El INM es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, que se rige por la Ley de Migración. Actualmente, está dirigido por Francisco Garduño. El organismo regula el flujo migratorio, un tema prioritario tanto para el gobierno de México como el de Estados Unidos, país que está por elegir a su próximo Presidente.
Palau Hernández, quien se desempeñaba desde 2023 como encargado de la estación migratoria en la capital del paísllegó a Tijuana, para sustituir a David Pérez Tejada, a quien se le solicitó la renuncia desde oficinas centrales a mediados de agosto, sin que se conozca el motivo del cambio.
De acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 11 de mayo, se realizó la detención en el puesto de seguridad “El Centinela”, del vehículo con el logotipo del instituto, en el cual se localizó 25 paquetes ocultos en los ventiladores de aire acondicionado que contenía 25 kilos de clorhidrato de cocaína.
Manuel Alfonso Marín Salazar sustituye como delegado del INM en Chihuahua a Salvador González Guerrero, quien fue vinculado a proceso por la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez.
El nombramiento llega a poco más de un mes de la muerte de migrantes en un incendio en el centro donde estaban retenidos en Ciudad Juárez.
Las cinco entidades acumulan 330 de las 404 quejas presentadas ante la CNDH entre enero y febrero. El INM es la tercera institución federal con más expedientes abiertos en lo que va de 2023.
Cinco de las 32 entidades del país concentran el 81.6% de las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va de este año, de acuerdo con cifras oficiales.
Entre enero y febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 404 expedientes relacionados con el INM, de los cuales 330 corresponden a posibles abusos de funcionarios del organismo en Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y la Ciudad de México.
El número de expedientes registrados por la CNDH contra el instituto dirigido por Francisco Garduño pasó de 714 en 2019, primer año completo de López Obrador, a 2 mil 141 en 2022. Acciones y omisiones contra migrantes y sus familias y falta de honradez por parte de funcionarios, entre las conductas más denunciadas.
En 2019, primer año completo del mandato de López Obrador, los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 714, indican las cifras históricas del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. Para el cierre de 2022, el número cerró en 2 mil 141, lo que representa un incremento de 199.8%.
La propuesta del padre Alejandro Solalinde es que ya no haya un Comisionado, ni ningún mando militar a cargo, ni estaciones migratorias.
“Tenemos que esperar a que la Fiscalía [General de la República] termine todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos”, dijo el Presidente.
Un nuevo organismo sustituiría las funciones del INM, el cual se llamará Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.
Luego de mantener una reunión con el mandatario federal en Palacio Nacional, el sacerdote indicó que se creará un organismo que desempeñará las funciones del INM para el salvaguarda de las personas migrantes.
Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Garduño Yáñez también reveló que solo ha habido 14 quejas relacionadas con presuntas extorsiones a connacionales que regresan de Estados Unidos.
Datos del SESNSP muestran además que en el país hay más de 27 mil policías locales que siguen en activo, pese a reprobar las pruebas de confianza. Sinaloa y Guerrero son focos rojos.
Uno de cada cuatro agentes de migración desplegados actualmente en el país, no debería de estar trabajando porque carece de la certificación en regla que exige la ley para poder desempeñar dicha función. Dichos elementos no han aprobado o no han renovado sus exámenes de control de confianza.
De hecho, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son la fuerza federal con la menor proporción de agentes federales en activo con exámenes aprobados vigentes. Incluso se encuentran por debajo del promedio total de policías estatales y municipales aprobados.
De hecho, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son la fuerza federal con la menor proporción de agentes federales en activo con exámenes aprobados vigentes. Incluso se encuentran por debajo del promedio total de policías estatales y municipales aprobados.
En la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. la secretaria adelantó que hasta el momento han interpuesto tres o cuatro denuncias penales contra agentes migratorios, y afirmó que tienen conocimiento de que éstos “extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país”, por lo que se presentarán más querellas.
La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Inmigración (INM), atendió, en un período de tres días, un total de 1,028 solicitudes de refugio de migrantes que ingresaron a territorio nacional por el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
En este sentido, autoridades migratorias mexicanas trasladaron este domingo a 346 personas, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a albergues provistos por autoridades federales y estatales.
La tarde de ayer el activista por los derechos migrantes y director de la asociación Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías federales en Ciudad Hidalgo, dentro del municipio chiapaneco fronterizo de Suchiate.
Los defensores y las organizaciones de derechos humanos recordaron que es necesaria la aplicación de medidas administrativas y legales que hagan efectiva la ley, particularmente en el grupo “vulnerable” de los migrantes.
Denunciaron que el control fronterizo y migratorio que ejerce el Estado mexicano a través de sus fuerzas armadas se realiza en condiciones de abuso del uso de autoridad, mientras que los funcionarios no actúan para mejorar las condiciones de los migrantes por “acción, omisión y tolerancia”.
A través de un comunicado, destacó que elementos de la Policía Federal interceptaron el vehículo en el que viajaban personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, y entre los cuales se encontraban 29 menores de edad.
“El vehículo fue localizado cuando los efectivos federales realizaban inspecciones de seguridad en el kilómetro 217+500 de la carretera Puebla – Córdoba, donde al indicarle al conductor que detuviera la marcha, éste aceleró la velocidad intentando evadir a la autoridad, por lo que fue interceptado dos kilómetros adelante”, señala.
Luego del hallazgo, indicó, se solicitó el apoyo de personal del Instituto Nacional de Migración, quienes trasladaron a 43 guatemaltecos, 21 salvadoreños, 39 hondureños y cinco ecuatorianos, para que recibieran asistencia consular, y tras el reconocimiento de nacionalidad se les otorgue el retorno asistido.
El conductor y su acompañante, junto con la unidad y 167 mil 500 pesos que se encontraban en ella, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en el estado de Puebla, donde se dará seguimiento a las investigaciones.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/452112/rescatan-en-puebla-a-108-centroamericanos-viajaban-hacinados-en-tractocamion
Justifica INM aumento en deportaciones: flujo migratorio creció 150% por violencia, pobreza y sequía
Lo anterior y no la contención de migrantes es lo que ha generado el incremento en el número de retornados que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto es de unos 500 mil, 300 mil de los cuales han pasado por la estación migratoria de Tapachula, afirmó el funcionario en el Senado de la República.
La mayoría de los que llegan a México son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y cada vez llegan más africanos, haitianos, asiáticos y cubanos, informó a legisladores.
Recalcó que no ha incrementado la actividad de contención sino que han crecido los factores de flujo migratorio debido al corredor seco en Centroamérica que lleva 10 años ocasionado por el fenómeno de El Niño. La ONU, abundó, habla de 3.5 millones de personas en riesgo de hambruna en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
Además, dijo: “hemos visto incrementos de grupos extracontinentales de manera exponencial. Por ejemplo, los cubanos pasaron de mil 800 en 2014 a 15 mil el año pasado. Están saliendo de su país a través de Brasil o Ecuador”.
También hay países que expulsan a sus migrantes por violencia interna. Además de Centroamérica, está el caso de África.
Al respecto dijo que la soberanía de esos países tiene fronteras abiertas, por lo que se requiere lograr acuerdos para que no continúen los flujos hacia México.
“El INM no puede retener a esos ciudadanos extracontinentales en estaciones migratorias por tiempo indefinido, a los 45 días se les tiene que dar oficio de salida para que se regularicen o regresen a su país”, explicó.
Vargas detalló que africanos y asiáticos no buscan llegar a la frontera con Tamaulipas, como los cubanos que van a Florida, sino que se dirigen a California, Estado Unidos.
También refirió que en Tijuana hay siete mil 500 extracontinentales, que en mayo llegaron dos mil 500 y todos generan problemas de seguridad, sociales y de salud.
No obstante reconoció que el 60% de los migrantes en la frontera de Baja California son mexicanos y destacó el caso de los michoacanos que llegan con oficios expedidos por presidentes municipales en los que se especifica que hay violencia en su región y por eso salen del país. “Creen que con esos oficios les van a dar asilo en la Unión Americana y eso no es cierto”, advirtió.
También reconoció que sigue el problema de niños migrantes que viajan solos. De nueve mil menores en 2013 se pasó a 40 mil el año pasado y el 38% de ellos son menores de 11 años y el 48% de menores y adolescentes viajan solos.
México ha sido cuestionado por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos por su negativa a brindar asilo a migrantes y por el incremento en el número de deportaciones.
El martes pasado, el diario Los Ángeles Times publicó un artículo de Mary Speck, analista del Grupo Crisis Internacional, en el que afirmó que México se ha convertido en el muro y “deportador en jefe” de migrantes que algunos políticos están pidiendo.
Indicó que sólo el año pasado México deportó 166 mil indocumentados, entre ellos 30 mil niños, y la cifra total significa más del doble de los que deportó Estados Unidos en el mismo lapso.
“Al detener y deportar migrantes, México se ha convertido en el ‘muro’ que ciertos políticos están pidiendo, lo que desde luego, no resuelve los problemas subyacentes”, consideró Speck, quien calificó a México como el “deportador en jefe”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449700/justifica-inm-aumento-en-deportaciones-flujo-migratorio-crecio-150-violencia-pobreza-sequia
El cruce internacional Puerta México, que comunica Matamoros con Browsnville, al sur de Texas, fue escenario de la entrega del convicto, quien llego vestido de civil, camisa de manga larga y pantalón oscuro, y una cachucha beisbolera que le hacía sombra a un rostro marcado por un bigote tupido.
Pasaban las cinco de la tarde, cuando los Marines, armados con fusiles de asalto y algunos con la cara cubierta, cruzaron la placa que marca los límites de México y Estados Unidos, rodeando a un hombre menudo, delgado, que cargando una maleta negra, escudriñaba el paisaje del Río Bravo.
Para la entrega, agentes de los dos países determinaron cerrar a la circulación vehicular y peatonal el cruce, por lo que decenas de automóviles permanecieron a mitad del puente, uno de los 4 que comunica Matamoros con Brownsville.
Tras se entregado a los agentes del INAMI, Instituto Nacional de Migración, Héctor Palma Salazar, apresado por el Gobierno Mexicano en el 2002, ingreso a la pequeña estación migratoria para dar sus generales y documentar su estado de salud.
Durante casi una hora permaneció en ese espacio para salir y abordar el vehículo todo terreno de la Secretaría de Marina y Armada de México, conocido como Gato del Desierto, número económico 0916585, que lo trasladaría al aeropuerto de Matamoros.
A unos 20 kilómetros del puente internacional por donde "El Güero" Palma fue repatriado, el aeropuerto Servando Canales de Matamoros había sido blindado desde mediodía por una decena de patrullas de la Policía Federal Preventiva.
El contingente ingreso hasta la pista donde dos aviones de la Secretaria de Marina permanecían con los motores encendidos esperando a la tripulación.
Al filo de la 7 de la tarde las aeronaves despegaron de Matamoros con destino a la Ciudad de México.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JULIA LE DUC.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/15/llega-a-mexico-el-guero-palma
En un comunicado, la CNDH precisó que una mujer y tres hombres, todos originarios de Chiapas, fueron detenidos y retenidos por agentes migratorios, quienes aseguraban eran de nacionalidad guatemalteca, aunque presentaron actas de nacimiento mexicanas y uno de ellas credencial de elector de nuestro país.
Tras concluir su investigación, el organismo detectó violaciones a los derechos humanos de las cuatro personas, a la libertad personal, libre tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia, atribuibles al personal del INM.
La CNDH detalló que los hechos iniciaron el 3 de septiembre de 2015, al cruzar por la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, en su recorrido hacia Sonora, donde los cuatro agraviados fueron bajados del autobús en que viajaban y tres de ellos fueron detenidos por agentes migratorios, quienes consideraron que los documentos con que se identificaron eran falsos, por lo que los llevaron a la estación migratoria del INM de la ciudad de Querétaro, donde les iniciaron Procedimientos Administrativos Migratorios (PAM).
A solicitud de la autoridad migratoria, el 4 de septiembre la embajada de Guatemala en México remitió, vía correo electrónico, pases especiales de ingreso a ese país a nombre de las víctimas, indicando como lugar de nacimiento San Marcos, Guatemala. Dos días después, la misma delegación diplomática notificó que en las consultas al Registro Nacional de las Personas de ese país no se encontraron sus nombres, por lo que canceló los pases previamente remitidos.
El 7 del mismo mes, la CNDH recibió la queja y en colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro acudió a la estación migratoria para entrevistar y revisar el estado de salud de los agraviados.
El 11 de septiembre de 2015, al acreditarse su nacionalidad mexicana, la autoridad migratoria resolvió su salida de dicha estación y dejó en libertad a los tres hombres y la mujer.
En respuesta a los agravios, la CNDH solicitó al comisionado del INM la reparación de los daños ocasionados a los agraviados, en términos de la Ley General de Víctimas; se les otorgue atención psicológica, y se dicten medidas claras e inequívocas para garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser de nacionalidad mexicana.
También pidió contar con la infraestructura necesaria y de acceso a bases de datos para que en el lugar en el que se realice la revisión migratoria se corrobore de manera inmediata los datos de identificación proporcionados por personas que declaren ser de nacionalidad mexicana, y de esta manera evitar que sean trasladados y detenidos ilegalmente en un recinto migratorio.
Asimismo, que el INM capacite a sus servidores públicos sobre la relevancia del principio “pro persona”, los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de tránsito, libertad personal, seguridad e integridad personal, no discriminación y acceso a la justicia, con objeto de que no se presenten estas violaciones, y se colabore con la CNDH en la investigación que se inicie por la queja que presentará ante el Órgano Interno de Control de dicho Instituto, contra las autoridades señaladas como responsables.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443972/exige-cndh-al-inm-reparar-dano-a-cuatro-indigenas-tzeltales
The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado para ir a trabajar al norte del país. Al realizar una revisión, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los retuvieron bajo el argumento de que eran de Guatemala y habían presentado documentos falsos. Sin embargo, su caso no es único. El medio británico dice que la CNDH ha investigado 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.
Ciudad de México: Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.
Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”.
The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado, acompañados por Fernando, novio de Esther, para ir a trabajar al norte del país.
A la mitad de su recorrido, en Querétaro, agentes del INM detuvieron el camión para hacer una revisión y ordenaron a los hermanos Juárez y a Fernando a descender del camión.
Las autoridades dijeron que los integrantes de la familia Juárez eran migrantes provenientes de Guatemala, pese a que ellos presentaron documentos que los acreditaban como mexicanos. Mientras, a Fernando lo dejaron en libertad a pesar de identificarlo como traficante de personas.
Los tres hermanos Juárez, que hablan con dificultades el español, fueron llevados a un centro de detención migratorio. Ahí, Alberto fue metido a un cuarto donde cuatro agentes le dijeron que si no firmaba unos documentos en los admitía ser de Guatemala, moriría.
“Uno de ellos me empujó, otro me pateó la pierna, y un tercero, que era muy gordo, me dio una descarga eléctrica aquí, en la parte posterior de mi mano derecha”, dijo Alberto a The Guardian a través de un traductor.
“Realmente pensé que iba a morir, así que firmé un montón de hojas de papel, pero no puedo leer ni escribir, así que no sabía lo que estaba firmando”, agregó Alberto, quien tiene 18 años.
Junto a él, sus hermanas Amy y Esther permanecieron retenidas durante ocho días antes de que un abogado de un grupo de activistas presentara una demanda legal para finalmente asegurar su liberación.
“Siguieron diciendo que éramos de Guatemala, y les decía que no, somos de Chiapas, pero no nos creían y se ponían más y más furiosos. Alberto no podía dejar de temblar, estábamos todos llorando. ¿Cómo podíamos volver a nuestra casa en Chiapas cuando ni siquiera sabíamos dónde está Guatemala? “, contó Esther, de 15 años.
Sus documentos de identidad no fueron devueltos porque no pudieron pagar los 200 pesos que exigían las autoridades.
Su caso, de acuerdo con The Guardian, ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos indígenas que están siendo detenidos y amenazados con ser expulsados del país por parte de los agentes de inmigración que buscan indocumentados centroamericanos.
El medio menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente investigó 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.
En el resto de los casos, las víctimas fueron detenidas en autobuses o en la calle basados en “características físicas, ropa y apariencia”. Algunos fueron detenidos durante varias semanas antes de convencer los funcionarios que eran mexicanos.
El INM dijo que los agentes están autorizados legalmente para solicitar la identificación de cualquier persona.
Un portavoz del Instituto afirmó a The Guardian que los hermanos Juárez fueron detenidos “porque Fernando dijo que eran de Guatemala, y las documentos de identidad de las hermanas expresaron su preocupación de que podrían ser víctimas de tráfico de personas. Su detención fue prolongada por el desafío legal de IMUMI”.
“Es imposible que alguien pudiera ser torturado en una estación de la inmigración, ya que son monitoreadas permanentemente por la CNDH, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y ONGs. Si él [Alberto] fue torturado, ¿por qué no informó de ello en el momento?, ¿por qué esperar hasta después?”, dijo el vocero del INM.
Activistas consultados por el medio dijeron que los funcionarios de migración mexicanos están llevando a cabo un sistema secreto de cuotas para aumentar el número de expulsiones.
Dijeron que el Instituto Nacional de Migración funciona cada vez más como “una fuerza policiaca sin control”, y dijeron que al igual que las fuerzas de seguridad del país, “parece ser qué esta utilizando la tortura contra los detenidos”.
Gretchen Kuhener, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la organización que ayudó a los hermanos Juárez a evitar su deportación, dijo a The Guardian que “la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo la gente en base a criterios racistas y deteniendo y deportando a los jóvenes indígenas de México a lo largo del camino”.
“Este caso demuestra el poder y la impunidad del Instituto Nacional de Migración. Ellos pueden salirse con la suya porque impactan a poblaciones altamente vulnerables que no hablan español, no conocen sus derechos, y es improbable que se quejan”, dijo Kuhener.
Carolina Jiménez, subdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo al diario británico:
La publicación detalla que preocupación por la conducta de los agentes de inmigración está aumentando ya que grupos de defensa han cuestionado al titular del INM Ardelio Vargas, quien estaba a cargo de las fuerzas federales cuando las protestas campesinas en el pueblo de San Salvador Atenco fueron violentamente reprimidos por la policía en 2006.
Alejandro Martínez, ex jefe de asuntos de migrantes centroamericanos en el INM, dijo que Vargas dirige el instituto como una fuerza de policía.
“El error más grande fue mezclar la policía y la inmigración. [El caso de los hermanos Juárez] me hace aún más seguro de que las cuotas ilegales dentro del instituto están impulsando el aumento exponencial de las detenciones. No importa cómo lo hacen los agentes, siempre y cuando cumplan con las cuotas”, comentó.
El INM negó a The Guardian el uso de cuotas. Sin embargo, dice el medio, el enorme aumento en las detenciones y deportaciones es innegable. En 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM – 120 por ciento más que en 2013.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643979
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.
Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”.
The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado, acompañados por Fernando, novio de Esther, para ir a trabajar al norte del país.
A la mitad de su recorrido, en Querétaro, agentes del INM detuvieron el camión para hacer una revisión y ordenaron a los hermanos Juárez y a Fernando a descender del camión.
Las autoridades dijeron que los integrantes de la familia Juárez eran migrantes provenientes de Guatemala, pese a que ellos presentaron documentos que los acreditaban como mexicanos. Mientras, a Fernando lo dejaron en libertad a pesar de identificarlo como traficante de personas.
Los tres hermanos Juárez, que hablan con dificultades el español, fueron llevados a un centro de detención migratorio. Ahí, Alberto fue metido a un cuarto donde cuatro agentes le dijeron que si no firmaba unos documentos en los admitía ser de Guatemala, moriría.
“Uno de ellos me empujó, otro me pateó la pierna, y un tercero, que era muy gordo, me dio una descarga eléctrica aquí, en la parte posterior de mi mano derecha”, dijo Alberto a The Guardian a través de un traductor.
“Realmente pensé que iba a morir, así que firmé un montón de hojas de papel, pero no puedo leer ni escribir, así que no sabía lo que estaba firmando”, agregó Alberto, quien tiene 18 años.
Junto a él, sus hermanas Amy y Esther permanecieron retenidas durante ocho días antes de que un abogado de un grupo de activistas presentara una demanda legal para finalmente asegurar su liberación.
“Siguieron diciendo que éramos de Guatemala, y les decía que no, somos de Chiapas, pero no nos creían y se ponían más y más furiosos. Alberto no podía dejar de temblar, estábamos todos llorando. ¿Cómo podíamos volver a nuestra casa en Chiapas cuando ni siquiera sabíamos dónde está Guatemala? “, contó Esther, de 15 años.
Sus documentos de identidad no fueron devueltos porque no pudieron pagar los 200 pesos que exigían las autoridades.
Su caso, de acuerdo con The Guardian, ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos indígenas que están siendo detenidos y amenazados con ser expulsados del país por parte de los agentes de inmigración que buscan indocumentados centroamericanos.
El medio menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente investigó 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.
En el resto de los casos, las víctimas fueron detenidas en autobuses o en la calle basados en “características físicas, ropa y apariencia”. Algunos fueron detenidos durante varias semanas antes de convencer los funcionarios que eran mexicanos.
El INM dijo que los agentes están autorizados legalmente para solicitar la identificación de cualquier persona.
Un portavoz del Instituto afirmó a The Guardian que los hermanos Juárez fueron detenidos “porque Fernando dijo que eran de Guatemala, y las documentos de identidad de las hermanas expresaron su preocupación de que podrían ser víctimas de tráfico de personas. Su detención fue prolongada por el desafío legal de IMUMI”.
“Es imposible que alguien pudiera ser torturado en una estación de la inmigración, ya que son monitoreadas permanentemente por la CNDH, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y ONGs. Si él [Alberto] fue torturado, ¿por qué no informó de ello en el momento?, ¿por qué esperar hasta después?”, dijo el vocero del INM.
Activistas consultados por el medio dijeron que los funcionarios de migración mexicanos están llevando a cabo un sistema secreto de cuotas para aumentar el número de expulsiones.
Dijeron que el Instituto Nacional de Migración funciona cada vez más como “una fuerza policiaca sin control”, y dijeron que al igual que las fuerzas de seguridad del país, “parece ser qué esta utilizando la tortura contra los detenidos”.
Gretchen Kuhener, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la organización que ayudó a los hermanos Juárez a evitar su deportación, dijo a The Guardian que “la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo la gente en base a criterios racistas y deteniendo y deportando a los jóvenes indígenas de México a lo largo del camino”.
“Este caso demuestra el poder y la impunidad del Instituto Nacional de Migración. Ellos pueden salirse con la suya porque impactan a poblaciones altamente vulnerables que no hablan español, no conocen sus derechos, y es improbable que se quejan”, dijo Kuhener.
Carolina Jiménez, subdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo al diario británico:
“Hemos documentado un patrón verdaderamente inquietante de violaciones graves de derechos humanos contra los migrantes que viajan a través de México. Pero viendo a funcionarios de inmigración involucrados en la tortura contra mexicanos para «confesar» que son migrantes lleva esta situación preocupante a un nivel más siniestro “.
La publicación detalla que preocupación por la conducta de los agentes de inmigración está aumentando ya que grupos de defensa han cuestionado al titular del INM Ardelio Vargas, quien estaba a cargo de las fuerzas federales cuando las protestas campesinas en el pueblo de San Salvador Atenco fueron violentamente reprimidos por la policía en 2006.
Alejandro Martínez, ex jefe de asuntos de migrantes centroamericanos en el INM, dijo que Vargas dirige el instituto como una fuerza de policía.
“El error más grande fue mezclar la policía y la inmigración. [El caso de los hermanos Juárez] me hace aún más seguro de que las cuotas ilegales dentro del instituto están impulsando el aumento exponencial de las detenciones. No importa cómo lo hacen los agentes, siempre y cuando cumplan con las cuotas”, comentó.
El INM negó a The Guardian el uso de cuotas. Sin embargo, dice el medio, el enorme aumento en las detenciones y deportaciones es innegable. En 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM – 120 por ciento más que en 2013.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643979
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