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martes, 14 de julio de 2015

Ni se fuga ni lo extradito, dijo Murillo Karam; “El Chapo” se amparó ese día; luego se fugó

¿Por qué no fue extraditado Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera desde que fue recapturado por México en febrero de 2014?, se preguntan hoy políticos, analistas y medios de Estados Unidos. Algunos culpan de negligencia al gobierno de Barack Obama. Otros, a la reticencia de México.

Las fechas sobre la posible extradición abren sospechas. El mismo día que el Procurador Jesús Murillo Karam se negaba a la extradición, “El Chapo” se amparaba. Todo sucedió entre el 26 y 27 de enero pasado.

En esos mismos días, en esas mismas horas, Estados Unidos hizo la petición formal de extradición, de acuerdo con Dolia Estevez, periodista de Forbes.

Pero “El Chapo” ya se había amparado y el Procurador expresó que lo enviaría al extranjero.

El 27 de enero de 2015, en entrevista con The Associated Press, Murillo Karam dijo que no tenía intención de extraditar a Estados Unidos al líder del Cártel de Sinaloa (capturado casi un año antes: el 22 de febrero de 2014). Aceptó que en esos días le llegaría una petición formal de extradición por parte de Washington.


Se negó a extraditarlo porque, dijo, no había peligro de fuga.
“Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. ‘El Chapo’ se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300, 400 años después. Falta mucho”, expresó.
Murillo Karam citó una “cuestión de soberanía” en esa misma entrevista y dijo que el procedimiento de extradición era apropiado “cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameritan o por peligro de fuga”, algo que, aseveró en ese momento, “no existe”.

Murillo Karam citó una “cuestión de soberanía” en esa misma entrevista y dijo que el procedimiento de extradición era apropiado “cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameritan o por peligro de fuga”, algo que, aseveró en ese momento, “no existe”.

La entrevista se publicó el martes 27 de enero.

El lunes inmediato anterior, al mismo tiempo que se desarrollaba el encuentro de Murillo Karam con la prensa extranjera, los abogados ya tramitaban amparos.

Ese lunes, el juez décimo en materia penal del Distrito Federal admitió el juicio promovido por la defensa del narcotraficante para que la situación jurídica de Guzmán no fuera alterada. Y el martes, cuando se publicó la entrevista, sus abogados presentaron un recurso similar ante el juez decimosexto de distrito en materia administrativa y se concedió la suspensión.

Además, justo cuando el Procurador reveló que estaba por recibir la petición de extradición de Estados Unidos, el juez pidió a la PGR y a Relaciones Exteriores, dependencias mexicanas encargadas de la posible extradición del capo, que informaran en un plazo no mayor a 15 días de “si se ha iniciado algún trámite que tenga como finalidad trasladar al prisionero del penal del Altiplano a otro centro penitenciario”.

Pocos meses después, “El Chapo” se fugó.

El 23 de febrero, casi un mes después de la negativa de Murillo Karam a la extradición, las agencias AFP y AP dieron a conocer que Estados Unidos insistía en juzgar a “El Chapo” en su territorio. Cortes en por lo menos siete tribunales federales de Distrito, entre ellos los de Chicago, San Diego, Nueva York y Texas, emitieron encausamientos contra Guzmán Loera por cargos que iban desde el contrabando de cocaína hasta la participación en organizaciones criminales dedicadas al asesinato y otros delitos graves.

“Funcionarios federales en Chicago estuvieron entre los primeros en decir que querían enjuiciar a Guzmán en su jurisdicción. El domingo, el fiscal federal adjunto Steven Tiscione, en Brooklyn, Nueva York, se convirtió en el segundo”, dijo AFP.

“Sí, solicitaremos su extradición”, dijo Steven Tiscione en un correo electrónico enviado ese febrero.

Además un líder clave de la Cámara de Representantes exhortó a las autoridades mexicanas a extraditar a Guzmán Loera. El republicano (por Austin) Michael McCaul, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que Guzmán era el capo más notorio a nivel mundial.


“Creo que la secuencia normal es que México, siendo una nación soberana, realice el primer proceso”, dijo el congresista al programa “This Week” de ABC.

“Sin embargo, él ya escapó de prisión en 2001, y hay corrupción en ese país”, agregó. “Pido a los mexicanos que consideren la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos, donde se lo conducirá a una prisión de súper máxima seguridad de la que no podrá escapar y será llevado ante la justicia con una sentencia de encarcelamiento de por vida”.

“Tenemos la intención de pedir su extradición”, dijo a la agencia AFP Robert Nardoza, un portavoz de la oficina del fiscal del Distrito del Este de Nueva York. “No se sabe cómo se va a proceder en este momento”.

El domingo pasado, a horas de que se diera a conocer la noticia de la fuga, Peter Bensinger, ex agente de la DEA, dijo a Associated Press que Guzmán Loera “debió haber sido alojado en una prisión estadounidense”. David Shirk, experto del Centro Internacional Woodrow Wilson, dijo al mismo medio que tras la fuga, “las peticiones de extradición [de los EU] serán más intensas”.


“Va a ser más difícil para el gobierno mexicano decir: ‘No, no. Tenemos esta bajo control [...]’ Está claro que las prisiones de máxima seguridad en México son todo lo contrario”, comentó Shirk a AP.

¿POR QUÉ NO HICIMOS LO SUFICIENTE?

Ahora, tras la segunda fuga, Greg Abbott, Gobernador republicano de Texas, criticó la administración de Barack Obama por no hacer lo suficiente para asegurar la extradición de “El Chapo” Guzmán. “Estamos profundamente preocupados. Los cárteles en México, que operan en cierta medida en los Estados Unidos, son algo que supone un gran peligro. Estamos muy frustrados porque esperábamos que sea extraditado a Estados Unidos para ser encarcelado aquí”.

“¿La Casa Blanca de Obama ha hecho lo suficiente para presionar al gobierno mexicano?, le preguntó en Fox News Channel. Respondió: “Creo que el gobierno de Obama no ha hecho lo suficiente”.

“No tendríamos siquiera que estar hablando de ciudades santuario [para el crimen organizado en Estados Unidos] si tuviéramos un gobierno federal que hace su trabajo para asegurar la frontera y proteger nuestra soberanía. Hay ciudades santuario porque el gobierno federal ha abandonado su responsabilidad. Tenemos que elegir a un Presidente que va a hacer un buen trabajo de asegurar la frontera, pasando por las reformas de inmigración”. Abbott juró como Gobernador de Texas el 20 de enero 2015.

Estados Unidos ofreció ayudar a México para recapturar al narcotraficante, quien escapó de la noche del sábado. La Fiscal General, Loretta Lynch, dijo que el gobierno “está dispuesto a trabajar con nuestros socios mexicanos para ofrecer cualquier tipo de asistencia que pueden ayudar a su pronta recuperación”.

“Además de sus crímenes en México –agregó–, enfrenta cargos por tráfico de drogas y crimen organizado en los Estados Unidos”. Guzmán tiene acusaciones en al menos siete tribunales federales.

La fuga de Guzman Loera ha colocado en un primer plano la pregunta, que han hecho políticos, especialista en temas de seguridad y periodistas, de por qué no fue extraditado cuando las autoridades de ese país lo solicitaron tras su captura realizada por la Marina.

El Senador republicano y precandidato presidencial estadounidense Marco Rubio exigió este martes que Guzmán Loera sea juzgado en EU una vez sea apresado y dijo que su fuga es un “duro golpe” para los que trabajan de “buena fe” con México.

“Cuando Guzmán sea detenido de nuevo, los EU deben perseguir su extradición de acuerdo con el tratado que tenemos con México”, pidió Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental del Senado estadounidense, encargado de los asuntos relacionados con América Latina.

“Tenemos la capacidad de llevarlo ante la Justicia”, advirtió Rubio, que aprovechó para criticar que el Presidente de EU, Barack Obama, no lograra la extradición del delincuente cuando fue capturado en febrero de 2014, trece años después de su primera fuga de una cárcel de máxima seguridad.

Estados Unidos, que colabora mano a mano con México para cazar a “El Chapo”, reiteró el lunes su interés en juzgar en un futuro y ante sus autoridades judiciales al peligroso narcotraficante, considerado antes de su captura por la Comisión sobre Crimen de Chicago como el “enemigo público número uno” de la ciudad

InSight Crime, una organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, dijo en una análisis publicado este día que el escape de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, “ha puesto de relieve la política inconsistente de México sobre la extradición de sospechosos de tráfico de drogas buscados en Estados Unidos”.

“La fuga de Guzmán de una prisión de máxima seguridad fue precedida por riñas entre funcionarios de Estados Unidos y México sobre su extradición que comenzaron casi inmediatamente después de su captura en febrero de 2014. Poco después de la detención de ‘El Chapo’, los fiscales estadounidenses dijeron que estaban buscando su extradición, aunque no está claro si hicieron una petición oficial”, dijo la organización.

InSight Crime refirió que es precisamente por esta negativa del gobierno de México para extraditar al capo sinaloense, que su fuga provocó la ira de la autoridades de Estados Unidos, “que ayudaron en una persecución multimillonaria y de varios años”


La organización recordó que la extradición es parte de los tratados bilaterales, por lo que la fuga de Guzmán Loera “ha puesto de relieve la incapacidad de México para establecer un enfoque coherente en el tratado que mantiene con los EU especialmente en lo que se refiere a la extradición de los narcotraficantes que son buscados en los Estados Unidos”.
“De hecho, ‘El Chapo’ es sólo uno de los notorios traficantes de droga que aún tienen que ser enviados a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas. Mientras tanto, una serie de otros violadores de las leyes de Estados Unidos y México, han sido extraditadon a los EU. La lógica del gobierno de México sobre estas cuestiones es difícil de entender. Por ejemplo, los funcionarios mexicanos extraditaron al hermano y al hijo del líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García, sin embargo, afirmaron que la extradición de su colega, Guzmán, habría violado la soberanía nacional de México”, dice el análisis de Insight Crime.
La BBC de Londres se pronuncia en el mismo sentido y reseña en un artículo de la periodista Vanessa Buschschluter que el escape Joaquín Guzmán “ha vuelto a encender el debate sobre si debería haber sido extraditado a Estados Unidos”.

“Mientras que los tribunales estadounidenses discutían sobre quién tenía el mejor caso contra Guzmán y por lo tanto debía recibir la prioridad llevarlo ante la justicia, los funcionarios mexicanos estaban dejando en claro que no tenían ninguna prisa para mandarlo al otro lado de la frontera”, publica la cadena británica.

El medio recuerda que como jefe del cártel de Sinaloa, a “El Chapo” se le acusa de supervisar el contrabando de grandes cantidades de droga desde Sudamérica y Centroamérica a los Estados Unidos. También se enfrenta a cargos de lavado de dinero, crimen organizado y el tráfico de armas en los tribunales tan distantes como Arizona y Texas.

De acuerdo con CNN, el temor de un escape era una de las razones por las que los funcionarios estadounidenses habían presionado el gobierno mexicano a extraditarlo a ese país para enfrentar cargos ante las múltiples acusaciones por su papel en los esquemas de tráfico de droga.

“Esto es exactamente por qué pedimos su extradición”, dijo un agente de Estados Unidos a la cadena norteramericana, y agregó que el escape demuestra “la fuerza del cártel y su capacidad de pago a la gente. Si este tipo puede salir de la cárcel se muestra la profundidad de la corrupción que está ahí “.

Para Filemón Vela, representante demócrata por Brownsville, Texas, el gobierno de EU tiene que “ejercer un músculo diplomático más fuerte” para garantizar la recaptura de Guzmán y su extradición a los EU. “La extradición es un arma importante en el esfuerzo de Estados Unidos y México contra los cárteles de la droga”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Nuestra incapacidad para México de extraditar Chapo Guzmán, y para acusar a los gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores es un insulto a la instituciones encargadas de aplicar la Ley y al personal de la fiscalía que han trabajado durante años para construir casos penales contra estos especuladores de la droga”, dijo Vela.

Para Bloomberg, un medio especializado en finanzas y negocios, la pregunta es si “El Chapo” debió ser extraditado en su momento a Estados Unidos.


Al respecto, el periodista Victor Michel dijo esta mañana en el programa “Market Makers” que una de las versiones más mencionadas en México es que esto no ocurrió “por que el gobierno mexicano no quizo que fuera extraditado a los Estados Unidos por que él [Guzmán Loera] podía dar una gran cantidad de información embarazosa a los agentes americanos sobre autoridades del gobierno mexicano”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1414120

lunes, 9 de marzo de 2015

La investigación de Murillo Karam sobre Ayotzinapa fue “exhaustiva y seria”, dice Arely Gómez

La recién nombrada procuradora reconoció la investigación realizada por Jesús Murillo Karam, y dijo que es "muy temprano para hacer un diagnóstico" de las condiciones en las que recibe la Procuraduría.

Mientras que el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Mario Patrón Sánchez, calificó de “endeble” la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la actual procuradora Arely Gómez dijo que la indagatoria liderada por Jesús Murillo Karam fue “profunda, seria y exhaustiva”.

“Estoy convencida que la investigación que se realizó por el exprocurador Murillo Karam fue una investigación profunda, seria y exhaustiva. Esto lo realizaron varias personas de la Procuraduría General de la República con un alto nivel“, dijo Gómez este lunes 9 de marzo al periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

A seis días de rendir protesta como titular de la PGR, Gómez agregó que aún no tiene un diagnóstico de cómo encontró la Procuraduría. “Es muy temprano para hacer un diagnóstico, pero estoy trabajando intensamente en esto reuniéndome con las distintas unidades administrativas para conocer cuál es el trabajo que han estado realizando, cuáles son sus indicadores, sus fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad”.

Explicó cuáles son los siguientes pasos que dará sobre la investigación de caso Ayotzinapa, cuya “verdad histórica” –según las autoridades mexicanas– es que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre pasado.


Gómez dijo que su primera acción fue reunirse con el grupo interdisciplinario de cinco expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaron a México para investigar el caso. “Esto lo hice la semana pasada, ellos estarán, estos especialistas, estarán aquí en un periodo de seis meses yendo y viniendo a sus países y estarán analizando la actuación de la Procuraduría en este caso tan doloroso para el Estado Mexicano”.

En este sentido, detalló en la entrevista radiofónica que se a este grupo se le está dando todas las facilidades para que desarrollen su plan de trabajo. “El día de hoy precisamente, 08:30 horas, ya estarán en SEIDO trabajando, ahí se le han dado todas la facilidades, y revisando el expediente“, agregó.

Esta declaración ocurre el mismo día que Patrón Sánchez dijo en entrevista con el diario La Jornada que “Murillo deja la crisis de derechos humanos más grave por lo menos en dos décadas en este país y a pesar de tener 99 detenidos no hay ninguno procesado por desaparición forzada. Eso es una estrategia para diluir la responsabilidad del Estado, solo por homicidio y delincuencia”.


Ante los cuestionamientos y críticas de los familiares de los 43 estudiantes a la investigación oficial del caso, el grupo de la CIDH inició el pasado 2 de marzo una indagatoria independiente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

martes, 3 de marzo de 2015

Murillo Karam: actuaciones dudosas, escándalos y fracasos

MÉXICO, D.F: El primer caso que puso a prueba a Jesús Murillo Karam como procurador general de la República fue la explosión del 31 de enero de 2013 en el edificio B-2 del Complejo Administrativo de Pemex, en la Ciudad de México. El último: el de los 43 normalistas de Atoyzinapa desaparecidos, que quiso sepultar con su repudiada frase de la “verdad histórica”.

Además de esta última, tuvo otras derrotas: la insostenible acusación por lavado de dinero que pretendió fincar a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el caso del albergue La Gran Familia de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán; la puesta en libertad de Rafael Caro Quintero, que irritó al gobierno de Estados Unidos…

Como procurador, Murillo Karam también estuvo implicado en escándalos familiares, entre ellos la denuncia penal interpuesta por Alexia Ímaz –hija de Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– contra su exnovio Gerardo Saade Murillo –nieto de Murillo Karam–, quien la golpeaba, según expuso la denunciante. La querella fue retirada súbitamente; meses después salió a relucir el nombre de Gabriela Saade Murillo, hermana de Gerardo, por presunto “tráfico de influencias”.

Los infortunios de Murillo Karam al frente de la PGR se iniciaron cuando tenía un mes al frente de la dependencia. La tarde del 31 de enero de 2013 una explosión en el edificio B-2 del Complejo Administrativo de Pemex cimbró al país. Hubo 37 muertos y más de 100 heridos…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2000 de la revista Proceso, actualmente en ciculación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PARTRICIA DÁVILA (REPORTAJE ESPECIAL).

lunes, 2 de marzo de 2015

EPN ve un México “plagado de desconfianza”: ‘Financial Times’

La crisis de confianza es también “una oportunidad”, pues “estamos a tiempo para mostrar resultados, para ofrecer beneficios a los mexicanos. Soy optimista”.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “México está plagado de ‘incredulidad y desconfianza’”, y que existe “sospecha y duda” por el tema de las casas que adquirieron él, su esposa y miembros de su gabinete con contratistas del gobierno, pero aseveró que ese asunto ha sido “satanizado”:

“Les puedo decir que entendemos”, dijo el presidente en entrevista con el diario británico Financial Times, en referencia al titular que le dedicó hace unas semanas el semanario británico The Economist: “El Presidente no entiende que no entiende”.

“Hoy hay sin duda, una sensación de incredulidad y desconfianza [...] ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, dijo Peña en su “confesión más sincera desde la desaparición y la sospecha de asesinato de 43 estudiantes”, escribió la periodista Jude Weber en el Financial.

Peña Nieto dijo que está comprometido a luchar contra la corrupción de manera “mucho más eficaz” y a terminar con ”el estigma” de que los políticos de México está considerados como ladrones.

Expresó su compromiso para que termine de concretarse un “innovador” sistema anticorrupción, diseñado para que los funcionarios públicos rindan cuentas. “El gran desafío” es la correcta implementación de tal sistema, subrayó.

Y lo es porque, como lo dice el Financial Times citando al intelectual Gabriel Zaid, la corrupción “no es una característica desagradable del sistema; es el sistema”.

En la entrevista, Peña Nieto detalló su estrategia de cinco puntos: (1) reforzar el estado de derecho; (2) mantener la estabilidad macroeconómica; (3) implementar las reformas para que sus beneficios lleguen a la gente; (4) ajustar el gasto público para centrarlo en la inversión, y (5) el desarrollo de zonas económicas especiales en los estados afectados por conflictos y en los más pobres de México.


EN otro tema, EPN aceptó que las elecciones de 2015 “pondrán a prueba la confianza en él y en su gobierno”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sobre las ruinas de la PGR proyectan la Fiscalía General

La salida de Jesús Murillo Karam de la PGR no solamente deja un grave vacío en la dependencia en lo que respecta a las investigaciones pendientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de civiles en Tlatlaya perpetrada por militares, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Deja a la institución prácticamente desmantelada y plagada de encargados de despacho. Es decir, en ruinas y como puente hacia la construcción de la Fiscalía General de la República.

MÉXICO, D.F: Cuando Jesús Murillo Karam asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República en diciembre de 2012, su diagnóstico fue que la PGR estaba desmantelada… Dos años y tres meses después, la deja todavía aún peor: desarticulada, sin mandos y con el apremio de convertirse en la Fiscalía General de la República bajo un nuevo sistema de justicia penal.

Con excepción del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la salida de Murillo Karam produjo un auténtico vacío en la procuraduría a pesar de las investigaciones pendientes en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de civiles a manos de militares en Tlatlaya, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La salida del procurador, anunciada por Televisa a través de Joaquín López Dóriga la noche del jueves 26, casi 24 horas antes de que se oficializara, estuvo acompañada de la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, quien será candidata a diputada plurinominal por el PRI en las elecciones del 7 de junio próximo.

De forma inicial, esa misma versión sostuvo que el reemplazo de Benítez Tiburcio sería la senadora con licencia del PRI Arely Gómez González Blanco, quien en la práctica fungiría como responsable de la PGR, toda vez que en caso de ausencia del procurador, esa subprocuraduría se erige en encargada de despacho.

El viernes 27 por la tarde, sin embargo, Peña Nieto propuso al Senado de la República a Arely Gómez como nueva titular de la PGR. Es la segunda mujer propuesta al frente de la procuraduría después de Marisela Morales en el gobierno de Felipe Calderón.

Peña Nieto perfiló así a Arely Gómez como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la centenaria Procuraduría General de la República, de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014.

El propósito, según la iniciativa de ley enviada por el presidente al Congreso en septiembre del año pasado, es sacar a la procuración y administración de la justicia del ámbito del Ejecutivo federal para que la FGR sea un ente autónomo transexenal, por lo que el fiscal general durará nueve años en el encargo.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRAS ARAIZAGA.

lunes, 2 de febrero de 2015

Urge renuncia de Murillo Karam

Criticado, denostado, agotado y desgastado, el procurador Jesús Murillo Karam, aglutina la indignación de la opinión pública. Su informe sobre Ayotzinapa fue un auténtico fracaso y tendrá que asumir las consecuencias, si Enrique Peña Nieto, quiere salvar algo de credibilidad y dignidad en su debilitado gobierno.

Con Murillo Karam hemos pasado del “ya me cansé” al “me vale madre”. Al procurador no le importan las masivas críticas que recibió por su nefasto trabajo en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tampoco el rechazo absoluto por parte de los padres de los estudiantes, ni mucho menos, el repudio de las organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos.

Murillo Karam va contra viento y marea imponiendo su “verdad histórica”. Utilizando el aparato del Estado para aplicar con camisa de fuerza, la versión oficial. Obedeciendo la orden superior del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas para no manchar el buen nombre del Ejército, ni involucrar al ex gobernador Ángel Aguirre, y así evitar que el señor de los chuchos del PRD, estire la cobija y exhiba la podredumbre de la narcopolítica en Guerrero y el gobierno federal junto a sus agentes de seguridad.

La torpeza de Murillo Karam es tal, que ha preferido exhibir a México ante el mundo como un país sin un verdadero Estado de derecho, un país donde reina la impunidad más atroz y cínica, capaz de carcomer los cimientos del débil edificio de nuestra democracia.

Murillo Karam es en este momento el símbolo del despotismo. Su lejanía de las víctimas lo exhibe claramente en su torre de marfil. Ufano, soberbio, frío como el hielo. Esa distancia entre Estado y padres de los normalistas, es la primera evidencia del fracaso de la política peñista.

Un gobierno que es incapaz de dialogar, de cumplir sus promesas, es francamente un fiasco. Un gobierno sin sensibilidad va directo al abismo. De hecho, actualmente la distancia que separa al gobierno del pueblo mexicano, es abismal.

Y no es para menos, Peña Nieto tardó 35 días en reunirse con los padres de los normalistas. Intentó primeramente convertir el caso Ayotzinapa en una cuestión municipal, estatal, un tema de Guerrero y el PRD. Y en lugar de acudir a Ayotzinapa para reunirse con los familiares de los desaparecidos, espero más de un mes para recibirlos en Los Pinos.

Murillo Karam hizo lo propio. Durante nueve días, después de la desaparición forzada de los normalistas, nado de muertito, prefirió fingir demencia e ignorar el asunto. Fue hasta que llegó presión social de las manifestaciones a nivel nacional e internacional, cuando no tuvieron más remedio que actuar.

El desprecio de este gobierno por los familiares de las víctimas del histórico crimen de Estado de Ayotzinapa fue evidente a la hora de citar a conferencia de prensa para informar sobre el intento de carpetazo del caso, sin haber notificado primero a los padres de los normalistas.

Ahora bien, en el análisis del caso presentado por Murillo Karam ante la opinión pública con lujo de detalles e incluso a través de un video musicalizado, animado y narrado al estilo Televisa, solo quedan algunas dudas, muchas sospechas y pocas certezas.

Para empezar, el procurador piensa que por encima de la ciencia esta la fe. Y quiere de los mexicanos un acto de fe. Pretende que creamos en actitud metafísica que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero no nos ofrece suficientes pruebas periciales y eso sí, muchos dichos y diretes, de declaraciones de imputados que ya han denunciado que fueron torturados. Y efectivamente, es probable que esas declaraciones fueron extraídas de los inculpados a base de tortura, coacción y amenaza. Ese es el estilo de trabajo de la PGR, así que no es de extrañar que en este caso aparentemente armado milímetro a milímetro para proteger a agentes del Estado, no esté presente la tortura, método básico en la procuración de la justicia mexicana, según recientes informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

El procurador sostiene el caso Ayotzinapa con alfileres, a base sólo de declaraciones autoinculpatorias. ¿Y las pruebas periciales, apá? Esas se las pasa por el arco del triunfo. Apenas unas piezas óseas pertenecientes a Alejandro Mora Venancio, restos que el Equipo Argentino de Antropología Forense no pudo corroborar que fueron encontrados en un río a lado del basurero de Cocula, como lo asegura la PGR, por una simple y sencilla razón: no se lo permitieron. Los argentinos fueron convocado solamente al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra junto a otras en un área de limpieza.

Lo más sorprendente de la puesta en escena de Murillo Karam para armar el caso Ayotzinapa al antojo del Estado, es que fingen desconocer el concepto de desaparición forzada o más bien, prefieren ignorarlo de manera olímpica. Por favor, qué alguien le explique al procurador lo que significa este delito imprescriptible de lesa humanidad. Tal vez, necesita unas clases de derecho internacional. Es muy sencillo: si el procurador dice que los 43 están muertos, que lo demuestre, que entregue sus restos. Y como no lo demostró ni hizo entrega de sus restos, entonces son desaparecidos. Sus crímenes se inscriben dentro de esta figura aterradora que asola América Latina desde hace décadas gracias a los gobiernos autoritarios.

Peña Nieto y su incompetente equipo piensan que al eludir el crimen de desaparición forzada, salvan al Estado y reducen el caso Ayotzinapa a un crimen de la delincuencia organizada y la narcopolítica. Pues no. Sencillamente no es posible. Si existe una certeza ante la opinión pública nacional e internacional es que el crimen de Ayotzinapa es un crimen de Estado, por tanto, de nada sirve que intenten tapar el sol con un dedo.

Otro de los elementos más llamativos, del expediente oficial de este caso es la negativa a abrir líneas de investigación fundamentales y demandas por los padres, como la presunta implicación del Ejército.

Si hay padres de algunos normalistas cuyos GPS de sus celulares ubican a sus hijos como último lugar en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, pues la PGR tiene la obligación de indagar tal información. Y abundar en la posibilidad de que los 43 hayan sido desaparecidos por las Fuerzas Armadas.

Finalmente, la negativa de la PGR de investigar al ex gobernador Ángel Aguirre se explica solo por la posible implicación en el narcoestado de Guerrero de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, lo cual, vendría a confirmar plenamente que nos encontramos ante un crimen de Estado.

El PRI pretende incrementar la larga lista de crímenes de Estado impunes. El papelón que el gobierno peñista está haciendo en el extranjero es monumental. A la lista de Tlatelolco, Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas y Atenco, entre muchos otros, se une ahora Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto ha preferido pasar a la historia como el presidente que fabricó una tapadera para ocultar el crimen de Estado de Ayotzinapa.


Peor para él. Los padres de los normalistas, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y una buena parte de la sociedad mexicana, están dispuestos a dar una larga batalla para exhibir la podredumbre oficial en este caso y la pequeña estatura moral del inquilino de los Pinos y de su cínico procurador cansado. La razón de Estado no siempre puede cerrar un caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/02-02-2015/31373.

miércoles, 28 de enero de 2015

Reitera Murillo: El Ejército no intervino en caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: EL titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, insistió en que el Ejército mexicano no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Murillo Karam argumentó así por qué la dependencia no citó a miembros del Ejército durante la investigación del caso: “No hay razón, no hay nadie quien haya intervenido en nada en absoluto. No hay un sólo elemento del Ejército que haya intervenido, excepto la ida a la clínica, en donde las declaraciones dicen fueron, revisaron y se fueron”.

Insistió que en la investigación de la PGR “no hay nadie que los acuse de nada, absolutamente nada” a los miembros del Ejército.

En entrevista con Grupo Fórmula, Murillo Karam aclaró que la investigación del caso no ha sido concluida: “Dije que no había terminado la averiguación, que estaba abierta”.

Ayer, el funcionario ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que los 43 normalistas fueron calcinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Los normalistas están muertos; fueron calcinados“: Murillo Karam

MEXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reiteró su versión inicial acerca de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos. “Esa es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.

En rueda de prensa Murillo Karam, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dijo que la versión inicial se reforzó tras la detención el jueves 15 de Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.

Rodríguez Salgado, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, estaba a cargo de la protección del municipio guerrerense para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en él.

La célula estaba conformada por una docena de “halcones” o informantes y sicarios, quienes realizaban vigilancia, secuestros, homicidios y venta de drogas en la zona.

Después de los hechos en Iguala, “El Terco” cruzó a Estados Unidos de manera ilegal, pero fue detectado por Migración y devuelto al estado de Morelos, en donde fue detenido.

Calificada por Zerón de Lucio como una detención “clave” dentro de la investigación, porque según testimonios de los detenidos “El Cepillo” fue quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas y porque él mismo corroboró los hechos narrados previamente por sus cómplices.

Antes, Murillo Karam destacó que a la fecha hay 99 personas detenidas, 385 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos; además, se realizaron 16 cateos encontrando diversos indicios, como una bodega con 54 mil cartuchos.

También aclaró que la investigación del caso Ayotzinapa continuará hasta detener a todos los implicados y aplicarles las penas más altas, tanto a los autores intelectuales como materiales.

El titular de la PGR subrayó que las indagatorias se han realizado con apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos para castigar de manera ejemplar a los responsables, ya que por ningún motivo estos hechos pueden volver a repetirse.

Incluso, refrendó que no existe evidencia alguna de la participación de elementos del Ejército en los hechos de Ayotzinapa, ocurridos el 26 de septiembre pasado.

No obstante, Murillo Karam aclaró que hasta el momento la PGR no cuenta con alguna evidencia que relacione a los normalistas de Ayotzinapa con algún grupo delictivo.

En su turno, Tomás Zerón de Lucio destacó que hasta el momento se han realizado 487 dictámenes periciales, que incluyen pruebas químicas, biológicas, balísticas, fotográficas, de antropología y retratos hablados, que dan cuenta de la manera en que ocurrieron los hechos en que perdieron la vida los estudiantes.

Asimismo, precisó que existen evidencias de que la incineración se realizó en un área que comprende 140 metros cuadrados y el fuego alcanzó temperaturas de hasta mil 600 grados centígrados, por lo que los restos quedaron totalmente carbonizados.

Luego dijo que hasta el momento suman 99 las personas detenidas por el caso Ayotzinapa, en cuya incineración de los jóvenes se utilizaron llantas, gasolina y diesel, entre otros objetos.

Hasta el momento, abundó, están seis órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y sostuvo que pedirán las penas más altas contra los responsables, las cuales pueden alcanzar hasta 140 años de prisión.

En la rueda de prensa se exhibió un video que da cuenta de las declaraciones de algunas de las personas detenidas, quienes han aportado datos que serán fundamentales para capturar a quienes aún se encuentran prófugos, dijo.

Los funcionarios recordaron que Rodríguez Salgado, sicario de la organización criminal Guerreros Unidos, fue consignado en días pasados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.


Por último, Murillo Karam señaló que “muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

jueves, 8 de enero de 2015

Insuficientes pruebas para acusar a José Luis Abarca sobre caso Ayotzinapa: Procuraduría General de la República

Colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), no han podido encontrar las pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, en los delitos de desaparición forzada, ya que no hay pruebas contundentes que confirmen la orden, hacia policías o narcotraficantes, de detención y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Aun cuando las indagatorias se han concentrado directamente con Murillo Karam, y ha habido mesas de trabajo con agentes del Ministerio Público (MP), aún no se sabe siquiera el número de estudiantes, de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, que acudieron a la movilización el 26 de septiembre del pasado año, y que fueron atacados por policías municipales de Iguala y de la comunidad de Cocula.

Por otra parte las investigaciones han dado como resultado la detención de 80 personas, una de ellas el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, quien estaba al frente del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en ese municipio.

Entre las pruebas recabadas por la PGR se encuentra una grabación, del día de la desaparición, donde se escucha al ex alcalde dar la orden de detener a los normalistas “como fuera”, sin embargo esta frase no se puede considerar una orden de ejecución en términos legales, mencionaron los colaboradores del procurador.

En función de eso se buscó indagar más de lo que había ocurrido esa noche y, con ese fin, se interrogó a la esposa del ex alcalde.

Lo único que ha podido obtenerse de dichas indagatorias es la acusación, por parte de la PGR, de José Luis Abarca y su esposa como autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero hace falta          que se acredite que no sólo fueron detenidos, como dijo el ex alcalde, sino que fueron agredidos a tiros y posteriormente entregados a guerreros unidos, aun cuando hay testimonios que comprueban estos hechos para la PGR tampoco significan pruebas suficientes y para el procurador sólo ocasionan “cansancios”.

Los funcionarios continuaron explicando que para la indagatoria de desaparición forzada aún se carece de elementos, tales como; quién y en qué momento ordenó que los policías dispararan contra los estudiantes, el momento en que el ex alcalde y su esposa acordaron con el jefe de la policía de Iguala, y los líderes de guerreros unidos, que asesinaran a los normalistas. Hasta ahora los testimonios sólo indican que El Gil (mismo que no ha sido detenido) pidió autorización al supuesto líder del grupo, Sidronio Casarrubias, haciéndole creer que los normalistas pertenecían a otro grupo criminal, aun cuando otros participantes han declarado que las victimas decían que eran estudiantes.


Por si fuera poco la indagatoria tampoco ha esclarecido si todos los normalistas desaparecidos fueron llevados a la zona del basurero de Cocula. Por lo tanto se seguirá esperando que, ante la maleable ley mexicana, aparezcan pruebas aún más contundentes.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Nadie ha puesto en duda, con seriedad, investigación sobre Ayotzinapa: Murillo Karam

No hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal, sostiene, aunque reconoce que la corporación sí tenía conocimiento de la movilización de los estudiantes de Ayotzinapa; "eso no implica que hayan participado".

La investigación oficial sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, atacados y desaparecidos el 26 de septiembre, está basada en evidencias, testimonios y peritajes, por lo que “no hay ninguna duda” y “nadie la ha puesto en duda con seriedad”, aseveró el procurador Jesús Murillo Karam.

En entrevista para Aristegui CNN, refutó el reportaje de la revista ‘Proceso’, en el que se afirma que en los hechos de Iguala, Guerrero, participaron fuerzas federales. Incluso, Murillo dijo que si tienen pruebas que contradigan la versión oficial de los hechos, que las presenten para que las analice.

El funcionario dijo que no sabe de dónde salió lo presentado por el semanario, que sostiene que “una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”.

Al respecto, Murillo comentó: “La historia de (Proceso) es muy parecida a la que yo he venido planteando; prácticamente siguen mi historia. Los elementos que ahí dan no aparecen. Si alguien conoce este asunto, te lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.

“No tengo las evidencias que ellos dicen. No sé de dónde salen; si las tienen y si de veras aparecen, ojalá y me las lleven y me las muestren para analizarlas, no las conozco”, emplazó.

“Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, subrayó.

No obstante, reconoció que la PF conocía la movilización estudiantil el 26 de septiembre.

“Sí del conocimiento de que había una manifestación; sí claro, de que estaban en la caseta; sí claro, todo eso está en la averiguación; eso no implica que hayan participado de ninguna manera”, justificó.

Y remarcó: “No hubo presencia física” (de la PF) en los hechos.

Sobre las patrullas distintas que operaron el 26 de septiembre, refirió que en la investigación oficial también las identificaron, y fue así “como descubrimos a los (policías) de Cocula”. 

“O sea, yo sí tengo identificado todo con precisión, sé quiénes participaron”, remarcó.

Respecto a la presunta tortura de los testigos de los hechos -integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos-, el procurador aseguró que “de ninguna manera” ocurrió, “yo no admito la tortura”, y la rechazó como método de investigación. Incluso, supuso que se denuncia tortura como pretexto para poder sacar de la cárcel a los detenidos.

También negó que la investigación oficial sean sólo 3 declaraciones de los presuntos criminales, pues a ellos hay que sumar al personal del basurero de Cocula, los policías, y una “cantidad enorme de evidencias”. “No exagero pero es la investigación más grande que ha habido”, agregó. Sin embargo, dijo que sólo tres estuvieron presentes en el presunto asesinado y calcinación ocurrida en Cocula, Guerrero, municipio vecino de Iguala. “Si tienes otro, échamelo”, añadió.

LAS DUDAS

Respecto a los cuestionamientos que ha enfrentado la investigación, Murillo Karam atajó todo.

Al comentarle un reciente estudio que señala que no pudieron haber muerto calcinados los 43 jóvenes, el funcionario expuso que las llantas se queman a mil 500 grados centígrados, como habría ocurrido en Cocula, Guerrero; en tanto, en tres horas, un cuerpo puede ser incinerado en un crematorio.

El incendio, indicó, habría durado más de 13 horas.

Sobre la lluvia que algunos señalan que ocurrió el 26 y 27 de septiembre, Murillo aseguró que no la pueden probar, pues aunque el meteorológico dice que hubo “chubascos aislados” en la región, es una región de “muchos kilómetros”.

En cuanto a por qué nadie vio o reportó el incendio, mencionó que no hay viviendas en la zona, y el lugar donde los quemaron “está hundido”.

Al ser interrogado sobre lo señalado por los peritos argentinos, de que no estuvieron en el momento en que se encontraron las bolsas con restos, indicó: ”En las bolsas hay los mismos restos de llantas y los mismos tipos de huesos y eso sí lo reconocieron los peritos argentinos. No hay duda de que los restos que estaban en el basurero y estos coinciden”.

LOS ABARCA

Murillo Karam reveló que tanto el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, dicen ser inocentes y no han declarado “nada” sobre la desaparición de los estudiantes.

“Tan se dicen inocentes que traían papelito de lo que tenían que decir”, explicó y refirió que tienen derecho a no declarar nada sobre el caso.


No obstante, el funcionario dijo no tener la “menor duda” de que el ex edil es el autor intelectual de los hechos del 26 de septiembre. Por ahora, reconoció, sólo está consignado por asesinatos del año pasado, entre ellos el de Arturo Hernández Cardona, en el que Abarca está acusado de “darse el gusto” de matarlo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Ojalá Proceso me traiga sus pruebas sobre Ayotzinapa”: Murillo Karam

MÉXICO, D.F: El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, confió en que Proceso le presente las pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui para CNN en Español, Murillo Karam dijo esta noche que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.

En su edición 1989 que circula esta semana, Proceso destacó que “la noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”.

En respuesta, el titular de la PGR aseguró a Aristegui que “la historia de (Proceso) es muy parecida a la que yo he venido planteando; prácticamente siguen mi historia. Los elementos que ahí dan no aparecen. Si alguien conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.

“No tengo las evidencias que ellos dicen. No sé de dónde salen; si las tienen y si de veras aparecen, ojalá y me las lleven y me las muestren para analizarlas”, emplazó Murillo Karam.

El funcionario federal agregó que “después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal.

“Sí del conocimiento de que había una manifestación; sí claro, de que estaban del lado de la caseta; sí claro, eso todo está en la averiguación;  pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”, justificó.


El reportaje de Proceso –a cargo de la periodista Anabel Hernández y Steve Fisher, con apoyo del programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley– advierte que los normalistas nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal y que varias de las declaraciones de los implicados habían sido obtenidas con torturas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Murillo considera “absurdo” buscar a normalistas en bases militares

IGUALA, Gro: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno no buscará en bases militares a los 43 normalistas desaparecidos, porque “sabemos que ahí no están” y señaló que es “absurdo” suponerlo.

Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.

Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.

Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.

Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.

A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).

Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.

“No llovió en Cocula”.

En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:

–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.

Sospecha hacia el 27 batallón.

Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.

Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:

1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.

2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.

3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.

4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.

5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).

6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.

Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.

“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.

En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.


El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

lunes, 10 de noviembre de 2014

"Estoy cansado de la violencia brutal que me cimbra", aclara Murillo

México, DF. Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo esta mañana que su dicho sobre el cansancio que manifestó al final de la conferencia del pasado viernes, en realidad tenía que ver con el hecho de que está harto de la “violencia brutal que me cimbra”.

En una entrevista televisiva, el funcionario añadió: “cuando dije estoy cansado (me refería) a que estoy cansado de esto, estoy cansado de la violencia brutal, lo he vivido, lo tengo todos los días, sí me cimbra, además de que llevaba 40 horas sin dormir”.

Murillo Karam, quien el pasado viernes ofreció una larga conferencia en la que dio detalles sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa, aseguró que ese día estaba muy cansado y “la verdad soy tan humano como cualquiera y también me canso”.

Están muertos pero están vivos

MÉXICO, D.F: La larga noche de los padres de Ayotzinapa aún no termina.

Jesús Murillo Karam, el hombre frío y “defensor” de los mexicanos, decidió junto con su jefe Enrique Peña Nieto mantener en el limbo el dolor de los padres pero con la certeza de que, para el gobierno, los 43 normalistas ya están muertos. Un asunto que a ojos del mundo se pretende cerrar.

Ante la caída de la imagen del gobierno peñanietista en el exterior, pereciera que sus operadores decidieron actuar y emprender un juego cruel, de mensaje impreciso y manipulable a conveniencia: esperanzador por un lado, de catapulta por otro.

Jesús Murillo Karam lanzó la moneda de dos caras. En una dice, “están muertos”, la otra “están desaparecidos”. El juego perverso se inclinará dependiendo de quién lance la moneda.

Si son mercado internacional y gobiernos extranjeros quienes la lanzan, caerá del lado “están muertos”, teniendo la certeza de que las autoridades buscaron por “tierra y agua” a los jóvenes de manera tan intensa que lograron detener a más de 70 personas y, en forma “dolorosa” descubrió que “los malos” forjaron una pila humana con “44 ó 43” estudiantes para quemarlos y esparcir sus restos en un río. Entonces la percepción será: el gobierno actuó y no hubo impunidad.

Si quien lanza la moneda es la sociedad, por lo menos para un sector caerá del lado “están desaparecidos”. Éstos sostendrán que el gobierno es tan honesto que aceptó no poder determinar con certeza si los restos humanos sacados del río son o no de los normalistas por lo que, “en búsqueda de la verdad” pedirá a la Universidad de Innsbruck un análisis de ADN de mitocondria. Aquí quienes tenían algunas dudas por la otra versión, con ésta se convencerán y dejarán en su corazón la esperanza de que están vivos y reconocerán en el gobierno sus esfuerzos por llegar hasta donde fue posible. Este mensaje es para la sociedad mexicana, no para el extranjero.

Del lado que caiga la moneda, el gobierno construyó un mensaje sobre bases reales, salpicado de declaraciones inverosímiles, de discursos mitad verdad, mitad mentira. Por ejemplo, real es que el expresidente municipal de Iguala y su esposa tienen relación familiar con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Nadie de la sociedad lo pone en duda, por lo tanto, la mano ejecutora serán unos desalmados sicarios de la organización.

Para hacer más creíble la hipótesis original, el hábil y frío Murillo Karam logró capturar a los autores materiales, quienes frente a cámaras de video aceptaron su deleznable crimen.

Un mes necesitó el gobierno para eslabonar la historia. Pero hay preguntas básicas sin respuesta: ¿Cuál fue el móvil de Guerreros Unidos para ejecutarlos? ¿Por qué Murillo acepta la declaración de tres detenidos que dicen quemaron a 44 ó 43 y la ofrece a los medios de comunicación como verdad única? ¿Por qué no hizo lo mismo cuando el llamado líder de Guerreros Unidos, Sidronio Cassarrubias, detalló mismo crimen, misma quema pero reduciendo la cifra a 17 jóvenes?

Ese video no lo vimos pero lo leímos en diario Reforma y no hay que olvidar que este hombre fue detenido el 17 de octubre y ese día rindió declaración ministerial. Y qué acaso es el único grupo criminal de la zona, ¿y La Familia, y Los Rojos, y las alianzas de éstos con otras autoridades que no sólo pueden ser las policías?

El juego perverso es que aunque el gobierno da por válida la versión de tres presuntos sicarios al ofrecerla vía video a todo México, por otro dice que están en calidad de “desaparecidos”. Sin certeza pero con eficiencia el gobierno actúa, es el mensaje, de total ambigüedad.

Pareciera que lo importante no es la verdad sino la “percepción”. Y en este mover de piezas hay una que Murillo prefiere no se toque, incluso ¡avala! en su omisión. Se trata del Ejército.

¿Por qué no actuó cuando los jóvenes les pidieron ayuda? ¿Por qué no se le investiga? La respuesta está en lo que en tono molesto dijo Murillo a la reportera María Idalia Gómez cuando lo inquirió sobre ello: “El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueven sólo por órdenes. Yo nomás quiero saber a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor, qué bueno que no salió”. El mensaje es, al Ejército no se le toca.


Uno decide qué lado de la moneda de Murillo le acomoda mejor o si de plano decide tirar la moneda a la basura y como los padres ofendidos, dolidos de Ayotzinapa, determina exigir la verdad real y no dejar en la impunidad a todos los involucrados, sea Estado, sean partidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)