Pintas en Venezuela vinculan a AMLO con el chavismo y generan tendencia en redes; priistas “sacan raja”

Una nueva técnica de “guerra sucia” electoral que va de las calles de ciudades venezolanas a las redes sociales inició desde hace días.

El portal antichavista www.venezuelaaldía.com informó que en Caracas, Barquisimeo, Marcaibo, Valencia y Maracay aparecieron murales a favor de Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, “aliada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que aparentemente busca implantar las doctrinas de Chávez en país azteca”.

Peña y su corrupción en medios, nunca más un telepresidente

No deja de resultar una tremenda paradoja que el sexenio con mayor número de asesinatos a periodistas sea también el gobierno que más ha despilfarrado en presupuesto público para promoverse en medios.

En el fondo, ambas caras de la moneda remiten a lo mismo: una fórmula criminal por un lado, y perversa por el otro, de negarle a la sociedad el derecho a la información. Métodos de eliminación de reporteros junto a un sistemático modelo de sumisión de los concesionarios, dueños y empresas que controlan a los medios.

Regresión en materia de derechos de las audiencias

Los concesionarios de radio y televisión, entre otros grupos de poder, lanzaron una oleada de censuras al Instituto Federal de Telecomunicaciones por sus lineamientos para la defensa de las audiencias. El Ejecutivo y el Senado cerraron la pinza con sendas controversias constitucionales contra esa norma, que debía entrar en vigor el próximo jueves 16. El IFT, “por prudencia”, pospuso la entrada en vigor de las medidas que la sociedad civil logró incluir en la pasada reforma de telecomunicaciones para proteger los derechos a la información y a la libertad de expresión.

Con una furia y consistencia que no se habían visto antes, los concesionarios de radio y televisión agrupados en la CIRT, los principales comentaristas y periodistas que trabajan en esta industria, más senadores, alcaldes, gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, empresarios y hasta la arquidiócesis capitalina sumaron sus voces para descalificar los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer desde el 21 de diciembre de 2016 y que debían entrar en vigor el próximo jueves 16.

Las críticas más difundidas fueron que estos lineamientos “violan la libertad de expresión”, constituyen “censura previa” y son una extralimitación de las funciones y atribuciones del IFT porque establecen, entre otras cosas, la obligación de diferenciar opinión de información, distinguir la publicidad del contenido programático, establecer requisitos y procedimientos para el registro de defensores de audiencias en cada estación, obligan también a elaborar códigos de ética tanto entre programadores y concesionarios de radiodifusión como de televisión restringida, así como a realizar “campañas integrales de alfabetización mediática”.

Producto de una larga consulta de dos años entre los principales involucrados, los lineamientos también reglamentan la facultad de “la suspensión precautoria de transmisiones establecidas en la ley” y el establecimiento de multas para quienes incumplan.

La campaña contra el IFT fue tan intensa que hasta alcaldes de Jalisco, pertenecientes a Movimiento Ciudadano, aparecieron en los noticiarios de Televisa y de TV Azteca opinando sobre las “amenazas a la libertad de expresión” que representaban los lineamientos de defensa de los derechos de las audiencias.

En el Senado, los legisladores Zoé Robledo, del PRD, y Mariana Gómez del Campo, del PAN –respectivamente presidente y secretaria de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía–, opinaron que había una “imposibilidad material” de cumplimiento para que los concesionarios puedan diferenciar noticia y opinión, por lo que se pronunciaron por “alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias”.

De manera sorpresiva, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, anunciaron el 31 de enero que el Poder Ejecutivo determinó promover una controversia constitucional contra los lineamientos del IFT en materia de defensa de las audiencias, ya que contiene “vicios de origen” basados en leyes que considera inconstitucionales.

La controversia del Ejecutivo es contra el Congreso, que aprobó su reforma de telecomunicaciones y, en específico, contra ocho artículos que regulan las medidas adoptadas sobre el derecho de las audiencias.

Castillejos afirmó en conferencia de prensa que el IFT, al emitir dichos lineamientos, “invadió facultades exclusivas” del presidente de la República. Argumentó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión “no debió darle facultades al IFT de regular un derecho humano, el derecho de las audiencias”, y que “cualquier regulación de los derechos de las audiencias debe estar prevista en la ley, en términos del artículo 89”.

El miércoles 1, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, presentó otra controversia en la que advierte que el IFT “invadió la esfera de competencias” del Congreso de la Unión para normar los derechos de las audiencias, en virtud de que vulnera los principios pro persona y de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Además, el Senado afirmó en su controversia que el IFT invade la competencia electoral, establecida en el artículo 41 constitucional, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales.

Para sorpresa de la mayoría de los especialistas y observadores, el pleno del IFT determinó el mismo miércoles 1 postergar la entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias hasta agosto de este año, ya que “la prudencia dicta” que así debe actuar.

La decisión provocó una votación dividida de cuatro votos a favor y tres en contra en el pleno del IFT. Las comisionadas Adriana Labardini y Elena Estavillo, así como el comisionado Adolfo Cuevas, votaron en contra de la mayoría.

El comunicado del IFT afirma que, “considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución”, y que, “tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales”, decidieron diferir hasta agosto de 2017 la entrada en vigor de los lineamientos.

Las controversias

En entrevista con Proceso, la comisionada Adriana Labardini afirma que la decisión no estuvo “debidamente fundada y motivada”, ya que las controversias del Ejecutivo y del Senado ni siquiera se les habían notificado a los integrantes del IFT de manera formal y sólo tenían “conocimiento a través de los medios”.

Subraya que, de acuerdo con el artículo 28 constitucional aprobado por el Congreso de la Unión, le corresponde al IFT regular los derechos de las audiencias y de los usuarios, dos elementos nuevos que se incorporaron en los artículos 6 y 7 de la Constitución durante la reforma de telecomunicaciones.

Abogada y especialista en derechos de las audiencias, Labardini recuerda que este debate ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 117/2014, cuando los ministros por unanimidad determinaron que el IFT tiene facultades para regular no sólo las funciones técnicas y económicas del sector, sino también los derechos derivados de los artícu­los 6 y 7 constitucionales.

El ministro ponente de aquella sentencia fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y resolvió sobre la controversia interpuesta por el entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa, en contra de los lineamientos del IFT sobre la portabilidad numérica, es decir, la posibilidad de que el usuario de telefonía pueda conservar el mismo número al cambiarse de empresa concesionaria.

El 2 de enero de 2015 la SCJN resolvió, entre otros puntos fundamentales, que el IFT conforma “una pieza clave de una nueva ingeniería constitucional, cuyo propósito es ampliar el umbral de protección de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”.

El máximo tribunal estableció desde ese momento que el IFT tiene “una doble función: regular las cuestiones técnicas y económicas del sector, así como los derechos humanos de expresión y acceso a la información en la actual época de las tecnologías”. Esa doble responsabilidad le otorga al instituto “poderes quasi legislativos, quasi ejecutivos y quasi judiciales”, según la sentencia, cuya copia tiene Proceso.

Con dicho antecedente, la comisionada Labardini subraya que “no debe existir duda alguna sobre la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones del IFT”. Por ese motivo, señala, el IFT no debió suspender los lineamientos “por prudencia”, sino mantenerlos hasta que la SCJN decidiera sobre las dos controversias.

“¿La prudencia para qué y para quién? –cuestiona–. Lo prudente es no dejar en el limbo los mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las audiencias, como son los códigos de ética o las defensorías de las audiencias que establecen los lineamientos. Me preocupa que nosotros mismos, como integrantes del IFT, tengamos dudas sobre los elementos de legalidad o ‘regularidad’, como dijo el acuerdo que votamos.”

–¿Qué sería lo más prudente y legal en este caso? –se le pregunta.

–Mi prudencia me indica que no debe privarse a las audiencias de los lineamientos. Además, este procedimiento de controversia constitucional está reglamentado por la ley secundaria del artículo 105 constitucional, y en el artículo 14 de esta ley dice que si vas a impugnar una ley de carácter general, la SCJN no puede suspender su aplicación.

–El comunicado del IFT no habla de suspender, sino de postergar la entrada en vigor.

–Técnicamente no es una suspensión, pero de facto opera como tal. Cuando se discutieron los lineamientos sobre portabilidad numérica, nunca se suspendieron aunque la SCJN discutía la controversia constitucional. Es grave cuando tú como órgano autónomo suspendes una norma que nadie ha declarado inválida.

–¿Durante el proceso de consulta los concesionarios no se quejaron de los lineamientos? ¿Por qué esperaron hasta que entraron en vigor?

–Desde las consultas, en agosto de 2015, la CIRT dijo que al menos 10 puntos de los lineamientos deberían ser causal de controversia constitucional. Claro que lo dijeron, pero ellos no pueden interponer una controversia; es necesario que sea otro poder.

“Los concesionarios de la radio y la televisión en las consultas no han querido nada: no quieren más estaciones de radio, no quieren disminuir de 800 a 400 Mhz el ancho de banda, no querían pagar las prórrogas a sus concesiones; no querían, por supuesto, los lineamientos de defensa de las audiencias.

“El Ejecutivo y el Senado están en todo su derecho de acudir a la SCJN, pero lo importante es advertir si se trata de revisar las facultades del IFT o de quitarle el corazón al instituto como órgano que regule también los derechos de las audiencias y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.”

Las comisionadas Labardini y Estavillo fueron las únicas comisionadas que votaron contra el dictamen del IFT en el cual se consideró que Televisa no tenía poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Un tribunal especializado le dio la razón a empresas que promovieron un amparo contra este dictamen y el IFT tendrá que rehacer ese documento.

La autonomía del IFT, en juego

Las reacciones en contra del voto del IFT se sucedieron enseguida. El excomisionado presidente de la Cofetel Mony de Swaan publicó en su cuenta de Twitter que “si los actuales comisionados hubieran tenido que luchar por facultades que hoy tienen, las defenderían con más dignidad. Gracias, comisionadas… Perderán votaciones, pero no la congruencia ni la honestidad”.

Antes de esta votación, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) reiteró en un comunicado que los lineamientos no deben suspenderse y que el IFT tiene que refrendar sus facultades como regulador.

La Amedi recordó que cuando el Ejecutivo federal presentó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa no contenía los derechos de las audiencias.

“El hecho de que éstos hayan quedado plasmados en la versión final del artículo sexto constitucional constituye un logro de la sociedad”, afirmó la agrupación, que ha enfatizado la necesidad de avanzar más en materia de derecho a la información y libertad de expresión.

Para la Amedi, las controversias del Ejecutivo y del Senado “resultan extrañas” porque “pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban”. Además, argumenta que fue el Ejecutivo el que propuso “dos de los derechos de audiencias que más han sido atacados”, es decir, la necesidad de distinguir entre opinión e información en los medios concesionados.

“Los que ahora acuden a la SCJN ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente”, advierte la asociación.

Al respecto, la excomisionada de Cofetel y experta en telecomunicaciones Clara Luz Álvarez subraya que el descontento de los concesionarios se originó por “el cambio en las prácticas comerciales de vender publicidad incorporada dentro de la programación, sin identificarla”.

Tanto Álvarez como la exfuncionaria del ramo Irene Levy, en sus análisis publicados en medios impresos y digitales, advierten que en países como Gran Bretaña la regulación de los derechos de las audiencias es más rígida, pues se prohíbe insertar publicidad en los contenidos informativos. En Estados Unidos se penaliza a los concesionarios que incluyan publicidad en los contenidos de programas infantiles.

En España y Alemania están claramente establecidas las limitaciones de concentración de medios, para garantizar el pluralismo y la diversidad mediática como uno de los principales derechos de las audiencias.

La asociación A Favor de lo Mejor de los Medios también se pronunció en desplegados periodísticos por “conservar los derechos que ganamos las audiencias”, como son “recibir información plural y veraz, contar con defensores, conocer los códigos de ética, promover el interés superior de la niñez, la protección para los niños en horarios pertinentes y reconocimiento de las personas con discapacidad, entre otros.

“Es aspiración de las audiencias contar con medios de comunicación diversos, con ópticas y editoriales distintas, información objetiva y contenidos de mayor calidad”, abundó la asociación.

De igual forma, A Favor de lo Mejor expresó su preocupación de que las controversias interpuestas por el Ejecutivo y el Senado se dirijan “contra las facultades del IFT que ellos mismos le otorgaron”.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/473386/regresion-en-materia-derechos-las-audiencias

#Gasolinazo2017, de las redes a las calles

“Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diésel y gas LP”.

Este tuit enviado el 4 de enero de 2015 por la cuenta del presidente Enrique Peña Nieto (@EPN) se viralizó de inmediato en Twitter el martes 27 de diciembre pasado. Se convirtió en la muestra de contraste entre lo que se prometió y lo que se anunció esa mañana por la Secretaría de Hacienda: el gasolinazo con incrementos de entre 14 y 22%.

Junto con este mensaje, decenas de videos con fragmentos de las veces en que Peña Nieto afirmó que no habría más gasolinazos y que la reforma energética haría bajar los precios de las tarifas eléctricas, del gas y de los derivados del petróleo inundaron YouTube, Facebook, Periscope, Instagram, Snapchat, las plataformas más importantes de las redes sociales.

#Gasolinazo y #Gasolinazo2017 se transformaron en los hashtags más mencionados en las cuentas de los usuarios de Twitter. Durante cuatro días ocuparon el sitio de los Trending Topics y expresaban el nivel de furia, indignación social y molestia por el anuncio de la Secretaría de Hacienda.

En medio de este alud de mensajes y de información cada vez más crítica, al equipo de comunicación digital del gobierno federal se le ocurrió la “brillante” idea de tratar de revertir estos mensajes de rechazo con el hashtag #HablandoDeGasolinas, como si se tratara de una clase en el ITAM para “explicarle” a los ignorantes ciudadanos que no entienden de economía global y de negocios energéticos.

Tan sólo para tener una idea de la ausencia de sensibilidad e incapacidad para comunicar, #HablandoDeGasolinas tuvo 12 mil menciones en las cuentas de Twitter en cuatro días, mientras #Gasolinazo2017 registró 150 mil menciones.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acudió a cuanto programa de radio, televisión o plataforma digital se le invitara para repetir lo mismo y enfurecer más a la población: es una medida “necesaria”, “responsable”, “no tiene relación con la reforma energética”, “México tiene las gasolinas más baratas” y beneficiará, en un futuro, a “nuestros hijos y nuestros nietos”.

El estilo parsimonioso de Meade, poco convincente, desató más la molestia de los usuarios de las redes. En su propia cuenta de Twitter (@JoseAMeadeK), el secretario de Hacienda lanzó 11 tuits, acompañados de infografías, que no convencieron más que a los simpatizantes y cuentas falsas del gobierno:

-Al usuario @tanmonja, Meade le respondió así a su pregunta ¿por qué en México las gasolinas son tan caras si somos productores de crudo?: “En México las gasolinas no son caras. El precio promedio de enero de 2017 es mucho menor que el mundial. Checa esta gráfica”.

Por supuesto, la gráfica de Meade era poco seria. No comparó países similares sino una tabla donde aparecen Hong Kong y Noruega hasta arriba con precios de 39.36 y 36.67 pesos por litro, mientras México tiene 15.99 pesos. El propio cuadro desmentía el argumento de Meade: las gasolinas en California y Estados Unidos, nuestro mercado de referencia, son más baratas que en México.

-A la misma usuaria le respondió: “También en los países productores de petróleo han aumentado los precios de las gasolinas. México es de los que menos ha subido”.

-Meade así justificó en otro mensaje el gasolinazo: “Hoy el ajuste se da por los precios internacionales de petróleo que han aumentado drásticamente”.

El usuario @ElOscuroDiván preguntó al secretario de Hacienda que si los precios internacionales del petróleo eran la causa del gasolinazo, “¿Por qué nunca se ajustaron a la baja cuando el petróleo bajó de precio?”.

Y Meade respondió críticamente: “Por el modelo que teníamos. Con la flexibilización subirán o bajarán de acuerdo con el comportamiento de los mercados”.

¿Alguien entendió esta respuesta de la eminencia en las finanzas públicas de los dos últimos gobiernos del PAN y del PRI? Le llaman “flexibilización” lo mismo a la liberación del mercado de las gasolinas que al aumento. Y nadie explica cuál es “el modelo”. El único “modelo” que se tenía claro era Pemex, la principal empresa del país que ha sido desmantelada sistemáticamente en los últimos 20 años.

Eso es lo que no quieren decir: dejaron deliberadamente en bancarrota a Pemex, no construyeron refinerías y nos convertimos en una nación importadora de gasolinas. La devaluación del peso y el enorme endeudamiento público que representa ya más de 50% del PIB obligan a buscar recursos fiscales del combustible más inflacionario de todos: la gasolina.

Pero eso no lo dicen ni en las redes sociales ni en las infografías, ni en las numerosas entrevistas que tanto Meade como el subsecretario Miguel Messmacher han dado a varios medios electrónicos e impresos. Para ellos, la explicación siempre está en otra parte (en la OPEP, en el factor Trump, en la devaluación, en la “volatilidad exterior”, etcétera), no en el mal manejo de la reforma energética, de la reforma fiscal y de las finanzas públicas.

A estos argumentos tecnocráticos se sumó tardíamente el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien reprodujo en su cuenta de Twitter (@EnriqeuOchoaR) el comunicado de la Comisión Reguladora de Energía sobre la “flexibilización de los mercados de gasolina y diésel” y después nos prometió en otro tuit el paraíso:

“Con el nuevo mercado de #gasolinas y diésel tendremos un mejor servicio para todas las mexicanas y todos los mexicanos”.

En boletines de prensa sin ninguna capacidad de persuasión y menos de interacción, el PRI nacional y su dirigente señalaron que el gasolinazo es una “medida responsable”.

Con estos ejemplos, es claro que la batalla por la comunicación política está perdida para el gobierno federal por su falta de claridad y sinceridad, así como el temor a asumir un mínimo de responsabilidad en el fracaso de las expectativas energéticas generadas en la sociedad.

Lo que más duele y molesta a los mexicanos es la reiteración de una mentira con dolo durante los cuatro años anteriores: “No habrá más gasolinazos”.

La furia se ha trasladado de las redes sociales a las calles. Los tres primeros días de este año han sido de constantes protestas, bloqueos carreteros, clausuras simbólicas de gasolineras y aislados actos vandálicos que han sido sobredimensionados en los noticiarios de televisión.

Tan sólo el 2 de enero la Policía Federal reportó 16 bloqueos en distintas carreteras y la Asociación Mexicana de Gaseros (Amegas) señaló que hubo al menos mil gasolineras afectadas por bloqueos y cierres que representan 7% del total de establecimientos, en al menos 10 entidades.

La información condensada por la prensa en los primeros días de 2017 señala al menos 50 bloqueos carreteros, tomas de gasolineras y marchas en al menos 20 entidades del país y focos rojos en las carreteras y autopistas del Estado de México, Querétaro, Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Guerrero y por supuesto la Ciudad de México.

En las redes sociales y en mensajes de WhatsApp la furia no ha disminuido. Por el contrario, aumentó este 2 de enero con el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del alza de 4.5% a las tarifas de energía eléctrica en el sector industrial, de 3.5% a las tarifas comerciales y 2.6 a las domésticas.

Al #Gasolinazo2017 se sumó el #Tarifazo eléctrico, dos insumos básicos que provocarán un alza en los precios de productos básicos, servicios y manufacturas, aunque la Secretaría de Hacienda y Banco de México insistan en el “bajo impacto” inflacionario.

A las 14 horas de este martes 3, el hashtag #ReversaAlGasolinazo, promovido originalmente en cuentas de usuarios vinculados al partido Movimiento Ciudadano (MC), ocupó el tercer sitio como Trending Tópic a nivel nacional y primero en la Ciudad de México.

Este es justamente el mensaje que están generalizando los promotores de los amparos de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Amipac), como legisladores del PRD, de Morena, del PAN y del MC: revertir la medida.

Algunos voceros del sector privado, especialmente de la Coparmex, también han incidido en las redes sociales reclamando dar reversa al gasolinazo.

Mientras esto sucede en un ecosistema de comunicación digital altamente explosivo, los gobernadores harán su encuentro con el secretario de Hacienda hasta el lunes 9, al tiempo que en la cuenta de Twitter de Peña Nieto se difunde un mensaje que se lee como bofetada:

“Recibamos el año 2017 con esperanza, nuevos propósitos, renovada energía y unidad entre los mexicanos”.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/468478/gasolinazo2017-las-redes-a-las-calles

Los XV Años de Rubí: cuando la viralización mata al periodismo

El 2 de diciembre pasado Crescencio Ibarra grabó un video en Facebook para invitar al festejo de los 15 años de su hija Rubí, al lado de su esposa Anaelda García en la agreste comunidad de La Joya, San Luis Potosí. En menos de un minuto, Crescencio lanzó una invitación abierta para la celebración del 26 de diciembre, dio a conocer las amenidades y la participación de grupos de música de banda como Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral y el Grupo Innegable.

“Habrá una chiva de creo que de 10 mil pesos, el primer lugar, y otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados” dijo don Crescencio. Y los usuarios de las redes y no pocos “cazadores” de videos para viralizar, lo captaron.

El video se subió a la plataforma de YouTube y la naturalidad se transformó en curiosidad, escarnio o comentario de millones de usuarios. El video original alcanzó más de dos millones 800 mil reproducciones y otro video con los memes y el mame para burlarse o compartir el relajo alcanzó más de tres millones y medio de reproducciones.

Los XV años de Rubí se volvieron Trending Tópic en Twitter, se abrieron más de 10 páginas en Facebook para promover a las “celebridades” que serían los chambelanes de la joven y a través de distintas plataformas digitales se “autoinvitaron” más de un millón 300 mil personas.

Mitad ficción, mitad realidad, los XV Años de Rubí devinieron en profecía autocumplida cuando se colgaron del fenómeno viral todos aquellos que ya “no conectan” o están hambrientos de la popularidad instantánea surgida en las redes: el gobernador mexiquense Eruviel Avila aprovechó el viaje para ofrecer “vacaciones pagadas” a la joven en Valle de Bravo, antes de que se autograbara presumiendo sus obras tras la tragedia de Tultepec; el mandatario de San Luis Potosí.

Juan Manuel Carrera López (de quien se sabe más por sus ausencias que por sus intervenciones) se ofreció para estar presente en el evento; Televisa y TV Azteca se pelearon por tener a los padres y a la niña en sus estudios y lanzaron “coberturas especiales” hasta la saciedad.

La empresa Meganet se autopromovió para instalar tres antenas y ofrecer el servicio de telecomunicaciones inalámbricas por la “módica” cantidad de 100 pesos por usuario; el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, Layín, se sintió Santa Clos y le ofreció un automóvil Smart Chevrolet a Rubí; y todas las marcas posibles, desde cosméticos hasta estilistas, peinadores, cantantes, conductores y diseñadores de modas de las artistas se colgaron del evento de Rubí para recordar que “nosotros ahí estaremos”.

El caso de Rubí, hasta hace 15 días, era muy similar al video de Paco Orihuela, el joven vendedor de empanadas de Acapulco, que atrajo la atención de las televisoras, de Grupo Carso y de todos quienes quieren colgarse de estos fenómenos de carisma para tener sus 15 minutos de rating.

Sin embargo, los XV Años de Rubí se volvieron algo más aparatoso cuando prácticamente todos los medios, desde los televisivos, los digitales, los impresos hasta los radiofónicos sacaron el caso de una cobertura menor para darle un tono periodístico sobredimensionado.

Supe del fenómeno cuando dos televisoras de Estados Unidos me llamaron a los dos días del video original para dar “mi punto de vista”. “Disculpen, creo que no es un asunto de interés periodístico”, les comenté. “¿Cómo no? Si se ha viralizado”, me replicó uno de los productores.

En efecto, ahí está el detalle del caso Rubí, pensé. La confusión entre viralización y ponderación periodística. La transformación de todos nosotros en paparazis de lo efímero. La pobreza de los contenidos informativos suplida con la cargada multimediática, ahora que ya todo se combina entre lo analógico y lo digital.

El punto delicado del caso Rubí no es la fiesta masiva sino la ausencia de un autocontrol mínimo del papel del periodismo frente a los fenómenos digitales ¿Todo aquello que se vuelve “viral” en las redes sociales tiene un interés periodístico? ¿Todo aquello que es objeto del morbo masivo, de la burla o del insulto en nuestro circo mexicano es asunto informativo? ¿No estaremos cayendo también en la trampa de buscar el “tráfico” en los medios digitales a como dé lugar? ¿Cambiamos la tiranía del rating por el hambre de los likes?

Algunos comentarios en las redes señalan los XV Años de Rubí como una “cortina de humo”, “una caja china” de las televisoras, “un distractor” planeado maléficamente por el gobierno. Sospecho que no es ni caja china, ni matriushka rusa ni cortina de humo ni distractor de nada. Simplemente es el signo de la confusión de los tiempos. Es una demostración más del hambre de fama y del oportunismo mediático. Es una “no-nota” transformada en nota por el interés súbito y masivo de los propios medios informativos.

Es una especie de nihilismo digital inducido por la propia falta de ponderación periodística para valorar y diferenciar entre lo noticioso y lo viral, entre lo sustancial y lo anecdótico. Es la sociedad del espectáculo llevada a viralización de lo cotidiano.

Por supuesto, el “cuento de hadas” de los XV Años de Rubí se transformó en una aglomeración masiva, desbordada y autorreferencial, donde los propios medios celebrábamos la importancia de nuestra propia presencia en el evento. Hubo un muerto, hubo reclamos. Ahí se “dio la nota”. Y hubo no pocos comentaristas que le pedían a la niña actuar y sonreír como si fuera Galilea Montijo o La Gaviota.

Cuando la farándula devora la naturalidad de lo cotidiano y absorbe lo periodístico corremos siempre el riesgo de viralizar todo hasta encumbrar a quienes hacen de nuestro analfabetismo emocional una forma de vida y de poder.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/467811/xv-anos-rubi-cuando-la-viralizacion-mata-al-periodismo

Televisa y la “renovación” increíble

Ante la enorme pérdida de ingresos publicitarios y de audiencias, la credibilidad informativa anulada por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, Emilio Azcárraga Jean se ve forzado a perseguir a sus audiencias en sus nuevos refugios: las plataformas digitales de entretenimiento e información. Sin embargo, en la programación anunciada para la “nueva era” del consorcio no se vislumbra transformación alguna; sólo adaptaciones.

CIUDAD DE MÉXIO (Proceso).- Frente a una crisis de ingresos publicitarios que disminuyeron más de 30% en dos años, con una baja de más de 15% en sus audiencias –especialmente los mexicanos menores de 29 años–, con contenidos acartonados y reiterativos, pero sobre todo con escasa credibilidad por sus noticieros oficialistas y sus compromisos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, Televisa anuncia un “gran cambio” a partir de este lunes 22.

Todos sus anuncios indican que en realidad se reducirá a adaptar los contenidos que ahora se transmiten por televisión abierta a plataformas para televisión restringida y on line.

La salida de Joaquín López Dóriga, adelantada por Proceso desde octubre del año pasado, fue presentada por Televisa y el propio Azcárraga Jean como parte del desafío de enfrentar “las nuevas tecnologías y nuevas plataformas” que informan de manera más inmediata.

Pero en lo personal, López Dóriga se retira en medio de un litigio penal con la empresaria María Asunción Aramburuzabala, exaccionista de Televisa, en un presunto caso de extorsión por 5 millones de dólares. Esto se suma a la caída constante de surating y a los cuestionamientos de empresarios y políticos por cobrar sus entrevistas, notas informativas y cobertura en radio y televisión a través de sus empresas Ancla y Akron, que recibieron 237 millones de pesos de dependencias públicas entre 2001 y 2015, según lo documentó este semanario en el reportaje “López Dóriga, cuando el micrófono tiene precio”, publicado en septiembre de 2015.

Televisa despidió a López Dóriga durante casi 15 días con fragmentos de sus mejores y peores momentos al frente del noticiario estelar del Canal 2, incluyendo una entrevista a modo con el presidente Enrique Peña Nieto en los jardines de Los Pinos.

A falta de rating y frente a las numerosas críticas en medios digitales, especialmente en redes sociales, la noche del jueves 18 López Dóriga entrevistó a Azcárraga Jean y se tomaron en pantalla una selfie. La imagen llegó a más de 6 mil retuits en menos de 24 horas y 15 mil likes en Twitter, pero Televisa ha evadido el asunto fundamental: el relevo de López Dóriga por Denise Maerker a partir de este lunes 22 no es sólo un cambio de formato sino de imagen y de vocero de los intereses de Televisa frente al gobierno y el sistema político.

“Lo que se viene a partir de la próxima semana es el segundo cambio más importante que me toca guiar en Televisa… Siempre le voy a apostar, y creo que Televisa debe apostar a cambiar. Haremos programas buenos y trataremos de hacerlos mejores… Prefiero perder arriesgando con nuevos formatos a quedarnos estancados en un formato que solamente teníamos”, le dijo a López Dóriga el presidente de la televisora que nació hace 60 años, en el mismo sexenio en que surgió el PRI.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/451760/renovacion-increible

ICA, una estrella más de… Televisa

Una de las constructoras más famosas y antaño sólidas del país, ICA, linda con la quiebra. Ya anunció que dejará de cotizar en Estados Unidos por sus pésimos resultados. Esta situación la puso en manos de David Martínez, un oscuro empresario con fuertes vínculos con Televisa y que ahora puede obtener 40% de las acciones. ¿El objetivo? Esto le permitiría ganar contratos, por ejemplo, con Petróleos Mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En dos anuncios sorpresivos hechos el lunes 27 y el miércoles 29, el consorcio constructor Empresas ICA informó que el próximo viernes 8 abandonará la Bolsa de Valores de Nueva York y que el préstamo de 215 millones de dólares otorgado semanas antes por la financiadora Fintech, del regiomontano David Martínez Guzmán, podrían darle a este personaje, asociado con Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas de Televisa, 40% del control de la que fuera una de las constructoras más grandes de América Latina.

La trama de esta operación financiera para quedarse con buena parte de ICA se comenzó a escribir en septiembre del año pasado, cuando Guadalupe Phillips Margain, entonces vicepresidenta de Riesgos Corporativos y Finanzas de Televisa, llegó a la constructora para aterrizar la propuesta conjunta de su jefe, Alfonso de Angoitia, y de David Martínez para tomar el control de la compañía constructora y refinanciar la deuda de ICA, a través del despacho Verax Wealth Management, un bufete dedicado a triangular fondos en paraísos fiscales y que apareció en los #PanamaPapers (Proceso 2061).

La vinculación de Verax Wealth Management con ICA es mencionada extensamente en el documento anónimo del 20 de abril de 2016 enviado a las autoridades bursátiles y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para denunciar las maniobras de triangulación y presunto lavado de dinero de De Angoitia. En la copia que posee Proceso, una de las partes medulares relata lo siguiente:

“En 2010, Alfonso de Angoitia comisionó a Guadalupe Phillips Margain, quien fungía como vicepresidente para Riesgos Corporativos y Finanzas en Grupo Televisa, para crear una nueva sociedad llamada Verax Wealth Management, un grupo de gestión de bienes patrimoniales, para Alfonso de Angoitia y Salvi Folch (vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas, respectivamente, de Televisa). Contrataron a José Luis Llamas, quien era codirector de Bienes y Gestión Patrimonial para América Latina en el Deutsche Bank de Nueva York y miembro del Comité Ejecutivo para las Américas de la institución. Antes de eso, Llamas fungió como representante del Deutsche Bank AG México y tiene litigios pendientes. Quejosos afirman que sus inversiones en un fondo de inversión inmobiliaria fueron mal manejadas y que tanto el banco como Llamas incumplieron con sus deberes fiduciarios al tergiversar la naturaleza, los riesgos y las características asociadas con las inversiones de los quejosos en el fondo.”

Verax Wealth Management tiene subsidiarias en paraísos fiscales como las Islas Caimán (aparece como XRV Management) y en la Ciudad de México, con oficinas en Prado Sur 250, Lomas de Chapultepec.

El documento denuncia que “a través de esta infraestructura de bienes patrimoniales, Alfonso de Angoitia y Salvi Folch extendieron propuestas a David Martínez, director de Fintech Advisory Limited y Fintech Advisory Inc. para fondear operaciones en los sectores de la construcción y de la energía en México.

Fuente: Proceso

Autor: Jenaro Villamil

http://www.proceso.com.mx/446059/ica-una-estrella-televisa

Televisa: Proceso falsea información; Jenaro Villamil, responde

El pasado 8 de mayo, en su edición 2062, la revista Proceso publicó en su portada un reportaje titulado Investigan las cuentas oscuras de Televisa, que se difundió también en la página web de este semanario y que provocó que la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean enviara una carta a la redacción en la que fija su postura y a la que a su vez responde el reportero Jenaro Villamil, autor del texto. A continuación se reproducen ambas misivas.

Señor director:

La nota publicada en la edición 2062 de la revista Proceso, que salió a la venta el domingo 8 de mayo del año en curso, contiene varios errores, imprecisiones, inexactitudes pero sobre todo basa su “reportaje” en información falsa, por lo siguiente:

1.- Proceso y Jenaro Villamil emiten información falsa al señalar en el título de la revista que está “Televisa bajo la lupa de EU” y en el texto de su nota “EU: Investiga las cuentas oscuras del consorcio”. No hay ninguna fuente oficial que haya señalado una investigación en los Estados Unidos. Incluso, una nota del diario The Wall Street Journal (WSJ) publicada en pasado 5 de mayo y que titula “Grupo Televisa ordena una investigación derivada de dichos en carta anónima”, en ningún momento señala que exista una investigación de autoridades norteamericanas hacia la empresa. Por el contrario, el WSJ señala que fueron los abogados de Televisa quienes buscaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para informarles que les había llegado una carta anónima con información falsa, que aun y cuando carecía de elementos verídicos, se emprenderían investigaciones por un despacho independiente con el fin de soportar que los hechos no tienen sustento.

2.- La revista y el señor Villamil erran al señalar que el WSJ soltó una “bomba informativa” sobre Televisa. Fueron los directivos del Grupo quienes compartieron la carta anónima con el WSJ. Este diario señala que la carta anónima tiene varios errores y que el correo electrónico desde el cual se envió nunca respondió a las consultas de sus periodistas. Pero la revista y el señor Villamil decidieron no consultar a ninguna de las personas físicas y morales que aluden en su nota, centralmente ni a Televisa ni al WSJ.

3.- El semanario Proceso miente al señalar que Televisa ha hecho “escamoteos financieros”. Esto también es falso y es una información sin sustento alguno. Todo lo contrario, Televisa es una empresa pública que cotiza en los mercados de valores y cuyos estados financieros e informes son publicados trimestralmente. En este sentido la nota del WSJ señala, luego de consultar a los auditores independientes que están revisando el contenido de la carta anónima –la prestigiada firma de abogados norteamericana Wachtell, Lipton, Rosen & Katz–, que “hasta el momento las acusaciones han resultado ficticias e infundadas”. Algo que Proceso omite en su nota.

4.- Para echar mano de más falsedades en el reportaje, Proceso y Jenaro Villamil retoman una vieja e infundada historia respecto a la “venta y promoción de espacios informativos (por Televisa) al entonces gobernador del Estado de México…” Dicen, este plan “era para publicitar a Peña Nieto en las pantallas del consorcio (Televisa) y convertirlo en el candidato priista a la Presidencia de la República”. Esta información es sencillamente falsa y fue investigada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el número de resolución CG573/2012, luego de que el PRD presentara los argumentos de Jenaro Villamil del semanario Proceso 1512 como parte de una queja en materia electoral. En este expediente la autoridad electoral resolvió que: “Por lo que hace al Proceso Electoral Federal en curso, queda acreditado que la cobertura otorgada por dichas empresas al C. Enrique Peña Nieto atendió a fines periodísticos, además de que fue equitativo y proporcional respecto a la cobertura que se dio a otros actores políticos, lo cual se desprende fehacientemente del monitoreo ordenado por esta autoridad, por lo cual, como ya se dijo, el presente procedimiento sancionador deberá declararse infundado por lo que hace a dichas personas jurídicas”.

5.- Por si lo anterior no fuese suficiente, el mismo expediente causó estado ante el Poder Judicial Federal, en donde por unanimidad el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia SUP-RAP-427/2012, ratificó la decisión del IFE de desechar la queja del PRD y, con ello desestimó los argumentos que dio Villamil en 2005. Argumentos falaces que ahora vuelve a exponer en su artículo, pero no señala que estos ya fueron analizados y desechados al no tener fundamento alguno más que su imaginario.

6.- Ahora Proceso y Villamil, además de retomar falacias del 2005, se aventuran a señalar, sin confirmación alguna, que los montos de efectivo mencionados en la carta anónima –sin firmas ni membretes– fueron entregados a Televisa. Esta información de pagos de cientos de millones de pesos es absurda. No se nos consultó al respecto, pero tampoco se hizo lo propio con las entidades o partidos señalados en la nota de la revista. Televisa ya había señalado al WSJ que esta información era falsa y, posteriormente, lo hicieron varios de los aludidos (gobiernos de Estado de México, Puebla y el PAN).

7.- Pero Proceso y el señor Villamil además de no consultar a los aludidos, no revisaron los registros públicos respectivos. Tampoco corroboró que los monitoreos permanentes del INE, en materia de radio y TV, arrogasen algún tipo de cobertura indebida. Sencillamente no corroboraron información alguna y nos atacan con un libelo anónimo que ellos pudieron haber escrito. Dieron por bueno un anónimo, lleno de falsedades, pues decidieron dañar la imagen de Televisa, sus inversionistas, directivos y empleados.

8.-Tambien, la revista y Villamil narran con gran inexactitud lo acontecido entre Televisa y The Guardian en el 2012. Hablan de “acciones legales”, pero no señalan que The Guardian aceptó firmar un comunicado conjunto el que se aclara: i) que no hay base para acusar a Televisa de haber realizado coberturas televisivas irregulares en materia política-electoral, del 2005 al 2012; ii) que Televisa y sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales ; y, iii) que las autoridades electorales mexicanas resolvieron que la cobertura de Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y de neutralidad política.

9.- Pero las inexactitudes no paran ahí, la revista erróneamente hace referencia a supuestas investigaciones del “Departamento de Estado” lo cual no ha sido mencionado por nadie: ni por la nota de WSJ y ni siquiera por el anónimo. Sencillamente esto es otro invento.

Por todo lo anterior resultan en extremo gravosas las falsas e inexactas imputaciones que la revista hace sobre Televisa. Todas ellas sin fundamento alguno. Además resulta delicado que en ningún momento se consultó a Televisa a pesar de que escribió un reportaje de cuatro cuartillas sobre ella y sus directivos. Sencillamente Proceso y el señor Villamil inventaron una nota y lo que escribieron no tienen sustento alguno.

Atentamente,

Jorge Rubén Vilchis Hernández, representante legal de Televisa, y

Alejandro Olmos, director de Información de Televisa

Respuesta de Jenaro Villamil

Señor director:

1.-Hay suficientes elementos para sustentar que en Estados Unidos se está realizando una investigación sobre las cuentas de Grupo Televisa.

Este reportero recibió el miércoles 4 de mayo de 2016, vía correo electrónico, de una fuente confidencial, una serie de archivos que contenían lo siguiente:

a) Tres documentos idénticos, de 15 cuartillas, con fecha 20 de abril de 2016 dirigidos a las siguientes oficinas: Daniel Kahn, Criminal Division Fraud Section/FCPA Coordinator; Andrew Weissman, Fraud Section, Criminal Division U.S. Department of Justice; y Office of the Whistleblower, US Securities and Exchange Commission.

b) Junto con estos tres documentos, copia de la denuncia formal del autor del anónimo, ante las autoridades de la SEC, con fecha el 24 de abril de 2016.

c) En otro correo electrónico, 40 archivos relacionados con los elementos que se presentaban en el escrito de 15 cuartillas.

2.- A raíz de la publicación de la nota en The Wall Street Journal, este reportero corroboró el 6 de mayo el hecho de que había en curso una investigación con una fuente confidencial cuya identidad no será revelada, como parte del secreto profesional del periodista.

3.-Televisa alega que “fueron los directivos del Grupo quienes compartieron la carta anónima con WSJ”. Esta afirmación no se desprende de la nota del rotativo estadunidense, puesto que en ningún momento se admite que el anónimo haya sido entregado por Grupo Televisa.

En el último párrafo de esa nota señala que Televisa especula que el e-mail del anónimo también pudo haber sido enviado al Departamento de Justicia. Los abogados de Televisa afirmaron que ellos han contactado con el Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia declinó hacer algún comentario”, remató la nota de WJS.

La frase es inequívoca. El periódico no rechaza que se esté realizando una investigación. Simplemente señala que el Departamento de Justicia guardó silencio.

4.-Efectivamente, WSJ soltó una “bomba informativa” porque fue el periódico norteamericano el que se adelantó a otros medios, incluyendo a Proceso, al informar la existencia del anónimo, al acreditar que Grupo Televisa contrató a una compañía en Nueva York para autoinvestigarse y revelar parte del contenido de este documento.

Todo esto configura lo que en periodismo se llama exclusiva informativa. A partir de esta exclusiva, este reportero propuso la oportunidad de abundar sobre el contenido del documento y el contexto de las denuncias ahí expresadas, sin hacer valoración alguna de si son “ficticias o infundadas”, ya que esa es la versión de Grupo Televisa.

5.-En el párrafo de presentación del reportaje de Proceso se menciona lo siguiente: “Sin embargo, los datos sobre los escamoteos financieros de Televisa están documentados”.

Esta frase se basa justamente en la información derivada del documento anónimo, enviado a tres autoridades de Estados Unidos, y que Televisa considera de suma importancia para su prestigio ya que afirma que lo “compartió” con WJS y que ordenó una investigación a la firma de abogados Watchell, Lipton, Rosen & Katz para desmentir esa documentación.

Proceso y este reportero no mienten porque simplemente se basan en el contenido del documento, haciendo referencia a él y citándolo a lo largo de la nota publicada, al igual que la versión de Televisa sobre el mismo. Al respecto, vale la pena enfatizar en que quienes afirman que hasta el momento las acusaciones han resultado ficticias e infundadas, son Televisa y la firma jurídica que contrató.

6.-Reprocha Televisa que no se le hubiera consultado antes de publicar parte del contenido del documento anónimo.

La reacción de Televisa ante el documento está expresada en la propia información del WSJ y en una nota de “evento relevante” ante la Bolsa Mexicana de Valores, enviada el mismo viernes 6 de mayo.

Miente Televisa cuando señala que el reportaje no incluye su versión, porque sí está expresada en los cuatro primeros y en los dos últimos párrafos del texto, donde se cita el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La versión de Televisa está expresada en la nota que ellos mismos gestionaron con el WJS –tal como admiten en su carta de derecho de réplica– y en el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En reiteradas ocasiones, este reportero ha buscado al vocero oficial de Grupo Televisa, Alejandro Olmos, a través de comunicación por medios digitales y vía telefónica. Invariablemente, ante Proceso y ante este reportero, Grupo Televisa no da una respuesta, tal como ocurrió a principios de abril de este año cuando se le consultó sobre la empresa offshore del señor Alfonso de Angoitia, revelada en los #PanamaPapers.

7.-Televisa confunde el periodismo con el litigio en tribunales electorales o con las resoluciones de las autoridades en la materia (IFE y ahora INE). Señala que como la información sobre los convenios de Grupo Televisa con Enrique Peña Nieto “es sencillamente falsa” no se debe volver a mencionar ni a publicar.

Esa es su versión. En efecto, Proceso también le ha dado cobertura a las exoneraciones del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dice Televisa, que “para echar mano de más falsedades en el reportaje”, Proceso y este reportero retoman una “vieja e infundada historia” respecto a la promoción del entonces gobernador del Estado de México.

Para ellos será “vieja e infundada”, pero no ha dejado de tener interés público y de seguir ventilándose en los medios internacionales.

Uno de los cables del Departamento de Estado norteamericano, filtrado por WikiLeaks desde 2010 y fechado el 24 de septiembre de 2009, escrito por funcionarios de la embajada de Estados Unidos afirmó lo siguiente:

“Es un hecho ampliamente aceptado, por ejemplo, que el monopolio de la televisión Televisa respalda al gobernador (Peña Nieto) y le proporciona una extraordinaria cantidad de tiempo aire en emisión y otros tipos de cobertura.”

Peña Nieto “ha puesto en marcha un importante proyecto de obras públicas en las zonas seleccionadas por los votos, y los analistas y dirigentes priistas por igual han expresado en repetidas ocasiones a los funcionarios públicos de Estados Unidos su creencia de que él está pagando a los medios de comunicación el segmento de noticias favorables, así como potencialmente el financiamiento de los encuestadores para influir en los resultados de las mismas”. (Cable 09MEXICO2778_a).

En 2009, año de elecciones federales, un monitoreo de medios informativos difundido por el Senado, cuya copia tiene este reportero, señaló que entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2007, Peña Nieto acaparó en Televisa y en TV Azteca hasta ochos notas diarias y sumó 700. En segundo lugar, apareció el entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, con 449 notas en total, cinco al día.

El mismo monitoreo expuso que entre agosto y diciembre de 2008, en el principal noticiario de Canal 2, a Peña Nieto se le destinaron 23 horas y 21 segundos, de los cuales, 43% fueron clasificados como “infomerciales” y 57% como “notas informativas” relacionadas con el entonces gobernador mexiquense.

Estos monitoreos no coinciden, por supuesto, con el presentado por Grupo Televisa ante el TEPJF y elaborado por la empresa Medialog-Intélite, o el estudio realizado por el IFE-IBOPE-UNAM para comparar las coberturas en las elecciones presidenciales entre 2006 y 2012.

Estos monitoreos no incluyen las notas en secciones de espectáculos sobre el romance de la actriz Angélica Rivera y el entonces gobernador o el triunfo del equipo de futbol Toluca, en 2008, que sirvió de pretexto para que Peña Nieto apareciera o fuera mencionado en los programas deportivos de Televisa.

De eso se trata el secreto entre Televisa y Peña Nieto que no se quiere documentar y que todos los mexicanos vieron en la pantalla televisiva: realizar una intensa promoción que no se circunscriba sólo al terreno de los programas informativos o de análisis, sino que incorpore los ingredientes del advertainment (publicidad encubierta en los programas de entretenimiento) o product placement, como describe el documento de 15 cuartillas cuya copia tiene Proceso.

8.-La compra de “tiempo-aire” para tener una cobertura informativa favorable a gobernadores o dirigentes políticos está prohibida por la ley electoral mexicana y por la Constitución, pero no incluye otro tipo de contenidos que no sean los noticieros.

El hecho de que esté prohibida no significa que no se realice. Ahí radica el interés informativo del documento del que trata la nota publicada: una vez más se expone un sistema ilegal, de doble contabilidad, no reportado oficialmente ni tampoco ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos, para recibir dinero en efectivo de los gobernadores. El “modelo Peña Nieto” se ha expandido a otros mandatarios estatales.

Por supuesto, las cuentas oficiales no coinciden con los montos expresados en el documento anónimo porque se trata precisamente de eso: de dinero que llega de una forma directa, dándole la vuelta a la ley.

Este debate sobre el monto verdadero de lo que destinan los gobernadores y políticos a su promoción en medios electrónicos, particularmente en Televisa, terminaría en el momento que se den a conocer las pautas originales y los contratos completos y originales entre los gobiernos estatales y la televisora.

Televisa ha argumentado que este tipo de información es confidencial y podría beneficiar a sus competidores. Los gobernadores se han atenido a esta regla, ignorando que se trata de dinero público y, por tanto, sujeto a las reglas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En cualquier caso, el objeto de la nota publicada es dar cuenta de las denuncias contenidas en la carta anónima enviada a las autoridades de EU, incluyendo la versión de Televisa sobre éste. El reportaje trata sobre la existencia de ese documento, que Proceso no escribió, por cierto.

9.-A Televisa le molesta que un reportaje tenga el contexto de los antecedentes de este debate; en particular revivir las tres notas publicadas en junio de 2012 por el periódico británico The Guardian. Televisa afirma en su réplica que es inexacto hablar de “acciones legales” en contra del rotativo inglés.

En el comunicado conjunto, del 5 de febrero de 2013, que ellos mismos citan, se afirmó en un párrafo lo siguiente: “Bajo estas acusaciones, Televisa definió que no tenía más opción que presentar formalmente una demanda legal contra The Guardian”.

The Guardian aceptó firmar una carta conjunta con Grupo Televisa en donde reconoció que “la cobertura de noticias” en el proceso electoral de 2012 “ha sido resuelta por el TEPJF” y que “no fue posible confirmar la autenticidad de los documentos recibidos”.

En el mismo documento firmado conjuntamente por Grupo Televisa y The Guardian, citan como parte del contexto, lo publicado también por Proceso y este reportero:

“Uno de esos documentos ya había sido publicado en 2005 por un periodista mexicano. La autenticidad de dicho documento fue cuestionada por algunos sectores de la prensa mexicana y desmentido por Televisa.

“No obstante, The Guardian pensó que sus artículos planteaban una cuestión de interés periodístico sobre la relación entre Televisa (como la principal empresa radiodifusora de México) y algunos candidatos a puestos de elección. The Guardian publicó los artículos de buena fe, en base al material proporcionado por su fuente confidencial.”

10.-Televisa señala que otra inexactitud es referirse a “supuestas investigaciones del Departamento de Estado, lo cual no ha sido mencionado por nadie: ni por la nota del WSJ y ni siquiera por el anónimo. Sencillamente es otro invento”.

Aquí acepto que hay una inexactitud, pero no referente a las investigaciones. Simplemente debió señalarse Departamento de Justicia, tal como fue mencionado por la fuente confidencial.

Atentamente,

Jenaro Villamil Rodríguez

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/441994/televisa-proceso-falsea-informacion-jenaro-villamil-responde