Otorgan libertad a Marcelino Ruiz, preso injustamente por más de 20 años en Chiapas

Organizaciones de derechos humanos celebraron la liberación del tsotsil Marcelino Ruiz Gómez, quien durante 20 años, tres meses y dos días permaneció preso en el Centro de Readaptación Social Número 10 en Comitán de Domínguez, Chiapas, por un delito que no cometió.

Marcelino Ruiz fue liberado «tras una lucha incansable para demostrar su inocencia, denunciando y visibilizando las graves violaciones a sus derechos humanos y a través de la organización junto con otras víctimas de este sistema corrupto que protege a culpables y encierra a inocentes», explicaron el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Denuncian falta de debida diligencia de la FGE en caso de Yonny Ronay, víctima de tortura en Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) demuestra «falta de debida diligencia, objetividad y lealtad», así como «realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables» en el caso de Yonny Ronay Chacón González, detenido arbitrariamente en el penal de Villaflores, Chiapas, y víctima de tortura y malos tratos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En la etapa de juicio oral sobre el caso de Chacón, el Frayba acusó la falta de expertiz de los peritos de la FGE y señaló que, al no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, no existen elementos para sentenciarlo culpable.

Dos años presa por un delito que no cometió contra una persona que no existe

“Sabía que todo era inventado, pero no cuándo iba a salir”, dice María Esther “R”, quien estuvo dos años y tres meses encarcelada en Tabasco por un delito que no cometió –extorsión con un arma– y, peor aún, contra una persona que no existe. En entrevista con este semanario, la mujer originaria de Tamaulipas habla de su caso, de la corrupción en la fiscalía general tabasqueña, del abogado que manipuló el sistema estatal de justicia para encarcelarla y, sobre todo, de cómo retomará su vida tras perderse el nacimiento de su nieta y de haber cerrado una escuela de canojate y una empresa que tenía.

“Señora, puede ir a ver a sus hijos…”, con esa frase una jueza terminó el jueves 3 con la injusticia que desde el 18 de octubre de 2019 María Esther padecía cuando fue detenida por hombres sin identificar, afuera de su domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en Villahermosa, donde permaneció dos años y tres meses en prisión preventiva oficiosa, acusada de extorsionar con un arma a una persona que no existe.

María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.

Álvaro lleva 3 años preso sin juicio: su caso puede cambiar la justicia mexicana

En tres ocasiones, jueces se negaron a cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa a Álvaro, quien lleva preso un año más de lo que la Constitución prevé como periodo máximo que puede durar.

El 26 de junio de 2018, Álvaro, un hojalatero de 53 años, circulaba en su vehículo a eso de la media tarde, cuando de la nada unos policías le dieron el alto y le obligaron a bajarse del carro.

“Esta es la camioneta en la que viajaban los rateros”, dijo una persona que acompañaba a los policías. 

“Confiesa, o tu familia va a valer madres”: hermano de July Raquel también denuncia tortura

Los casos de los hermanos Flores Garfias guardan múltiples similitudes. Ambos están imputados como copartícipes. Aunque la defensa sostiene que ninguno estuvo en Xalapa la mañana del 29 de junio de 2020.

“Tenemos cinco horas hasta Veracruz para que hables. Así que, o hablas, o ya te cargó la chingada”.

En Chiapas, donde saldrán más presos, piden no olvidarse de todos los reos indígenas

Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, por lo que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas piden que el decreto presidencial para liberar a reos aplique de manera directa para los indígenas.

Chiapas es el estado con el mayor número de personas (198) que salieron libres gracias a un decreto presidencial que prevé liberar a reos torturados, sin condena, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, pero también a indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos, una petición que organizaciones como Asilegal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas llevan haciendo desde hace años, y en la que ahora demandan que no se reduzca a las causales previstas por el Gobierno.

Por afectaciones a su salud, familiares de presos levantan huelga de hambre en Edomex

Familiares de 25 internos decidieron levantar su huelga de hambre que iniciaron hace 18 días para exigir la libertad de sus hijos, padres y hermanos mediante la puesta en marcha de la Ley de Amnistía en Edomex.

Debido a las complicaciones en su estado de salud y que los médicos les han advertido que de continuar con el ayuno sus afectaciones serán irreversibles, familiares de 25 internos, supuestamente encarcelados de manera injusta, decidieron levantar su huelga de hambre después de 18 días.

El grupo se mantenía en una casa de campaña frente a las oficinas del gobernador Alfredo del Mazo, para exigir la libertad de sus hijos, padres y hermanos, mediante la puesta en marcha de la Ley de Amnistía en el Estado de México.

Injustamente presos: jueces incapaces o corruptos extienden la pesadilla

Quienes están injustamente presos no sólo sufren ellos mismos la privacion de la libertad. Madres, padres, novias, hermanos, esposas, amigos sufren también el encarcelamiento de quienes en funesto momento cayeron en garras policiacas que debían presentar “resultados” a sus superiores o, incluso, aportar una cuota de detenidos.

Desde hace décadas, las prisiones mexicanas están llenas, también, de presos políticos bajo acusaciones distintas a las reales que motivaron su encarcelamiento. Se oponían a un megaproyecto, defendían derechos, territorio o medio ambiente o estorbaban a un político y terminan tras las rejas bajo procesos de delitos de alto impacto que no cometieron.