“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales considera que dichos preceptos son violatorios al orden constitucional, habida cuenta que se opone y limita la transparencia y el acceso a la información, o bien, constituye una omisión legislativa”, señala la demanda de acción de inconstitucional aprobada por unanimidad del pleno.
En total, “se impugnarán 12 fracciones de nueve artículos; y dos artículos completos de la Ley publicada el 29 de septiembre de 2016″.
En un comunicado, el Instituto detalló que los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz que se contraponen a la constitución son el 15, fracción LIII; 68, fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción II; 101 fracciones I, XXIII y XXXII; 140, fracción III y penúltimo párrafo; 161, fracción I; 192, fracciones II y III, inciso a); 195; 196; 246, fracción III; y 249, segundo párrafo.
Entre los conceptos de invalidez que argumenta la demanda están las reservas de información no previstas en la Ley General de Transparencia que se traducen en omisión legislativa consistente en la deficiente regulación en que incurrió el Congreso del Estado, en el caso del Artículo 68, fracción IX.
Asimismo, el INAI se refiere al concepto de “Seguridad Nacional” previsto en el Artículo 76, fracción IV de la ley local que constituye una limitante y restricción al derecho fundamental de acceso a la información.
El artículo 15 de dicha ley, dice el organismo, disminuye manera injustificada el plazo para que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia, y en el Artículo 101 fracciones I, XXIII y XXXII, otorga la calidad de representante legal al Secretario Ejecutivo y le atribuye facultades que le corresponden exclusivamente al titular del organismo garante del Estado de Veracruz, de acuerdo con la Ley General.
En cuanto al Artículo 85, fracción II, y 192, señala que establece, por un lado, la suplencia por ausencia temporal de los Comisionados, a cargo del Secretario de Estudio y Cuenta o el Secretario de Acuerdos, y por el otro, permite las excusas de los comisionados, y en el 196 impone una carga innecesaria para el recurrente al exigir la ratificación del desistimiento, en caso de representación común.
También destaca que el Artículo 140 prevé requisitos adicionales en la tramitación de la solicitud de información y el 195 establece un horario de presentación de los recursos de revisión por un medio electrónico, que pugna con el principio de expedites de los procedimientos de los recursos de revisión.
Y, añade el INAI, se reclama la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de Veracruz al no contemplar la previsión de dar cauce a las solicitudes con datos parciales aportados por el solicitante.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460290/inai-impugnara-la-ley-de-transparencia-de-veracruz
El proyecto Memoria y Verdad se creó para difundir información concentrada de 14 casos de violaciones de derechos humanos, y se incluyeron Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa 2011, Ayotzinapa 2014, Cadereyta, Campo Algodonero, Guerra Sucia, El Halconazo, San Fernando 2010, San Fernando 2011, Tlatelolco y Tlatlaya.
Sin embargo, Puente dijo que los comisionados aún analizan el caso de la guardería de Hermosillo, Sonora, y que se tomará en cuenta a las organizaciones que protestaron la falta del caso, Artículo 19 y Fundar, sopesando el acceso a la información y la protección de datos personales.
Consideró que más allá de las diferencias con las organizaciones, el portal Memoria y Verdad es un ejercicio inédito que concentra información relacionada con casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Indicó que el INAI refrendó su compromiso institucional al resolver, en diversos casos, en favor de la apertura de la información en casos tan trascendentes como Tlatlaya y Ayotzinapa.
El comisionado Francisco Javier Acuña dio a conocer que será la próxima semana cuando haya un nuevo acercamiento entre el INAI y representantes de las organizaciones que expresaron su inconformidad con el caso de la Guardería ABC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458685/inai-se-reservo-caso-abc-a-peticion-los-padres-puente
Los señalamientos se hicieron en una sesión especial del pleno del INAI desarrollada en el Centro Cultural Tlatelolco, durante la presentación de la plataforma de internet www.memoriayverdad.mx.
La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración entre el INAI y organizaciones como Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Durante la presentación, el comisionado Francisco Javier Acuña reconoció el espacio emblemático de Tlatelolco para presentar la plataforma destinada a divulgar información pública sobre “acontecimientos trágicos e intolerables, que nos acongojan”.
Acto seguido, Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, y Denise González, de la Ibero, revelaron en sus discursos que el INAI incumplió con los acuerdos previos de garantizar total transparencia en el manejo de la información, además de que excluyó de una lista original de 15 casos, el de la Guardería ABC al poner en duda de que se tratara de un asunto de graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de los que se cuenta con alguna información en la plataforma se refieren a la Guerra Sucia, la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, la represión a normalistas de Ayotzinapa en 2011, las fosas de San Fernando de 2011, las fosas de Caderyta, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Apatzingán.
El criterio establecido para considerar inicialmente 15 casos fue que existiera una declaratoria de graves violaciones a derechos humanos emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o un pronunciamiento del propio INAI.
Pérez Garrido fue la primera en señalar que la plataforma “no cumple a cabalidad con los objetivos delineados hace un año”. Además, dijo que el proyecto tiene “irregularidades”, lo que resulta relevante en el actual contexto político de crisis de derechos humanos, con “150 mil muertos, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, de lo que poco se sabe en un país con 98% de impunidad”.
Denise González anunció que la Ibero no firmaría la declaratoria de lanzamiento de la plataforma, en tanto que emplazó a los comisionados a “convocar al grupo de participantes para recuperar los ideales del proyecto original”.
Ana Cristina Ruelas explicó que de las mil 300 solicitudes de información de ciudadanos que llegaron al INAI relacionadas con 15 casos, en 50% de las respuestas de las instituciones del Estado “no dicen nada o declaran la inexistencia de información o reserva de la misma”. El resto, dijo, “es información fragmentada que requiere de un contexto o de otros documentos para ser útil en la construcción de verdades”.
La representante de Artículo 19 para México y América Central contó que ante la falta de información pública útil, las organizaciones que confiaron en el INAI consiguieron al menos 266 archivos fotográficos y dos terabites de documentos digitalizados del Archivo General de la Nación (AGN) que la semana pasada fueron bajados de la plataforma www.memoriayverdad, bajo el argumento de la protección de datos personales.
Al señalar que del archivo fotográfico entregado, sólo 13 fotos se conservaron en la plataforma, Ruelas reveló que toda la información del Caso ABC en su conjunto fue bajado del portal, una vez que los comisionados del INAI consideraron que la muerte de 49 niños obedeció “a un accidente por causas fortuitas”, a pesar de que la SCJN señaló que se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Aun cuando los comisionados admitieron el sentido de la opinión de la SCJN, insistieron en quitar la información con el argumento de que “habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas” para que no se hiciera pública la documentación.
“INAI tiene miedo”
En entrevista posterior, Ana Cristina Ruelas dijo que toda la información obtenida por las organizaciones civiles quedó en manos del INAI y ahora “no se puede ver” bajo el alegato de protección de datos personales.
Agregó que en una primera etapa se hizo un “barrido de 20 mil solicitudes de información de 2003 a la fecha que ha recibido el INAI, de las cuales se seleccionaron tres mil 800; de ellas, mil 300 están relacionadas con los 15 casos y dos mil 500 con las temáticas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, información tampoco está en la plataforma”.
Entonces, explicó que “la idea es emplazar a los comisionados, no queremos tener una ruptura con el INAI, lo que queremos es que cumpla con principio de la plataforma, además de que la institución debe ser garante de transparencia y deben de desclasificar archivos, asunto en el que sólo el INAI está facultado. Queremos que permanezca en el proyecto”.
Para la directora de Artículo 19, los comisionados del INAI “tienen miedo” y han decidido “formar parte del sistema político de ocultamiento. Les interesa más complacer a los funcionarios públicos que a los sociedad”.
En un comunicado firmado por las organizaciones y la universidad participante en la plataforma, explicaron que además del tema de la Guardería ABC, los comisionados incurrieron en “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de datos personales, que configura una manea de censura”, al prohibir la difusión de fotografías y videos, así como “una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.
Añadieron que “las divisiones políticas y burocráticas que aquejan al Instituto se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos”, en tanto que “las decisiones unilaterales y opacas del Pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión”.
Las organizaciones insistieron en hacer un llamado al INAI y a sus comisionados para retomar el camino trazado “y traducir en hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458334/acusan-al-inai-simular-transparencia-en-casos-violacion-a-derechos-humanos
Entre 2007 y 2016, el organismo recaudatorio perdonó 882 mil 500 millones de pesos en impuestos, equivalentes a 4.5 por ciento PIB, por lo cual debe informar los montos y motivos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pearsonales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los montos, razones, criterios y personas a quienes se les condonó el pago de adeudos fiscales desde 2007 hasta 2016.
En la sesión de este martes, el pleno resolvió por unanimidad el recurso RRA0178/2016, presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford, en el cual un particular solicitó información detallada sobre la condonación de adeudos fiscales, entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de mayo de 2016, incluidos nombres de las personas y las razones.
En respuesta, el SAT se limitó a informar genéricamente, que se debía a insolvencia de los deudores y reservó toda la información al argumentar que contiene datos personales.
Al analizar el caso, el comisionado encontró que al contraponer ambos derechos, pesa más el legítimo interés de la ciudadanía por saber cómo y por qué se decidió no cobrar ese dinero, ya que se trata de 882 mil 500 millones de pesos.
Esa cifra equivale, precisó, a 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o bien a la sexta parte del gasto público de 2015, apenas un poco menos que el dinero generado por el sector agropecuario nacional.
En ese sentido, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién y por qué se le condonan impuestos, ya que se trata de dinero que no ingresó al erario y habría sido muy útil para atender diversas necesidades.
Resaltó que las nuevas atribuciones del INAI incluyen medidas de apremio, que van desde la amonestación, hasta una multa que oscila entre 150 y mil 500 veces el salario mínimo a funcionarios públicos en particular, por lo que exhortó al SAT acatar la resolución del Instituto.
En coincidencia con lo anterior, las comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora consideraron que debe prevalecer el interés general por los recursos públicos, por encima del particular de los datos personales de las personas a quienes el SAT les condona adeudos.
En consecuencia, los comisionados revocaron por unanimidad la respuesta e instruyeron al SAT dar a conocer la información requerida.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/sat-debe-informar-sobre-condonaciones-fiscales-inai/
En la sesión de este martes, el pleno resolvió por unanimidad el recurso RRA0178/2016, presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford, en el cual un particular solicitó información detallada sobre la condonación de adeudos fiscales, entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de mayo de 2016, incluidos nombres de las personas y las razones.
En respuesta, el SAT se limitó a informar genéricamente, que se debía a insolvencia de los deudores y reservó toda la información al argumentar que contiene datos personales.
Al analizar el caso, el comisionado encontró que al contraponer ambos derechos, pesa más el legítimo interés de la ciudadanía por saber cómo y por qué se decidió no cobrar ese dinero, ya que se trata de 882 mil 500 millones de pesos.
Esa cifra equivale, precisó, a 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o bien a la sexta parte del gasto público de 2015, apenas un poco menos que el dinero generado por el sector agropecuario nacional.
En ese sentido, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién y por qué se le condonan impuestos, ya que se trata de dinero que no ingresó al erario y habría sido muy útil para atender diversas necesidades.
Resaltó que las nuevas atribuciones del INAI incluyen medidas de apremio, que van desde la amonestación, hasta una multa que oscila entre 150 y mil 500 veces el salario mínimo a funcionarios públicos en particular, por lo que exhortó al SAT acatar la resolución del Instituto.
En coincidencia con lo anterior, las comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora consideraron que debe prevalecer el interés general por los recursos públicos, por encima del particular de los datos personales de las personas a quienes el SAT les condona adeudos.
En consecuencia, los comisionados revocaron por unanimidad la respuesta e instruyeron al SAT dar a conocer la información requerida.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/sat-debe-informar-sobre-condonaciones-fiscales-inai/
En un comunicado, el INAI dijo que esas entidades han ratificado su compromiso para crear espacios ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de todos los servicios que ofrece y promover la participación de las personas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Especificó que en 2015 se sumaron a la iniciativa Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí, al suscribir la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.
En tanto que Campeche, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México lo hicieron en junio pasado.
“En el marco de la estrategia, las entidades han convenido instituir Secretariados Técnicos Tripartitas Locales u órganos colegiados equivalentes, como mecanismos responsables de coordinar, incorporar y orientar los intereses de los actores que participen en los ejercicios de Gobierno Abierto Local, así como establecer las rutas para conformar sus Planes de Acción, cuyos compromisos deberán estar encaminados a:
“Dar seguimiento a los recursos públicos, transparentar su asignación y ejercicio; fortalecer la Alianza para el Gobierno Abierto en el ámbito nacional; promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información; desarrollar mecanismos que permitan a la sociedad analizar y exigir cuentas del actuar de los servidores públicos, entre otros”, señala la información.
En ese sentido, al primer semestre de 2016, los estados de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Durango publicaron sus planes de acción.
Además, se han instalado 10 Secretariados Técnicos Tripartitas Locales en Morelos, Durango, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Coahuila y San Luis Potosí.
Añadió que en los ejercicios de Gobierno Abierto participan más de 300 organizaciones de la sociedad civil, 65 autoridades y 23 órganos garantes de la transparencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449505/inai-23-estados-se-han-sumado-a-iniciativa-gobierno-abierto
Cada vez que el INAI resuelve que una dependencia de gobierno está obligada a entregar información pública, la orden se vuelve noticia, pero muy pocas veces hay una sanción por incumplir con ese mandato.
En los últimos diez años el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado 134 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra dependencias que han hecho caso omiso a su mandato de entregar información, pero de éstas sólo 4 han implicado una sanción; aun así, esto no significa la entrega de los datos que originaron la acusación.
En la realidad, las dependencias y sus funcionarios pueden negarse a entregar la información y las resoluciones del INAI se topan con un túnel sin salida en el que los únicos que pierden son los ciudadanos.
Del total de denuncias presentadas por el INAI ante la SFP, la mitad han sido rechazadas al considerar que no hay elementos que confirmen que el sujeto obligado violó la ley al ignorar la entrega de los datos solicitados.
Es decir aunque la autoridad le dio la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, se beneficia a la dependencia gubernamental.
El resto de las investigaciones se quedan atoradas —en proceso— en los Órganos Internos de Control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, en donde con el paso de los años se han quedado archivadas.
Las dependencias con más denuncias por no cumplir con las resoluciones del INAI son la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acumulan el 69% del total.
Las denuncias contra el SAT son, en todos los casos, por información relativa a la condonación de impuestos, que esa dependencia se ha negado a entregar pese a las reiteradas peticiones del INAI.
El argumento del SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes.
El INAI, por su parte, tras discutir los argumentos el SAT ha resuelto en diversas ocasiones que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público.
Hasta ahora, el incumplimiento del SAT en ningún caso ha sido sancionado por la SFP.
Las únicas 4 denuncias que han derivado en una sanción por parte de Función Pública son tres contra PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de Aviación.
Violar la Ley de Transparencia
La SFP argumenta que si bien ha habido pocas sanciones efectivas por incumplimiento de instrucciones del INAI, en los últimos diez años sí ha aplicado distintas amonestaciones por violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero sólo después de recibir quejas ciudadanas o de otros servidores públicos.
Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de Transparencia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/
En la realidad, las dependencias y sus funcionarios pueden negarse a entregar la información y las resoluciones del INAI se topan con un túnel sin salida en el que los únicos que pierden son los ciudadanos.
Del total de denuncias presentadas por el INAI ante la SFP, la mitad han sido rechazadas al considerar que no hay elementos que confirmen que el sujeto obligado violó la ley al ignorar la entrega de los datos solicitados.
Es decir aunque la autoridad le dio la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, se beneficia a la dependencia gubernamental.
El resto de las investigaciones se quedan atoradas —en proceso— en los Órganos Internos de Control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, en donde con el paso de los años se han quedado archivadas.
Las dependencias con más denuncias por no cumplir con las resoluciones del INAI son la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acumulan el 69% del total.
Las denuncias contra el SAT son, en todos los casos, por información relativa a la condonación de impuestos, que esa dependencia se ha negado a entregar pese a las reiteradas peticiones del INAI.
El argumento del SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes.
El INAI, por su parte, tras discutir los argumentos el SAT ha resuelto en diversas ocasiones que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público.
Hasta ahora, el incumplimiento del SAT en ningún caso ha sido sancionado por la SFP.
Las únicas 4 denuncias que han derivado en una sanción por parte de Función Pública son tres contra PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de Aviación.
La SFP argumenta que si bien ha habido pocas sanciones efectivas por incumplimiento de instrucciones del INAI, en los últimos diez años sí ha aplicado distintas amonestaciones por violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero sólo después de recibir quejas ciudadanas o de otros servidores públicos.
Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de Transparencia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/
Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov destacó que resulta de interés público “conocer el gasto que realizan los partidos políticos como patrones frente al IMSS, ya que se trata de recursos que son erogados con cargo al financiamiento público”.
Expuso que de acuerdo con los informes anuales del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos nacionales, en el ejercicio fiscal 2012 el PRI erogó más de 8 millones de pesos por concepto de aportaciones al IMSS; el PAN cerca de 13.5 millones, y el PRD alrededor de 9 millones.
En un comunicado, el INAI precisó que un particular presentó un recurso de revisión porque el IMSS reservó los datos relacionados con el pago de cuotas obrero-patronales bajo el argumento de que se encuentran protegidos por el secreto fiscal.
También se declaró incompetente para conocer el número de personas físicas contratadas bajo el régimen de sueldos y salarios, honorarios profesionales, así como el monto de pago del Impuesto Sobre Nómina.
En alegatos el IMSS reiteró la clasificación, pero en el análisis del caso el INAI determinó que si bien los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionan a la dependencia en cumplimiento de sus obligaciones son estrictamente confidenciales, en el caso concreto, y por tratarse de información de partidos políticos constituidos como entidades de interés públicos y financiadas con recursos públicos, la reserva es improcedente.
Luego de un ejercicio de ponderación de derecho, el INAI concluyó que existe un fin constitucional y legalmente válido para conocer el gasto que los partidos políticos deben cubrir con motivo de sus obligaciones como patrón frente al IMSS, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos que reciben.
Del mismo modo, se advirtió que dar a conocer los gastos y los documentos que acreditan los mismos, permite evaluar la gestión de las entidades que ejercen recursos públicos, en este caso, de los partidos políticos, y someter su actuar al escrutinio de la sociedad.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta del IMSS y le instruyó entregar al particular la versión pública de la cédula de liquidación de la nómina y el dictamen fiscal de cuotas obrero-patronales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista, para los años 2012, 2013 y 2014.
En esa versión deberá identificar si la opinión fue favorable, o bien el documento con el que se pruebe la vista domiciliaria de revisión directa, en los que únicamente proteja los datos personales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447956/orden-del-inai-imss-debe-informar-del-pago-cuotas-patronales-partidos
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