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lunes, 12 de febrero de 2018
El Congreso acumula pendientes, falta designar a las nuevas comisionadas del INAI
El Senado debió haber lanzado la convocatoria para seleccionar y designar a las nuevas comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información el 1 de febrero, pero no lo ha hecho.
Al Poder Legislativo federal se le acumulan los pendientes: a la falta de designación de fiscal y magistrados anticorrupción, fiscal general y auditor superior, se le suman desde hace más de una semana los espacios que dejarán vacantes las comisionadas de transparencia Areli Cano y Ximena Puente, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
martes, 8 de septiembre de 2015
PGR e INAI harán públicos 55 tomos del caso Ayotzinapa
La funcionaria federal confirmó que “se está haciendo un acompañamiento institucional a la PGR para que las partes que se testen sean las que se tienen que testar, sean los que se tienen que reservar y no se teste información más allá”.
Puente subrayó que todos los interesados en conocer la forma en que la PGR trabajó las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace casi un año, tendrán la información completa.
“Estamos trabajando con ellos, estamos llevando a cabo ese trabajo para garantizar la información pública de esta investigación. Atendemos la relevancia social porque son temas socialmente muy importantes”.
La responsable del INAI aclaró que sólo se protegerán los datos personales que puedan implicar algún problema, pero el resto de la información será tal cual se encuentra en los 55 tomos de la investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 31 de agosto de 2015
La PGR debe dar información sobre desapariciones forzadas desde 1960: INAI
La PGR deberá también deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha están en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.
La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar y entregar información estadística sobre investigaciones iniciadas por el delito de desaparición forzada entre 1960 y febrero de 2015.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular solicitó el número de hechos investigados por la PGR.
De acuerdo con la resolución del INAI, La Procuraduría deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.
Asimismo aquellas averiguaciones en las que se ejercitó acción penal, contra cuántas personas, por qué delitos y el estado de los procesos; de las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en cuántos actos se desestimó por razones de prescripción de los delitos;
Además a cuáles dependencias de gobierno federal, estatal o municipal se adscribía cada funcionario público investigado, y el estado de la República en donde sucedieron los hechos investigados en cada averiguación previa abierta.
La resolución del INAI ocurre luego de que un particular solicitó esa información y la PGR proporcionó un cuadro con información estadística del fuero federal, relacionada con el delito de desaparición forzada, de 1960 a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga como “Información no disponible” aquella correspondiente al periodo comprendido de 1960 a 2000.
Señaló también que en sus bases de datos no existen variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, su sexo, las dependencias de gobierno a las que estaban adscritos los funcionarios investigados, ni el estado procesal de las investigaciones.
Por ese motivo y debido a que el inconforme consideró que la PGR atendió parcialmente su requerimiento, presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
En alegatos, la PGR aseveró que puso a disposición la totalidad de la información estadística con la que cuenta y agregó que, en su caso, los documentos fuente serían las propias averiguaciones previas en cuestión que tienen el carácter de reservadas.
La PGR se declaró incompetente para conocer los procedimientos penales federales y las sentencias emitidas, con el argumento de que la instancia competente es el Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente la procuraduría envió un alcance al recurrente que le informaba de un micrositio en su portal de Internet, en el cual podría obtener mayor información a la proporcionada inicialmente.
No obstante, éste corresponde a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunado a que únicamente refiere a las averiguaciones previas iniciadas por esa dependencia a partir de enero de 2014.
Al analizar el caso, el INAI advirtió que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la ley, ya que cuenta con los sistemas Informático de Procuración de Justicia Federal, de Registro de Detenidos y el Institucional de Información Estadística.
Aunado a ello se observó que, en respuesta a solicitudes de información presentadas con anterioridad, la PGR ha entregado información con un nivel de desglose mayor al que obra en sus bases de datos.
En ese sentido se concluyó que la dependencia omitió garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, toda vez que cuenta y está en posibilidad de entregar datos adicionales como sexo de las víctimas, órdenes de aprehensión, estado procesal y tipo de sentencias, entre otros.
Por tanto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de la PGR y le instruyó una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes y en los sistemas de datos con los que cuente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
viernes, 21 de agosto de 2015
Inai ordena a Presidencia revelar modificaciones en Los Pinos
La resolución, tomada en su sesión del miércoles pasado, la hizo pública solamente a través de un par de mensajes de Twitter.
De acuerdo con uno de esos mensajes, el proyecto de resolución estuvo a cargo de la comisionada Areli Cano y en otro sólo se informó: “#INAI instruye a la Presidencia de la República buscar y hacer pública la información sobre las modificaciones en la casa presidencial”.
El diario Reforma informó que durante la sesión el pleno resolvió modificar una respuesta de la Presidencia a una solicitud de información vía transparencia y le ordenó transparentar los documentos relativos a las modificaciones realizadas a la residencia oficial de Los Pinos para recibir a Enrique Peña Nieto y su familia, al inicio de su gestión.
En su solicitud un particular solicitó los documentos relacionados con la modificación, remodelación, cambio o transformación de la casa Miguel Alemán, que forma parte del conjunto de Los Pinos, para albergar a la familia presidencial como afirmó el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, durante una entrevista radiofónica en noviembre de 2014.
Presidencia respondió que la información estaba publicada en diversos enlaces electrónicos que puso a disposición del solicitante.
Sin embargo, éste se inconformó y argumentó que en los sitios de Internet referidos no estaba toda la información que solicitó.
Aún no es posible consultar la resolución en la página web del Inai porque los expedientes más actuales son del 12 de agosto y la correspondiente a la remodelación de Los Pinos se dictó el miércoles pasado.
Opacidad
Un reportaje de la periodista y colaboradora de Proceso, Anabel Hernández, publicado en septiembre del año pasado (No. 1976) da cuenta de que desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, la Residencia Oficial de Los Pinos ha sufrido profundas transformaciones.
Entre noviembre de 2012, todavía en el gobierno de Vicente Fox, y septiembre de 2014, la periodista realizó al menos seis solicitudes de información sobre las remodelaciones en Los Pinos, pero reiteradamente la Presidencia negó que hubiera remodelaciones, construcción, nuevo menaje o redecoración.
Según la investigación de la periodista, cuando Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y los seis hijos de ambos se convirtieron en la familia presidencial, la residencia Miguel Alemán (dentro de Los Pinos) fue transformada radicalmente: de albergar oficinas se convirtió en su hogar.
Se remodeló para adecuar los espacios y hacerlos recámaras, baños, vestidores y estancias, y además se le quitó al inmueble el estilo mexicano contemporáneo para hacerlo un palacete afrancesado.
La Presidencia ha negado todo pese a que Peña Nieto y su esposa han hecho públicos los cambios en la casa Miguel Alemán en fotografías oficiales y en revistas de modas.
Según información obtenida por la periodista entre exempleados y personas actualmente vinculadas con Los Pinos, la casa Miguel Alemán consta de tres niveles: sótano, planta baja y planta alta. En los sexenios de Fox y Calderón, en la planta alta había oficinas donde laboraban más de 15 personas.
En la planta baja estaban los despachos del presidente y de su secretario particular, una biblioteca donde recibía a jefes de Estado, salones de espera y dos comedores con muebles de época conservados durante sexenios. El resto del mobiliario era común, como lo reflejan algunas fotografías del sexenio de Fox.
La Miguel Alemán era una casa de cristal. Desde los enormes ventanales de las oficinas y escalinatas se veían los jardines que rodean la residencia, y desde afuera empleados y visitantes podían ver al presidente en su despacho.
Tras la remodelación hecha por Fox, la casa Miguel Alemán quedó al estilo mexicano contemporáneo. Al recibidor se le pusieron pisos de mármol y tenía un enorme candil, una escalera con barandal de hierro forjado y cuatro pilares de cantera de más de cinco metros de alto, que parecían sostener el techo.
Aunque oficialmente se niegan las remodelaciones, la página electrónica de fotografías de Peña Nieto difundidas por el sitio oficial de la Presidencia muestra otra cosa. Esas remodelaciones sí se hicieron.
La prueba más clara: la demolición de las cuatro columnas de cantera del recibidor principal de la casa Miguel Alemán. Hasta septiembre de 2012, cuando se tomaron fotografías de Calderón y Peña Nieto en las reuniones de transición, las grandes columnas estaban ahí. En las fotografías oficiales de mediados de 2013 -las cuales registran los encuentros de Peña Nieto con mandatarios y funcionarios extranjeros-, y en las de mayo de 2014 -cuando el mandatario se reunió con el secretario de Estado estadunidense John Kerry-, ya no están.
Por tratarse de un bien inmueble de la nación, debe documentarse la autorización para eliminarlas. Esas columnas estaban en la casa Miguel Alemán desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Posteriores mandatarios priistas las fueron ensanchando, quién sabe con qué propósito, y finalmente Fox las regresó a su estado original. Ahora desaparecieron.
Una fuente cercana a Los Pinos dijo a Anabel Hernández que con la llegada de Peña Nieto, en el sótano de la residencia Miguel Alemán se construyó un búnker para el resguardo del presidente y su familia en caso de una crisis política o un desastre natural.
Ahora la residencia Miguel Alemán se amuebló al estilo Luis XV. Los muebles de líneas sencillas y estilo mexicano contemporáneo fueron sustituidos por sofás y sillones capitonados de terciopelo o con brocados en tonalidades blancas y grises, con maderas pintadas de dorado y plateado, mesas doradas o con madera oscura con toques dorados. Sobre los pisos se colocaron tapetes de brocados, según la investigación de la periodista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
jueves, 9 de julio de 2015
Korenfeld, asunto de seguridad nacional para el INAI
En su sesión del miércoles 8, en una votación de cuatro a tres, el pleno del INAI determinó reservar las bitácoras de vuelo de las aeronaves de Conagua durante la gestión del amigo presidencial, a pesar del comprobado mal uso que hizo de ellas y que fue el motivo de su renuncia, el 9 de abril pasado, tras dos semanas de escándalo en plenas vacaciones de semana santa.
Encabezados por la presidenta del INAI, Ximena Puente, los comisionados Eugenio Monterrey Chepov, Patricia Kurczyn y Javier Acuña determinaron testar las bitácoras solicitadas al amparo de la ley de transparencia. Su argumento fue que entregarlas revelaría las instalaciones estratégicas relacionadas con los recursos hidráulicos del país.
El agua, sin duda, es un asunto de seguridad nacional y desde hace algunos años es considerada en los análisis de seguridad internacional como origen de nuevos conflictos internos y entre países. ¿Pero qué tienen que ver las instalaciones estratégicas con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos de Conagua por parte de Korenfeld?
Hasta ahora sólo se ha confirmado que usó un helicóptero de Conagua para fines privados. Fue captado y evidenciado por un vecino suyo en Huixquilucan, el municipio del Estado de México del que fue regidor y presidente municipal, y donde Angélica Rivera, la esposa de Enrique Peña Nieto, ha manifestado tener una propiedad.
Las imágenes captaron el aparato dispuesto para la familia del funcionario. Los trasladaría al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí se irían de vacaciones al resort Arrabelle, en la villa alpina de Vail, Colorado.
Lo que no se ha confirmado, y se mantendrá oculto gracias a esos cuatro comisionados del IANI, es que antes de ese vuelo, el helicóptero ya había hecho otro para trasladar a personas del servicio doméstico de la casa de Korenfeld. Desatado el escándalo, dijo que usó el aparato sólo ocho minutos y pagó 10 mil 800 pesos a la Función Pública. Luego ésta lo multó con 638 mil más.
No sería la primera vez ni el único funcionario en hacerlo. En el Ejército, por ejemplo, otra institución vinculada con la seguridad nacional, no son pocos los generales que utilizan a soldados como albañiles en sus casas, grandes y chicas. “Es una cultura”, a decir de Peña.
En esa “cultura” es donde Korenfeld se ha movido. Muchos lo recuerdan antes de su ascenso como funcionario de Peña en el Estado de México, donde fue secretario de Agua y Obra Pública. Fue a trabajar a Toluca luego de que Huxquilucan experimentara numerosos cambios de uso de suelo.
Su amigo el presidente ya no lo pudo sostener en Conagua ante la evidencia y las presiones para que renunciara. Pero gracias al INAI, Korenfeld tiene ahora materia de sobra para ahondar en su libro “El sistema sancionador mexicano. Teoría de la sanción administrativa”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Ordenan al DIF revelar cuánto ha donado al Teletón
México, DF. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) buscar y entregar información sobre el monto de los donativos que en su caso hubieran sido entregados a la Fundación Teletón, durante los años 2013, 2014 y hasta el 12 de mayo de 2015.
Esta resolución de los comisionados del Inai se dio al resolver un recurso de revisión presentado por un particular que se inconformó luego de la respuesta del DIF en el sentido de que no habría encontrado monto alguno hacia Fundación Teletón.
Debido a la inconformidad del solicitante, el caso fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y, tras su análisis, el pleno determinó que el DIF “fue omiso” en consultar a las unidades administrativas que cuentan con la competencia para conocer de este requerimiento.
En una nota informativa, el instituto detalló que en su respuesta y posteriormente en etapa de alegatos, el DIF aseguró que no se encontró monto alguno proporcionado a Fundación Teletón, por lo que el resultado de la búsqueda fue igual a “cero”. Esto, de acuerdo con el criterio 18/2013 del entonces IFAI, “no requiere de una declaratoria formal de inexistencia de la información por tratarse de un dato estadístico o numérico”.
En la información se detalló que la Dirección General de Rehabilitación del DIF indicó que su objetivo es dirigir el Programa de Atención a Población Vulnerable y que no cuenta con un programa para otorgar ese tipo de apoyos; en tanto que la Dirección General de Enlace Interinstitucional señaló que no encontró antecedentes de montos entregados a la Fundación Teletón.
En su análisis, Acuña Llamas identificó que la solicitud de acceso no fue turnada a las unidades administrativas competentes, ya que faltó la búsqueda en la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, instancia que tiene entre sus facultades aprobar el otorgamiento de donativos. Además, agregó en su ponencia el comisionado, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales se encarga de conducir la recepción y entrega de donativos y asignaciones.
“De las manifestaciones vertidas por la autoridad en su respuesta y en alegatos, es posible deducir que utilizó un criterio restrictivo en la búsqueda de la información, en virtud de que no consultó a las unidades administrativas que resultan competentes para conocer de la misma”, destacó el comisionado ponente.
A propuesta de Acuña Llamas el pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó buscar y proporcionar la información al solicitante o en su defecto, por conducto de las unidades competentes, indique que no ha efectuado donativos a la Fundación Teletón durante el periodo del interés del solicitante.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 8 de julio de 2015
El Inai protege a Korenfeld; rechaza abrir bitácoras de vuelos de Conagua
El exfuncionario se vio forzado a renunciar al cargo luego de que se demostró que usó un helicóptero de la dependencia con fines personales.
Con una cerrada votación –cuatro contra tres– los comisionados del Inai, determinaron no dar a conocer la bitácora de vuelos de la Conagua porque se trata de “un asunto de seguridad nacional, seguridad pública y de las personas que vuelan en helicópteros y aviones de la dependencia”.
En el proyecto de resolución a cargo del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se propuso reservar la información relacionada con el origen del vuelo, su destino y horario de salida y llegada de la aeronave, porque según el comisionado revelar esos datos pondría en riesgo la seguridad nacional y de las personas.
Según la resolución hacer del dominio público las bitácoras se revelaría la ubicación de instalaciones estratégicas lo que permitiría conocer un patrón de vuelo de las aeronaves y con ello facilitar atentados por parte de la delincuencia organizada.
Los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Mauricio Guerra se opusieron al proyecto de resolución.
Cano hizo énfasis en señalar que el tema del agua sólo puede clasificarse como de Seguridad Nacional en lo que corresponde a su manejo estratégico y la operación de la infraestructura, pero en ningún caso cuando se trata del funcionamiento administrativo.
Calificó el argumento del comisionado ponente como “inaceptable” toda vez que el lugar de los helipuertos y aeropuertos es público por definición.
Además, los tres comisionados opuestos al proyecto recordaron el “vergonzoso” caso de David Korenfeld y el riesgo que implica clasificar como seguridad nacional este tema.
Clasificar la información, apunto el comisionado Guerra, cancela la posibilidad de rendir cuentas y transparentar el uso de las aeronaves oficiales.
Está claro, subrayó, que las solicitudes de información se relacionaban con el caso Korenfeld y que el interés era conocer el uso de aeronaves oficiales con otros motivos.
Joel Salas recordó otro caso resuelto por el Inai en torno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que se ordenó abrir información sin apelar a seguridad nacional, por lo que cuestionó que en este caso que involucra a Korenfeld se apelara a la reserva para cancelar el acceso a la información sobre el uso de aeronaves.
A favor del proyecto de Monterrey Chepov, se pronunciaron la comisionada presidenta, Ximena Puente, y los comisionados Javier Acuña y Patricia Kurczyn.
Los cuatro sostuvieron que no puede darse a conocer la información de las bitácoras, porque implica evidenciar los patrones de vuelo de las aeronaves de Conagua y poner en riesgo la seguridad de las personas y la seguridad nacional.
Finalmente, por mayoría de votos el pleno del Inai aprobó reservar la información relacionada con el origen del vuelo, destino y horario de salida y llegada de las aeronaves de la Conagua.
El 29 de marzo pasado Ignacio Vizcaíno Tapia, residente del fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, grabó el momento en que David Korenfeld y su familia abordaban un helicóptero oficial de la Conagua.
El video fue difundido a través de las redes sociales y por la noche la Conagua informó que Korenfeld usó el helicóptero para ser trasladado a un hospital por un problema de salud.
Sin embargo, las imágenes generaron una oleada de críticas que derivaron 10 días después en la renuncia de Korenfel y el inicio de un procedimiento de investigación y “disciplinario” por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Virgilio Andrade Martínez.
El pasado 7 de mayo la SFP concluyó el procedimiento disciplinario con la imposición de una multa de 638 mil 653 pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 24 de junio de 2015
INAI justifica opacidad de la Sedena en el caso Tlatlaya
Por tratarse de un caso del fuero militar, sólo redujo la reserva de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El INAI rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar realizada en el caso de Tlatlaya, informó La Jornada.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.
De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.
En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.
Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.
El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.
En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta
Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.
Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.
Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.
Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.
El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.
Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.
De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.
En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.
Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.
Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.
El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.
En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.
“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta
Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.
Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.
Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.
Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.
FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 10 de junio de 2015
Deberá la Segob revelar acuerdos contraídos con la CNTE
Dicho documento deberá contener los nombres con quienes negoció e informar si entregó dinero a los manifestantes, o promovió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les pagara las semanas no trabajadas por realizar marchas y paros magisteriales.
En sesión pública del pleno realizada este miércoles, el consejero Óscar Guerra Ford, quien realizó el proyecto de resolución del recurso de revisión interpuesto por un particular, dijo que la minuta que deberá entregar la Segob es la correspondiente al 9 de febrero.
En esa fecha se reunieron en las instalaciones de la Segob funcionarios de esa dependencia y representantes de la Sección 22 de la CNTE, perteneciente a Oaxaca.
Según el comisionado, la Segob afirmó que ya entregó al requirente la información de la minuta realizada tras una reunión sostenida un día después, el 10 de febrero.
Y aseguró que cuenta con datos de la reunión previa, incluidos los nombres de los integrantes de la CNTE que fungieron como sus interlocutores.
Ello a pesar de que en su momento, la Segob dio cuenta en del encuentro sostenido mediante un boletín de prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
jueves, 14 de mayo de 2015
Ordena el INAI a la PGR hacer pública investigación sobre caso Ayotzinapa
Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) al resolver un recurso de revisión en el que argumentó que “por tratarse de una violación grave de derechos humanos” es inoperante la causal de reserva invocada por la PGR con el argumento de que se trata de una investigación en curso.
Además, el organismo nacional de transparencia resolvió otro recurso de revisión en el que ordenó a la PGR difundir las versiones públicas de las “investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres de la misma normal en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
La comisionada Areli Cano, quien analizó ambos casos, argumentó que el tratamiento como caso grave de violación de derechos humanos ya ha sido sostenido por el INAI y sustentado en la trascendencia nacional e internacional que ha tenido la desaparición de los normalistas.
Y recordó que de acuerdo a la legislación “no podrá invocarse la causal de reserva tratándose de casos graves”.
Incluso, abundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina específica para dar seguimiento al caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un comité de expertos internacionales con el mismo fin y el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aludido al tema, lo que refleja el impacto social e internacional de los hechos.
Por ello, la comisionada consideró improcedente el argumento de la PGR para negar la información y destacó la importancia de dar a conocer información sobre el caso a efecto de que la sociedad tenga un seguimiento puntual de la actuación de sus autoridades, sobre todo porque está comprobado que 48 policías de Iguala y 16 de Cocula, están detenidos por estar involucrados en los hechos.
En ambos casos, la PGR deberá entregar una versión pública: de la declaración de los militares y de la averiguación previa. Sólo podrá eliminar información confidencial de los inculpados, víctimas y testigos, así como los nombres de los Ministerios Públicos y personal de la dependencia con funciones operativas, pero “no podrá omitirse nombres de los que presuntamente participaron en los hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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