por parte de los directivos para que firmara, bajo amenaza, un documento en el que aceptaba su renuncia a la corona.


“No se me hace justo esto que pasó porque la mejor prueba de que soy disciplinada es que logré ganar el concurso de Nuestra Belleza Puebla”, aseguró.

La ganadora de la corona comentó que el problema se originó por una serie de mal entendidos y por un capricho de Jorge Maceda, director de la coordinación de la franquicia del concurso en Puebla, porque él nunca estuvo de acuerdo con el resultado del certamen.

Leal Herrera refirió que la decisión de los directivos la afectó moral y psicológicamente, pues asegura que fue exhibida de manera negativa y detrás de ello estaba la discriminación.


“Fue un daño psicológico y moral que me hizo Jorge Maceda. La verdad sí sentí feo porque además lo decía de una manera brusca, y si me afectaba porque me dejaba en vergüenza delate de las personas, la verdad yo creo que no estaba nada contento con que una mujer de la mixteca hubiera resultado ganadora del concurso”, aseguró Leal Herrera.

En la misma entrevista, denunció que también la hermana de Maceda estuvo involucrada en el plan para ensuciar su imagen con la intención de quitarle el título, y que fue ella quien se presentó en su domicilio para exigirle a la joven poblana que entregara la corona y la banda que le otorgó el certamen de Nuestra Belleza.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/02-12-2016/3121778

domingo, 6 de noviembre de 2016

Niños indígenas exigen atención al gobierno de Chiapas

Niños indígenas de la zona de los Altos de Chiapas, junto con integrantes de la organización Melel Xojobal, llevaron a cabo una manifestación en San Cristóbal de las Casas para demandar al gobierno mexicano la atención al sector ante las muertes por desnutrición y enfermedades gastrointestinales.

En la movilización participaron niños dedicados al comercio irregular en la ciudad turística de San Cristóbal, y a ésta se le unieron ciudadanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los menores de edad de la región.

Los integrantes de las organizaciones retomaron las cifras de la Secretaría de Salud y explicaron que 1 de cada 10 niños de entre 1 y 4 años de edad fallece por diarrea y gastroenteritis de origen infeccioso en el estado, el cual tiene una de las tasas más altas de mortalidad en menores de 5 años con 23 muertes por cada cien mil niñas y niños.

Por otra parte, desde hace más de diez años la pobreza alimentaria en el estado ha permanecido en el mismo nivel, lo que afecta a uno de cada 2 niños y al mismo tiempo a alrededor del 75 por ciento de la población a nivel estatal.

La situación es aún más grave en al menos 8 municipios indígena, donde la pobreza alimentaria alcanza niveles por arriba del 80 por ciento de la población.

“En Chiapas donde el 68 por ciento de la población no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta básica y el 84 por ciento de las niñas, niños y adolescentes vive en pobreza”, señaló la organización Melel Xojobal.

“La muerte por desnutrición y las enfermedades gastrointestinales son curables y prevenibles. Sin embargo, las políticas públicas que se aplican en el estado sobre esta situación no han sido eficaces, y se sigue invisibilizando a niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados”, agregó.

Denunciaron que hasta el momento no hay en el presupuesto público los recursos suficientes para atender a este sector.

Ante el contexto de pobreza y desnutrición, durante la movilización exigieron la adecuada implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes en todos sus niveles.





Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción con información de Proceso
https://desinformemonos.org/ninos-indigenas-exigen-atencion-al-gobierno-chiapas/

lunes, 13 de junio de 2016

En territorio huichol la siembra de amapola desplaza a la de cannabis

Hace unos meses una coralillo, esa temida culebra venenosa de las sierras mexicanas, se metió en plena clase al salón de tercero en la telesecundaria de Tuxpan de Bolaños, una de las principales comunidades wixaritari (huicholas) del norte de Jalisco.

La serpiente entró por uno de varios agujeros, entre el piso y la pared, junto al pizarrón. Todos nos tuvimos que echar para atrás, es algo de lo que nos reímos ahora, pero a todos nos asustó, cuenta María, una de las estudiantes, quien dice que terminaron echando a escobazos al reptil.

En realidad, la inesperada irrupción del animal es lo de menos en una escuela donde los alumnos tienen que salir a hacer sus necesidades fisiológicas al monte, o donde la joven directora, María Montserrat López Pedroza, admite que el rendimiento escolar es casi nulo por el hambre permanente de los menores.

Es lo de menos también para los alumnos. Casi 50 por ciento falta a clases, sobre todo entre los meses de octubre y abril, periodo dedicado a la plantación, cultivo y rayado de la amapola.

No muy lejos de esa telesecundaria, un profesor con 30 años de experiencia, ya jubila-do, quien pide el anonimato, explica que el problema del ausentismo por la labor en las plantaciones de amapola no es nuevo, data de hace 10 años.

Los maestros no podemos hacer nada, el hambre está siempre presente y los muchachos tienen que ayudar a sus padres, buscarle para llevar algo de comida a sus casas. Es comer o morirse de hambre, subraya.

Un indígena de 12 años, del albergue ubicado en la primaria de Tuxpan de Bolaños, quien parece de ocho por su estatura y complexión, afirma que durante la época de rayado y cosecha de la adormidera varias camionetas pasan por las comunidades recogiendo niños, jóvenes, hombres, a quienes ofrecen de 150 a 200 pesos diarios de salario.

Acopio de mano de obra

Se reúne así la mano de obra que luego es desperdigada por cerros y hondonadas en los campos amapoleros que, por lo general, siempre están cercanos a algún cuerpo de agua.

Es tan habitual esta labor para los huicholes, que muchas madres suelen preparar un refrigerio –tortillas de maíz morado, frijoles y a veces huevos cocidos– para que sus hijos puedan comer durante la larga faena.

Los indígenas tienen miedo de hablar. Pero hay coincidencia en los testimonios que afirman que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que fomenta la compra de la goma de opio, el que renta tierras para esos sembradíos y el que la trafica.

Llegar hasta aquí en un vehículo hecho para la ciudad es un prodigio. Pero a 2 mil 440 metros sobre el nivel del mar, en la sierra del norte de Jalisco, entre Mezquitic y Bolaños, la pequeña camioneta rodada 13, que ha serpenteado durante horas en brechas y caminos de tierra, sigue la ruta sin problemas hasta contactar a un guía wixárica.

El camino hacia el ejido Los Amoles, una serranía de elevados pinos en Mezquitic, es para dar con otro huichol, un adulto mayor empolvado, que usa sombrero vaquero y se cubre del frío con una larga chamarra.

Una visita secreta

“El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) estuvo aquí. Tenía poco que se había fugado (en 2001 de Puente Grande, Jalisco). Llegó a esta sierra y estuvo con nosotros, que si le dábamos chance de vivir por ahí en un cerro donde hizo un campamento con su gente. A mí me tocó saludarlo”, relata.

Sin aspavientos, el anciano parece sincero, a pesar de las dudas que genera recordar que en ese entonces el líder del cártel de Sinaloa era el segundo hombre más buscado del planeta, sólo debajo de Osama Bin Laden.

Y es que los cerros de los Amoles y de la vecina comunidad wixárica Carlos Rivera Aceves son remotos, pero no inaccesibles, ni entonces ni ahora.

“Al final de cuentas nos invitó a una comida, que para saludarnos. Nos mandó pedir que por favor nos vistiéramos de huicholes. Él nos dijo: ‘voy a estar aquí ocho días porque he estado trabajando día y noche, necesito descansar’”, narra el lugareño.

Lo dejaron y se quedó en el cerro, bien vigilado, bien protegido, mucha gente traía, allá en el cerro de la Corta había dos personas y allá en el crucero otras más, es que nomás hay dos entradas para llegar aquí, además de que tenía también gente en Puente de Camotlán (Nayarit). Él estaba en el centro de toda esa vigilancia.

El viento es frío pero tan puro entre los árboles tupidos que se siente cuando se mete en los pulmones; el indígena toma aire y un poco de confianza, no mucha porque a cada pregunta retrocede un paso. Prosigue:

“Uno de esos días El Chapo llegó hasta la (Carlos) Rivera Aceves y le dio tanta lástima ver la pobreza de los niños que iban a la escuela, que los formó y comenzó a repartir 200 pesos a cada uno”.

Su relato, coincidente con otros testimonios de huicholes de la zona que recuerdan el episodio de la escuela, es que Guzmán Loera se instaló en un campamento con tienda de campaña en lo más intrincado del bosque y que en esos ocho días tuvo varios encuentros tratando de convencerlos de que lo dejaran quedarse en el sitio a cambio de pavimentar y construir viviendas.

Una oferta tentadora en la región más pobre de Jalisco, donde casi 80 por ciento de la población vive con serias carencias económicas y alimentarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Quería que fuéramos a San Sebastián Teponahuaxtlán para hablar con las autoridades (wixáricas); nosotros no queríamos porque sabíamos que luego nos iba a traer problemas y yo le dije que si quería bajar que él lo hiciera, pero no lo hizo, recuerda el indígena.

Bajo fuego

Le gustaba estar aquí, con nosotros, que porque es una zona apartada y eso le convenía; nos dijo que había visto que vivíamos con muchas necesidades, pero que él les ayudaría.

Durante ocho días de 2001, los huicholes fueron asolados por LosZetas, grupo criminal que entonces controlaba el trasiego de mariguana desde Nayarit hasta Zacatecas pasando por la sierra del norte jalisciense.

Por la vigilancia extrema que había en Los Amoles, los miembros de esa organización delictiva, se percataron que por ahí andaba algún adversario poderoso.

“Levantaron y desaparecieron a varios huicholes, pero ninguno habló.El Chapo se dio cuenta de lo que pasaba y prefirió retirarse para no causar más problemas. Un día vino uno de su gente a despedirse; agradeció en nombre de su patrón, dijo que estuvieron a gusto y se fueron”, rememora el entrevistado.

La violencia en esta zona limítrofe entre Nayarit, Jalisco y Zacatecas se intensificó después de la visita secreta de El Chapo en 2001 y continuó hasta 2010, cuando el cártel de Sinaloa, por conducto de sus aliados en Jalisco, logró el dominio territorial.

Cárteles asociados

Hoy, según algunos lugareños, la asociación entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, se puede constatar con el control que mantienen en Tuxpan de Bolaños y San Martín de Bolaños.

De alguna manera, Joaquín Guzmán, quien estuvo prófugo hasta 2014, cuando fue recapturado, abrió el camino para la reconversión de cultivos de enervantes en el territorio huichol.

Desde su visita los plantíos de amapola comenzaron a sustituir a los de mariguana, en coincidencia con el creciente mercado de consumo de heroína en Estados Unidos y el papel de principal exportador del cártelsinaloense.

Para llegar a los campos amapoleros hay que caminar por senderos, subir y bajar hondonadas, trepar el cerro entre rocas lisas y enormes, hasta llegar a un predio donde se yerguen densas como suricatas miles de plantas ya cosechadas, con cicatrices en los bulbos que tienen hasta cinco navajazos por los cuales fue drenada la goma de opio.

Es una plantación de 250 metros cuadrados, junto a un hilo de agua que escurre desde cerro arriba. Una entre docenas, destaca el joven que ahora va de guía.

Cultivadores de amapola coinciden en señalar que la goma se las compra gente del cártel Jalisco Nueva Generación, que después la envía al de Sinaloa para convertirla en heroína y luego enviarla a Estados Unidos.





Fuente: La Jornada
Autor: Juan Carlos G. Partida
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/13/estados/029n1est

domingo, 12 de junio de 2016

Indígenas de Chilapa forman su policía comunitaria

Indígenas de San Jerónimo de Palantla, municipio de Chilapa –donde los grupos Los Ardillos y Los Rojos se disputan el territorio, siembra y trasiego de droga–, conformaron este sábado su policía comunitaria que pertenecerá a la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), con sede en Espino Blanco, alcaldía de Malinaltepec, en la Montaña Alta.

Francisco Chautla Zizinteco, comisario municipal, explicó que en una primera acción los civiles armados detuvieron la noche del viernes a 15 pobladores a quienes acusan de ser responsables de 13 asesinatos ocurridos en la localidad. Todos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco para que inicien su proceso de reducación, añadió.

Por la noche, en la capital del estado, el Grupo de Coordinación Guerrero –en el que participan el Ejército y las policías Federal, estatal y ministerial– informó que durante el forcejeo para someter a los 15 detenidos, fue asesinado por arma de fuego Florencio Morales Salgado, cuyo cuerpo fue reconocido por su esposa, Angelina Flores Ahuelican.

En un comunicado de prensa firmado por su vocero, Roberto Álvarez Heredia, se refirió que militares y policías que desde temprano se trasladaron a San Jerónimo Palantla verificaron quemiembros de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo se llevaron detenidos a fuerzas a 15 habitantes y hubo un muerto.

Señalan como presuntos responsables de la muerte de Florencio Morales a Facundo Morales Reyes y Evodio Calvario Merino, este último al parecer familiar de Arturo Bolaños Calvario, quien encabezaba a los miembros de la policía comunitaria y popular durante la irrupción.

Sobre la formación del nuevo grupo de civiles armados, el comisario municipal, Chautla Zizinteco, explicó que los pobladores le pidieron en mayo pasado convocar a una asamblea, pues ya estaban cansados de la violencia en su comunidad, provocada por personas extrañas y algunos pobladores; hicimos la asamblea y nos integramos a la casa de Espino Blanco.

Recordó que en febrero de 2015 un grupo armado se enfrentó a balazos con habitantes de San Jerónimo Palantla, donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas dos indígenas, una embarazada; ahora su esposo forma parte de la naciente organización de defensa popular.

Mencionó que había problemas con algunos pueblos vecinos y en años recientes se mantuvo en calma, pero la violencia llegó el año pasado, en febrero. No sabemos por qué los mataron

San Jerónimo de Palantla –donde más de 62 por ciento de sus 300 habitantes son analfabetos– colinda con otros pueblos nahuas, entre ellos Xochitempa, Ahuehuitic, Alcozacán y Rincón de Chautla, con los que desde hace 50 años mantienen pleitos por problemas de tierras y ahora por la conformación de su policía comunitaria.

Constantino Calvario, consejero de seguridad de la nueva policía en Palantla, dijo que “los que entraron y decían que eran policías comunitarios, en realidad son criminales y amenazaban con matarnos.

“Hemos pedido que el gobierno nos apoye, fuimos a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a la Fiscalía del estado, a la Secretaría de Gobernación, y no nos dieron respuesta, nos ignoraron. Incluso el gobernador Héctor Astudillo Flores sabe lo que está pasando aquí, ya solicitamos que nos mande refuerzos pero nunca lo ha hecho. Él (Astudillo) quiere que entre pueblo y pueblo se anden matando.

“A él lo protegen los narcos, a nosotros que no tenemos para pagarle nos deja sin la seguridad que corresponde a los pueblos de la Montaña Baja. Esos compas (los 15 detenidos) han operado aquí en el pueblo desde hace año y medio, ya han matado a 13 personas”, precisó.

Por eso ahora nos incorporamos al sistema comunitario de la CRAC, que se rige por la Ley 701 y el convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo), a estas leyes nos vamos apegar y las vamos a respetar para que no haya más delincuencia en nuestro pueblo.

El gobierno los ignoró

El ex comisario Alfonso Orgín Castro, comandante de la policía comunitaria del pueblo, dijo que cuando era comisario me sacaron de mi casa los de Rincón de Chautla y me acusaron de muchos delitos que no cometí, me detuvieron los (falsos) policías comunitarios de ahí, estuve tres meses y dos semanas, agregó.

Florencio Salazar Adame, secretario de Gobierno, confirmó el arresto de ciudadanos de San Jerónimo, a los que acusan de ser falsos comunitarios y de actuar al margen de la ley. Refirio: Por supuesto que es un acto indebido; las policías comunitarias no tienen facultades para desplazarse de un municipio a otro. En caso de ser delincuentes deben ser entregados a las autoridades y aportar las pruebas.





Fuente: La Jornada
Autor: Sergio Ocampo 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/12/estados/027n1est


jueves, 14 de abril de 2016

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz


Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.


“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.



Fuente: NDMX Veracruz
Autor: Redacción
http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

viernes, 25 de marzo de 2016

Emite la CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por muerte de indígena en penal El Amate

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la inseguridad, poca vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (Cereso 14), El Amate, en Cintalapa.


De acuerdo con la recomendación 04/2016, la CNDH proyecta instruir a la autoridad penitenciaria para que garantice el derecho a la integridad personal de los reos. Dentro de los términos que precisa la recomendación está: incrementar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos del penal; erradicar el autogobierno para que los internos no ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia; y hacer una clasificación de la población penitenciaria, informó el organismo a través de un comunicado.

La recomendación se emitió después de que la CNDH realizara una investigación por la muerte del interno de origen tzotzil Joel Díaz Martínez, de 22 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, quien fue encontrado ahorcado en un baño del penal en agosto del 2014.

El resultado de la investigación fue que había una insuficiencia en la vigilancia del penal que no permitía cubrir las necesidades de los internos en las áreas donde deambulan. El penal cuenta con 120 elementos de seguridad y custodia, total de hombres y mujeres en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

En 2012, la CNDH emitió la recomendación específica 11/2012 para gestionar la sobrepoblación. Como medida para combatir la problemática en el penal, en septiembre de 2015 reubicaron a 101 reos hacia el Centro de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

No obstante, el comunicado señala que la autoridad penitenciaria incumplió con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual indica que las autoridades deben dotar de “recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

De igual forma, la CNDH solicitó al gobernador colaborar con el organismo en el procedimiento administrativo que se iniciará contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas.


Fuente: Contralínea
Autora: Karen Carrillo
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/22/emite-la-cndh-recomendacion-al-gobierno-de-chiapas-por-muerte-de-indigena-en-penal-el-amate/

martes, 1 de marzo de 2016

Anuncian mujeres rurales jornada en defensa de derechos

Ciudad de México. El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 20 mil mujeres de diversas comunidades rurales del país del Frente Auténtico del Campo iniciarán una jornada nacional en defensa de los derechos de las mujeres indígenas y campesinas por ser incluidas en la política pública y no ser vistas únicamente como beneficiarias de comedores comunitarios o de acciones asistencialistas.
En conferencia de prensa, las representantes de la Unión Nacional de Trabajadores, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y Movimiento Social por la Tierra denunciaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entrega recursos de programas sólo a grupos afines a su política y deja en las listas de las ventanillas a las organizaciones que exigen cambios en las acciones públicas.
María del Pilar Campos Tapia, de la UNTA, dijo que los programas no están diseñados para las mujeres rurales, quienes siguen sin acceder a un trabajo digno, a servicios médicos, a educación.
Esta será la primera vez que las mujeres campesinas e indígenas marcharán en la ciudad de México para visibilizar sus demandas. Alzarán su voz diciendo !ya basta! de marginación, pobreza, hambre, delincuencia organizada y violencia.
El próximo martes las mujeres se reunirán en el Monumento a la Revolución y marcharán por avenida Juárez y manifestarán en la Secretaría de Gobernación. "Esperamos sensibilidad política del secretario de Gobernación y de todos los titulares de las diversas dependencias relacionadas con el sector rural", apuntó Yuri Uribe Montero, del Movimiento Social por la Tierra.

Fuente: La Jornada
Autora: Matilde Pérez U.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/01/iniciaran-20-mil-mujeres-indigenas-jornada-en-defensa-de-derechos-4148.html

jueves, 14 de enero de 2016

Para "descongelar" Ley Indígena, se entregan 8 mil firmas al Congreso del Estado

A casi dos años de la presentación al Congreso del Estado, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca sigue sin ser aprobada.

Por este motivo, en agosto del 2015, el Consejo Consultivo Indígena y Afromexicano lanzó la campaña “¿Qué pasó con mis derechos?”, recolectando más de 8 000 firmas, entre físicas y electrónicas, en apoyo a una una petición que pide su aprobación inmediata. La petición y las firmas se entregaron hoy en la Camara de Diputados LXII Legislatura del Estado de Oaxaca.Las organizaciones exhortan a los legisladores de las diferentes facciones a que aprueben esta reforma para no seguir dejando en el desamparo a los pueblos indígenas y afromexicano.

lunes, 11 de enero de 2016

Indígenas tarahumaras presidirán asambleas electorales en Guachochi y Moris

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Por primera vez en la historia de Chihuahua, dos indígenas tarahumaras –un hombre y una mujer– presidirán asambleas municipales electorales en los municipios serranos de Guachochi y Moris.
Dora Prieto, ama de casa rarámuri y licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad La Salle, fungirá como consejera de la asamblea municipal de Guadalupe y Calvo, aunque no la presidirá.
Por su parte, Francisco López Ramírez, abogado y atleta indígena de Norogachi, presidirá la asamblea de Guachochi, y Rachel Rivera Hernández la de Moris.
Entrevistado durante el registro del curso de inducción para presidentes de asambleas municipales, que inicia este lunes, Francisco López dijo que al abrirse la convocatoria para consejeros, le interesó participar en representación de su etnia porque en el municipio de Guachochi casi 80% de la población es indígena.
“Mis planes en cuanto a las obligaciones, como persona y como profesionista, es cumplir éticamente la normativa, y he pensado mucho en la conciliación de partidos porque las asambleas son como árbitros donde todos los actores políticos tienen que converger ahí”, explicó.
Asimismo, confía que con su presencia en la asamblea pueda generarse la participación de indígenas y se erradique el acarreo.
Y es que en cada proceso electoral, el PRI encierra a grupos de indígenas durante varios días, les da comida y les promete que el mero día de los comicios beberán vino o tesgüino si votan por sus candidatos.
Aunque ese tipo de prácticas no se ha denunciado formalmente, todos en la Sierra Tarahumara conocen lo sucedido en los últimos proceso electorales.
“Yo pienso que sigue existiendo y, sí, hay todo eso, no documentado, pero todo mundo se da cuenta, pero yo pienso que la comunidad rarámuri, y más en Guachochi, razona más el voto. Ahorita hay la posibilidad y los espacios para que la comunidad rarámuri pueda tomar decisiones más razonadas. Pienso que se puede promover el voto para que lo hagan con más conciencia. Voy a ver qué me permiten hacer los lineamientos para fomentar que voten por quien quiera, generar participación no de acarreo, sino individual y consciente para construir una democracia de la sierra”, subrayó el abogado.
Señaló que el día de la instalación de la asamblea, cuando estén presentes todos los actores políticos de diversos partidos, planea “poner en claro que se trata de evitar esas prácticas porque buscamos dignificar a la cultura, y no por el hecho de que muchos de mis hermanos rarámuiri no sepamos leer y escribir, no se nos respete. Si hay un grupo que dice que van a votar por tal o cual partido, que los lleven, porque hay comunidades alejadas, pero no condicionados a votar por determinado partido”.
De acuerdo con López, lo primero que busca es posicionar a la cultura rarámuri, vigilar sus votos y tener la capacidad de influir en la gente que no es rarámuri, pero que vive inmersa en las comunidades indígenas, “para que valoren también nuestra cultura como valoramos la cultura mestiza”.
“En mi posición como presidente, espero lograr que se le dé un trato digno a los integrantes rarámuri en cuanto a la emisión del sufragio y que sea un parteaguas para ir erradicando esas prácticas o cultura del acarreo e inducción del voto”.
Francisco López participó en los pasados Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas en la ciudad de Palmas, Brasil, y se ha pronunciado porque las autoridades atiendan las demandas penales que han interpuesto los indígenas en la Sierra Trarahumara ante el ambiente de violencia que viven.
La consejera del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino, dijo que confía en que la integración de rarámuris a las asambleas municipales electorales, donde tendrán voz y voto, contribuya a cambiar la situación de la etnia y se erradiquen las malas prácticas en los procesos electorales.
“Con la nueva forma de elegir a las asambleas estamos obligados por los lineamientos del INE (instituto Nacional Electoral) para que sean multidisciplinarios, (es decir) que haya integrantes de todas las ocupaciones, que haya paridad de género (la mitad de cada asamblea está conformada por mujeres), y el tercer criterio es la multiculturalidad”, detalló.
Según Espino, es necesaria la diversidad para sacar los mejores acuerdos en el proceso electoral que inició en diciembre pasado.
Sobre el encierro y acarreo de indígenas en los procesos electorales, la consejera señaló que la inclusión de los indígenas puede influir a erradicarlos, “porque se les tiene sentados en una mesa con voz y voto, con conciencia de lo que quieren, conocen la idiosincrasia, y esperamos que esas prácticas que no se denuncian, pero están en el ambiente, puedan cambiar por prácticas democráticas en el ámbito electoral”.
Explicó que para realizar el proceso electoral en la región serrana, donde controla el crimen organizado, la comisión de seguridad se encarga de ponerse de acuerdo con los cuerpos policiacos para establecer estrategias de comunicación principalmente, porque aunque no les corresponde directamente atender la inseguridad, es necesario tomar medidas preventivas.
“No creo que vaya a ser fácil, hay que tener mucho cuidado, y con creatividad hay que sacar las cosas bien. Ahora que estuvimos realizando entrevistas en la zona serrana no hubo problemas mayores, pero siempre hay medidas preventivas, como no salir tarde y viajar temprano”, concluyó.