Isabel Miranda de Wallace retó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a entregar su teléfono celular a la Fiscalía General de la República (FGR) para “probar o desmentir” presuntos nexos con el crimen organizado y la corrupción.

En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Miranda respondió así a las declaraciones hechas por Zaldívar en conferencia de prensa este miércoles, en la que dio a conocer la presentación de una denuncia penal en contra de ésta por fabricación de pruebas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió esta mañana a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.

Miranda de Wallace fue señalada por periodistas, esta mañana, durante la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional. Uno de ellos dijo que la supuesta activista practica espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.

Brenda Quevedo Cruz lleva más de 11 de años de cautiverio y tortura. Las irregularidades del proceso en su contra sólo pueden explicarse como parte de una suerte de “razón de Estado” con que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trataron el caso Wallace.

Está presa sin sentencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su opinión 45/2020, instó a las autoridades mexicanas a liberarla de inmediato e investigar “a profundidad” las violaciones a sus derechos humanos. Y es que expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU encontraron “graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace, una presentada en contra de ella y otras diez personas más en la que se denuncian actos de tortura y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa sólo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas.

Las denuncias fueron presentadas por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial, en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente, según revelaron fuentes cercanas al caso a SinEmbargo.