“Adiós Mérida”. México y EU dan fin a Iniciativa e inician nueva etapa de seguridad

La nueva alianza denominada Entendimiento Bicentenario tiene por objetivo llevar a cabo una nueva etapa que termine con la Iniciativa Mérida, acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir militarmente las drogas y perseguir al narcotráfico que arrancó en 2008 con el expresidente Felipe Calderón.

México y Estados Unidos (EU) anunciaron este viernes durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad el fin de la Iniciativa Mérida y el comienzo de una nueva alianza en materia de seguridad y combate al crimen organizado llamada Entendimiento Bicentenario.

“Se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario”, dijo el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al comienzo de la reunión en la sede de la Cancillería mexicana acompañado de su homólogo estadounidense, Antony Blinken.

México propondrá a EU acabar con la Iniciativa Mérida durante reunión, anuncia Ebrard

El Secretario estadounidense Antony Blinken viajará a México esta semana para reactivar con sus homólogos el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países, al respecto, el Canciller Marcelo Ebrard sostuvo que ambos países deben “trabajar en materia de seguridad para un entendimiento simétrico y respetuoso”.

El Gobierno de México propondrá al Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita del 8 de octubre, acabar con la Iniciativa Mérida, basada en la persecución militar a las drogas, informó este martes el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

“Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida, que es asistencialista y está basada en una estrategia de seguridad totalmente distinta a la que se está implementando”, expresó Ebrard durante la rueda de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz.

Ninguna ayuda se ha pedido a EU bajo Iniciativa Mérida: Ebrard

Desde la entrada del gobierno actual México no ha solicitado “ni un helicóptero” a Estados Unidos en el marco del esquema de colaboración, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que la denominada Iniciativa Mérida fue un esquema concebido en aquel país, avalado por su congreso para otorgar apoyo a México, lo cual no implicó ningún acuerdo bilateral.

Matar la Iniciativa Mérida

Desde 2008, Estados Unidos ha entregado a México 2 mil 900 millones de dólares a través del acuerdo conocido como Iniciativa Mérida. La cifra es insignificante si consideramos los costos que han resultado de acomodar nuestra política de seguridad a la de los gringos.

Legisladores de EU piden suspender ayuda militar a México en lucha antidrogas

Un grupo de 12 legisladores federales de Estados Unidos pidió al gobierno de Donald Trump suspender la asistencia militar a México en la lucha contra el narcotráfico, bajo el argumento de que contribuye a la violación sistemática de derechos humanos de la población.

“Les urgimos a realizar una evaluación pública y completa de la ayuda de seguridad que brinda Estados Unidos a México. Estamos preocupados de que fondos de Estados Unidos estén abonando a los ciclos de violencia y permitiendo las violaciones de derechos humanos por parte del ejército mexicano”, precisan los congresistas en una misiva enviada a los secretarios de Defensa y de Estado, James Mattis y Mike Pompeo, respectivamente.

Con dinero de la Iniciativa Mérida, Gobierno de EU evaluará cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego

Con fondos de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado estadounidense contratará a un consultor privado para que evalúe las condiciones y operación de las autoridades en al menos 12 y hasta 18 “puertos de entrada terrestre” en todos los estados fronterizos de México con Estados Unidos, entre ellos el de Tijuana-San Diego.

La revisión de EU será en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las Secretarías de la Defensa (Sedena) y Marina (Semar), la Policía Federal (PF), y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como de sus contrapartes estadounidenses.

Iniciativa Mérida “está en su fase terminal”: Osorio Chong

Ciudad de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la Iniciativa Mérida (recursos de Estados Unidos para apoyo a la seguridad) “está en su fase terminal”, de ahí que éste y otros apoyos no son motivo de presión en la relación con el vecino país.

Señaló que México tenía una dependencia estrecha con Estados Unidos, pero ahora se han movido capacidades en materia de seguridad y migración.

Si este recurso (Iniciativa Mérida) pudiera ser algún tema de presión, dijo “de verdad que no tenemos ningún problema”.

Reveló que hace dos años Washington presionó a México precisamente con la suspensión de los recursos en mención, bajo el argumento de que nuestro país incumplía con preceptos en materia de derechos humanos, a lo que el gobierno mexicano respondió que estaban en libertad de hacer lo que consideraran conveniente.

“No es a partir de este tipo de presión, no de hoy, ni siquiera se nos puede presionar de esa manera; México ha cambiado, México ha crecido en temas de seguridad y está más fuerte”, señaló Osorio Chong en entrevista para Radio Fórmula.

Funcionarios mexicanos se reunieron ayer con los responsables de la seguridad interna y de las relaciones internacionales de Estados Unidos.

Osorio Chong refirió que el presidente Enrique Peña Nieto dijo a los visitantes, que al igual que lo hace el presidente Donald Trump, él tiene como prioridad acciones que sirvan a los mexicanos.


“Por supuesto, no sólo el gobierno, sino a la mayoría de los mexicanos no ha gustado ni los posicionamientos, ni los dichos, ni los tuits (de Trump)”, señaló.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/24/iniciativa-merida-201cesta-en-su-fase-terminal201d-osorio-chong

Trump analiza suspender ayuda antinarco a México para financiar muro fronterizo: The New York Times

WASHINGTON: El presidente de Estados Unidos Donald Trump, pondera anular la asistencia antinarcóticos y de otros programas económico-sociales a México, para utilizar esos fondos en el financiamiento de la construcción del muro fronterizo, revelo el periódico The New York Times.


“Para este viernes (24 de febrero) funcionarios estadunidenses están obligados finalizar el cálculo de todo el dinero y donaciones que Estados Unidos provee a México, una tarea que Trump demando en la orden ejecutiva que firmo el mes pasado dentro de las directrices de la construcción del muro”, indica el rotativo.

En el preámbulo de la reunión en Los Pinos entre el presidente Enrique Pena Nieto con Rex Tillerson, secretario de Estado del gobierno de Trump, y el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior, el New York Times asegura que el gobierno estadunidense quiere conseguir fondos de donde sea para el financiamiento del muro en la frontera con México.

La orden de revisar y calcular la asistencia anual que ofrece Washington al gobierno mexicano se emitió por medio de un memorando interno del Departamento de Estado, que se entregó a los funcionarios encargados de la relación con México este mes.

La anulación de ayuda económica y de donaciones al gobierno mexicano forma parte de la estrategia migratoria de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas a México, incluidos a ciudadanos de otros países, y la construcción de la muralla en la frontera común; que insiste la Casa Blanca su costo debe ser sufragados por los mexicanos.

En su despacho noticioso sobre la reunión de los secretarios estadunidenses con Peña Nieto, The New York Times destacó que el monto del dinero que suspendería Trump como ayuda a México, es de unos mil millones de dólares que han sido aprobados para financiar la instrumentación de la lucha bilateral contra el tráfico de drogas y el crimen organizado dentro de la Iniciativa Mérida.

“La mayoría de la asistencia que se entrega a México se da a través de la Iniciativa Mérida”, enfatiza The New York Times, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y el mundo.

La cooperación bilateral para detener al flujo de drogas a Estados Unidos y desmantelar a los cárteles mexicanos de la droga en la Iniciativa Mérida, comenzó en el año 2007 entre los gobiernos de los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón.

Desde su nacimiento el Congreso federal estadunidense aprobó unos 2 mil 8 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida. Hasta el momento, de esa partida le han entregado a México unos 1200 millones de dólares.


Los fondos destinados al financiamiento de la lucha contra las drogas en México se han entregado en equipo militar, adiestramiento a soldados y marinos mexicanos, a elementos de la Policía Federal, tecnología, entrenamiento a ministerios públicos y cursos sobre la protección de los derechos humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475524/trump-analiza-suspender-ayuda-antinarco-a-mexico-financiar-muro-fronterizo-the-new-york-times

Inai pedirá al gobierno reporte sobre recursos de Iniciativa Mérida

Ciudad de México. La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Ximena Puente de la Mora, se comprometió en el Senado a solicitar al gobierno federal las cifras sobre los recursos recibidos por México a través de la Iniciativa Mérida y los gastos que las secretarías de la Defensa y la Marina han realizado en los últimos 10 años para la compra de armamento y equipo utilizado en la lucha contra el crimen organizado.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, donde rindió su informe de labores, el coordinador del PRD, Manuel Bartlett, le pidió esa información, toda vez que, expuso, de acuerdo con reportes en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha recibido a través de la Iniciativa Mérida más de 2.5 millones de dólares en equipo y entrenamiento, pero su gasto en armamento y suministros triplica esa cifra.

El senador Bartlett detalló que en el Informe Anual que el jefe del Comando Norte (Northcom) almirante William E. Gortney rindió en 2014 ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, sostuvo que ese año “marcó un hito histórico” en la relación bilateral con México, ya que el país “dio un paso sin precedente al acercarse al Departamento de Defensa para adquirir equipo militar de Estados Unidos por medio del programa de ventas militares”.

Es decir, recalcó el coordinador perredista, “en dos años y medio de gestión de Enrique Peña Nieto México ha comprado a Estados Unidos municiones, helicópteros y vehículos militares por 3 mil 500 millones de dólares”. Se adquirieron, detalló, 30 millones de balas y proyectiles, más de 20 helicópteros, UH -60 black Hawk y 2 mil 200 vehículos militares multipropósito Humvee. Se trata de “un volumen cien veces mayor que en años anteriores”.

El legislador pidió a la presidenta del Inai corroborar esa información y precisar cuál es el monto que la actual administración ha erogado en armamento y suministros para el combate al narcotráfico, cuáles son los proveedores y la modalidad de compra, si fue a través de licitación pública, invitación o asignación directa.

“Tomo nota de sus requerimientos”, respondió la presidenta del Inai. Agregó que es necesario dar seguimiento al uso de los recursos públicos.

Durante su intervención inicial expuso que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 hubo un incremento considerable de las solicitudes de información, de 83.3 por ciento con relación a un año anterior, ya que hubo más de 202 mil requerimientos.

La Suprema Corte de Justicia, como sujeto obligado recién incorporado, recibió el mayor número de solicitudes, 49 mil –de las que sólo 0.28 por ciento de sus respuestas fueron impugnadas ante el Inai– y le siguieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo de la Judicatura Federal.


El mayor tema de interés, detalló, sin duda es el de la justicia, seguido por el de salud. A punto de concluir su gestión de tres años al frente del Inai, Puente de la Mora respondió a cuestionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/inai-pedira-al-gobierno-reporte-sobre-recursos-de-iniciativa-merida

WOLA, Prodh, Fundar y más ONGs piden a Obama suspender ayuda a México por no cumplir con DDHH

Organizaciones mexicanas e internacionales exigieron a Estados Unidos cancelar parte de los recursos de la Iniciativa Merida ante la falta de avance en el respeto a las garantías individuales por parte de los cuerpos encargados de la seguridad y las instituciones dedicadas a impartir justicia en México. Señalaron que pese a los “cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”. Maureen Meyer, coordinadora de WOLA, dijo que “una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”.

Ciudad de México, 22 de julio: Grupos civiles extranjeros y mexicanos exigieron al Gobierno de Estados Unidos que le cancele parte los recursos de la Iniciativa Mérida a nuestro país ante las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos de seguridad que cometen este tipo de delitos.

Esta mañana se tiene programada una reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, como parte de la gira de trabajo que realiza el mandatario.

“Esta reunión tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EE.UU. en materia de seguridad. Bajo la Iniciativa Mérida, el otorgamiento del 15 por ciento de ciertos fondos está condicionado a que el Departamento de Estado de EE.UU. informe al Congreso que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad. De acuerdo con un memorándum preparado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en conjunto con seis líderes organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados”, señalan en el documento.

El reporte está firmada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Latin America Working Group (LAWG); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

El documento está dirigido a John Kerry, Secretario de Estado de EU; Anthony Blinken, Sub Secretario de Estado; Sarah Sewall Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos; Mari Carmen Aponte, Secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; Tom Malinowski, Subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Democracia; William Brownfield, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley Roberta Jacobson, Embajadora de EU en México.

“Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, según recoge el comunicado del memorándum.

De acuerdo con las organizaciones, México no ha cumplido con los requisitos para poder recibir los millonarios recursos del gobierno norteamericano:

Las organizaciones recordaron que por primera vez en la historia, el Departamento de Estado decidió el año pasado no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones.

Los requisitos que solicitan para poder continuar el apoyo es que el Gobierno de México investigue y persiga violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles.

Al respecto, los grupos civiles señalaron que el gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones.

Además de que “a pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”.

Refieren que no existen condenas en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya, que recientemente cumnplió un año y en el que los militares han sido liberados. Las ONGs acusaron que “en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas”.

En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron, recuerdan en el escrito.

Respecto al requisito de que México cumpla con las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante este tipo de coacción, la organizaciones recordaron que en 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se registraron 2 mil 420 casos.

Acusa que “a pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenados por este delito”.

Señala que casi el 80 por ciento de los sospechosos implicados en el caso Iguala tenía signos de tortura o malos tratos.

Apuntaron que pese a que “existe en el papel” la obligación que el ejército y la policía transfieren a los detenidos de manera inmediata a los detenidos ante las autoridades correspondiente, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas y que el gobierno mexicano “ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas  en tiempo real”.

El documento señala que desde 2007, México ha registrado 28 mil 189 desapariciones, en los que más del 54 por ciento ocurrieron durante la administración del Presidente Peña Nieto.

Hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas. 

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local, es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido  la investigación llevada a cabo por el  grupo de expertos, reconocidos internacionalmente. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce. 

No hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades, critican en el memorándum.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070596

Obama pide 133.5 millones de dólares para “mejorar el estado de derecho” en México

Los fondos, que tendrán que ser aprobados por el Congreso, servirán para apoyar a la instituciones mexicanas, desmantelar organizaciones criminales, prevenir la tortura y asistir a agencias policiales o fiscalías.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este lunes al Congreso de su país una asignación presupuestal de al menos 133.5 millones de dólares en apoyo a México bajo la Iniciativa Mérida, programas antidrogas, entrenamiento y financiamiento militar.

La petición del año fiscal 2017, que aún debe ser aprobada por el legislativo estadounidense, incluye 80 millones de dólares bajo el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE) y 49 millones de dólares bajo el Fondo de Estabilización Económica (ESF).

El Departamento de Estado explicó que la nueva petición del año fiscal 2017 continuará enfocándose en la institucionalización del estado de derecho, el desmantelamiento de organizaciones criminales y la creación de una frontera del siglo 21, incluida la frontera sur de México.

“Los programas financiados por INCLE se concentrarán en apoyar las instituciones de México a través de entrenamiento, asistencia técnica y compras limitadas de equipo”, señaló.

Entre los programas que serán objeto de apoyo figuran la asistencia a instituciones judiciales estatales y locales, incluyendo agencias policiales, fiscalías e instituciones correctivas.

En el caso de la petición económica bajo el ESF, la administración Obama destacó que se dedicará a la alianza y cooperación de los gobiernos de México y Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida para confrontar las amenazas que representan el crimen transnacional y la violencia.

“Específicamente, el ESF será usado para mejorar el estado de derecho apoyando los esfuerzos del gobierno mexicano para implementar reformas constitucionales y de justicia criminal (y) promover el respeto a los derechos humanos a través de reformas a nivel de políticas públicas”, precisó.

Asimismo indicó que se apoyarán medidas para prevenir la tortura, proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, así como construir comunidades resistentes.


El presidente Obama había solicitado 110 millones de dólares bajo INCLE en el año fiscal 2015 y 46.1 millones en el ESF. Aunque la petición total para México fue de 119 millones de dólares en el año fiscal 2016, aún sigue en trámite en el Congreso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0902/mundo/obama-pide-133-5-millones-de-dolares-para-mejorar-el-estado-de-derecho-en-mexico/

Castigo imperial por violaciones a los derechos humanos

En una decisión más política que económica, Washington decidió recortar los recursos de la Iniciativa Mérida debido a las recurrentes violaciones de los derechos humanos que perpetran las fuerzas de seguridad mexicanas. A causa de hechos como Ayotzinapa y Tlatlaya, el Departamento de Estado quitó un apoyo de 5 millones de dólares, y se sumó a un movimiento creciente que desde Estados Unidos le exige a Los Pinos poner orden entre sus militares y policías.

MÉXICO, D.F: Por primera vez desde que en 2008 arrancó la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico, el Departamento de Estado estadunidense redujo el apoyo a México debido a casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán, Ostula y Calera, en los que integrantes de fuerzas federales de seguridad perpetraron graves violaciones a derechos humanos, hasta ahora impunes.

El lunes 19 los medios más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, revelaron la decisión del Departamento de Estado de recortar 5 millones de dólares de la partida de 148 millones que se proyectaba entregar este año a México, ante la imposibilidad de informar al Congreso estadunidense sobre avances sustanciales en materia de derechos humanos, a los que están condicionados 15% de los fondos destinados para la Iniciativa Mérida.

Según The Washington Post, de 2008 a la fecha el Congreso de Estados Unidos ha destinado 2 mil 300 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. De ese monto, mil 300 millones fueron a entrenamiento y compra de equipo.

La sanción del gobierno de Obama a México fue tomada con el beneplácito de representantes de organizaciones de derechos humanos radicadas en Estados Unidos, que junto con agrupaciones mexicanas han pugnado desde hace varios años por hacer efectivas las condiciones de respeto a las garantías individuales en los operativos binacionales de combate al narcotráfico.

En entrevistas por separado, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), y Arturo Viscarra, de School of Americas Watch (SOAW), coincidieron en que al Departamento de Estado no le quedó más alternativa que ejecutar la sanción, habida cuenta de la gravedad de los casos registrados recientemente en México.

“Hasta ahora, el papel del Departamento de Estado había sido el de preservar la relación bilateral –comenta Vivanco–, haciendo todo tipo de malabarismos para evitar la aplicación de las consecuencias que se derivan de la falta de respeto a los derechos humanos según la Iniciativa Mérida.”

Tras recordar que el Departamento de Estado y el Congreso estadunidenses suelen “mantener reuniones periódicas para consultar con la sociedad civil, incluyendo a HRW, cuando hay preocupación por la violación de derechos humanos en diferentes países”, Vivanco considera que con el reconocimiento de “la grave situación de México” por parte de la oficina del secretario John Kerry, “podemos decir que el sistema está funcionando”.

Eso en Estados Unidos, porque en México, según Vivanco, se vive una “actitud de cerrazón corporativa” de la Sedena, puesta en evidencia durante la reciente audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se expusieron las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se avaló la negativa del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que los miembros del GIEI entrevistaran a los soldados del 27 Batallón de Infantería.

“El rechazo del Ejército a la fiscalización internacional en derechos humanos –apunta Vivanco– demuestra su intención de seguir operando al margen de todo control, de acuerdo con sus propias reglas, como lo hicieron durante buena parte del siglo XX.”


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Bloquea fondos por faltas en DH

Por incumplir México en materia de derechos humanos, Estados Unidos retiene el 15 por ciento de la ayuda anual de la Iniciativa Mérida.

Estados Unidos bloqueó 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida por faltas en materia de protección a los derechos humanos, indicó The Washington Post.

El diario calificó este recorte como una seña de frustración por parte de Estados Unidos.

El Congreso de EU destinó para apoyar la batalla de México contra los cárteles de la droga 2.3 miles de millones de dólares desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores de frontera, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

El 15 por ciento del dinero proporcionado por el Ejército mexicano y la policía está sujeto a las disposiciones de que el país avance en la protección de los derechos humanos, incluida la aplicación de las normas contra la tortura y el enjuiciamiento de los acusados por desaparición forzada.

En 2010, Estados Unidos retuvo fondos por esta causa, pero fueron proporcionados después de que México tomó medidas.

“Este año, no hemos sido capaces de confirmar que México cumple totalmente con los criterios especificados”, explicó la decisión una fuente del Departamento de Estado para el diario español El País, bajo condición de anonimato, consultada.

El diario indicó, con base en la fuente oficial, que “de los 148 millones de dólares reservados este año para la Iniciativa Mérida, cinco han sido ‘reprogramados’ y destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”. 

Responde la SRE a la decisión

La Cancillería mexicana respondió a la medida implementada por Estados Unidos.

“México reitera su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos.  No obstante, rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, indicó. 

La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

“No obstante, México y Estados Unidos mantienen una relación bilateral madura y profunda y uno de los diálogos más sólidos en materia de combate  a la delincuencia transnacional organizada que se expresa en iniciativas de cooperación bilateral exitosas, como la Iniciativa Mérida”, dijo.  


El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

México rechaza medidas unilaterales tras recorte a Iniciativa Mérida

México, DF. El gobierno mexicano rechazó "cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país", después de que Estados Unidos retuviera una parte de los fondos de la Iniciativa Mérida que están sujetos a avances en esa materia.

"El gobierno de México es consciente y reconoce los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos y refrenda su indeclinable compromiso con la protección y promoción de los mismos", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores la noche del lunes.

Este año el Congreso estadunidense asignó 148 millones de dólares a México como parte de este programa multianual puesto en marcha en 2008 para apoyar con equipamiento y capacitación el combate a las organizaciones criminales. Sin embargo, en esta ocasión bloqueó una parte.

En total se retuvieron cinco millones de dólares, un 15 por ciento de lo que corresponde a las fuerzas de seguridad.

La razón fue que el Departamento de Estado declinó enviar al Congreso un informe requerido para liberar los fondos, que acreditara avances en materia de derechos humanos en México.

Hace un año desaparecieron en el sur del país 43 estudiantes después de ser perseguidos y secuestrados por policías aliados con un grupo criminal, en un hecho que dejó, además, seis personas muertas en tiroteos previos.

"La forma en que el Departamento de Estado conduce sus relaciones con el Congreso obedece a procedimientos internos de Estados Unidos, que México observa con respeto", indicó la cancillería mexicana.

No obstante, dijo que México "rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país y por el contrario, reitera su compromiso por continuar participando en mecanismos multilaterales y universales de examen, como el establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, afirmó el lunes que, pese a que se ha logrado un "importante avance", el combate al crimen organizado en México "sigue siendo un reto difícil".

"Este año el Departamento de Estado no estuvo en condiciones de confirmar e informar al Congreso que México ha cumplido en su totalidad todos los criterios de la legislación de asignación de fondos del año fiscal 2014, y el 15 por ciento fue redireccionado fuera de México", afirmó.

El monto fue reasignado a Perú para la erradicación de cultivos de coca. Desde 2008, el Congreso estadunidense ha aprobado unos 2 mil 300 millones de dólares para México.


Pese a esta decisión, que en la práctica significa una reprobación a México en respeto a los derechos humanos, Toner dijo que Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos en marcha en México para reformar su sistema de seguridad y judicial.

FUENTE: LA JORNADA.

Amnistía, WOLA, Prodh, Fundar y otras ONGs, en carta a EU: Detengan ya Iniciativa Mérida

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) junto a otras organizaciones internacionales como el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Amnistía Internacional, así como los grupos civiles mexicanos Centro Prodh, Tlachinollan, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) y Fundar, exigieron al gobierno de Estados Unidos frenar el envío de ayuda al Ejército mexicano previsto en la Iniciativa Merida.

Fue el 30 de junio de 2008 cuando los entonces presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush, activaron la llamada Iniciativa Mérida o Plan Mérida,  un tratado internacional de seguridad que prometía combatir el narcotráfico y el crimen organizado en ambos países y Centroamérica. Desde entonces el programa ha sido cuestionado tanto por organizaciones civiles, como por congresistas y analistas de EU.

“A la luz de la información disponible, creemos que es esencial que el gobierno estadounidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y ​​sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas”, manifestaron estos ocho grupos civiles.

Por medio de un memorando enviado este jueves al Secretario de Estado de EU, John Kerry, así como al Embajador estadounidense en México, Anthony Wayne, a los Senadores Lindsey Graham y Patrick Leahy, y a los congresistas Kay Granger y Nita Lowey, las ocho organizaciones civiles exhortaron a las autoridades de ese país a dejar de decir que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida.

“Dado que la Iniciativa Mérida se inició en el año fiscal 2008, el Congreso de Estados Unidos estableció condiciones en el 15 por ciento de los fondos asignados a las fuerzas de seguridad mexicanas, por lo que está sujeto a requisitos del Departamento de Estado informar que México ha logrado avances sustanciales en las cuestiones de derechos humanos”, dice el memorando.

“La retención de estos fondos enviaría un claro mensaje de que Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer de WOLA. Y agregó: “México necesita hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia en el país, pero violando los derechos humanos sólo genera más inseguridad, y no los reduce “.


Las organizaciones indicaron que ninguno de los casos que han documentado sobre violaciones a derechos humanos ha dado lugar a una investigación que dé con los responsables. Además, dijeron, “el gobierno mexicano no ha demostrado avances significativos en otras áreas sobre las que el Congreso [de EU] ha expresado su preocupación, especialmente el elevado número de desapariciones forzadas y el uso generalizado de la tortura”.

“Casos como la desaparición forzada de 43 estudiantes del magisterio en Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, el asesinato de 22 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, Estado de México, en  junio de 2014, y los últimos asesinatos de grandes grupos de la población civil por las fuerzas militares y de policía en circunstancias que podría sugerir la matanza de personas desarmadas particularmente en Michoacán, refuerzan la urgente necesidad de México para reformar sus políticas de seguridad”, manifestaron los grupos.

Las organizaciones dijeron que pese al entrenamiento y equipo entregado a las fuerzas de seguridad mexicanas, ”la corrupción y los abusos continúan sin control [...] y es probable que continúe a exacerbar una situación ya grave de los derechos humanos”, se lee en la nota.

“Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es de una lógica de guerra, sino más bien la de respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, la promulgación de verdaderas reformas judiciales y policiales, castigar la corrupción, y la consolidación del Estado de Derecho y una la democracia representativa y responsable “, manifestaron los grupos civiles.

La exigencia de estos organismo civiles se da luego de que el pasado dos de 2 julio más de 80 congresistas estadounidenses enviaran una carta a John Kerry para expresarle su preocupación por las violaciones de derechos humanos en México y en la que insistieron de que se trata de un “patrón amplio” más allá de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.


La carta, impulsada por el congresista demócrata por California Alan Lowenthal, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, fue suscrita por otros 81 legisladores.

“Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”, apuntaron.

En la misiva, los congresistas expresan su apoyo a la labor del Grupo de Expertos internacionales seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de México para revisar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en la localidad de Ayotzinapa y dar asistencia técnica durante la investigación, así como presentar recomendaciones a las autoridades.

“Como usted sabe, la desaparición de los estudiantes es uno de los 25 mil casos registrados de gente que ha desaparecido en México desde 2007. Decenas de miles de familias están aún esperando respuestas sobre dónde se encuentran sus seres queridos y para que aquellos que causaron esos crímenes sean investigados y paguen por ello”, señalaron los firmantes.

Días antes, el pasado 25 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo que México enfrenta “problemas significativos” en la materia ante los reportes de asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos en los que se encuentran involucradas las fuerzas de seguridad.

“Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen la participación de la policía y militares en abusos graves, como asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones y abusos físicos. La impunidad y la corrupción siguieron siendo problemas graves en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial, especialmente en los niveles estatales y locales”, dice el reporte.

El documento elaborado por el gobierno del Presidente Barack Obama y presentado por el Secretado de Estado, John Kerry, menciona la existencia de ”numerosos informes en los que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad”.


Se advirtió además que “los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con impunidad y en alianza con el estado corrupto, locales y funcionarios de seguridad”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-07-2015/1408306.

EU apoya a través de la Iniciativa Mérida a policías vinculados con el crimen

Una serie de cables desclasificados muestran que los recursos del gobierno estadounidense han ayudado a fortalecer a las agencias gubernamentales mexicanas relacionadas con organizaciones delictivas.

El gobierno de Estados Unidos ha conocido de casos específicos de mandos policiales en México presuntamente relacionados con el crimen organizado pero no han evitado que los recursos de la Iniciativa Mérida se entreguen a esos sospechosos de actividades delictivas, según información obtenida de archivos desclasificados del gobierno estadounidense.

Los cables obtenidos por el National Security Archive muestran que los funcionarios de Estados Unidos en México reciben, de forma regular, datos sobre los vínculos criminales pero al mismo tiempo, a través de la Iniciativa Mérida, el paquete de asistencia antidrogas por el que el gobierno estadounidense ha gastado alrededor de 2.5 mil millones de dólares desde 2008, Washington proporciona equipo, apoyo y entrenamiento a dependencias comprometidas.

Por ejemplo, el cable 20100226 indica que en febrero de 2010 funcionarios del consulado de Estados Unidos en Monterrey tenían información sobre el vínculo entre el jefe de investigaciones estatales de Coahuila, Héctor Santos Saucedo, con el grupo criminal de Los Zetas, pero en ese momento, agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) entrenaban y extendieron el apoyo a policías de esa entidad y a agentes de investigación.

Según el reporte de Jesse Franzblau, investigador del NSA, mientras las leyes estadounidenses prohíben explícitamente proporcionar asistencia a personas y unidades extranjeras implicadas en violaciones sistemáticas de derechos humanos, los informes sobre la implementación de los programas de la Iniciativa Mérida revelan que los vínculos entre instancias policiales y de gobierno con el crimen organizado son generalmente pasados por alto, ignorados u ocultados del escrutinio público, mientras el dinero sigue fluyendo.

Los recursos de la Iniciativa Mérida ayudan a fortalecer a las agencias gubernamentales mexicanas relacionadas con organizaciones delictivas, según lo muestran los datos de diferentes cables desclasificados como los 20091030 y 20091103.

Otro caso es el de Nuevo León. Funcionarios del área de Asuntos de Narcóticos de la embajada de Estados Unidos (NAS, por sus siglas en inglés) entrenaban a policías de Coahuila y Nuevo León (20090908) cuando la embajada de Estados Unidos informaban a su país que el sistema de seguridad de esa entidad “se encontraba comprometido” (20100521) y que el gobernador admitía que funcionarios estatales y de la policía habían sido elegidos por los Zetas (20100323).

Pese a ello, el cable (20091124) muestra cómo los programas de apoyo a esas instituciones de seguridad estatales continuaron aún cuando los oficiales de la DEA informaron que había oficiales de Nuevo León que otorgaban protección y apoyo a organizaciones delictivas.

Otros documentos generados por agencias estadounidenses para informar sobre la implementación de la Iniciativa Mérida muestran que los vínculos con organizaciones criminales se dan en todos los niveles del gobierno mexicano, incluyendo funcionarios militares e investigadores federales.

La embajada de Estados Unidos informó en junio de 2009 sobre el arresto de tres funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) junto con 10 soldados, ocho de los cuales eran oficiales subalternos, por vínculos con el crimen organizado. Según la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable (20090626), los arrestos fueron una muestra de la infiltración Zeta en los más altos niveles de gobierno y de cómo “la infiltración del cártel en las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema”.


El análisis completo (en inglés) de Jesse Franzblau sobre el apoyo de EU a México pese a la información sobre los vínculos de autoridades con criminales puedes leerlo aquí.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Por Ayotzinapa, exigen a Obama cancelar ayuda de Iniciativa Mérida

MÉXICO, D.F: Las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se trasladaron hoy a por lo menos 43 ciudades de Estados Unidos, donde decenas de personas exigieron al presidente Barack Obama la cancelación a México del financiamiento de la Iniciativa Mérida.

El movimiento argumentó que la ayuda multimillonaria que brinda Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, también conocido como “Plan México”, se está financiando a una fuerza que viola los derechos humanos.

En una convocatoria sin precedentes, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes y organizaciones religiosas participaron en una acción denominada #USTired2 (Nosotros también estamos cansados) y salieron a las calles para manifestarse en plazas, o frente a edificios públicos con velas encendidas, carteles y consignas.

La misma escena se repitió a lo largo de este miércoles en: Albuquerque, Nuevo México; Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Baltimore; Bellingham, Washington; Berkeley, California; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Columbia, South Carolina; Dallas- Fort Worth, Texas; Detroit, Michigan.

En El Paso, Texas; Fayetville, Arkansas; Ferguson, Missouri; Fresno, California; Gainesville, Florida; Greenville, North Carolina; Harrisonburg, Virginia; Hoover, Alabama; Houston, Texas; Jackson, Mississippi; Los Angeles, California.

También en Madison, Wisconsin; Miami, Florida; Minneapolis, Minnesota; New York; Olympia, Washington; Salt Lake City, Utah; San Antonio, Texas; San Fernando, California; San Francisco, California; San Jose, California; San Marcos, California; Santa Ana, California; Santa Cruz, California; Seattle, Washington.

Así como en St. Louis, Missouri; Tucson, Arizona; Washington DC; Woodburn, Oregon; Yakima, Washington y Yellow Springs, Ohio.

“43 Cities, 43 students, One goal: Stop the us governments deadly ‘Plan México’”, (43 ciudades, 43 estudiantes, un objetivo: Alto a nuestros gobiernos mortal Plan México), fue el llamado que hicieron los activistas a través de las redes sociales.

En cada uno de los 43 puntos se pidió por uno de los normalistas desaparecidos.

La movilización contrastó con la postura asumida hoy por el gobierno de Barack Obama que, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, arropó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje, Harf aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.

Roberto Lovato, organizador del #USTired2, dijo en entrevista con CNN Español, que tras los hechos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, un grupo de mexicanos decidió protestar para solicitar al gobierno estadunidense cortar los recursos destinados a instituciones de seguridad mexicanas para combatir el narcotráfico.

“En Estados Unidos somos millones que al igual que miles de mexicanos, decimos ‘Ya me cansé’, sólo que en inglés, estamos cansados del apoyo que da el gobierno estadounidense a fuerzas de seguridad en México que han torturado, desaparecido y matado a miles de personas”, manifestó el también periodista y activista.

El objetivo de #UStired2, abundó, es promover la paz como una alternativa a una “fallida y catastrófica guerra contra las drogas que ha dejado más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos en México”.

A través de un video difundo en días previos a la jornada cívica, dos de los normalistas que sobrevivieron a los hechos del pasado 26 de septiembre, en el que invitan a la gente a participar en el #USTired2,  señalaron:

“El tema que nos tiene en este momento preocupados como estudiantes junto con los padres de familia y mucha de la sociedad mexicana es que estamos luchando por 43 compañeros que se llevó la Policía Municipal de Iguala. No estamos jugando nosotros, es un problema serio”.

“(…) Invitamos a que sigan apoyándonos; al apoyarnos a nosotros están apoyando a todo un país que ya está harto”, convocó uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Los organizadores del movimiento señalaron que con el #USTired2 también buscan que Estados Unidos “deje de ser un observador pasivo” frente a la tragedia de México.

“Estamos haciendo esto por la desaparición de los estudiantes (de México), pero más que nada estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pare de financiar al gobierno mexicano.

“Es un esfuerzo comunitario de mexicanos residentes en Estados Unidos que queremos que nuestro dinero de impuestos no financie al gobierno mexicano, que es corrupto”, dijo Karla de Anda, una de las organizadoras de la protesta en Miami quien nació en México y vive en Estados Unidos desde hace 14 años.


Los activistas filmaron sus protestas y los videos de ellas serán transmitidas en una pantalla gigante frente a la embajada de Estados Unidos en México, según explicó De Anda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.