Pero esas instituciones nunca se forman para dar plena vigencia al estado de derecho, cumplir a cabalidad sus atribuciones legales, ejercer a plenitud su autonomía y, por ende, impulsar la transformación y el cambio. En el momento en que los organismos autónomos (por errores en el diseño y/o en la designación de sus miembros) empiezan a ejecutar eficaz, eficiente y oportunamente las atribuciones y obligaciones que les establece la ley, la respuesta inmediata de los legisladores, del Ejecutivo en turno o de ambos es limitarlos, disminuirlos, destruirlos.