A 18 años de la matanza de Acteal persiste la impunidad: Frayba

MÉXICO, D.F., (apro).- A 18 años de la matanza de Acteal “persiste la impunidad” denunció el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro Navarro.

El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas y a 18 años de distancia “está en un proceso de tope y de frontera hacia una posibilidad de justicia integral por parte del Estado mexicano”, reprochó Navarro.

“No se ha hecho justicia y la muralla de impunidad persiste”, subrayó y por ello la Sociedad Civil Las Abejas “está construyendo, a través de sus foros, la otra justicia”.

Incluso advirtió que “una deducción posible es que a futuro los pueblos que han sido menospreciados y discriminados no necesiten de la justicia del Estado”.

La matanza de Acteal, señaló el director del Frayba, “está en la memoria del pueblo mexicano, es un hecho que ha quedado en la epidermis del pueblo. Cuando hablamos de Acteal siempre nos duele”.

Navarro consideró que la esperanza de que se haga justicia en este caso está en el mismo proceso de Acteal y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ayuda a evideniarlo.

“Las Abejas han visto que para ellos la comisión es una vía de evidenciar la situación de la masacre y que eso sólo podría cambiar si el Estado reconoce en todos los niveles su responsabilidad” en los hechos, afirmó.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424297

Hallan 4 ejecutados en comunidad indígena de Guerrero

Chilpancingo, Gro. Esta mañana en la comunidad indígena nahua de Tonalapa, municipio de Zitlatala en la Montaña Baja de Guerrero fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas que habrían sido ejecutados esta mañana, informaron fuentes policíacas.

Por su parte el fiscal de Guerrero Javier Olea Peláez, aseguró que la violencia que se presenta en la zona centro de la entidad se debe a la confrontación de grupos del crimen organizado. Finalmente el gobernador Hector Astudillo Flores lamentó la situación de violencia que se presenta en la entidad luego de la ejecución ayer del director de transito de Zitlala Filiberto Corratitlán.

Ordenan investigar agresión a indigentes en Tepic

Tepic, Nayarit. Una foto del periodista Heriberto Villela difundida a través de la red social Facebook muestra como 3 empleados de la tienda Coppel, uno de ellos al parecer el gerente de la sucursal Mololoa ubicada a 2 cuadras del centro de Tepic, avientan chorros de agua con una manguera a una mujer, al parecer indigente, acompañada de otro hombre en similares condiciones con el objetivo de que se quiten de los escalones de acceso al negocio.

Tras que esta imagen recorriera las redes sociales, el gobernador del Estado, Roberto Sandoval ordenó a la directora del Instituto de la Mujer Nayarita, Gloria Núñez, que dé inicio con una investigación; el mandatario señaló que no se permitirá "la humillación, la discriminación y el abuso".

Solicitó que tras la investigación se castigue a quienes resulten responsables. Hasta este momento no se tiene conocimiento que personal de Coppel haya fijado su postura.

Fuente: La Jornada

Autora: Miriam Posada

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/ordenan-investigar-agresion-a-indigentes-en-tepic-3786.html

Decepciona fallo de la Corte en casos de tortura sexual contra indígenas

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Contrario a lo que esperaban las mujeres víctimas de tortura sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estableció estándares que deberían seguir los jueces y magistrados al analizar casos de violencia sexual contra las indígenas.

El pleno evitó ahondar al respecto al concluir el análisis del expediente varios 1396/2011, relacionado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) sobre la violación sexual cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002.

En votación dividida, la SCJN se pronunció en contra de hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, deberían seguir los operadores de justicia en todo el país para hacer frente a la impunidad.

Después de tres sesiones de discusión, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue retirado, debido a que un grupo de ministros, entre ellos José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que el proyecto se quedaba corto al no fijar estándares en materia de tortura sexual, perspectiva de género y etnicidad.

En la discusión, Cossío dijo que un expediente varios pretende dar los lineamientos para el cumplimiento de una sentencia internacional, por lo que aseguró que sólo hablar de “capacitar y sensibilizar” a quienes imparten justicia era “insuficiente”.

El ministro afirmó que el proyecto no satisfacía la importancia del caso: “No reúne las condiciones que acabo de apuntar, pues hace un buen recuento de lo que hemos hecho pero no contempla ninguna de las acciones que aún nos hacen falta realizar”.

A su vez, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que el análisis debería tener una gran carga impositiva para el Estado mexicano y sin embargo, agregó, “creo que las incorporaciones que hizo el señor ministro sí son muy importantes, pero son restrictivas y tal pareciera desde mi óptica personal que no se están aterrizando a los casos concretos”.

Este caso, dijo, debió servir para establecer estándares para valorar las pruebas en casos de violencia sexual, ya que la CORIDH reconoce que este delito ocurre en lo secreto y por ello se debe otorgar valor preponderante al dicho de la víctima.

Además la ministra aseguró que se debería determinar la obligación de que los operadores de justicia analicen las pruebas y el testimonio de la víctima, y que valoren otros elementos subjetivos como la edad, condición social y origen étnico, y le garanticen atención médica y psicológica.

No obstante, el ministro Pérez Dayán consideró que esos temas ya estaban en el proyecto y no era necesario discutirlos. “El proyecto se hace con esta exhaustividad debida, da la información de todos estos criterios, evolución de las figuras a través de la jurisprudencia de la Primera Sala y la reseña muy puntual”, dijo.

Mientras tanto, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que la Suprema Corte no tiene potestad con “todos los jueces nacionales”.

Inconformidad ciudadana

Al conocer la decisión de la SCJN, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización civil que acompaña a las indígenas Inés y Valentina y llevó su caso ante instancias internacionales– dijo que la Corte perdió la posibilidad de contribuir al avance de los derechos humanos (DH) de las mujeres indígenas.

En 2010 la CORIDH emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés y Valentina, torturadas sexualmente en hechos diferentes por militares en 2002, y quienes no encontraron justicia en el país.

Un año después, en 2011 ambas mujeres solicitaron a la SCJN abrir un expediente varios donde analizaran las sentencias y determinaran las obligaciones que se desprendían para el Poder Judicial, en particular en el tema de juzgar con perspectiva de género en casos similares.

El Centro Tlachinollan consideró en un primer momento que regresar el proyecto abría la posibilidad de robustecer los argumentos, sin embargo, al conocer la decisión manifestó en un comunicado que la resolución es “omisa” porque no hizo un análisis sistemático de las obligaciones de los juzgadores.

De acuerdo con la organización, en realidad el proyecto sólo agregó un cúmulo de tesis tanto jurisprudenciales como aisladas sobre los criterios relacionados con los temas de tortura, género y etnicidad generados por la Primera Sala de la SCJN.

Es así que incluso agregó tesis sobre derechos indígenas de personas inculpadas de algún delito, lo cual no tenía relación con el tema central de derechos de mujeres indígenas víctimas de tortura sexual, por ello el proyecto fue “omiso” en el desarrollo de los temas resueltos en las sentencias de la CORIDH .

El Centro Tlachinollan llamó la atención sobre el pronunciamiento del ministro presidente, Luis María Aguilar, que después de la votación dividida y antes de cerrar la sesión rechazó que hubiera una división al interior del pleno, y dijo que sólo había pluralidad de posiciones.

“Me parece que sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática pero alejado totalmente de la verdad”, sostuvo Aguilar.

A decir de la asociación civil, fue inusual que el ministro presidente se haya referido a que no existe una mayoría de ministros contraria al avance de los DH, cuando en las últimas votaciones parece perfilarse nítidamente una división en el pleno e incluso una regresión en las decisiones adoptadas.

Como quedaron múltiples temas pendientes de resolución para la redacción final de la sentencia (el llamado “engrose”, según el argot jurídico), la organización civil dijo que espera que las y los ministros que expresaron reservas participen activamente en la redacción de éste a efecto de que no sea regresivo.

No obstante, la discusión sobre el expediente varios se dio por concluida.


Por su parte, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, junto con el Centro Tlachinollan, continúan en su búsqueda de justicia en las instancias nacionales y en el castigo de los militares que las agredieron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Por “pandillerismo”, detienen a líder de indígenas golpeadas en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Julio César Álvarez de los Santos, líder de las mujeres indígenas chontales que ayer fueron golpeadas por policías estatales, fue detenido por “alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que mantener el orden público y garantizar el libre tránsito de las personas constituyen dos condiciones fundamentales que el Estado mexicano está obligado a salvaguardar, “sin ceder a presiones o chantajes de ningún tipo”.

Por ello, añadió, todo acto que atente contra esos derechos de la ciudadanía “será siempre atendido sin cortapisas con los instrumentos que establece la ley”.

Explicó que ante la protesta de las mujeres indígenas, “que incluyó el cierre obligado de instalaciones de gobierno”, elementos de la SSP se apersonaron en la zona “para resguardar la seguridad de oficinas y personal de las distintas dependencias ubicadas en el Centro Administrativo, pero sin menoscabo del derecho de manifestación de los inconformes”.

Sin embargo, ante la presencia del cuerpo policial, “los manifestantes incitados por Álvarez de los Santos respondieron con agresiones físicas y verbales que derivaron en una confrontación que arrojó un saldo de tres elementos de seguridad heridos”, apuntó.

A raíz del enfrentamiento, “incitado contra los policías”, Álvarez de los Santos fue detenido junto con Antonio Castellanos Hernández “por alterar el orden público, agredir a la autoridad y pandillerismo”, detalló.

Por su lado, el gobernador Arturo Núñez comentó que con actos como el de ayer, las indígenas chontales no tendrán ningún apoyo del gobierno del estado.

“El gobierno del estado apreció y no responde y esa no es su función: hacer maquilas… de acuerdo, y si andan con Julio César Álvarez, que es un vival, menos. Que no ande interrumpiendo actos del gobernador”, dijo textualmente el mandatario.

A su vez, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, informó que el gobierno sí ha apoyado y tiene voluntad de ayudar a las mujeres que solicitan la instalación de la maquiladora de ropa en el municipio de Macuspana, pero que la “intransigencia” de su líder, Julio César Álvarez, es el principal obstáculo.

El funcionario realizó un periplo por noticieros de radio para explicar que desde el inicio del gobierno nuñista se ofrecieron apoyos de capacitación y equipamiento para la instalación de maquiladoras.

No obstante, dijo, estos ofrecimientos fueron rechazados por Julio Álvarez por considerar que no obedecían al tamaño del proyecto que pretenden.

Pese a ello, se apoyó el diseño e integración del proyecto en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un consultor externo financiado por la SDET, apuntó.

Igualmente se respaldó la constitución legal de la sociedad Exótica Textiles, para que el proyecto pudiera presentarse al Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) de la Secretaría de Economía federal, como lo pide la normatividad, con una aportación de 2 millones de pesos.

A pesar de esto, añadió el funcionario, nadie de la Agrupación México Despierta, a la que pertenecen las mujeres chontales, se presentó a recoger la carta de respaldo a su proyecto, lo cual ocasionó que quedara fuera de la convocatoria de Inadem, pues ayer venció el plazo, de acuerdo con sus reglas de operación.

Reprochó que Julio César Álvarez no esté en ánimo de trabajar, sino de confrontar con el proyecto de la maquiladora.
Destacó que existen 80 proyectos con el Inadem que fueron presentados en forma y están operando con más de mil 300 personas que trabajan y generan empleos.


“El mensaje es que los apoyos del gobierno del estado y en particular de la SDET están al alcance de todo los ciudadanos que cumplan con la norma”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.

Policías golpean a mujeres chontales que se manifestaban en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab: Mujeres indígenas chontales que exigen apoyos del gobierno para la instalación de una maquiladora de ropa fueron golpeadas por policías estatales cuando se manifestaban y pretendían acercarse al gobernador Arturo Núñez, durante un acto de entrega de maquinaria agrícola a campesinos tabasqueños.


Las indígenas, integrantes de la agrupación México Despierta, iniciaron desde ayer una huelga de hambre a las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedet), ubicada en el Centro Administrativo del gobierno del estado, frente al ayuntamiento de Centro (Villahermosa) y la Plaza de la Revolución, donde se realizó el evento de entrega de maquinaria agrícola.

Lideradas por el exdiputado local del PRD, Julio César Álvarez de los Santos, las mujeres exigen el cumplimiento de la promesas de apoyo que, aseguran, les ofrecieron el gobierno del estado y el ayuntamiento de Macuspana (ambos perredistas) para la instalación de una maquiladora de ropa en ese municipio.

Durante el evento, las indígenas intentaron subir al estrado para entregar un escrito al gobernador Arturo Núñez, pero personal de logística se los impidió. En ese momento se armó una acalorada discusión verbal.

Las mujeres se replegaron hacia el Centro Administrativo y de nuevo intentaron abordar al mandatario cuando realizaba un recorrido de supervisión de la maquinaria agrícola que entregó a productores tabasqueños, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De inmediato las indígenas, alrededor de 20, algunas de ellas ancianas, fueron cercadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que empezaron a jalonearlas, golpearlas y lanzarles patadas, como quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales.

Posteriormente los uniformados detuvieron a su dirigente, Julio César Álvarez de los Santos, quien fue trasladado a los separos policiacos, pero se ignora bajo qué cargos.


Luego de la refriega, las mujeres se dirigieron a la delegación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar “la represión policiaca que sufrimos”.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.