Una muestra: en noviembre de 2014 y agosto de 2015 Cruz Sánchez otorgó dos contratos por un monto de 833 mil 620 pesos para “servicios de asesoría y acompañamiento”. La beneficiaria de dichos contratos fue Martha Vianey Luque Inzunza, cirujana dentista por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Eso sí, tiene el mérito de ser suplente de la senadora María Elena Barrera Tapia, electa en 2012 por el distrito de Toluca bajo la bandera del PVEM.
Cara le ha salido al Inmujeres la política laboral de su presidenta, quien ha hecho su carrera política al amparo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y del actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto.
En los tres años que lleva al frente de la instancia encargada de promover la igualdad de género en el país, Cruz Sánchez ha despedido a 73 “puestos de mando” con un costo para el erario de más de 32 millones de pesos, equivalente a 10% de sus gastos de operación durante 2015.
Despidos “por acuerdo mutuo”
Los documentos filtrados a través de Méxicoleaks establecen que entre 2013 y 2015 fueron liquidados “por acuerdo mutuo” cinco directores generales, cuatro directores generales adjuntos, 19 directores de área, 32 subdirectores de área, 10 jefes de departamento y tres enlaces; entre ellos, personas que apoyaron la denuncia laboral de una trabajadora contra Norma Angélica Contreras Félix, quien hasta julio pasado era directora general adjunta de Asuntos Internacionales.
Los montos de las liquidaciones variaron de 92 mil 674 pesos a 1 millón 112 mil pesos y sumaron un total de 32 millones 973 mil pesos, ya que varias de las personas despedidas llevaban laborando en el Inmujeres más de una década.
Los despidos fueron resultado de hostigamientos, abusos y humillaciones sistemáticos por parte de la presidenta y su círculo cercano de colaboradoras, explica a Proceso una extrabajadora del Inmujeres que aceptó hablar a condición de que su nombre no apareciera, pues a raíz de su liquidación –el año pasado– consiguió otro puesto en la administración federal.
El 10 de febrero de 2015 Nora Alejandra Hernández Pineda, trabajadora de Inmujeres, presentó una denuncia contra Contreras ante el Comité de Actuación para dar Atención Administrativa de Prevención y Atención a Acoso Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual del Instituto. En la denuncia –de la que Proceso tiene copia–, Hernández Pineda señala que fue “víctima y testigo a su vez de actitudes de discriminación y violencia hacia mi persona y a otras personas, situación que antes en el área jamás se había presentado, jamás, bajo ninguna autoridad”.
Y enumera los abusos: “maltrato verbal”, “menosprecio” a su trabajo, “amenazas directas” de despido y otros actos “absolutamente violatorios a todas las normas que el instituto conoce y promueve”.
En la denuncia aparece una lista de seis personas que fueron corridas por la funcionaria, así como de otra que renunció al área de Asuntos Internacionales.
Por su parte, la extrabajadora relató a este semanario que ocho personas se presentaron como testigos ante el comité y abundaron en el sentido de la quejosa. El órgano sancionó a Contreras con cinco días de suspensión y abrió cinco nuevos procesos a raíz de los testimonios recabados, por lo que Contreras tuvo que salir del Inmujeres.
Pero pocos meses después de este caso, Naina López, asesora jurídica del instituto y quien había apoyado a la quejosa; Rafael Padilla, director de Recursos Humanos y quien presidió el comité; Minerva Melgoza, directora de Cultura Institucional, y Minerva del Riego, directora de área de Asuntos Internacionales y quien también había aportado su testimonio, fueron removidos de sus cargos.
Dinero para lucimiento
Los documentos obtenidos a través de Méxicoleaks detallan las erogaciones del Inmujeres durante el 59 Periodo de Sesiones sobre la Condición de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede la ONU en Nueva York en marzo de 2015.
Los integrantes de la comitiva mexicana recibieron del Inmujeres un promedio de 360 dólares diarios para alimentación y hospedaje en el hotel ONE Millenium, a una cuadra y media de la sede de la ONU. Pero Cruz Sánchez y su “asesora” Santa Alma Luz Calderón Salgado –quien fue funcionaria en el Estado de México durante 30 años– recibieron 630 dólares diarios, cada una, por los mismos conceptos.
Según la extrabajadora entrevistada, la diferencia se debe a que Cruz prefirió hospedarse en el hotel Sofitel, en la avenida Lexington, donde además de a su “asesora” también alojó a su hija y a sus padres, cuyas habitaciones fueron pagadas con recursos del Inmujeres. Durante la estancia en Estados Unidos, abundó la mujer, Calderón Salgado –quien no tenía acreditación para asistir a las conferencias– cuidó a la hija de Cruz.
Feminista dudosa
El 17 de enero de 2013, la oficina de Enrique Peña Nieto emitió un comunicado en el que oficializó el nombramiento de Cruz a la cabeza del Inmujeres. El anuncio provocó reacciones indignadas entre las organizaciones feministas, las cuales denunciaron un proceso de designación amañado que desembocó en un “dedazo” presidencial.
Titular de una licenciatura en administración de empresas por la UAEM, Cruz inició su carrera política en el gobierno mexiquense de Arturo Montiel como directora general del DIF estatal, instancia presidida por Maude Versini, entonces esposa del mandatario.
Cuando en 2006 Peña Nieto asumió como gobernador en ese estado, trasladó a Cruz a la Secretaría de Desarrollo Social estatal y en 2007 la puso a la cabeza del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
En esta instancia Cruz operó para impedir a toda costa –incluso con mentiras– que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, pues hacerlo afectaría la imagen del candidato Peña Nieto y dificultaría sus planes para llegar a Los Pinos, según documentó el periodista Humberto Padgett en un reportaje publicado en agosto de 2015 por el portal Sinembargo.
El 11 de enero de 2011 se reunieron los representantes de las dependencias que integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el fin de determinar si se formaría un comité de expertos que, a su vez, decidiría declarar o no la AVG en la entidad, tal como lo pedían organizaciones defensoras de derechos humanos.
Durante la sesión, Lorena Cruz dejó a Martha María del Carmen Hernández Álvarez –su asesora jurídica– la tarea de bloquear la propuesta. Ella declaró que la solicitud de las organizaciones buscaba llevar “a primera plana a una persona que lo único que tiene de mal es el hecho de que sea carismático o que lo ven como un enemigo a vencer”, en referencia a Peña Nieto.
Cruz respaldó el discurso de Hernández, al reiterar que “la época en que nosotros estamos es año electoral”.
Según Padgett, Hernández presentó a la audiencia cifras amañadas –no cuadraban con las bases de datos oficiales de la Secretaría de Salud y utilizaban una metodología engañosa– y, durante su exposición, no pronunció una sola vez la palabra “feminicidio”.
La propuesta de formar un comité de expertos fue rechazada con 20 votos en contra, entre los cuales figuraban todas las directoras de institutos de la mujer de estados priistas y Lorena Cruz.
La académica y feminista Alicia Elena Pérez Duarte fue una de las voces más críticas contra el nombramiento de Cruz, debido al desempeño de ésta como “encubridora de la violencia contra las mujeres” en el Estado de México y por su “completa incapacidad de entender de los derechos humanos de las mujeres”.
Tres años más tarde, la exfiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República lamenta, en entrevista con Proceso, que “Lorena Cruz llegó a correr a personas que tenían trabajando ahí desde el Programa Nacional de las Mujeres (1995-2000), sin ponerse a evaluar quiénes eran”, mientras que “a personas con inhabilidad comprobada las dejó”.
Pérez subraya que el Inmujeres “dejó de tener una posición de liderazgo en la política pública” de igualdad de género, citando como ejemplos la desarticulación de estrategias de prevención.
En materia de violencia de género, México presenta cifras alarmantes: un feminicidio ocurre cada tres horas y 20 minutos en el país –con una tasa de impunidad de 98.4%–, una violación sexual es perpetrada cada nueve minutos –las víctimas denuncian solamente una décima parte de ellas–, y una de cada cuatro niñas es abusada sexualmente durante su adolescencia.
Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género durante 2012, cuatro de cada 10 fueron agredidas por su pareja, y 15% de las mujeres reportaron que sufrieron alguna agresión pública.
El pasado 22 de septiembre, el relator especial de las Naciones Unidas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), Zou Xiaoqiao, determinó que México incumplió con cinco recomendaciones que el comité emitió en 2012.
Entre ellas, el comité señaló las inconsistencias de la política de género en materia de desaparición forzada, observó que los protocolos para emitir las alertas Ámber y Alba bloquean la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y denunció que el Estado no armonizó las leyes en materia de aborto legal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431530/la-corrupcion-encabeza-el-inmujeres