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Viviendas deshabitadas en el Edomex, botín para invasores

Después de estar ausente durante dos meses, por trabajo, Luis Armenta Solís llegó a su casa en Los Héroes Tecámac y notó algo raro: alguien había cambiado las cortinas. Extrañado, introdujo la llave y no pudo abrir la puerta; pensó que se había equivocado de vivienda; se asomó y estaban su sala y comedor, pero la sorpresa aumentó cuando vio una pareja platicando y almorzando en su antecomedor.

Abogado de profesión, Armenta Solís pudo recuperar su casa y hacer que los invasores la desalojaran en febrero pasado, pero las denuncias penales de otros vecinos cuyas moradas han sido ocupadas no prosperan y corren el riesgo de perderlas.

En los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Chicoloapan, Cuautitlán, Coacalco, Zumpango, Huehuetoca, Chalco, Tizayuca, Nicolás Romero, Teoloyucan e Ixtapaluca, según datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 400 mil casas están abandonadas o deshabitadas, y se convierten en botín apetecible para los invasores.

Jazmín N, habitante de Prolongación Ahuehuete, en Villas del Real, Tecámac, asegura que algunos propietarios de viviendas trabajan en la Ciudad de México y los fines de semana o cada mes van a su propiedad, pero como tienen chapa fácil de abrir, los invasores entran; por eso las de la avenida Nogal están casi totalmente invadidas.

Sólo se pagan 5 mil pesos

En estos desarrollos, dicen los vecinos, las casas deshabitadas, recién entregadas o son poco frecuentadas por sus propietarios y son vigiladas por integrantes de agrupaciones sociales vinculadas a partidos políticos; grupos que controlan tianguis, rutas de transporte público e incluso criminales armados que promueven amparos para evadir el pago de hipotecas ante Infonavit y Fovissste.

Cuando detectan una casa sin habitar rompen las chapas, candados y protecciones e introducen a familias completas, a cambio de cantidades absurdas: 5 mil o 10 mil pesos, alentados porque no existe una ley que impida estas acciones o permita a los derechohabientes y propietarios recuperar sus bienes.

José Manzanares adquirió una casa a crédito con el Infonavit en la calle Xóchitl, Unidad San Martín de Valle de Chalco, como una inversión y patrimonio para sus dos hijos. Está al corriente en sus pagos, pero no la habitan porque está lejos de su empleo. El año pasado una persona se metió a vivir y no la puede desalojar.He acudido al Ministerio Público y es una pésima atención; me trata como delincuente.

Jesús Aguilar Sales vive en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. En la pasada Semana Santa quiso estar esos días con su esposa y sus hijos en la casa que adquirió hace un año en el fraccionamiento El Dorado, municipio de Huehuetoca, pero al llegar la encontró habitada y para no hacer pasar un rato desagradable a su familia no reclamó.

Posteriormente regresó con la intención de desalojarlos; pidió apoyo a seguridad pública municipal y le dijeron que mejor llevara el caso a los tribunales; acudió al juzgado penal de Cuautitlán a hacer la denuncia.

Estos vivales actúan impunemente, nos quitan el patrimonio de nuestros hijos y hasta me han amenazado con meterme a la cárcel si los saco. ¿Dónde está la justicia? Infonavit no interviene, no nos apoya y sigue cobrando. Yo conseguí un abogado y sólo me sacó dinero.

Marco Antonio Romero, de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC, señaló que la invasión de terrenos antes era una práctica común por el desorden urbano y la corrupción de líderes y gobiernos estatales y locales; ahora la invasión a casas se debe al creciente desarrollo de unidades habitacionales en años recientes.

En 2011, habitantes del fraccionamiento Fuentes de Tecámac pusieron en alerta al gobierno local y a Desarrolladora Metropolitana, ya que aseguraron que desde el 26 mayo de ese año los invasores –algunos armados– arribaron al conjunto habitacional y en operación hormiga ocuparon alrededor de mil 500 viviendas, incluidas las de obra negra.

En este mismo municipio, en noviembre de 2013, organizaciones civiles invadieron Valle de San Pedro, del grupo Urbi, para revenderlas en 40 mil pesos a familias sin techo, aun cuando todas las casas tienen dueños y las están pagando a crédito a través del Infonavit o algún banco.

En un recorrido por Villas del Real, municipio de Tecámac, habitantes de las privadas Ibach, Fuerte Ventura, Ezcaray y Riveira dijeron que para evitar las invasiones cuentan con circuito cerrado y no dejan entrar a nadie ajeno. Es el caso de la casa 3 de Riveira. Hace un año, a plena luz del día entraron a la privada y ya estaban bajando sus cosas. Por fortuna, los colonos se organizaron y los sacaron.

Quisiera llegar a un acuerdo

Un invasor, que pidió el anonimato, dijo que ante la fala de un buen trabajo y por no poder pagar renta ocupó una vivienda y metió a su familia, pero si puedo llegar a un acuerdo para que no me desalojen estoy en la mejor disposición.

Marco Antonio Romero asegura que el Infonavit nunca pierde, y en lugar de desalojar a quienes invaden u ocupan una casa deshabitada, les ofrece esquemas para que sigan pagando. Reconoció que los derechohabientes quedan en desventaja porque pierden su inversión.

El presidente de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC recomienda que si una vivienda ha sido invadida se debe actuar y buscar un abogado para presentar una denuncia ante el Ministerio Público y hacerse acompañar de la autoridad para realizar el desalojo. Si propiedad ha sido dañada o las pertenencias robadas se deberá presentar una denuncia.

El Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda Digna AC, encabezado por José Humbertus Pérez Espinoza, contabiliza 400 invasiones.

La organización, que representa a propietarios afectados, inició el 26 de septiembre de 2015 la recuperación legal, y con la movilización de unos 300 despojados, decidimos quitarle a la delincuencia los espacios y la paz que nos han arrebatado, afirmó en esa ocasión Pérez Espinoza.





Fuente: La Jornada
Autor: Marco Antonio Nuñez López
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/estados/024n1est

#AlertaCoyotepec Intromisión de Antorcha Campesina en la coordinación del agua potable autónoma

El gobierno del Estado de México ahora está utilizando otra estrategia para logar lo que no ha conseguido después de varios años mediante diversas opciones: utilizando a los presidentes municipales en turno como el anterior priista Alfredo Anguiano Fuentes, y al actual el panista Pedro Luna Vargas; la municipalización del sistema de agua potable de Coyotepec.

En el mes de marzo del 2016 Pedro Luna Vargas, promovió por medio de pinta bardas, colocación de lonas en diversos rumbos del municipio y redes sociales una “consulta ciudadana” para legitimar el desconocimiento a la Administración de Agua Potable de Coyotepec, cuyos representantes fueron electos por voto popular el 6 de septiembre del 2015.

Dos semanas antes de la consulta, el día 6 de mayo la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía eléctrica a los pozos que abastecen el agua a la población para provocar descontento de la ciudadanía en contra de la Administración de Agua Potable y que en la consulta opinara en favor de una Dirección de Agua incorporada en el Ayuntamiento, o un Organismo Descentralizado (las dos formas son municipalización).

Dicha “consulta ciudadana” se llevaría a cabo el domingo 22 de mayo, pero la ciudadanía impidió que se colocaran las casillas para tal efecto y ese día por la tarde colocó cadenas a la reja del palacio municipal, para obligar al presidente municipal y Gobierno del Estado de México a iniciar conversaciones con objeto de lograr la reconexión de la energía a los pozos, pero durante los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de mayo no se tuvo respuesta de ninguno de ellos.

Y la respuesta llegó el jueves 26 de mayo a las 9:30 horas aproximadamente, cuando ingresaron a Coyotepec por la Avenida Constitución, que viene desde la Autopista México – Querétaro, más de quinientos granaderos, llegando hasta la explanada municipal y posteriormente al palacio de gobierno, teniendo como consigna detener a tres personas, Sergio Velázquez Morales, presidente de la Administración de Agua Potable, Efraín Robles Quiroz, empleado de la Administración de Agua Potable, y Anselmo Zárate Pérez, integrante del Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales, a quienes con todo lujo de violencia se les llevó a la agencia del ministerio público en Cuautitlán Izcalli, y posteriormente el viernes 27 de mayo a las 23:30 horas los trasladaron al reclusorio de Cuautitlán acusados del delito de ocupación de inmueble público, siendo liberados el sábado 28 durante la audiencia correspondiente en la cual dicto la libertad total por no comprobarse la legalidad de la detención.

Pero al no poder llevar a cabo mediante formas violentas institucionales la municipalización del sistema de agua potable que desde 1963 se maneja por una organización ciudadana autónoma que se rige por usos y costumbres, ahora el Gobierno del Estado de México utiliza a ANTORCHA CAMPESINA (‪#‎AntorchaAsesina‬) para que un diputado (Héctor Javier Álvarez Ortiz) líder de esa organización en el municipio de Nicolás Romero, haya aportado cuatrocientos mil pesos a CFE para que restableciera la electricidad a los pozos el 7 de junio del 2016.

Ya en la propaganda que distribuye Antorcha Campesina en Coyotepec, mencionan claramente las intenciones del Gobierno del Estado y dicen que sobre todo se debe contar con un nuevo Comité Administrador del Agua Potable, precisamente para colocar alguien que sirva a los intereses de la municipalización. Antes fueron granaderos, ahora se valen del engaño y la compra de la voluntad de algunos coyotepenses debido a las crisis recurrentes falta de agua.

Algunos en ‪#‎Coyotepec‬ piensan que esto es una ayuda desinteresada y Antorcha Campesina no pedirá nada a cambio, pero la mayoría en #Coyotepec sabemos que Antorcha Campesina no es más que el brazo civil armado del PRI GOBIERNO en el Estado de México y el País.




Fuente: El Fuego de la Digna Resistencia
Autor: Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales
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Se agota la paciencia de los chimas en Oaxaca, acuerdan desalojar a invasores

Pese a los acuerdos de distensión pactados por los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, la asamblea de comuneros de San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, acordó desalojar a los invasores de tierras si los gobiernos no proceden antes del 14 de enero. 

La asamblea, encabezada por Armando López, presidente de los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, tomó este acuerdo de seguir defendiendo las tierras y no entregar a los cuatro detenidos si el gobierno no interviene en el desalojo de los invasores. 

Tras la reunión de las autoridades el pasado lunes, se dijeron inconformes ante las medidas acordadas, pues la única forma de recuperar los predios es un desalojo. 

No obstante, sostuvieron que si el gobierno no apoya la decisión de recuperar los parajes invadidos, serán los propios comuneros quienes lo hagan. Expusieron que son alrededor de 250 invasores, sin embargo, el gobierno estatal no ha mostrado interés en solucionar el conflicto, a pesar de que los cuatro retenidos cumplen hoy 22 días bajo vigilancia. 

Por su parte, el secretario de Gobierno (Segob) de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado aseveró que los cuatro veracruzanos retenidos cometieron un delito y deben responder por ello.


Fuente: EducaOaxaca.org
http://educaoaxaca.org/la-minuta/1837-se-agota-la-paciencia-de-los-chimas,-acuerdan-desalojar-a-invasores-audio.html#t2

Comuneros de Oaxaca se niegan a liberar a 4 presuntos invasores de Chiapas

OAXACA, Oax: A 12 días de la retención de cuatro presuntos invasores chiapanecos en territorio zoque, el gobierno de Gabino Cué no ha sido capaz de desactivar el conflicto, debido a que las autoridades municipales de Santa María Chimalapa ya no confían en la administración estatal.

Al contrario, la asamblea comunitaria de San Francisco La Paz, perteneciente a Santa María Chimalapa, solicitó la intervención del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para atender las invasiones en su territorio porque el gobierno de Cué Monteagudo los tiene abandonados.

Por lo pronto, las autoridades y habitantes de San Francisco La Paz advirtieron que liberarán a los cuatro retenidos, incluido un lesionado, hasta que el grupo invasor desaloje sus tierras.

Este día (lunes) el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, se reunió con el alcalde y el síndico de Santa María Chimalapa, Silaín Hernández González y Edel González Lázaro, respectivamente, con el fin de establecer las posibles vías para lograr la entrega a las autoridades ministeriales de las cuatro personas retenidas en la congregación de San Francisco La Paz.

Los inconformes sólo permitieron, el viernes pasado, que personal de la Coordinación Regional de Protección Civil del Istmo ingresara a la congregación de San Francisco La Paz para brindar atención médica al herido David Vega Guerrero.

Sin embargo, se opusieron a que el lesionado fuera llevado a una institución hospitalaria de segundo nivel.

El pasado 24 de diciembre las autoridades agrarias y administrativas de San Francisco La Paz retuvieron a Joaquín Escandón Vicario, de 29 años; Leonardo Juan Zárate, de 97; Roberto Martínez Vidal, de 58, y David Vega Guerrero, de 65, por invadir la zona conocida como San Isidro la Gringa, Chimalapas.

Pese a que el 26 de diciembre se giraron oficios al presidente municipal de Santa María Chimalapa y al presidente del comisariado de bienes comunales notificándoles las reuniones que se tienen programadas, una para el viernes 8 de enero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otra para el lunes 11 de enero en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, los inconformes se niegan a entregar a sus rehenes.

El viernes pasado, el fiscal de Matías Romero, un perito médico y agentes ministeriales acudieron a San Francisco La Paz, con el fin de que les fueran entregados los tres retenidos y el herido, objetivo que no se logró debido a que los habitantes del lugar se opusieron a que la comitiva entrara al pueblo, con el argumento de que primero fueran desalojadas sus tierras y se les garantizara que no se repetirían las invasiones.

El comisariado de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Armando López González, reitero que “no los vamos a liberar (porque) el gobierno nos ha mentido, estas cuatro personas se querían asentar en nuestro territorio, ellos saben que David Vega es quien nos ha hecho daño, pues ha vendido las tierras e insiste en seguir haciéndolo; nosotros pedimos que los tres puntos invadidos se nos regresen, porque son nuestros”.


Según los comuneros, se registraron tres invasiones: la primera en el paraje La Reforma, donde se ha instalado el poblado “Los Pescaditos”; la siguiente en el paraje Arroyo La Gringa para establecer los poblados “Emmanuel” y “Emmanuel II”, y por el ultimo el intento de establecer el poblado “La Gloria”, en el paraje La Gringa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425221