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sábado, 5 de marzo de 2016

CMDPDH expone pruebas ante acusaciones infundadas de Miranda de Wallace en programa de radio

Este viernes, Isabel Miranda de Wallace, acusó, si presentar algún tipo de prueba, que el relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, les “facilita las cosas” a una red de corrupción que usa los derechos humanos para liberar criminales.

En entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, dijo que José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “obtiene recomendaciones, libera criminales y hasta les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas”.

Ante estas declaraciones, Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), ha enviado este sábado una carta aclaratoria, con respecto a la “información inexacta y de mala fe presentada por la señora Isabel Miranda de Wallace”, en la entrevista realizada en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”.

Sentencia que “dicha información por no ajustarse a elementos fácticos de la realidad, generan una falsa apreciación de mi persona y de la organización que represento, así como afectación a nuestra honra y reputación por hacernos señalamientos de presuntos actos delictivos sin sustento alguno”.

Wallace puntualizó sus acusaciones en contra de “Los 4 de Rosarito”, caso al que Revolución TRESPUNTOCERO ha dado seguimiento; “debemos señalar que tras un análisis independiente y autónomo dentro del marco de sus atribuciones conferidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, con base en información enviada por las víctimas, las organizaciones representantes y el propio Estado mexicano, el CCT determinó que dichas 4 personas habían sido víctimas de tortura por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En la decisión del CCT (México soberanamente se sometió al procedimiento del CCT), se señala que tanto la SEDENA como la Procuraduría General de la República fabricaron pruebas falsas que se usaron en juicios en los que las víctimas fueron acusados”, afirma Guevara.

Quien a su vez explica que, indebidamente, las instituciones del Estado emplearon confesiones arrancadas por tortura, entre otras pruebas ilícitas, para acusarlos de delitos que no cometieron. Dicha determinación del CCT fue coincidente con el análisis hecho por la CNDH a través de su recomendación 33/2015, la cual fue aceptada tanto por la PGR como la SEDENA. Con base en la inexistencia de pruebas, el Poder Judicial de la Federación determinó que las cuatro personas no eran responsables penalmente de los delitos imputados, es decir que los encontró inocentes.

En ese mismo caso, reitera, la propia SEDENA, en un hecho inusitado y al reconocer los actos ilícitos de sus funcionarios, en un oficio que le fue entregado a la CEAV en 2015, asume la calidad de víctimas a esas personas por actos atribuibles a su personal. Dicho oficio firmado por el General José Carlos Beltrán Benites, señala que “toda vez que los hechos materia del expediente número CNDH/2/2010/2830/Q, notificada a ésta Dependencia del Ejecutivo Federal, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le reconoce que son víctimas directas a los señores, quienes fueron detenidos por parte del personal militar el día 16 de junio de 2009, en Playas de Rosarito, Baja California y por lo tanto sujetos a las prerrogativas que el orden jurídico consagra a su favor”.

Guevara puntualiza en su carta que, “un organismo nacional y un organismo internacional de derechos humanos, así como la autoridad responsable (SEDENA), reconocieron que los 4 civiles fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que al día de hoy aún no han sido reparados ni por la CEAV ni por ninguna otra institución del Estado mexicano, a pesar el compromiso político expresado desde el año pasado.

El caso de los 4 civiles de Rosarito es muy significativo porque es un ejemplo de cómo se recurre al uso de la tortura por las instituciones del Estado mexicano y como se pretende justificar esa abominable práctica para la investigación de delitos graves como el secuestro o el narcotráfico. Es tan frecuente la práctica de la tortura en México para la investigación de los delitos que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la señora Wallace pretende denostar, sin embargo es calificada como generalizada”.

Señaló que actos criminalizantes y difamaciones en su contra y de la CMDPDH, como los efectuados a través de la entrevista de Miranda de Wallace, parecen tener como finalidad última desacreditar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos, sean de índole nacional o internacional. Además, tienen como resultado incrementar el riesgo de quienes realizamos la labor de defensa de derechos humanos”.

Guevara pidió que su carta sea leída íntegramente en el programa “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, dándole la misma difusión, alcance y repetición que a la entrevista de Miranda de Wallace, así como también se difunda con la misma intensidad y en los mismos lugares y redes sociales que publicaron y difundieron la nota “Relator ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda. Con Ciro Gómez”. Además de facilitar folios y documentación, asegurando a Gómez Leyva que sus auditorías están disponibles ante cualquier difamación.



Fuente: Revolución 3.0
Autor: Redacción
http://revoluciontrespuntocero.com/cmdpdh-expone-pruebas-ante-acusaciones-infundadas-de-miranda-de-wallace-en-programa-de-radio/

miércoles, 23 de diciembre de 2015

Organizaciones internacionales rechazan presencia de Isabel Miranda de Wallace

ASUNTO: CARTA ABIERTA A ARELY GÓMEZ SOBRE LA PRESENCIA DE ISABEL MIRANDA DE WALLACE EN LA INAUGURACIÓN DE LA UEIDT MONTREAL CANADÁ, A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AV. REFORMA ESQ. GUADANA NO. 211-212
CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D. F. C.

Procuradora General de la República,
Con absoluta estupefacción y un alto grado de indignación nos enteramos de la presencia en la inauguración de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, de una probable delincuente, probable responsable de la fabricación de culpables, probable autor intelectual y testigo ocular de tortura en contra de – por lo menos - ocho ciudadanos inocentes en los denominados casos “Wallace” y “Martí”. Hablamos de la presencia en el evento de Isabel Miranda de Wallace [o Miranda Torres o Torres Romero].

Como titular de la PGR que por iniciativa suya, acaba de crear la UEIDT, asumimos con toda razón, que debe de estar enterada del grado de corrupción, impunidad y hasta crueldad que impera en las estructuras policiacas y judiciales, cuya escandalosa conducta se inició en sexenio de Vicente Fox, - la SSP/AFI de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, arquitectos del montaje escandaloso del 8 de diciembre de 2005 en contra de Florence Cassez siendo uno de los ejemplos paradigmáticos del fenómeno que describimos; se reforzó bajo la administración de Felipe Calderón - cuya estrella intocable fue la Sra. Isabel Miranda - y continúa siendo bajo el régimen actual, reflejando niveles escandalosos de descomposición del Estado mexicano, con la consecuencia del alarmante descrédito que vive el país a los niveles nacional e internacional.

En virtud de lo anterior nuestra pregunta a usted es inevitable y moralmente obligada: ¿por qué admite usted la presencia de Isabel Miranda en la inauguración de la mencionada unidad, habiéndose demostrado su grado de peligrosidad y carencia de principios en la burda y absolutamente desmentida patraña conocida como “Caso Wallace”? La absurda ironía que esto implica se fundamenta en las pulcras y concienzudas investigaciones sobre el citado caso, y otros como el de Fernando Martí y el de la Comandante Nestora Salgado, realizadas por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) presidida por David Bertet, Guadalupe Lizárraga, Directora de Los Ángeles Press y Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso, que demuestran sin lugar a dudas, que Isabel Miranda ha mentido a las autoridades, ha fabricado el jamás ocurrido secuestro y asesinato de su delincuente hijo, Hugo Alberto Miranda Torres, ilegalmente llamado Hugo Alberto Wallace.

Lo que se espera, Sra. Procuradora, es que la PGR iniciara de inmediato una concienzuda investigación con base en las incontrovertibles evidencias indagadas por las investigaciones de las personas arriba citadas, cuya comprometida labor facilita considerablemente la labor del Ministerio Publico.

Como encargada de investigar delitos, la PGR ahora bajo su cargo, está obligada a tomar en cuenta todas estas investigaciones, las cuales se fundamentan en documentos probatorios emitidos por instituciones oficiales. Lamentablemente, ha hecho todo lo contrario: ha otorgado a una probable delincuente como Isabel Miranda, todas las facilidades para disponer de agentes del MP a los que les ordena levantar, encarcelar y torturar con propósitos de auto-incriminación a víctimas inocentes, además de permitirle el ingreso a los penales para conducir interrogatorios sin ser miembro de la PGR, lo cual es totalmente ilegal y oprobioso.

Cuando usted fue nombrada como titular de la PGR, los aquí firmantes confiamos en los cambios drásticos que usted decidió implementar dentro de la institución ahora a su cargo. Esperamos que se modificara la hasta ahora vergonzante e inmoral conducta de la PGR. Lamentablemente, Sra. Gómez, con la moralmente reprehensible actuación de esta institución en casos como el de los 43 de Ayotzinapa y los citados casos: Wallace, Martí, Nestora Salgado, además de la admisión de la probable torturadora Isabel Miranda como partícipe - queremos creer que sólo en la inauguración- de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura, constatamos que nuestra esperanza fue injustificada.

México está sujeto a la inmensa impunidad nacida de la igualmente omnipresente corrupción que continúa prevaleciendo en todas instituciones del estado, mientras sectores de ciudadanos siguen albergando expectativas de cambio que se ven frustradas por "servidores públicos" cuyo interés a todas luces nunca ha sido el de servir al grueso de la sociedad.

El siguiente paso necesario, Sra. Gómez, consiste en dar seguimiento a la queja interpuesta por los familiares de las víctimas de Isabel Miranda de Wallace ante su institución, y en iniciar una amplia investigación sobre los delitos de falsificación de documentos, falsedad en declaraciones, así como otros delitos graves probablemente cometidos por la Sra. Isabel Miranda de Wallace y otros, con la complicidad de funcionarios que siguen trabajando dentro de la PGR.

La ACDV y el FEMCAI están dispuestos a trabajar conjuntamente con todos los actores de la sociedad civil y del gobierno, a los que realmente les importa acabar con el gravísimo y generalizado fenómeno de fabricación de culpables en su país, mediante el uso sistematizado de la tortura, de la intimidación, de la violación a la presunción de inocencia, a la dignidad y a una defensa adecuada de los presos.

Fuente: Cencos (Centro Nacional de Comunicación Social AC)
http://www.cencos.org/comunicacion/organizaciones-internacionales-rechazan-presencia-de-isabel-miranda-de-wallace

martes, 22 de septiembre de 2015

Que expertos de la CIDH dejen el caso Ayotzinapa, pide Isabel Miranda de Wallace

No se trata de un caso de desaparición forzada, dijo Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro; Wallace, presidenta de la asociación, opinó que la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU es el organismo que debe investigar.

La asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, pidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deje el caso Ayotzinapa.

Miranda de Wallace y Samuel González, exfuncionario de la PGR y consejero de la agrupación, expusieron el lunes 21 que hay conflicto de interés y se ha politizado el caso, además de subrayar que no sólo es un tema de derechos humanos sino legal.

Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal.

“Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa.

A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”.

La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.


Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.