Carlos Olvera, abogado de Alma, explicó que la reducción de la sentencia se dio ante el reclamo de diversas irregularidades en el juicio, como la falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas para demostrar su inocencia, la imposibilidad de que se interrogara a la denunciante y las agravantes que se le impusieron por su presunta pertenencia al crimen organizado y que la víctima era mujer.

Juan Carlos Ramírez Michaca lleva preso la mitad de su vida por una declaración obtenida bajo tortura. En 2005, sin orden de aprehensión, fue detenido por policías ministeriales que lo sacaron de su domicilio mientras dormía. Eran entre las dos y tres de la mañana. Fue declarado culpable de los asesinatos de dos personas y sentenciado a más de 70 años de prisión. Con pruebas sobre un proceso lleno de inconsistencias, amigos y familiares de Juan Carlos piden amnistía para el hombre de 39 años. 

“Nuevamente, y tras una decisión lamentable, Keren recibió la injusta condena de 50 años de prisión por un delito que no cometió”, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) este martes, luego de que el juez José Eduardo Morales Sánchez validó “las pruebas ilícitas obtenidas mediante tortura” para condenar a la joven de 28 años como responsable de un secuestro cometido por su expareja y otro cinco hombres, quienes se encuentran “en libertad sin ser investigados”.

Javier Cruz trabajaba en una empresa que renta vehículos, y como parte de sus labores le pidieron acudir a recuperar una camioneta que no había sido devuelta, lo que le costó a él y a su hijo ser detenidos y condenados a 40 años de cárcel en el Estado de México, acusados de extorsión.

Cuando acudió al sitio en el que se encontraba la camioneta de acuerdo con un dispositivo de geolocalización, Javier se encontró con que esta había sido vendida a una persona que dijo desconocer que se trataba de un vehículo rentado.

Daniel Plácido, sentenciado a 65 años de prisión por un secuestro y cuya acusación se sustentó sólo en una declaración en que se señaló que el supuesto autor era moreno y estaba “mugroso”, fue liberado la noche del jueves, después de que en una revisión extraordinaria de su expediente el Tribunal de Alzada reconoció su inocencia.

La libertad de Daniel Plácido es una de las 23 por las que pugna el colectivo Haz valer mi libertad, cuyos integrantes permanecen apostados, desde hace casi un año, a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de México, en demanda de la excarcelación de sus injustamente presos.

La defensa de Sanjuana Maldonado, mujer sentenciada a 30 años de prisión como cómplice de secuestro agravado, lucha contra el reloj por convencer a los diputados de San Luis Potosí de concederle un indulto.

Proceso informó el 18 de marzo pasado que en febrero, con apoyo de una organización civil dedicada a la defensa de personas que se encuentran injustamente en prisión, Sanjuana Maldonado entregó formalmente al Congreso estatal una solicitud de indulto para la cual sólo requiere el voto de 14 legisladores.

Es domingo a las 10 de la mañana, día de visita en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, mejor conocido por sus siglas como CERSS 5. Las personas hacen fila para entrar a visitar a sus familiares que allí se encuentran recluidos.

En una mesa de concreto, bajo una palapa de palma, se encuentran Petrona Hernández Pérez y Lucía Pérez, las compañeras de Agustín Pérez Domínguez y de Juan Velasco Aguilar, respectivamente, originarios del barrio de K’a’ni’ en San Juan Cancuc. Ambos se encuentran presos en el CERSS 5.