CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diferencia de la mayoría de los familiares de desaparecidos que se niegan a aceptar la muerte de la víctima hasta no ver el cuerpo o tener pruebas científicas irrefutables del fallecimiento, la empresaria Isabel Miranda de Wallace “es la única persona que se niega a aceptar que su hijo esté vivo, y que grita para hacernos creer que su propio hijo fue descuartizado”, según David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad.
Este hecho forma parte del sinnúmero de absurdos jurídicos y de sentido común, así como de violaciones al debido proceso que plagan el caso del supuesto secuestro y asesinato del hijo de la actual presidenta de la organización Alto al Secuestro la noche del 11 al 12 de julio de 2005, muchas de las cuales fueron documentadas por Proceso en los últimos años.
Seis personas –Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Cesar Freyre Morales, así como Alberto y Tony Castillo– se encuentran en la cárcel por este caso y todos claman su inocencia.
Su defensa afirma que no existen pruebas en su contra, sino declaraciones autoincriminatorias las cuales, además de ser contradictorias entre sí, fueron arrancadas bajo tortura. El cuerpo de la supuesta víctima nunca apareció, y nuevos elementos salieron con el tiempo, los cuales enturbiaron la versión de Miranda de Wallace.
La organización canadiense lleva años investigando el llamado “Caso Wallace” –defiende de manera benévola a Quevedo Cruz– y aprovechó que el pasado lunes 11 se conmemorara el onceavo aniversario del supuesto plagio para recordar que la historia del secuestro, tal y como la presenta Miranda de Wallace “nunca ocurrió”; afirmó que fue una “gran mentira” fabricada por la propia empresaria en contubernio con funcionarios federales.
La empresaria tomó como prueba de la muerte de su hijo el dictamen de una autopsia “surrealista”, la cual “nunca sucedió ni pudo suceder ya que precisamente no se encontró ningún cuerpo”, según la organización canadiense.
La perito Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), certificó el 8 de noviembre de 2013 que Hugo Alberto Wallace Miranda falleció el 12 de julio de 2005 a las 0:00 horas por “insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión abdominal”.
Además de que la perito no pudo analizar el cuerpo para corroborar con tantos detalles de cómo murió el hijo de la empresaria, Bertet señaló que “Hugo Alberto Wallace Miranda” ni siquiera existe como persona legal.
En mayo de 2014 salió a la luz que el hijo de Isabel Miranda de Wallace contaba con dos actas de nacimiento, emitidas en 1970 y 1975, en los que aparece con dos apellidos y padres distintos, pero con la misma fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1969.
En la primera, fue registrado con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres y Jacinto Miranda aparece como su padre. En la segunda, aparece con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y José Enrique Wallace Díaz firma como su padre.
La PGR nunca profundizó varias de las líneas de investigación que ponían en duda incluso la muerte del hijo de la empresaria. Entre ellas: el uso de la tarjeta de crédito perteneciente a Hugo Alberto Wallace Miranda el 20 de julio de 2005 en un centro comercial de Perisur o, bien, una llamada a su línea celular el 1 de noviembre de 2005.
Asimismo, la primera acta de nacimiento fue utilizada el 24 de febrero de 2010 para tramitar una Cédula Única de Registro de Población (CURP) ante las autoridades capitalinas, esto es, cuatro años y medio después de que Hugo supuestamente murió descuartizado.
“Evidencias físicas”
Junto con el acta de defunción, Miranda de Wallace mencionó seis supuestas evidencias físicas, las cuales convalidarían su versión de lo sucedido.
Según la empresaria, su hijo fue secuestrado en el departamento de Juana Hilda Lomelí por un grupo dirigido por César Freyre. Todavía según esta versión, falleció en la madrugada del 12 de julio de 2015 de una golpiza; sus agresores descuartizaron el cuerpo en el baño con una sierra eléctrica –comprada horas antes en un Walmart– y arrojaron sus restos al azar.
Sin embargo, la defensa sostiene que el baño colinda con el cubo de luz del edificio; nadie escuchó el motor de la sierra eléctrica que supuestamente fue utilizada a las 8 de la mañana. El 13 de julio, peritos de la SIEDO, ahora SEIDO, ingresaron a la vivienda y no encontraron rasgos de sangre. Salieron del departamento, dejando la puerta abierta durante dos semanas.
En octubre de 2005, el departamento fue rentado a un particular sin que las autoridades opusieran resistencia. El particular lo abandonó cuatro meses más tarde por teléfono, sin entregar las llaves a los dueños, según señaló la organización.
No fue sino hasta febrero de 2006 que la PGR ingresó de nuevo en el departamento, donde supuestamente encontró una gota de sangre y la licencia para manejar del hijo de Miranda de Wallace.
Si bien el ADN salió compatible con los perfiles genéticos de Isabel Miranda y Enrique Wallace, éste estaba conformado por dos cromosomas XX, lo que corresponde a una mujer. La perito que analizó la gota de sangre aseveró que se trató de un error de dedo.
La organización canadiense denunció que no pudo hacer su propio peritaje, ya que las autoridades sostuvieron que la muestra sólo contenía lo suficiente de ADN para realizar un único análisis.
Por otra parte, la licencia de conducir había vencido el 9 de enero de 2005. No era el documento que utilizaba Hugo, ya que renovó su credencial ese mismo mes.
Según Bertet la empresaria incluso mintió ante la justicia estadunidense, al aseverar que su hijo no tenía ningún antecedente penal.
A raíz de una petición emitida en 2008 por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, que analizaba la petición para la extradición de Quevedo, la Agencia Federal de Investigación mandó una copia de la causa penal 196/2001, en la que se señaló a Hugo “penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”.
Declaraciones contradictorias
La historia del caso, según la relata Isabel Miranda de Wallace, se articula alrededor de la declaración magisterial de Juana Hilda Lomelí, rendida en febrero de 2006. Dos meses más tarde, la misma declaró que desconocía tal declaración, ya que se elaboró en ausencia de su abogado y bajo presiones de los agentes ministeriales.
En 2010, la declaración de Lomelí fue complementada por la de Jacobo Tagle Dobín, quién salió positivo a los exámenes del protocolo de Estambul –que detectan el uso de tortura—y de César Freyre Morales. Éste también afirmó que fue torturado. La organización denunció que videos de estas declaraciones fueron “filtrados” a los medios para sostener la historia del secuestro.
Bertet aseveró que de por sí los actos de tortura que sufrieron los involucrados bastarían para liberarlos inmediatamente. Sin embargo señaló que las propias contradicciones entre las declaraciones las invalidan. En mayo de 2014, la organización canadiense elaboró un amplio documento en el que evidenció estas contradicciones tanto sobre fechas, lugares y horas como en elementos de fondo del caso como la propia arma.
Según éste, las declaraciones no concuerdan sobre el motivo que empujó la banda a perpetrar el secuestro. En su declaración, César Freyre afirmó que él mismo planeó el secuestro por razones de negocio. Según Jacobo, César planeó el delito para vengarse de Hugo, después de que éste hablara mal de él. Y según Juana Hilda, el plagio fue ideado por Jacobo, quien conocía la fortuna de la familia de Hugo.
Lo que ocurrió en el departamento también varía según las declaraciones. Jacobo afirmó que al entrar en la vivienda, acompañado por Juana Hilda, Hugo fue encañonado por César con una pistola modelo Glock. Ni Juana Hilda ni César evocaron la presencia de armas. Jacobo afirmó que subieron el volumen de la televisión; César dijo que nunca estuvo prendida. El fallecimiento tampoco quedó esclarecido: varían las versiones sobre cómo César golpeó a Hugo hasta provocarle la muerte.
Las declaraciones no concuerdan sobre el aparato que supuestamente fue utilizado para sacar una fotografía de Hugo: César dice que fue una cámara; Jacobo y Juana Hilda afirman que fue el celular de Brenda.
Posteriormente, un grupo hubiera salido a comprar la herramienta necesaria a la sórdida labor de descuartizamiento del cuerpo. Ahí, de nuevo, las versiones difieren: César, quien supuestamente fue al Walmart, no pudo recordar si se trataba de una sierra eléctrica o a gasolina. Juana Hilda afirmó que utilizaron un “serrucho”.
Y César, el presunto autor intelectual del secuestro y del descuartizamiento del cuerpo, declaró que no sabía dónde había terminado la sierra. “Esa ignorancia de un hecho tan básico –el cómo desaparecer el arma de un crimen—resulta hasta risible”, sostuvo la organización canadiense.
La familia Wallace afirmó que un niño atestiguó cuando Jacobo, Brenda y César salieron a comprar la sierra eléctrica, entre las 2 y las 4 de la mañana. El mismo niño, quien supuestamente relató la historia a Isabel Miranda de Wallace, también vio cuando bajaban “a un hombre herido y sangrando” por las escaleras.
La organización canadiense observó que según las declaraciones y los momentos, el niño se hubiera quedado en la entrada del edificio durante extensas horas de la madrugada, “lo cual agrega al carácter totalmente inverosímil de la supuesta presencia del niño e invalida cualquier supuesto testimonio rendido por este niño”.
Cárcel y amenazas
El vasco Luis Miguel Ipiña Doña, exmilitante de la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), lleva años denunciando los absurdos encontrados en el “Caso Wallace”. Hasta mayo de 2011, documentaba sus hallazgos en una página de Internet, pero el 20 de ese mes fue detenido mientras salía de su casa de Ecatepec y encarcelado durante un año, cinco meses y diez días.
Las autoridades afirmaron que el vasco se dedicaba al tráfico de armas; sin embargo, detrás de las rejas de Chiconautla, Estado de México, se percató que el sitio había desaparecido de la red, y durante su encarcelamiento, un custodio le advirtió: “Usted se metió con la Wallace…”.
La organización canadiense realizó un respaldo de parte del trabajo de Ipiña Doña, y continuó con la investigación, asumiendo la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Después de la publicación de la segunda acta de nacimiento de Hugo, Bertet se enteró que la fiscalía anticorrupción tenía abierta una averiguación previa en su contra.
En 2014, Bertet interpuso una denuncia contra Miranda de Wallace por la supuesta fabricación de pruebas y mentiras, mientras su organización pidió que se conformara una comisión independiente para investigar el caso, que no fuera integrada por la PGR.
“Complicidad de eminentes funcionarios”
El pasado 8 de noviembre, la organización canadiense mandó una carta al “zar” antisecuestro Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en la que le recordó que el caso Wallace fue fabricado “con la complicidad de eminentes funcionarios del Estado mexicano, en particular relacionados con la Procuraduría General de la República”.
En esa carta, la organización resaltó que gracias a sus amistades en el gobierno de Felipe Calderón, Miranda de Wallace consiguió el ingreso libre a los penales o a la sede de la SEIDO, donde asistió e incluso participó a los interrogatorios. Por lo anterior, la organización sostuvo que la empresaria “debería encontrarse actualmente por lo menos procesada por los delitos ya señalados”.
Fuente: Proceso
Autor: Mathieu Tourliere
http://www.proceso.com.mx/447095/caso-wallace-absurdos-juridicos-violaciones-al-debido-proceso-torturas
Isabel Miranda de Wallace retó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a entregar su teléfono celular a la Fiscalía General de la República (FGR) para “probar o desmentir” presuntos nexos con el crimen organizado y la corrupción.
