Mostrando entradas con la etiqueta Jesús Murillo Karam. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jesús Murillo Karam. Mostrar todas las entradas

jueves, 31 de marzo de 2016

El 6 de abril, reunión de diputados con Murillo Karam por caso Ayotzinapa

La reunión del grupo especial de diputados para el caso de los normalistas desaparecidos con el ex procurador General de la República, será fuera del Congreso de la Unión, a petición de él mismo.

La Comisión Especial que analiza el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se reunirá el próximo 6 de abril con el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó su presidenta, Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN).

La reunión se llevará a cabo a las 18:00 horas en un lugar por definir, fuera de las instalaciones del Congreso de la Unión, a petición del ex funcionario federal, dijo la legisladora durante la XI reunión ordinaria de la comisión especial.

Murillo Karam ocupó la titularidad de la PGR durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en los que desaparecieron los normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa.

Murguía Gutiérrez también informó que el 11 de abril, a las 18 horas, se llevará a cabo otro encuentro con el responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, en las instalaciones de esa dependencia del gobierno federal.

Además, continuó, el 20 de abril se realizará una reunión de trabajo “con los conductores de los dos autobuses de la empresa Autotransportes Estrella Roja”, que durante los sucesos de septiembre de 2014 transportaban en Iguala, Guerrero, a una parte de los estudiantes desaparecidos.

La legisladora aclaró que está en trámite la solicitud para que los legisladores se reúnan con el conductor del llamado “quinto camión”, unidad 3278, que también formó parte de los acontecimientos de referencia.

Asimismo, el 23 de abril, a las 18:00 horas, se entrevistarán con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, en las oficinas de esta dependencia.


Finalmente, se acordó que la comisión especial realice una reunión extraordinaria, el próximo miércoles a las 09:00 horas, con el propósito de votar la propuesta de exhortar por escrito a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a que atienda la solicitud de los padres de los 43 normalistas de asistir y participar en una de las sesiones del Pleno en la Cámara de Diputados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/el-6-de-abril-reunion-de-diputados-con-murillo-karam-por-caso-ayotzinapa/

jueves, 10 de marzo de 2016

Comisión Iguala de la Cámara buscará reunirse con Murillo Karam

También intentará reunirse con los peritos de la PGR que elaboraron el primer informe relativo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Comisión Especial del caso Iguala anunció que buscará reunirse con el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y los peritos de la PGR que elaboraron el primer informe relativo a la desaparición de los 43  normalistas de Ayotzinapa, y conocer los argumentos que los llevaron a “la verdad histórica”.

Asimismo, tratará de entrevistarse con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, para conocer los avances alcanzados tras la última sesión con la procuradora Arely Gómez.

También insistirá en encontrarse con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y los peritos forenses argentinos.

La presidenta de esta comisión especial, Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), enumeró otra lista de funcionarios y actores involucrados en el caso Iguala, con quienes buscarán sesiones de trabajo en las próximas semanas, “a fin de continuar con la tarea de investigación”.

Entre otros, con Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), luego de las denuncias vertidas por familiares de los estudiantes desaparecidos, relativas a que se hicieron públicos los montos de la reparación de daños, lo que consideraron como violatorio de derecho y porque vulnera sus garantías individuales.

Otras solicitudes se harán llegar al director del Hospital General de Iguala y al director del Hospital Cristina, por los comentarios de los padres de familia del equipo de futbol Los Avispones, en relación con la dificultad que tuvieron sus hijos para ser atendidos tras del atentado.

Murguía Gutiérrez agregó que se buscará entrevistar al chofer del camión Estrella Roja, 3278, identificado como el quinto autobús y en el que el grupo de expertos independientes ha puesto especial énfasis.

“También se buscará al ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero y al Comité Estudiantil de la escuela normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa”, indicó.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano (MC), pidió que se reitere la solicitud de información a la PGR, en particular, la de un video filmado por cámaras de los juzgados penal y civil y la sala penal regional de la ciudad de Iguala, además del sistema de coordinación de información de las fuerzas de seguridad conocido como C-4.

Araceli Damián González (Morena) coincidió en que la PGR está obligada a entregar toda esta información requerida por la Cámara de Diputados, porque así lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Cristina Gaytán Hernández (PRD) cuestionó la actuación de la CEAV, ya que de la última reunión con Jaime Rochín, a la fecha, ha ocurrido una serie de acontecimientos irregulares sobre reparación de daños, por lo que solicitó una nueva audiencia con el comisionado Rochín.

La propuesta fue respaldada por el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) y aprobada por el pleno de la comisión.

En la reunión de trabajo de la comisión especial, su presidenta Guadalupe Murguía dio a conocer el primer informe de actividades del grupo.

Explicó que se trata de una relatoría de actividades que ha venido desarrollando la comisión, desde el día de su instalación hasta la última reunión que sostuvo con representantes del Congreso de Guerrero.


Aclaró que este documento no tiene conclusiones u opiniones, “simple y sencillamente es un informe de actividades”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0903/mexico/comision-iguala-de-la-camara-buscara-reunirse-con-murillo/

lunes, 14 de diciembre de 2015

¿Cárcel a Murillo Karam?

Los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) correspondiente a de la segunda parte de su mandato, para el caso Ayotzinapa, son demoledores por el gobierno de Enrique Peña Nieto y principalmente, son un “tiro de gracia” para el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Las nuevas evidencias demuestran que el señor Murillo Karam mintió. Su engaño no es solamente una mentira más. Su patraña, mejor conocida como la “verdad histórica” amerita consecuencias penales. El ex procurador y actual Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es un funcionario público y debe ser juzgado de manera inmediata. El prevaricato es un delito muy grave.

Las mentiras de Murillo Karam sobre Ayotzinapa constituyen un delito penal y también una profunda ofensa para todos los mexicanos. Esas mentiras son la prueba contundente de un crimen de Estado bajo la estructura de las instituciones.

Principalmente el Ejército a quien Murillo Karam y ahora la nueva procuradora Arely Gómez y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se dedican a proteger por orden de Enrique Peña Nieto. Por tanto, la responsabilidad de la “mentira histórica” recae directamente en Peña Nieto.

Para empezar, el GIEI basado en pruebas, estudios meteorológicos, imágenes satelitales de la zona durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, ha determinado de manera contundente que no hubo ningún incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Y es que, esa noche hubo una lluvia de 21.8 milímetros en Iguala y Cocula, por tanto es imposible que los muchachos fueran incinerados allí. De acuerdo al expediente, las declaraciones de inculpados y la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, ningún grupo mucho más reducido de normalistas fue llevado al basurero de Cocula. Y los expertos solicitan dejar de especular sobre esas hipótesis sin fundamento.

Otro de los aspectos importantes del nuevo informe es lo relativo al quinto autobús, un hecho ocultado por Murillo Karam. El GIEI ha revisado lo relativo a ese quinto autobús tomado por los normalistas, algo que tiene que ver directamente con un posible móvil de los hechos que las autoridades mexicanas han despreciado. La droga que supuestamente iba en ese autobús, fue un detonante importante para cometer el crimen contra los normalistas.

¿Hasta donde está implicado el Ejército en este crimen? Todas las pruebas se dirigen al 27 Batallón de Infantería de Iguala. Y lo más preocupante. Esas pruebas se dirigen también a los protectores de las Fuerzas Armadas. No es de extrañar que la PGR se pase por el arco del triunfo los requerimientos solicitados por el grupo de expertos en su investigación.

Con asombro, el GIEI, descubrió que 11 de los 27 militares del 27 batallón con los cuales han solicitado entrevistarse, ya habían sido interrogados y ampliaron su declaración ante la PGR, algo que la Señora Arely Gomez ocultó en su momento deliberadamente a los expertos, quienes después tuvieron acceso a dichas entrevistas. Lamentablemente, son entrevistas a “modo” que dejan muchos cabos sueltos.

Basta recordar que desde el principio el GIEI solicitó entrevistar a todo el personal del Batallón, pero el señor Peña Nieto y sus funcionarios se han concretado a dar largas y prefieren irse por las ramas que asumir directamente el costo de la implicación de los militares en este terrible crimen de Estado.

La Procuradora ha preferido ignorar la solicitud del grupo de expertos. Y pone como condición que el GIEI entregue un cuestionario a la PGR y que los militares lo contesten sin la presencia de los expertos. Un requisito no utilizado a la hora de entrevistar a los normalistas, en donde la PGR facilitó totalmente el acceso a los expertos.

Durante años, los distintos gobiernos se han negado a entregar información sobre los crímenes perpetrados por el ejército. La opacidad cubre a las Fuerzas Armadas. De esa forma han logrado vivir en la impunidad.

Pero los expertos no se andan por las ramas. Señalan la imperiosa necesidad de re-entrevistar a todos los militares. Para ello, ya ha preparado las preguntas, pero exige estar presente durante su contestación para repreguntar y profundizar de acuerdo a los estándares internacionales en torno a la investigación de este tipo de crímenes.

A pesar de las barreras y obstáculos que la PGR ha puesto para proteger a los militares, los expertos han contado con numerosas declaraciones de elementos castrenses tomadas desde diciembre de 2014 que han dejado pistas importantes, pero la PGR las ha ignorado de manera intencionada a pesar de que existen material fotográfico en posesión de los militares.

El ejército es una institución vertical, sumamente disciplinada que lo archiva todo. Seguramente, el 27 Batallón tendrá todo tipo de material gráfico de esa noche que hasta el momento no ha sido entregado a los expertos, ni siquiera el video tomado en la zona del Palacio de Justicia, donde sabemos, fue detenido y desaparecido un grupo de normalistas.


Es evidente que Peña Nieto prefiere su desprestigio, antes que permitir a los expertos investigar la clara participación del Ejército en el crimen de Ayotzinapa. Si continúa esta protección por encima de la ley, su nombre pasará a la historia junto al de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o el famoso estadista Ernesto Zedillo, ex presidentes cuyos crímenes de lesa humanidad siguen en la memoria colectiva.  Ayotzinapa es el nuevo Tlatelolco, Aguas Blancas o Acteal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/14-12-2015/42527

jueves, 10 de diciembre de 2015

Reunión secreta de Murillo Karam con diputada panista provoca reclamos en San Lázaro

MÉXICO, DF (apro).- En privado y sólo con la presidenta de la comisión de Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía, el exprocurador de la República Jesús Murillo Karam se reunió para ratificarle que los estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, según pruebas y declaraciones que tuvo a su alcance durante su periodo como ministerio público federal.
La presidenta de la comisión legislativa informó lo anterior al resto de los diputados durante la sesión ordinaria de este miércoles, quienes molestos, reclamaron a Murguía no avisar del encuentro, no invitarlos, salir sin información y sin una fecha para el encuentro formal con el organismo camaral.
Cristina Gaytán, del PRD; Araceli Damián, de Morena; Marbella Toledo, de MC; y hasta el diputado de PVEM y secretario de la comisión, Víctor Manuel Silva; enfrentaron a la panista mostrándole su malestar por el encuentro.
La panista Guadalupe Murguía les detalló cómo se dio el encuentro: el 26 de noviembre llegó a su oficina la diputada federal de representación proporcional por el PVEM Sharon María Teresa Cuenca Ayala, acompañada de un “representante” del exprocurador, planteándole una reunión para el 1 de diciembre.
Nos vimos en las oficinas donde supongo que él trabaja, dijo la presidenta de la comisión. Ahí, Murillo Karam aseguró que él tenía toda la disposición de reunirse con la comisión en pleno, sin embargo, la condicionó diciendo que sólo en caso de que los diputados tuvieran dudas de lo expuesto a Murguía.
De lo dicho por el exprocurador a la presidenta de la comisión no hay un solo dato nuevo. Reiteró que cuatro detenidos fueron quienes declararon la forma en que fueron incinerados los jóvenes en el río de Cocula, que días después elementos de la Procuraduría acudieron al lugar encontrando cenizas y restos óseos, lo cual fue asegurado. Incluso, sostuvo que de tales restos humanos se tomaron las muestras más completas para enviarlas al laboratorio de Insbruks, Alemania.
De ahí, reiteró Murillo a la diputada presidente, se identificaron como los restos de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Es decir, insistió en que los 43 estudiantes fueron incinerados y arrojados sus restos al río Cocula.
Para sostener su versión y convencer a la legisladora, el exprocurador le entregó una serie de copias con todas las declaraciones y versiones estenográficas de las conferencias que ofreció durante el tiempo en que se desempeñó como procurador. Documentos todos que son públicos y se pueden encontrar en la página web de PGR.
Murillo Karam le dijo a la diputada del PAN: “sostengo todas y cada una de las declaraciones que di”.
El pretexto para que la panista asistiera al encuentro privado con Murillo Karam fue que de ahí saldría la fecha del encuentro oficial, sin embargo, ello no sucedió y Murguía salió sin documentos nuevos, reveladores y sin fecha de próxima reunión.
Las diputadas que reclamaron a la presidenta de la comisión le advirtieron que el encuentro “fue de carácter personal” y que de ninguna manera el exprocurador considere que ya rindió un informe a los legisladores de la comisión especial.
Molesta, Cristina Gaytán, de PRD, le reclamó que estuviera actuando como “vocera” de Murillo Karam, calificando de “incorrecto” el encuentro, pero lo peor le dijo, fue que no informara a la comisión en pleno de lo que ocurriría.
Araceli Damián dijo, “me preocupa que haya acudido a esa reunión sin informar al resto de los miembros de la comisión, pero hay otro asunto, ni siquiera salió con una fecha de próximo encuentro oficial”.
Visiblemente incómoda por los reclamos, la diputada Murguía les recordó que otros miembros de la comisión han gestionado encuentros con los involucrados en el tema y nadie les ha reclamado.
Gaytán, quien ha tenido reuniones con familiares de Julio César Mondragón, el joven desollado, y con los miembros del grupo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, le reviró: “sí es cierto, pero la diferencia es que cuando logramos contactarlos le avisamos al resto para que asistiera quien lo desee y se lo informamos todo a usted”.
La diputada de MC, Marbella Toledo dijo, “quiero creer que fue sin dolo ese encuentro, pero le pido que le diga al procurador que sí hay dudas, tan hay dudas que se creó esta comisión especial. También le pido que le informe que ahora él venga a la Cámara de Diputados y se reúna con nosotros”.
Los reclamos hacia la presidenta de la comisión llegaron de todos lados, hasta de los aliados del PRI. El diputado de PVEM y secretario de la comisión especial, Víctor Manuel Silva, dijo que daba la razón a las legisladoras que reclamaron “y más en un encuentro como este con el exprocurador que es tan importante”.
Araceli Damián volvió a tomar la palabra y se quejó: “es importante que se dé una fecha de encuentro. Usted se reunió con él y salió sin fecha, entonces ¿a qué fue?
Guadalupe Murguía les comunicó que seguirá insistiendo en que se realice la reunión con la comisión en pleno, pero también les recordó que envió diversos oficios a la Secretaria de Gobernación, la PGR y el Instituto Nacional Electoral, para que le proporcionen el domicilio de Murillo Karam y poder ubicarlo”.
Fuente: Proceso
Autora: Jesusa Cervantes
http://www.proceso.com.mx/?p=423046

lunes, 28 de septiembre de 2015

¿Juicio político de diputados a Murillo Karam? Ajá, sí: 3 años, 84 exigencias, 0 resultados

El PRD presentó en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político a Jesús Murillo Karam. Pero la oposición no concretó ni una de las 84 peticiones que hizo en los últimos tres años. ¿Lo logrará ahora?

La Cámara de Diputados recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.

La nueva demanda fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

No es la primera vez que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, la demanda de juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara de Diputados.

En respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.


La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.

La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.

Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.

En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.

La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.

José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.

Ese Diputado por el Estado de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente su admirador.

“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político pendiente.


JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS

En el marco de diversas demandas de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva por parte del funcionario implicado.

“No tenemos esos mecanismos [de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el especialista.
Por su parte, Jesús Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa o indirectamente, en escándalos políticos.

“En otras sociedades, frente a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.
En los últimos tres años, de nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas, de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio político.

Algunas de las solicitudes que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.

En octubre de 2014, el entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.

Huerta ladrón de Guevara dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

En septiembre de 2014, grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.

De acuerdo con los demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya, Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una bala de goma disparada por la policía de Puebla.


MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA

La demanda de juicio político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición de sus hijos.


“Consideramos que no puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador perredista Francisco Martínez Neri.

Esta es la segunda ocasión que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre.

El primero se presentó el 14 de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda. En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.

Hace pocos días, el 8 de septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.

A pesar de que no existen buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

“Efectivamente, las mayorías se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que, en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.
Para el coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la alcaldía bajo el amparo de los perredistas.


“Creemos que esto es para expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”, dijo el líder parlamentario priista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2015/1498627.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Llamarán a comparecer a Murillo Karam y Rubido por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Los enfrentamientos entre normalistas y elementos de seguridad pública en la carretera a Tixtla, Guerrero, son reflejo de “la incertidumbre, la duda, la desconfianza en las autoridades. Y la víspera del aniversario, ello sólo genera tensión”, sostuvo hoy la presidenta de la Comisión Especial de Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Entrevistada al término de la segunda reunión de la comisión especial, también se informó que solicitarán la comparecencia del exprocurador Jesús Murillo Karam y del excomisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para que detallen cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, aunque aún no hay fecha para ello.

En cuanto a los acontecimientos de Tixtla, la presidenta de la comisión dijo que éstos no pueden analizarse de manera aislada, “sino vinculados necesariamente con la desaparición de los estudiantes normalistas”.

También hizo un llamado a que no crezca la violencia, sin embargo, consideró que las conclusiones a las que han llegado las autoridades han generado parte de esa irritación, y por ello “no se ha podido contener el malestar político y social”.

Sin calificar la acción de los policías locales contra los normalistas, la diputada del PAN dijo que el enfrentamiento de hoy “es reflejo de la angustia, del descontento, de la exigencia social de encontrar la verdad respecto del paradero de los muchachos estudiantes”.

Se refirió también a la descalificación que hizo Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación Alto al Secuestro, del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, postura que “genera inquietud”.

“Genera inquietud. Las conclusiones a las que han llegado los expertos de la Comisión Interamericana tienen un alto grado de credibilidad en la opinión pública, y el deseo es que se continúe con estas investigaciones. De hecho, van a continuar seis meses más, se habla de que puede haber otro grupo de expertos que intervenga, y la petición es, pues sí, que intervengan otros, pero en todo caso que no queden excluidos los expertos de la Comisión Interamericana, sino que en todo caso se sumen a los trabajos, para ver cómo se pueden conciliar las conclusiones”.

Los integrantes de la comisión buscarán participar en el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 normalistas pues, aclaró la presidenta de la comisión, no han sido invitados.

De no encontrarse en dicha reunión, intentarán contactarlos en otro momento. Por lo pronto, el próximo viernes participarán en el segundo encuentro entre senadores y los miembros del citado grupo interdisciplinario de la CIDH.

Además, en las próximas semanas buscarán reunirse con exfuncionarios y actuales funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

La legisladora explicó que requieren saber qué significan los 72 puntos que la Universidad de Innsbruck dio a la identificación del segundo normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y qué grado de certeza tienen de ello.

“Creo que sería deseable que el resultado, fuera cual fuera, aun en el supuesto que hubiera coincidencias en el ADN mitocondrial con la madre de alguno de los estudiantes, que se nos pudiera explicar el grado de coincidencia, qué margen de certeza da, toda vez que en la anterior conferencia que dio la procuradora señala que hay 72 puntos de coincidencia de ADN mitocondrial en el caso de Jhosivani Guerrero por ejemplo, pero también hace la referencia a que en el caso de Alexander Mora, el anterior muchacho, cuyo restos se identificaron, había más de mil puntos de coincidencia”, detalló.


Lo deseable sería, aun en caso de otras coincidencias, “que nos dijeran (por parte de PGR): es un grado de confiabilidad baja, media, alta, un porcentaje, etcétera”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTE.
FECHA: 22 SEPTIEMBRE 2015.

domingo, 20 de septiembre de 2015

Pasta de Conchos: otro fracaso de Murillo Karam

MÉXICO, D.F: “Es una decisión presidencial”, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

Peña Nieto había promulgado la Ley de Víctimas superando el estancamiento que venía del sexenio de Felipe Calderón; Murillo anunciaba la eliminación del arraigo y un nuevo mecanismo de búsqueda de desaparecidos, para lo cual se nombró subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, al veterano panista Ricardo García Cervantes.

Esperanzados en el nuevo discurso, a la cita con Murillo y García Cervantes acudieron Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz; Trinidad Cantú, madre del trabajador Raúl Villasana; además, estaba la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach; el sacerdote Carlos Rodríguez, así como los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Rodrigo Olvera Briseño.

A tres años de distancia, la “decisión presidencial” fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para continuar con la indagatoria abierta el 13 noviembre de 2013, luego de que la serie de acciones previas del gobierno de Coahuila, del sindicato minero, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de otras instancias gubernamentales, junto con las trabas que pusieron jueces federales, resultó en que la denuncia por desaparición con la que se intentó abordar el caso no podía desahogarse. La incompetencia se declaró el pasado 1 de septiembre.

Para determinar que no podía investigarse en la mina siniestrada, la PGR y la justicia federal dieron por válido un peritaje realizado por Daniel Wooton, un supuesto perito estadunidense contratado por la empresa propietaria de la mina, y por lo tanto no independiente, cuya conclusión fue legitimada por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en 2007.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, un siniestro provocó que 65 trabajadores carboneros quedaran atrapados en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, una subsidiaria del Grupo México, el emporio ferro-minero de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país.

En los días que siguieron al accidente, Grupo México informó que, debido a las altas temperaturas generadas por una explosión, no había posibilidades de que los trabajadores estuvieran con vida, e inclusive Protección Civil y la Secretaría de Salud del estado aseguraron que era imposible encontrar restos, si acaso habría cenizas, con una explicación similar a la que se dio en la “verdad histórica” por el caso Ayotzinapa y la incineración en el basurero de Cocula.

No obstante, la empresa se comprometió a sacar los restos humanos de la mina para darles sepultura, sin que la PGR ni las autoridades de Coahuila asumieran la investigación en el lugar de los hechos, esto es, la escena del crimen quedó a cargo de los posibles perpetradores. Durante el tiempo que duró el “rescate”, sólo dos cuerpos fueron localizados. Las necropsias revelaron que no murieron calcinados, como decían la empresa y el gobierno, sino por asfixia. Entonces, todo se encaminó en los meses siguientes a cerrar la estructura y a impedir por todos los medios que alguien la investigara.

En marzo de 2007, Grupo México anunció la suspensión de los trabajos con base en un estudio conocido como “Informe Wooton” –llamado así por el mencionado estadunidense–, que entre otros aspectos decía que si continuaban, podían desatarse epidemias regionales de salmonela, sida y tuberculosis.


Los deudos de los mineros y defensores de derechos humanos que los apoyaban, consideraron que esa justificación era absurda, luego de consultar a científicos que descalificaron ese tipo de contagios. No obstante, la STPS dio por buena la información. Por la presión de los deudos, se instruyó un nuevo estudio del Foro Científico y Tecnológico, que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, interpretó a modo para evitar a toda costa que hubiera trabajos en el lugar, cancelando así la posibilidad de recuperar los restos humanos y resolver lo que originó el siniestro durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

La declaratoria de incompetencia de la PGR en el caso Pasta de Conchos:




Desaparecidos no, muertos

A un mes de iniciado el gobierno de Peña Nieto, el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, anunció que buscaría la forma de reabrir el caso Pasta de Conchos. Lo hizo en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso 1888, del 5 de enero de 2013.

Fue hasta 11 meses después, el 13 de noviembre, cuando se abrió una averiguación previa, la AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M14/136/2013 (la copia de la conclusión la tiene Apro), a través de la agencia Ministerio Público federal, mesa cinco, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, creada en 2013 por García Cervantes.

La razón para que fuera así es porque la PGR consideró que al no haber encontrado 63 cuerpos, podía intentar el rescate de los restos mediante los instrumentos legales para la figura de desaparición. El tema era jurídicamente complejo, pues en Coahuila se habían emitido actas de defunción que el gobierno de Humberto Moreira justificó en la necesidad de las viudas y deudos por obtener indemnizaciones, de manera que se elaboraron en 2007, pero ante la presión por la ilegalidad y la falta de fundamento para que se acreditara cómo habían muerto los trabajadores, se expidieron otras en 2009. En dos años hubo 130 actas de defunción por 65 personas, sin cuerpos ni evidencias obtenidas por las autoridades.

Una averiguación previa por homicidio culposo de la Procuraduría de Justicia local, ordenó a Grupo México, el 13 de marzo de 2007, que realizara un peritaje. Así se integró el informe Wooton. Para el 13 de abril siguiente, el caso se sobreseyó con el pago de 182 mil pesos a los deudos de cada minero. (Proceso 1591).

El aparente acto de justicia cumplió otro propósito favorable a la empresa que se había comprometido a pagar tres turnos a las familias, mientras los cuerpos estuvieran dentro de la mina: como el gobierno de Humberto Moreira concluyó que estaban muertos y emitió actas de defunción, la empresa dejó de pagar a las viudas y deudos.

Aún peor. Como el proceso penal se concentró en cinco empleados de la mina, Grupo México se amparó, argumentando que no era responsable del accidente como empresa, así que escamoteó las pensiones.

Ya en 2008, un reportaje publicado en la revista Proceso del 17 de febrero de 2008 (1633) anticipaba:

“Con el cierre de la mina Pasta de Conchos, el Grupo México, las autoridades federales y el gobierno de Coahuila intentan darle carpetazo al caso de la explosión que hace dos años sepultó a 65 obreros. Aspiran al crimen perfecto: ahorrarse el pago de indemnizaciones y pensiones, además de evadir las sanciones a funcionarios y a la empresa”.

Y así fue, excepto por las indemnizaciones. Las acciones del gobierno de Coahuila y de Grupo México en 2007 permitieron que en 2014, el desarrollo de la averiguación previa federal impulsada por García Cervantes no prosperara conforme al criterio de los jueces federales que conocieron el asunto abierto en la actual administración.

Rescate o cosa juzgada

Unas semanas después de abierta la averiguación, el subprocurador García Cervantes tomó licencia médica y renunció en mayo de 2014. El caso quedó a la deriva, aunque para entonces la negativa de un juez federal anticipaba el fin del caso.

El Ministerio Público (MP) no pudo siquiera entrar a la mina, porque cuando llegaron, los guardias de seguridad privada les impidieron el paso. Entonces, decidieron pedir autorización judicial para realizar un cateo con forenses colombianos que ayudarían a determinar si se podía investigar la estructura colapsada.

El 14 de marzo de 2014, el MP solicitó al Juzgado Tercero Penal, especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que autorizara un allanamiento en la mina, pero ese mismo día se le negó, con el argumento de que no iban por evidencia, sino a revisar si podían ingresar para recuperar los cuerpos.

El 20 de marzo, una nueva petición se realizó y se respondió que con las nuevas documentales expuestas por el MP sólo se acreditaba que el incidente ocurrió, pero no la comisión de algún delito.

Finalmente, la última petición, realizada el 21 de marzo, devino una vez más en negativa, pues el juez consideró que si bien los hechos indagados podían configurar el delito de homicidio, el asunto no era competencia federal, sino del fuero común, pues no había servidores públicos federales involucrados, de acuerdo con las documentales aportadas.

Fue hasta entonces cuando el MP federal buscó las actuaciones que la PGR realizó con anterioridad para saber si había delitos federales que pudieran invocarse para solicitar una vez más el cateo. Encontró una: la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, abierta por la posible comisión de delitos de servidores públicos.

En esa indagatoria encontraron que no había actuaciones, pues con base en el Informe Wooton, la PGR asumió que no podía investigar más, así que no hubo indagación y los posibles delitos prescribieron el 31 de octubre de 2012.

Otra competencia federal era por delitos ambientales, pero resulta que las autoridades en la materia no pudieron documentar nada, bajo el argumento de que el sindicato minero, en Pasta de Conchos, estaba en huelga, un dato poco conocido que imposibilita jurídicamente la investigación en el lugar. Luego, esos delitos también prescribieron.

En otras palabras, la PGR pudo investigar hasta octubre de 2012 a la empresa y a los funcionarios públicos que por acción u omisión pudieran tener responsabilidad en los hechos por delitos ambientales. Basada en el peritaje de la empresa y en la huelga del sindicato, dejó correr el tiempo y todos los plazos vencieron.

Así, la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto resolviera el caso se redujo a la declaración de incompetencia y a una conclusión: como la Ley de Víctimas estipula que los familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y que la víctima desaparecida tiene derecho a su rescate, pero la PGR no tiene competencia, se envió el expediente al gobierno de Coahuila para que investigue. El aviso declinatorio y el expediente se recibieron en Coahuila el 8 de septiembre, según el acuse del que esta agenciatiene copia.

Coadyuvante en la averiguación previa federal, Rodrigo Olvera Briseño, advierte en entrevista con Apro la dilación en la declaración de incompetencia, pues la negativa del juez se dio desde marzo de 2014. También sabían que los delitos federales prescribieron, pero esperaron más de un año para darlo a conocer. Esto es: alimentaron la esperanza, no investigaron y todo quedó impune.

Para Olvera Briseño, el gobierno de Peña Nieto se quitó de encima el caso y lo trasladó al gobierno de Coahuila, que precisamente contribuyó de origen al desastre jurídico en que se convirtió el caso.

“Le están diciendo a Rubén Moreira: tu hermano (Humberto Moreira, gobernador en la época en que ocurrieron los hechos) hizo mal. Ahora vuelve a investigar, resuelve si hay más responsables de homicidio y cumple con la verdad que se le debe a los familiares de las víctimas”.

La cuestión ahora, dice Olvera, es saber si el gobernador va a abrir otra averiguación previa por homicidio sobre otros responsables, o reitera que es cosa juzgada. Si va a instruir la apertura de la mina o, por otra parte, se acoge al peritaje entregado por la empresa o al argumento de que supuestamente hay huelga y nada se puede hacer.


“Obviamente, todo esto muestra que no hay voluntad institucional de hacer justicia, después de tantos años, nadie asume responsabilidad por el esclarecimiento ni el rescate de los cuerpos”, concluye.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

sábado, 12 de septiembre de 2015

Brutal revés para el ‘perro guardián’ de Peña Nieto

Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un grupo de especialistas independientes analizaran el caso para que se cayera esa versión, fabricada para justificar la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a los policías federales.

MÉXICO, D.F: La tarde del 31 de enero de 2013 una detonación cimbró las estructuras de la Torre B2 del complejo de edificios de Pemex. Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó la estructura diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a decenas de personas atrapadas en los escombros.

El gobierno de Enrique Peña Nieto apenas cumplía dos meses. Las versiones sobre un atentado proliferaron dentro y fuera de la emblemática paraestatal. La administración federal necesitaba darle un “carpetazo” al episodio, que dejó un saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Cinco días después del accidente, el 4 de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio de la suspicacia social: la explosión fue causada “por gas acumulable”.

Cuando los reporteros le preguntaron en conferencia de prensa por un maletín encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía ser un chiste: “Abren la maleta y se encuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más peligroso que traía esa maleta”.

Ese chiste posicionó a Murillo Karam como uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto más repudiados en las redes sociales. En menos de cuatro horas, a las 10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en Twitter, según el sitio especializado Topsy.

Aún no había pronunciado el famoso #YaMeCansé. Ésta la dijo al final de la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto de procurador fue perfilando su “verdad histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala.

#YaMeCansé se convirtió en el hashtag más replicado hasta ahora en las redes sociales en México. Entre el 7 y el 20 de noviembre, fue mencionado en más de 10 millones de mensajes de Twitter y más de 15 millones en Facebook.

Esas tres palabras se convirtieron en el síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre de Pemex, Murillo Karam pretendió darle “carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

martes, 8 de septiembre de 2015

Promueve PRD juicio político contra Murillo Karam

MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados creará una segunda comisión Ayotzinapa, anunció el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Al tiempo que el PAN advirtió que, de comprobarse los señalamientos de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los responsables tendrán que responder por ello”, el PRD anunció la presentación de un juicio político contra Jesús Murillo Karam por haber destruido pruebas y distorsionar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El priista Camacho Quiroz destacó que, a diferencia de la pasada legislatura que creó por vez primera dicha instancia de investigación, ésta no partirá de cero, pues dará seguimiento al informe que dio el grupo de trabajo de la CIDH, mismo que echó por la borda la “versión histórica” formulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

La Jucopo, en donde están representados todos los partidos políticos, elaborará una propuesta de conformación para que sea votada la nueva comisión Ayotzinapa. En tanto ello sucede, en la sesión de este martes 8 se abordará el tema en la llamada “agenda política”.

Camacho Quiroz evitó fijar una posición respecto del reporte emitido sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quienes, según Peña Nieto y Murillo Karam, fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, posición que fue descalificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Incluso dijo que fue el propio PRI quien presentó la propuesta de crear la segunda comisión luego de que en la reunión de la Jucopo de hoy todos los partidos presentaron puntos de acuerdo sobre el tema. “Se decidió, a través de Jorge Carlos Ramírez Marín, conformar una comisión de investigación”, acotó.

“Es un informe, sin agregar juicios de valor ni adjetivos. Es un informe. El presidente Enrique Peña Nieto ha instruido a sus colaboradores, compañeros que trabajan en la Secretaría de Gobernación, en Relaciones Exteriores y en la PGR, a que se hagan cargo del contenido del informe a efecto de darle la atención y canalización correspondiente. Es un asunto que está en curso y es muy temprano para adelantar vísperas”, comentó el priista cuando se le preguntó si no consideraban el reporte un golpe al gobierno de Peña Nieto.

Aclaró también que no fue una propuesta del PAN, “lo que ocurrió es que tratándose del mismo tema, construimos la opción de crear una comisión especial cuyos términos precisos fueron propuestos por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, sin que nadie deba adjudicarse la propuesta de creación”.

El coordinador de los panistas, Marko Cortés, advirtió que ante el derrumbe de la “verdad histórica” que presentó Murillo Karam sobre los hechos “hay dos posibilidades: una gran falta de capacidad de las autoridades, o complicidad y ocultamiento de información en este tema”.

También dijo que México debe saber la verdad y precisó que esta comisión especial deberá ser coadyuvante para que todas las instancias en el país realicen bien su trabajo. Lo que no aclaró fue por qué durante la pasada administración, cuando su partido tuvo la presidencia de la misma comisión, a través de Guillermo Anaya, no se mostraron críticos ante las autoridades ni pudieron exigir un papel real de “coadyuvantes”, pues siempre fueron ignorados por las autoridades.

Lo que sí anunció es que su grupo propondrá que el 26 de septiembre sea declarado como Día Nacional contra la Desaparición Forzada, en memoria de los normalistas de Ayotzinapa.

Juicio político a Murillo Karam

El coordinador de los perredistas, Francisco Nery Martínez, anunció que promoverán la realización de un juicio político contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, “por haber falseado la investigación”.

El informe del GIEI, añadió, muestra que la “verdad histórica” de Murillo fue un engaño.

“Lo que está ocurriendo es gravísimo. Significa que el país está al revés, porque en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, observamos que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y, sobre todo, que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero”, reclamó.

“No es suficiente que el gobierno diga que habrá un nuevo peritaje, pues aunque éste es indispensable, también es insuficiente. Lo que está en discusión es que el gobierno mintió a los familiares de las víctimas y a la sociedad, porque los hechos no ocurrieron como lo afirman las autoridades”, acusó el líder perredista.

Comisión sin resultados

En la 62 Legislatura, la comisión especial de Ayotzinapa la encabezó el panista Guillermo Anaya y participaron por MC, Ricardo Mejía; por PT Lilia Aguilar; del PRD Lisbeth Rosas, y por el PRI, Manuel Añorve.

La comisión entregó un “pre-informe” y no aportó nada nuevo al caso.

En la sesión de este martes, antes de discutir en la agenda política el tema de Ayotzinapa, los diputados -dos por cada partido- intervendrán en la revisión de la glosa del informe presidencial entregado el 1 de septiembre por Peña Nieto, y será la política interior y la exterior lo primero que se analizará, para el jueves próximo abordar la política social y la económica.

También este martes 8 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregará a las 5 de la tarde -en el salón C de Protocolo- el proyecto del paquete económico para el 2016.


Debido a que aún no se conforman las nuevas comisiones legislativas (entre ellas la de presupuesto y la de hacienda) un grupo de trabajo empezará el análisis del paquete económico para el próximo año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Murillo Karam no mintió: SEIDO; estudiantes sí fueron incinerados: PGR

MÉXICO, D.F: Puesta contra la pared por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de echar por tierra la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, echó mano de sus subordinados para defender la versión oficial construida por su predecesor, Jesús Murillo Karam.

En entrevistas por separado, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, aseguraron que la indagatoria se ha llevado con absoluta seriedad, por lo que descartaron de antemano que Murillo Karam haya falseado la información de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

“Estamos seguros de lo que pasó, es un gran incendio”, dijo Zerón a Grupo Imagen Multimedia.

La hipótesis de la incineración de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula obra en declaraciones y está basada en testimonios y en recreaciones, destacó.

Añadió: “Estamos seguros que en Cocula fueron quemados un número importante de estudiantes”.

Y aseguró que la PGR valorará la información del GIEI “para ver la incorporación a la averiguación previa lo que sea útil”.

Zerón insistió que en el gobierno federal “estamos muy abiertos”, pero dejó claro que “para nosotros los peritajes de la PGR son contundentes”.

De su lado, Muñoz Vázquez destacó que “dentro del informe (del GIEI) hay coincidencia en qué fue lo que ocurrió”, y subrayó que hasta ahora tienen “pruebas sólidas que acreditan la responsabilidad” de autoridades policíacas municipales y personas vinculadas al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

“Es una investigación sólida, un expediente que se ha trabajado con seriedad, con peritajes serios”, insistió.

Destacó, asimismo, que la procuradora Arely Gómez ha mantenido reuniones y la investigación no concluirá hasta detener a todos los responsables y hasta que se arribe a la verdad histórica de los hechos ocurridos hace casi un año.

En otra entrevista con Primero Noticias, de Televisa, Muñoz puntualizó que todos los datos, hipótesis y líneas de investigación recomendadas por el GIEI serán tomadas en cuenta para un “tercer peritaje” que permita concluir “qué fue lo que pasó”, aunque no hay tiempo estimado para su presentación, advirtió.

Enfatizó que la PGR no ha concluido nada sobre este caso y se mantiene como una investigación abierta.

De acuerdo con el titular de la SEIDO, el reporte hecho en su momento, cuando la PGR era encabezada por Murillo Karam, marcó el rumbo, pero sólo hasta que se concluya la investigación se sabrá si fue buena o mala.

“Nosotros investigaremos y buscaremos la verdad histórica de estos hechos. Si la investigación nos lleva a que los jóvenes están vivos, sería lo deseable. La verdad histórica no está dicha”, afirmó.

Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados de su investigación del caso Ayotzinapa y concluyó que los estudiantes no fueron incinerados en un basurero, mientras que su trayectoria fue vigilada y monitoreada en tiempo real por la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería del Ejército y las policías estatal, municipal y ministerial.

La principal hipótesis oficial de que los estudiantes habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó. Ese es un dato “científicamente imposible”, apuntó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detalló que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron objeto de ataques coordinados por policías municipales de Iguala y Cocula ante la inacción o “pasividad” de agentes federales y militares, que tenían conocimiento de lo que sucedía y no intervinieron.

Francisco Cox, abogado chileno integrante del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que hay inconsistencias entre declaraciones de detenidos en horas y preparación sobre lo establecido por autoridades en expediente en el supuesto incendio en el basurero de Cocula.

Por tal motivo, el grupo de expertos llegó a la conclusión de que los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa no fueron incinerados en el lugar.

Por separado, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo que no quieren que la SEIDO y la AIC sigan investigando la desaparición de los normalistas porque “ellos fueron los artífices que crearon esto” (la incineración de los estudiantes) y “obstruyeron la búsqueda de la verdad”.

Destacó que si bien la investigación del GIEI no es tan distinta a la de la PGR, sí sufrió una modificación, por lo que es importante verificar la actuación de los funcionarios de la dependencia que construyeron el caso.

“La reflexión de nosotros es que se modifica toda la investigación en su conjunto, no sólo el tema del basurero, que es el que está causando hoy polémica, sino todo el curso de la investigación”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.


Rosales destacó que después del próximo jueves 10 los expertos irán del país, por lo que –resaltó– es importante una reunión con el presidente Enrique Peña para exigirle un replanteamiento de la investigación y saber qué fue lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014 con los normalistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

domingo, 6 de septiembre de 2015

Expertos desecharon “verdad histórica” de Murillo Karam… desde noviembre del 2014

MÉXICO, D.F: “La verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa dada a conocer el 7 de noviembre del 2014 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (quien diez meses después fue desaparecido por el presidente Enrique Peña Nieto de su gabinete), fue refutada por peritos, expertos y testimoniales de pobladores del municipio de Cocula, Guerrero, de manera inmediata.

El semanario Proceso, en su edición 1985 del 15 de noviembre publicó en su portada una imagen del basurero en el que de acuerdo con la versión oficial habrían sido incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, acompañada de un título contundente: La pira increíble.

Y en esa misma edición que da cuenta de testimonios de funcionarios municipales y pepenadores, publicó una entrevista con el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, quien afirmó: “ahí no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.

Semanas después, en el número 1999 del 21 de febrero de este año, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” de la PGR, el perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Arturo Talavera aseguró que era falso que en ese lugar se hubiera prendido fuego a los normalistas.

El 15 de noviembre, Proceso, en un reportaje firmado por Marcela Turati da cuenta de observaciones realizadas durante una visita a El Papayo, como se conoce al basurero de Cocula.

La gente que siempre está allí asegura no haber visto ni escuchado nada, mientras que otros testigos confirman que la noche del 26 de septiembre llovió.

Según Murillo Karam nadie vio nada porque es un lugar abandonado, lejos de la vista de todos, y si alguien vio prefirió callar, por miedo.

Pero contrario a lo que narró en su momento el defenestrado Murillo, el Papayo está poblado de vacas y es visitado por pepenadores que, entre sus labores de rutina, queman basura.

El propio empleado del municipio que maneja el camión asignado a este tiradero, el señor Rosí Millán, confirmó a Proceso que él siguió entrando a la zona hasta dos semanas después de la desaparición de los normalistas; después, personas que él identifica como militares le cerraron el paso.

El regidor de Ecología del municipio, el panista Juan Bringas, encargado de los basureros, aseguró a este semanario que los camiones dejaron de subir porque recibieron orden de no hacerlo, pero no supo explicar quién dio esa orden.

Y en las redes sociales pronto se difundió que esa noche hubo lluvia, lo que hubiera impedido las llamas. Los datos son de diversos centros que publican información meteorológica e incluso un comunicado del gobierno de Guerrero, que advertía de fuertes lluvias.

“Esa noche llovió en Cocula, esa noche y de madrugada estuvo llueve y llueve”, dijo a Proceso un reportero que reside en el municipio. Lo confirmaron periodistas que el 26 en la noche llegaron a reportear a Iguala –donde vieron los cuerpos de dos normalistas muertos, tirados sobre el pavimento–, igual que las fotografías y los videos.

En esa misma edición de Proceso, la 1985, el experto en incendios y explosivos, Alfonso Palacios Blanco, entrevistado por la reportera Patricia Dávila, dio su dictamen: “En Cerro Viejo no hubo incineración o no incineraron la cantidad de cuerpos de la que hablan”.

Y agregó: “Dice nuestro procurador que los quemaron con llantas, diésel y gasolina a mil 600 grados centígrados de temperatura, pero el acero se funde a 2 mil 500. Por lo tanto, en cantidad considerable, debieron encontrar fibras metálicas de los neumáticos que emplearon, porque para quemar 43 cuerpos debieron utilizar de tres a cuatro neumáticos por persona y una cantidad considerable de gasolina y diésel”.

–¿Qué cantidad de gasolina, diésel y neumáticos se requirieron para quemar a 43 personas? –se le pregunta a Palacios.

–Tomando en cuenta las característica del cuerpo, creo que tres o cuatro llantas y 25 litros de combustible por persona para que se concentre el calor. Porque, si es una pila –según los testimonios de los sicarios– y está en un espacio abierto, el calor y la energía se disipan. Además, en esos días estuvo lloviendo mucho; eso no facilita la destrucción de los cuerpos. Si esa combustión se hace en un espacio cerrado, es creíble, pero si se esparce al medio ambiente, no es tan simple. ¡Imagínese calcinar por completo 43 cuerpos! Si quemo cinco, puede ser, ¿pero 43? Son demasiados.

Y concluye: “Mi dictamen es que ahí no hubo esa cantidad de incineración de cuerpos. Los residuos hubieran dejado las fibras, y el acero se funde a 2 mil 500 grados centígrados. Sin embargo, según el procurador Murillo Karam, la temperatura era de mil 600. Entonces, ese acero debió estar ahí, cuando llegaron los peritos.

“Por otro lado, el humo de las llantas y el olor que desprende un cuerpo al quemarse debieron apreciarse en un área de 10 kilómetros a la redonda. Además, el olor debió impregnar el ambiente durante varios días.”

Posteriormente, en la entrevista al perito del INAH, publicada en la edición 1999 de Proceso, bajo el título Otra losa a la “verdad histórica” se destacó:

“La ciencia se ensaña con las versiones del procurador de Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, si mil 600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH Jorge Arturo Talavera lo tiene claro: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes”.

El experto declaró en ese momento que la falta de certezas científicas puede tumbar jurídicamente el caso Ayotzinapa y dejar en libertad a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y a los policías que supuestamente participaron en la desaparición.


Con 35 años de experiencia en esta materia, el investigador fue contundente: “En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes. Si así ocurrió, las autoridades deben mostrarnos científicamente que hay grasa humana en el suelo, y de eso la Procuraduría no ha dicho nada. Además, entre las muestras óseas la PGR presentó una corona dental que corresponde a una persona de más de 50 años, no a jóvenes de 18 a 20 años”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.