La policía usó balas de goma, hay varios desaparecidos y 3 muertos, insisten jornaleros

Ciudad de México, 10 de mayo: Jornaleros de San Quintín denunciaron que al menos 70 trabajadores del campo resultaron heridos por parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California tras la irrupción de los uniformados la mañana de ayer sábado.

Fidel Sánchez, vocero de los trabajadores, señaló que la policía les disparó con balas de goma y lanzó gas lacrimógeno en contra de sus compañeros, además de golpear a niños, mujeres y adultos mayores. Indicó que varios jornaleros fueron detenidos, sin que hasta el momento las autoridades les den informes de ellos.

Sánchez, quien dice que hubo tres muertos y ocho lesionados, culpó a la Policía Ministerial del Estado por los fallecidos, y dijo que “el Gobierno federal y el estatal están retando al pueblo”.

En la colonia Las Misiones, donde el 90 por ciento de sus residentes son jornaleros, hay alerta. Se quejan de la desatención del Gobierno del estado y del Gobierno federal. Luis Enrique Miranda Nava, el Subsecretario de Gobierno, les dijo hace unos días que no era necesario acudir a la zona para atender el problema. Lo sintieron como un desprecio.

Pablo Alejo López Núñez, el representante del Gobernador Francisco Vega de la Madrid en Ensenada, tampoco se presenta para informarles si hay avances con las peticiones que hicieron para acabar con las condiciones laborales de esclavitud, un mejor salario diario y acceso a los servicios sociales de salud y vivienda.

En la carretera Transpeninsular ya no hay bloqueos, pero en un margen están ubicados unos 100 Policías de la Estatal Preventiva, y del otro lado unos 200 jornaleros. Ellos dicen estar desarmados, y la demanda es que el Gobernador retire a la PEP de la zona.


Los ánimos en los dos bandos han tenido consecuencias. El edificio de Gobierno en Las Misiones fue incendiado, incluso una tanqueta policiaca conocida como “Tiburón” fue quemada.

El líder de los jornaleros en esa zona que agrupa varias colonias entre ellas Las Misions, la 13 de Mayo y la Santa Fe, Justino Herrera, denunció a los reporteros de ZETA que desconocen la ubicación de cuatro detenidos, entre quienes se encuentran Juan Carlos Chávez Santiago, Gerasai Luna Santos y Antonio Alvarez Cruz, además que un menor de 14 años de la colonia San Román fue herido y trasladado, aunque desconocen si lo llevaron a San Quintín o a Ensenada.

Los jornales, con un discurso más agresivo, ahora van “contra los cuatro perros que han mordido nuestro trabajo: El IMSS, el Gobierno del Estado y los Sindicatos charros, CTM, CROM, CROC, que no han dado la cara desde que inició el movimiento”.

Presentaron incluso a uno de los trabajadores del campo que fue impactado con balas de goma, y que presentaba heridas múltiples en el cuerpo.

Aun así los jornaleros esperan a las autoridades la noche de este sábado, y han determinado que en caso de llegar, la reunión será en la clínica del IMSS frente a la delegación que fue incendiada.

El grito de retiro que exigen de los Policías Estatales Preventivos, se debe a que aseguran, los trabajadores no están armados.


Tras los disturbios de ayer sábado en San Quintín, representantes de los manifestantes informaron a ZETA que los ataques recibidos fueron por parte de policías de los dos órdenes de gobierno.

GOBIERNO DE BC SE DESLINDA DE HECHOS VIOLENTOS EN SAN QUINTÍN

Por su parte, el gobierno del estado organizó una rueda de prensa la mañana de este domingo para deslindarse de la violencia que los jornaleros acusaron se cometieron en su contra.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel De la Rosa Anaya, aseguró que se trató de atender una llamada de denuncia ciudadana donde algunos jornaleros disidentes estaban tratando de incendiar las instalaciones de Rancho Seco en la colonia San Ramón.

Argumentó que el objetivo fue seguir con la línea del gobierno del Estado en que no se permitirán actos, ni daños en bienes de patrimonio ajenos. Y las acciones de la Policía Estatal fueron la respuesta a una llamada de emergencia, y aseveró que actuaron como lo hacen en todos los casos.

De acuerdo a la información de la autoridad, al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) llegó el reporte a las 7:10 horas de ayer sábado 9 de mayo donde se alertaba que había 50 personas o más, realizando actos vandálicos en Rancho Seco, donde se destacaron seis policías estatales.

Más tarde, a las 8:26 horas dado a que eran de 50 a 200 personas agrediendo a los oficiales fue cuando éstos pidieron refuerzos a las diversas corporaciones policíacas.

Por tales hechos hay 10 detenidos y cuatro menores de edad que en su momento fueron presentados ante el Ministerio Público.

Respecto al rumor de personas muertas en los hechos, descartan que haya sucedido, agregó que tampoco hay heridos de gravedad en las unidades de salud que se tienen en el municipio.

El funcionario estatal dijo que no hay una persona atendida por gravedad, salvo alguna sutura por golpe en la cabeza o algún impacto que provocan las balas de goma.


El Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda reiteró que los hechos suscitados ayer obedecen al orden público -y no obedece al movimiento de los jornaleros- lo que es atendido por gobierno federal y en eso están trabajando, así las cosas, desvinculó los actos en relación al movimiento de los jornaleros, reiteró que simplemente fue un hecho que se atendió como cualquier otro que atente la seguridad de los ciudadanos.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN/ JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-05-2015/1340891.

Enfrentamiento entre jornaleros de San Quintín y policías; hay dos detenidos y 9 campesinos heridos

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hay también tres policías estatales lesionados. Según el diario, el Secretario General de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, mencionó que dos personas ya fallecieron por los enfrentamientos y hay cinco detenidos.

La mañana de este sábado 9 de mayo se registró un nuevo enfrentamiento entre jornaleros del Valle de San Quintín y elementos de seguridad del estado de Baja California, luego de que campesinos intentaran quemar parcelas y la delegación municpal Vicente Guerrero.

Hasta ahora hay dos personas detenidas, y por lo menos nueve jornaleros lesionados, de acuerdo con el diario Reforma.

Hay  tres policías estatales heridos, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como nueve jornaleros lesionados, informó Fidel Sánchez, dirigente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de los Jornaleros.

La versión de los campesinos fue que al pedir a sus compañeros que no ingresaran a trabajar al Rancho Seco y mejor esperaran la visita del subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda Nava, el dueño del predio llamó a la policía, la cual, acusan, agredió a los jornaleros, quienes reaccionaron inmediatamente con la destrucción de dos vehículos de las fuerzas de seguridad.


“Los compañeros responden cuando son agredidos, pero mientras no haya agresión nadie va a agredir a nadie. Somos jornaleros con poca preparación académica, pero con cabeza para pensar que una agresión contra las autoridades no se debe cometer” apuntó Fidel Sánchez, quien también dijo haber recibido de Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), quienes ayudaron a trasladar a los herido,  casquillos calibre .12 milímetros que presuntamente encontraron en el lugar de los hechos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inician autoridades búsqueda de 11 jornaleros desaparecidos en Sonora

Reportan familiares que se desconoce su paradero desde el pasado domingo.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) inició la búsqueda de 11 jornaleros agrícolas originarios del estado de Sinaloa que desaparecieron el pasado domingo 3 en Guaymas, Sonora.

Los jornaleros que salieron del municipio de Choix hacia el estado de Sonora para trabajar en el cultivo de uva están desaparecidos desde el domingo, denunciaron familiares de los trabajadores ante las autoridades.

La mayoría de los ausentes son jóvenes.

Parientes de los jornaleros visitaron al alcalde de Choix, Juan Acosta Salas, para pedirle que intervenga para que el gobierno de Sinaloa los respalde.

De acuerdo con informes de sus familiares, algunos jornaleros se comunicaron vía telefónica hace 72 horas y desde entonces no se sabe nada de ellos.

En la zona serrana de Choix son frecuentes las ejecuciones y los enfrentamientos por pugnas de grupos de Sinaloa y de Chihuahua vinculados con el narcotráfico.

Los jornaleros viajaban en una camioneta blanca con destino a Sonora para trabajar en el cultivo y corte de uva.


El alcalde Acosta Salas, quien en marzo pasado fue atacado por un comando y resultó herido de bala, cuando viajaba con su esposa y seis integrantes de su gabinete, pidió la intervención del gobernador Mario López Valdez y del procurador de justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jornaleras, víctimas de humillación y desprecio en el Valle de San Quintín

VALLE DE SAN QUINTÍN, B.C. (apro-cimac).- De madrugada y en penumbras, María se despabila de un sueño que apenas duró cuatro horas y se levanta de su desgastado colchón, para iniciar desde las tres de la mañana su labor como jornalera en este valle del estado de Baja California (BC).

A esa hora, el viento frío congela esta orilla del Océano Pacífico, a 170 kilómetros al sur del municipio de Ensenada. María vive en un pequeño cuarto con paredes de concreto y techo de lámina. Con las manos entumidas, la mujer deja arder en una diminuta estufa eléctrica unas tortillas que hizo a mano para el “lonche” (almuerzo) de su familia.

En su bolsa tejida, típica de su natal Oaxaca (al sur del país), María acomoda dos “burritos” (tacos de frijoles y arroz) que comerá al mediodía, cuando el “mayordomo” (capataz de los campos agrícolas) apenas le dé media hora de descanso para almorzar. En ese instante podrá relajarse un poco de las horas que ya llevará en la pizca de la mora en un rancho de alguno de los agricultores de la región.

Como María, todas las jornaleras –antes de llegar a los campos agrícolas– se visten con un trapo en la cabeza y una gorra para soportar el calor; un paliacate que les cubre nariz y boca para no aspirar los productos tóxicos con los que se fumiga la cosecha.

También se ponen una sudadera larga para no espinarse los brazos; un pantalón de mezclilla para que resista el desgaste de andar en cuclillas; calcetines para que las plantas no les rasguñen los pies, y una falda encima del pantalón para que los hombres no les miren el cuerpo y las acosen.

Después, la jornalera se despide de sus hijos, a quienes deja dormidos sobre el mismo colchón del que ella se levantó. Empuja un pedazo de madera con tres clavos que ingenió a manera de puerta y cerrojo de su casa.

María le grita a su vecina que ya se va, que le encarga a los niños y la casa. Afuera la esperan otras mujeres que se acompañan entre sí para no caminar solas los cientos de metros sin alumbrado público que recorren desde sus comunidades hasta la carretera Transpeninsular, principal vialidad de la zona, donde tomarán el camión que las llevará a los campos agrícolas.

A las cinco de la mañana, el parque de la delegación San Quintín, sobre la oscura carretera Transpeninsular, tiene más vida que a cualquier otra hora.

Los trabajadores del campo llegan del norte o sur  del Valle y se aglutinan frente los juegos de metal que las y los habitantes pidieron hace pocos años al Centro de Gobierno para que sus hijas e hijos cuenten con espacios recreativos, aunque las mismas jornaleras tuvieran que “dar cooperación” y pintar los columpios.

“La nueva” del grupo

Maricia –joven de 20 años que acaba de llegar del Estado de México, y dejó sus estudios por falta de recursos– intenta acercarse a un grupo de mujeres que tiemblan de frío mientras esperan que un transporte de personal las lleve a trabajar a un campo.

Pregunta a las trabajadoras sobre las actividades del campo; la ignoran con hostilidad y a la vez con temor porque piensan que ella podría quitarles su lugar en la pizca.

Maricia espera sola a que alguno de los camiones que pasan por el parque se detenga, abra sus puertas y deje asomar al conductor (también trabajador del campo) que ofrece empleo: “Voy por semana, nada más, ya no hay por día”.

“¿Pa’ dónde sale?”, preguntan las y los jornaleros que se arremolinan porque quieren saber a qué rancho podrían ir a trabajar ese día. La experiencia les dirá qué centro de trabajo es más “canijo” (explotador) que otro; de eso depende que las trabajadoras suban o no al camión.

“Voy pa’ lo mismo, a la pizca de bolita (col de bruselas) de 130 pesos el día”, responde el conductor que se distingue entre el resto de trabajadores por ir mejor vestido y más limpio.

“¿Y cuándo pagas?”, insisten las mujeres entre los apretujones de otros jornaleros. “Pagamos el viernes, pero no el que viene (en cuatro días) sino hasta la otra semana”, contesta el hombre sin esforzarse por insistir, ya que en cinco minutos (tiempo de espera máxima del transporte) las trabajadoras –sin estar convencidas– de todos modos subirán al camión.

Maricia deja pasar esa oportunidad y espera otras ofertas. Quince minutos después, y entre la angustia de los que no han subido a un camión, se van abrir otras puertas: “Voy a la mora, es por día de a 120 pesos, pero necesito que traigas papeles”, dice otro conductor (otra vez un hombre joven, de rasgos indígenas, recién bañado).

El empleado no explica para qué quiere los papeles, pero necesita un acta de nacimiento y la credencial de elector de Maricia.

“Acabo de llegar al Valle y todavía no me han mandado mis papeles”, explica la jornalera. “Entonces no se puede”, advierte el conductor y cierra la puerta detrás de los brincos apresurados de las trabajadoras que aceptaron subir por los 120 pesos por día que recibirán al terminar la semana.

Pasan más de 20 minutos entre varios intentos frustrados. El día ya asoma sus primeros rayos mientras las últimas jornaleras alargan sus cuellos morenos en dirección a la carretera en espera de los últimos transportes.

Un jornalero de nombre Mauricio, no mayor de 30 años y originario del DF, se acerca a Maricia. “Es pura pantalla, los están pidiendo después de la huelga de jornaleros para hacer la finta de que están dando de alta en el Seguro Social, pero esos papeles nunca los piden”, le dijo a la joven.

“Yo voy a la pizca de ‘bolita’, pero es lo más difícil: tienes que aplastarla con la palma de las manos, ya después de mediodía; cuando juntes como unas seis cubetas, te andas sentando en una piedra para empezar a cortar”, explica el hombre que emigró al norte del país hace cinco años.

El jornalero insiste que el campo “no es vida” y que una mujer joven sin experiencia en la agricultura, como Maricia, no va a aguantar ni el primer día porque la jornada es tan desgastante que algunas personas se desmayan.

“Acá lo mejor es irse por ‘el diablo’, o sea por día, porque si te vas por ‘tarea’ –como hacen la mayoría de las mujeres para llegar temprano a sus casas para estar con sus hijas e hijos– es más duro, necesitas hacer todo más rápido para sacar más (dinero)”, le dice el jornalero.

Y continúa: “No te vayas por semana porque tardan mucho en pagarte o luego te dan menos; mejor por día en lo que aprendes y te la llevas con calma, pero eso sí, entras ahorita (entre seis y siete de la mañana dependiendo el trayecto hasta el campo) y sales hasta la cinco o seis de la tarde”.

En vista de los distintos fracasos de Maricia para encontrar trabajo por un día, el jornalero propone decirle al “bato” que conduce el camión de personal que él espera que “haga paro”, y también se lleve a trabajar a la joven inexperta.

Mauricio ruega al conductor mientras los otros jornaleros (que ya tienen asegurado su lugar en el camión) empujan a Maricia para que se quite de la puerta, ya que esta vez sólo irá el mismo número de personas que fue al campo el día anterior.

La  joven se acomoda en uno de los primeros asientos del transporte; aunque el paliacate sólo le dejaba descubiertos los ojos, varios hombres que pasan a su lado le sueltan comentarios sexistas.

El jornalero junto al que ella se sienta saca uno de sus dos burritos por si durante la jornada no le da tiempo de “echarse un taco”.

El camión avanza apenas dos minutos; la “mayordoma” (de no más de 20 años y con estatura de niña) observa al grupo, identifica a Maricia y de inmediato ordena: “La nueva que se baje; la nueva no va”.

Su voz silencia el transporte y aunque Maricia ruega, la “mayordoma” se niega a llevarla y la baja a cuadra y media del parque. Una vez abajo, alrededor de la joven unas 20 jornaleras de más de 50 años esperan otro camión con su bote de 20 kilos en el que echarán los productos del campo.

Las adultas mayores “no sirven”

Rafaela Domínguez, jornalera cuyas arrugas cerraban sus parpados, caminó desde las 4 de la mañana para llegar al parque. Ahora tendrá que caminar de regreso una hora porque no consiguió trabajo.

Ninguno de los 15 camiones que Rafaela vio pasar esta mañana la quiso subir porque “ya no puede, no sirve, no acaba sus tareas y otros la tienen que ayudar”.

Lleva más de 30 años trabajando en el Valle de San Quintín, y aunque dejó parte de su vida en los ranchos, la mujer no tuvo derecho a una jubilación, nunca estuvo inscrita al IMSS.


“¿Cómo le va hacer para comer hoy, doña Rafaela?”, le pregunta Maricia que camina junto a ella en dirección a la comunidad El Papalote. “Me voy hacer mis tortillas a ver si las puedo vender, pero mañana regreso otra vuelta a ver si ahora sí me llevan”, le responde, mientras desploma al costado de su cuerpo encorvado sus manos callosas a las que no coloca guantes porque –dice– podrían maltratar las plantas que le dan trabajo y alimento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO (REPORTAJE ESPECIAL)

Jornaleros de San Quintín amagan con boicot económico internacional

MÉXICO, D.F: Jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, anunciaron que este sábado 9 iniciarán un boicot económico internacional en caso de que los gobiernos federal y estatal no atienden sus demandas.

En conferencia de prensa, Fidel Sánchez Gabriel y Bonifacio Martínez, voceros de los jornaleros agrícolas, hicieron pública la denuncia de órdenes de aprehensión en contra de cinco de sus compañeros y demandaron la liberación de otros 14, quienes sin pruebas fueron acusados del delito de robo agravado.

De igual manera, exigieron a las autoridades un ingreso mínimo por jornal de 200 pesos, la libre sindicalización y la restitución de los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo.

Los inconformes anunciaron que acudirán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para demandar un salario digno, la restitución de prestaciones laborales y el reconocimiento de un sindicato ajeno a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

El secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa Hernández, quien estuvo presente en la conferencia, sostuvo que la Ley Federal del Trabajo y los Derechos Humanos en San Quintín no existen.

Tan es así, dijo, que “la exposición diaria a químicos como fertilizantes ha mermado la salud de la población, generándoles cataratas y glaucoma, especialmente en mujeres, así como intoxicación, insolación en agravio de niños y adultos que trabajan sin protección”.

A la acción global anunciada por los jornaleros también se sumarán eventos artísticos y giras por Estados Unidos y Europa con el grupo Los de Abajo, para dar a conocer la realidad de San Quintín.


A escala nacional realizarán una caravana para integrar más jornaleros al movimiento, y las redes sociales –subrayaron– no se dejarán de lado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jornaleros de San Quintín piden a Mancera apoyo para formar sindicato

MÉXICO, D.F: Voceros del movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, solicitaron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que los auxilie “con sus mejores abogados” para formar un “sindicato legal y formalmente integrado”.

La petición la realizaron el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, a través de un oficio que entregaron al secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, según un comunicado del gobierno capitalino.

En el documento los jornaleros expresaron su “confianza” en el gobierno capitalino “para que la constitución de su sindicato se convierta en una de las principales conquistas de su movimiento”.

Según el GDF, Mancera Espinosa instruyó a las secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), y Desarrollo Económico (Sedeco) para integrar un equipo jurídico que apoye a los jornaleros “a la brevedad posible”.

La petición de los jornaleros de San Quintín se dio luego de una serie de comunicaciones que inició el mismo Miguel Ángel Mancera cuando el conflicto de los trabajadores estaba en su apogeo –con huelga y bloqueos carreteros–, pero también en el momento en que él  impulsaba su iniciativa de elevar el salario mínimo en el DF y en todo el país.

El pasado 7 de abril, el mandatario capitalino hizo pública una carta en la que expresaba su “solidaridad” con los jornaleros:

“Queremos manifestar que su movilización y protesta ilustra muy bien la realidad laboral de los trabajadores mexicanos, es decir, la realidad de jornadas completas, de sol a sol, con un pago muy precario y en condiciones muy desiguales –así sea mediante contrato individual o colectivo– frente a sus patrones”.

En la carta les dijo: “Sabemos que –por fortuna– ustedes no ganan el salario mínimo, pero para lograr el incremento a 100 ó 120 pesos diarios, han tenido que sacrificar algunas prestaciones (aguinaldo, vacaciones, séptimo día, etcétera), bajo situaciones absolutamente ajenas a un país que se dice democrático y se quiere moderno”.

Una semana después de la misiva –el 15 de abril–, Mancera Espinosa abrió las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a los voceros del movimiento, quienes encabezaban una serie de marchas y bloqueos en las principales calles de la Ciudad de México.


En una reunión privada, ofreció a los jornaleros la garantía de libre manifestación en las calles del DF y se ofreció como intermediario de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En San Quintín las jornaleras mueren por nulos servicios médicos

Valle de San Quintín, BC: Lucila Hernández, líder jornalera, viajó hasta la ciudad de México para exponer ante legisladores federales las condiciones de explotación en que viven, y lo primero que pidió fue que se construyera un hospital de especialidades.

“Es que eso urge”, dijo Lucila al relatar el caso de tres personas (dos mujeres y un recién nacido) que murieron durante los últimos dos años en el trayecto del rancho “Los Pinos”, su comunidad, al centro de la ciudad de Ensenada, a cuatro horas de distancia en autobús.

Las dos mujeres fallecidas necesitaban ser atendidas por un especialista en urgencias médicas o complicaciones durante el embarazo. Además, a falta de servicios adecuados tuvieron que utilizar varios transportes (ambulancia, automóvil particular y autobús) para recorrer 170 kilómetros.

Y es que en este Valle, con una población de más de 80 mil personas y 43 mil hectáreas de superficie agrícola, sólo hay dos pequeñas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una del Seguro Popular (SP) y un hospital que no atiende especialidades.

La misma Lucila, quien en días pasados exigió a funcionarios federales que apoyen su lucha para abolir la explotación en el campo, enfrentó un calvario durante más de un año para atender un padecimiento de miomas en los ovarios.

La indígena mixteca que reside en este lugar desde hace 30 años, dice que esa enfermedad “la arrancó” del campo, a donde no ha de volver aunque sane.

Cuenta que un asiento de escritorio le sirvió como silla de ruedas durante un año, mientras se reponía de la fuerte infección en los intestinos que le originó el mal tratamiento y la insensibilidad y negligencia de un médico del SP que aún sigue en funciones.

Su nuevo médico (un especialista particular que la atiende gratuitamente gracias a la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) asegura que si la mujer no hubiera llegado a Ensenada a pedir ayuda especializada, ahora tendría cáncer.

Por el costo de los traslados y los medicamentos, la enfermedad de Lucila consumió los ahorros de su familia y las pequeñas ganancias de una tienda de abarrotes que levantó con un préstamo, pero que ya cerró. Ahora ella duerme en el suelo en un petate.

La mujer, originaria de Oaxaca, está acostumbrada a ser líder, a gestionar mejoras comunitarias y a no obedecer a nadie, por eso nunca ascendió a “mayordoma” en los campos agrícolas, ni conservó por varios años un mismo empleo.

La ahora presidenta de su comunidad lucha porque dos de sus vecinas, ambas jornaleras, reciban la atención y los recursos económicos que necesitan para atender los padecimientos relacionados con la salud reproductiva, comunes entre las mujeres mayores de 40 años de edad que habitan en el Valle.

“Las casitas”

Mientras caminaba por el rancho “Los Pinos”, también conocido como “Las Casitas”, Lucila levantaba polvo de estas calles alineadas por varias casas construidas con materiales de desecho, y señalaba a las niñas y niños que esperaban solos a que sus padres regresaran del campo tras cumplir su jornada laboral de nueve horas.

Lucila se detuvo frente a un cuarto verde de cemento de no más de 20 metros cuadrados. A diferencia de los otros terrenos, en el patio de esta casa no florece la manzanilla.

“Ahí vivía Enedina Muñoz; murió a los 40 años de edad porque le colapsaron los riñones mientras la llevaban en ambulancia hasta Ensenada”, cuenta. A la mujer le sobreviven sus dos hijos y su esposo.

La misma suerte corrieron Leonila –mientras estaba en labor de parto a bordo de un coche particular– y un recién nacido que murió de regreso a la comunidad porque le entró polvo a sus pulmones.

En una casa con techo y paredes de lámina vive Maura, la mujer de 48 años que padece quistes en los senos y que no habla de su padecimiento porque le avergüenza.

Maura es de Sinaloa y tiene más de tres años lidiando con el médico del Valle, porque aún no recibe un tratamiento que la alivie.
En otra de las calles está el domicilio de Rosario, que cada martes deja a sus tres hijos y su esposo carpintero –con parálisis en las piernas provocado por un accidente de trabajo– para irse hasta Ensenada a sus citas médicas.

Maura empezará con quimioterapias en próximos meses, por lo que tendrá que viajar hasta Tijuana, a seis horas del Valle, en dirección hacia el norte.

Luego de platicar con el esposo de Rosario, Lucila se encontró a Hilda, una mujer de 42 años que camina con dificultad entre el polvo y las piedras de estas calles.

Hilda está enferma de las rodillas, ya fue operada de una de ellas y ahora toma un mar de medicamentos. La inyectan cada semana para que no se le hinchen ni le duelan, y aunque necesita una segunda operación, teme que ésta le impida volver a caminar para siempre.

Por el constante dolor en sus articulaciones, Hilda –que en ese momento regresaba del campo– no terminó la pizca de la mora que a diario debe realizar en seis surcos de 100 metros cada uno. Y aunque se llevó toda la mañana de rodillas, la mujer sólo ganó 60 pesos.

Pésima atención en salud

Uno de los principales impedimentos para que todas las jornaleras reciban atención adecuada es que muchas de ellas carecen de seguridad social por falta de documentos, como el acta de nacimiento.

La Casa de la Mujer Indígena (Cami), una organización civil que defiende los derechos de las mujeres en San Quintín, ha insistido a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero que realicen campañas que permitan a sus paisanos tramitar sus papeles.

De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por la Cami, sólo 27% de las 419 mujeres que fueron entrevistadas estaban afiliadas al IMSS. Y según datos recientes que dieron directivos de la institución en las recientes negociaciones con los jornaleros, de una población trabajadora que podría superar las 80 mil personas, sólo 17 mil están afiliadas al Seguro Social.

Algunas jornaleras consultadas comentaron que el trámite del acta de nacimiento es casi imposible para las oriundas de Guerrero, ya que el gobierno estatal se niega a facilitarlo y porque el Registro Civil en Ensenada les pide 350 pesos por persona para realizar el trámite, sin que esto les asegure que tendrán los documentos.

Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del IMSS en San Quintín, asegura que luego de que inició el paro de labores en el campo, en marzo pasado, el personal sanitario tiene la orden de no regresar a ningún paciente por el sólo hecho de no tener dinero para pagar una foto que exige su registro.

“Nunca habíamos tenido tanta gente. Es que siempre se les ayuda, pero si ahora no tienen para pagar una copia o una foto, yo hablo con la de la papelería para que se las deje más barata”, explica.

Además, un hospital de especialidades es “urgente”, coincide Irene con Lucila, porque todos los días se usan las ambulancias para llevar a las mujeres del Valle hasta Ensenada.

Sin dar cifras porque “no están a la mano”, la trabajadora sostiene que el principal padecimiento por el que las jornaleras buscan atención es la lumbalgia, dolores en articulaciones y accidentes en el trabajo, como heridas, esguinces, fracturas, picaduras de abeja, cuerpos extraños en los ojos, o choques de automóviles en el trayecto al campo.

En el área de ginecología las mujeres acuden con más frecuencia por cáncer cérvico uterino, embarazos de alto riesgo, miomas o quistes, e infecciones en la matriz, dice.

La trabajadora social asegura que si bien no se han realizado estudios al respecto, los químicos y fertilizantes que se usan en los ranchos podrían estar vinculados con los padecimientos de las jornaleras; sin embargo, ya se “está trabajando para que se dejen de usar esos productos químicos”, subraya.

Las ambulancias del IMSS, agrega, están a disposición de las trabajadoras, y en caso de emergencia médica los vehículos van hasta los centros de trabajo para llevarlas a Ensenada.


Mientras la trabajadora social concedía la entrevista se vio obligada a explicar a los familiares de una paciente de psiquiatría que su cita médica –prescrita como urgente– tendría que postergarse hasta el próximo mes por falta de espacio en la agenda… y por falta de una ambulancia que la lleve hasta el consultorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.

Jornaleros de Baja California piden ayuda a diputados

MÉXICO, D.F: Un grupo de 13 jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, se reunió este miércoles con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para hacerle diversas peticiones, entre ellas mejores salarios para el sector y el cumplimiento de prestaciones de ley.

Los jornaleros solicitaron la intervención de los legisladores para establecer una mesa de negociación en la que participen productores, trabajadores y autoridades del gobierno federal y estatal, con el fin de resolver la problemática que generó un paro de labores en aquella región desde el pasado 17 de marzo.

Los representantes de los 90 mil jornaleros subrayaron que entre sus demandas principales resalta la solicitud de un salario justo de 200 pesos diarios.

Justino Herrera Martínez, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJS), comentó que hay un rancho, “Los Molinos”, que sí ha demostrado que se puede pagar ese monto a cada uno de los trabajadores, y agregó que ese es un ejemplo que deberían seguir otros productores.

Además pidió el apoyo de los diputados para evitar que se sigan violando los derechos laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín, y demandó la mediación de la Jucopo para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se evite el cumplimiento de las órdenes de aprehensión que hay en contra de los líderes de los jornaleros del Valle de San Quintín, promovidas por el gobierno estatal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que autoridades del gobierno federal viajarán el próximo viernes 24 a Baja California, para buscar una solución a las demandas laborales de los jornaleros agrícolas.

A la reunión de la Jucopo con los jornaleros agrícolas asistieron, además de Beltrones Rivera, los diputados Miguel Alonso Raya y Abraham Correa Acevedo, del PRD; así como Manuel Añorve Baños y Ricardo Medina Fierro, del PRI.

El también coordinador del PRI les expresó el interés de la Cámara de Diputados de coadyuvar en la búsqueda de la solución a los diversos planteamientos.

Dijo que la respuesta del gobierno fue inmediata y que fue enterado de que el próximo viernes 24  el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, se trasladará a Baja California para que, con la participación de las autoridades locales, se busque y se dé una solución conjunta a la problemática que enfrentan los jornaleros del Valle de San Quintín.

Precisó que se solicitó al gobierno federal que a esa reunión también asistieran funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual permitiría dar una atención y respuesta integral.

Por su parte, Beltrones Rivera hizo un amplio reconocimiento al liderazgo que encabezan los representantes de los jornaleros, así como a las demandas de su movimiento.

“Por ello, el Congreso de la Unión ha atendido sus planteamientos y ha urgido al gobierno para que disponga lo necesario para escucharlos de viva voz en su lugar de origen”, añadió.

En rueda de prensa, acompañados por el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, los voceros oficiales de la AONEMJS, Justino Herrera Martínez, Bonifacio Martínez Cruz, Fidel Sánchez Gabriel y Joel Hernández explicaron su presencia en esta ciudad.

Dijeron que no regresarán al Valle de San Quintín sin respuestas favorables para sus compañeros agrícolas que exigen mejores salarios y prestaciones de ley para dar bienestar a sus familias mediante una buena alimentación y escuelas para sus hijos.

Sánchez Gabriel explicó que la propuesta inicial para el pago de la jornada de ocho horas fue de 300 pesos, más el pago de las cajas que pizcarán de fresa, moras y jitomate, pero la bajaron a 200 pesos por jornada de trabajo de ocho horas y prestaciones de seguridad social.

“Nosotros en la mesa de diálogo que inició el 18 de marzo, que duró más de ocho días, con la voluntad de trabajar y de continuar con el diálogo pacífico de los 300 pesos, dejamos como última propuesta 200 pesos sobre la mesa del diálogo para que lo considerara el Consejo Agrícola de Baja California.

“Nosotros hasta ahí es la última propuesta que pusimos sobre la mesa y queremos, pensamos y confiamos en que sí van a llegar esos 200 pesos a la mano de cada uno de los jornaleros agrícolas que trabajamos en el Valle de San Quintín, Baja California”, señaló.

El perredista Miguel Alonso Raya indicó que lo único que piden los trabajadores agrícolas es que se respete y se aplique la ley, y que se les pague un salario más o menos digno que les alcance para cubrir por lo menos una parte de la canasta básica.


“Pedir 200 pesos por ocho horas de trabajo, por una jornada completa en el día, están planteando un salario que desde mi punto de vista no es justo”. Sin embargo, dijo, “para ellos es un paso para poder ir recuperando e ir logrando poco a poco un salario que les permita comprar parte de lo básico y eso les permita comer mejor y que sus hijos vayan a la escuela”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La vida de los jornaleros mexicanos: reciben 100 pesos por trabajar más de 15 horas al día

Mientras continúa la huelga de jornaleros en el Valle de San Quintín, organizaciones civiles y académicos denuncian que el problema de abuso y violación a derechos laborales se extiende a todo el país con más de dos millones de afectados.

Francisca, una mujer indígena del municipio de Tlapa en Guerrero, contó al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que cada año viaja a Mazatlán, Sinaloa, y soporta abusos, hambre, sed y jornadas de trabajo de más de 15 horas porque en su comunidad simplemente no hay “nada mejor”.

El Centro y la Red de Jornaleros Agrícolas denuncian que como lo relata Francisca, los jornaleros agrícolas del país, al no tener otra alternativa, aceptan un trabajo poco remunerado, viven en condiciones de hacinamiento y son víctimas de abusos y violaciones sin que haya una autoridad que intervenga para evitarlo.

Según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009, en el país existen dos millones que laboran en 18 estados: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

La Red asegura que los abusos y malas condiciones laborales de los campos agrícolas y fincas de esas entidades es una constante, aunque es hasta ahora, tras la huelga de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en Baja California, -en la que los trabajadores exigen desde el 17 de marzo sueldos justos y prestaciones como seguridad social y aguinaldo- que el tema está llamando la atención de la ciudadanía.

Tomando en cuenta la investigación que organizaciones civiles y académicos han hecho en los campos agrícolas de México,  Animal Político te presenta 16 datos sobre la explotación laboral de la que son víctimas los jornaleros agrícolas del país.

1. Los salarios de los jornaleros agrícolas en México oscila entre los 65 y 110 pesos al día por jornadas superiores a 15 horas. El salario mínimo en el país es de 68-70 pesos por una jornada de 8 horas.
2. Los jornaleros del Valle de San Quintín que están en huelga desde el 17 de marzo empezaron exigiendo un pago diario de 300 pesos, ahora dicen que aceptarán 200, pero los empresarios sólo están dispuestos a aumentar 16.5 pesos más por jornada.
3. Un jornalero agrícola sólo tiene trabajo por periodos de 4 a 8 meses. Recibe su salario al concluir el periodo, aunque la mayoría se queda sin nada porque debe “endeudarse” en las tiendas de raya para obtener -a precios hasta cinco veces superiores- productos básicos que no recibe en los campos agrícolas.
4. Persiste la práctica de contratación de núcleos familiares o comunitarios. Los jornaleros involucran a toda la familia para aumentar el ingreso por hogar. Esto provoca que el 40% de los trabajadores de un campo sean niños.
5. Cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan su comunidad de origen para emigrar con sus familiares para ser jornaleros, según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del gobierno federal.
6. El 42% de los niños jornaleros agrícolas presentan algún tipo de desnutrición.
7. Del 2007 a la fecha se ha documentado la muerte de 41 niños en campos agrícolas por accidentes de trabajo, atropellos, picadura de insecto, desnutrición o falta de atención médica.
8. El 40% de las mujeres indígenas que son jornaleras agrícolas reciben un salario menor al de sus compañeros, sin que haya una justificación para ello.
9. El 34.7% de las mujeres jornaleras han sido víctimas de humillaciones durante su jornada laboral, según el Instituto Nacional de las Mujeres.
10. Entre el 30 y 40% de los jornaleros agrícolas del país comen sólo dos o menos veces al día.
11. El acceso a la vivienda digna es “nulo” en los campos de cultivo. En el Altiplano Potosino más de 90% de los campos no cuentan con viviendas habitables y la mitad carecen de baños.
12. El 60% de los jornaleros agrícolas son indígenas provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
13. El 81% de los jornaleros no concluyeron la educación secundaria.
14. El 90% de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo.
15. El 80% de los jornaleros no cuenta con prestaciones laborales y sociales y no pueden acudir a un médico en caso de accidente.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el 50% de los accidentes de trabajo ocurren en campos agrícolas. Ser jornalero agrícola es considerada una de las labores más riesgosas a nivel internacional. A nivel mundial, cada año mueren 70 mil jornaleros sólo por plaguicidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Denuncian activistas explotación y abuso a jornaleros en 19 estados

MÉXICO, D.F: Defensores de los derechos de los jornaleros agrícolas denunciaron la explotación generalizada a la que son sometidos los indígenas que cada año dejan sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.

En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, además de Respuesta Alternativa, Voces Latinoamericanas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que los indígenas son contratados por enganchadores que ofrecen condiciones laborales inexistentes y los patrones exigen más de 10 horas de trabajo extenuante, aunado a la ausencia de apoyos gubernamentales, tiendas de raya e impunidad para los dueños de las fincas agrícolas.

Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín (Baja California) que pugnan por un aumento salarial, inscripción al IMSS y cese al hostigamiento sexual, entre otras demandas, evidencia una realidad generalizada en 19 entidades a donde llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.

Explicaron que por jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, la agroindustria exporta cada año 400 mil millones de pesos.

Luego de destacar que la cifra de trabajadores de las agroindustrias ascendió a 2 millones, según cifras de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009, los defensores acusaron que mientras se solapa la explotación laboral, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 destinó 338 mil millones de pesos para apoyar a los agroindustriales.

De acuerdo con los activistas, los estados donde se encuentran las agroindustrias que requieren de mano de obra barata son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y Chiapas, en tanto que las entidades expulsoras son las diez más pobres del país, entre ellas Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Ezequiel Montes, del FIOB, dijo que la movilización de jornaleros agrícolas en San Quintín es un “grito desesperado” ante las condiciones laborales y el abandono institucional.

Giovana Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, explicó que a partir de 2011 se detectó en Guanajuato a indígenas originarios de estados del sur del país, pero “no hay condiciones para recibir a las cientos de familias que llegan”.

Battaglia destacó que su organización ha detectado a menores de seis años trabajando en los campos, y tras una encuesta realizada por esa misma agrupación en torno de las condiciones de salud de los niños jornaleros, concluyeron que “42% sufren desnutrición crónica agudizada por la baja calidad de alimentación”. Además, dijo, en Guanajuato han muerto cinco menores hijos de jornaleros.

Jesús Carmona, de Respuesta Alternativa, resaltó que en San Luis Potosí operan 32 empresas agroindustriales que destinan 90% de su producción a la exportación, por lo que en los últimos dos años se ha incrementado la contratación de trabajadores originarios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Morelos.

Sobre el trabajo infantil, recordó que en julio de 2014 una camioneta con jornaleros se volcó y murieron dos niños “con signos de haber trabajado en los campos, al igual que otros dos que resultaron heridos”.

Hasta ahora, apuntó, “las autoridades no han encontrado el rancho que los contrató (…) estamos hablando de una posición oficial de omisión, complicidad e incapacidad”.

Margarita Nemecio, de Tlachinollan, sostuvo que de 2007 a la fechan han muerto 41 niños guerrerenses  en los campos agrícolas de Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.

“Hasta ahora no ha habido justicia para las familias, ni nada que se le parezca a una indemnización”, apuntó, y reprobó que siendo un problema tan añejo, las autoridades federales se niegan a atender las irregularidades que engloban el fenómeno de la migración interna.

“No hay ningún tipo de supervisión ni sanción para los enganchadores que engañan a los trabajadores, no hay supervisión a los transportistas contratados por empresarios para llevar a jornaleros. Nosotros detectamos condiciones de hacinamiento, pero ningún camión fue revisado por la Policía Federal, ni se verificó que tuvieran sus documentos en regla”, precisó.

Entre las omisiones de las autoridades, Nemecio señaló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no verifica si las condiciones de trabajo son las adecuadas y “ni siquiera si hay reglamento para la seguridad del trabajador. Hemos detectado lineamientos para que los productos estén bien, pero no para garantizar la seguridad de los jornaleros”, subrayó.

Aldo Ledón, de Voces Latinoamericanas, informó sobre las condiciones de explotación en al menos 860 fincas en la región del Soconusco, Chiapas, donde laboran alrededor de 120 mil guatemaltecos, además de que –dijo– existe una cifra indeterminada de centroamericanos que laboran en condiciones irregulares.

La catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM, Antonieta Barrón, lamentó que las condiciones para los trabajadores agrícolas vayan en detrimento, pese a que existen instituciones creadas para su atención desde la década de los noventa. “No hay voluntad política para modificar las condiciones de trabajo”, afirmó.

En la conferencia de prensa también estuvieron integrantes de una familia de indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, quienes denunciaron malos tratos de los contratistas, así como el incumplimiento e ineficiencia de programas sociales como el de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y el Seguro Popular, sin contar con la constante discriminación en los estados del norte del país.

Bajo condición del anonimato, la familia indígena relató que a pesar de que existen recursos para apoyar la movilidad de las familias a través del PAJA, “cuando nos dan la tarjeta y vamos al cajero nos dicen que no tiene fondos”.

De acuerdo con la normatividad del PAJA, una familia de jornaleros migrantes puede cobrar 800 pesos para apoyo de transporte cuando mucho en tres ocasiones, en un mismo periodo de cosecha.


También reclamaron que no cuentan con servicio médico y que a pesar de que tienen Seguro Popular, en las zonas de trabajo no les validan el servicio porque se dieron de alta en sus lugares de origen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Apoya Mancera a jornaleros de BC… e ignora a bomberos del DF

MÉXICO, D.F: Tres semanas después de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, iniciaron una huelga y movilizaciones en demanda de mejoras laborales, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, les envió una carta para ofrecerles “todo el apoyo para su negociación, siempre pacífica y por la vía legal”.

En una misiva fechada ayer y difundida por la Coordinación General de Comunicación Social del GDF, el mandatario local aprovechó las demandas de los jornaleros para recordar que él impulsa un “acuerdo nacional, más allá de los partidos, para establecer una política de trabajo digno y de recuperación salarial, en el norte lo mismo que en el sur de nuestro país”.

Y mientras se difundía esta postura, en la plancha del Zócalo el GDF ignoraba las demandas de un grupo de bomberos despedidos de manera injustificada –como aseguran–, por denunciar actos de corrupción dentro de la corporación dirigida por Raúl Esquivel.

A lo largo de dos cuartillas, Mancera Espinosa califica al movimiento de San Quintín como “legal y pacífico”. Dice que “ilustra muy bien la realidad laboral de los trabajadores mexicanos, es decir, la realidad de la jornadas completas, de sol a sol, con un pago muy precario y en condiciones muy desiguales –así sea mediante contrato individual o colectivo– frente a sus patrones”.

Redactada en tercera persona, les dice que “por fortuna” ellos no ganan el salario mínimo, pero que sabe que para lograr un incremento de 100 0 120 pesos diarios de pago, han tenido que “sacrificar” prestaciones como aguinaldo y vacaciones, bajo situaciones “absolutamente ajenas a un país que se dice democrático y se requiere moderno y solidario”.

Luego, de plano se lanza:

“Queremos decirles que su reivindicación es la nuestra, porqué (sic) desde hace un año, hemos insistido en todos los foros que el problema de la economía y del mercado laboral en México no radica sólo en los mercados informales, sino precisamente, en los mercados formales, de decir, allí y donde existe un contrato firmado, un vínculo jurídico, entre empresas y trabajadores”.

Mancera insiste en que las demandas de los jornaleros “son las nuestras, porque exhiben que el producto de su trabajo alcanza y sobra para mantener precios competitivos y ganancias suficientes a sus empresas. Por tanto, el problema no es la ‘productividad’ de la mano de obra, sino la redistribución del fruto del trabajo, ganado honestamente”.

Sus exigencias, agrega, confirman que el precio (sic) que cada año se decreta para el salario mínimo, “coloca a las negociaciones laborales en una desventaja inaceptable para los trabajadores de más bajos sueldos, de tal manera que para contar con dinero líquido –el día a día– están dispuestos a renunciar a otras tantas prestaciones constitucionales, elementales para una vida digna”.

Luego asegura que el movimiento jornalero “arroja luz a una situación que desde el Gobierno de la Ciudad de México hemos señalado insistentemente: el mercado laboral formal produce pobres, incluso pobres extremos. Y este es el mensaje que nuestra economía necesita erradicar”.

Por el contrario, asegura, lo que “la sociedad y el pacto social requieren con urgencia, es la certeza de que el trabajo duro, el trabajo honesto, el trabajo legal, sirve para salir de la pobreza, de la pobreza alimentaria, de la pobreza de hambre”.

Miguel Ángel Mancera finaliza la misiva al decir que “desde la capital del país, les ofrecemos todo el apoyo para su negociación, siempre pacífica y por la vía legal. Su empleo ha venido a demostrar que la situación social mexicana, la de sus trabajadores de más bajos salarios, es insostenible e inaceptable, y que requerimos con urgencia un cambio, un Acuerdo nacional, más allá de los partidos, para establecer una política de trabajo digno y de recuperación salarial, en el norte lo mismo que en el sur de nuestro país”.

Protesta en el Zócalo

Ayer por la tarde, mientras Mancera remitía esta misiva de apoyo a los jornaleros de Baja California, frente a su oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento un grupo de bomberos despedidos injustificadamente, según su dicho, permaneció más de siete horas en espera de que representantes de su administración los recibieran para exponer su situación laboral.

En al menos seis mantas denunciaron “corrupción” al interior del Heroico Cuerpo de Bomberos:

“El director general Raúl Esquivel Carvajal y el secretario general del sindicato Ismael Figueroa premian a 50 representantes sindicales con un ‘tour por Europa’ por participar en el despido de 100 bomberos de experiencia, haciéndoles mobbing laboral y, a las bomberas, acoso sexual”.

Se trata de los mismos bomberos que el 18 de marzo fueron agredidos por sus “compañeros” de corporación, luego de atender una emergencia por un incendio en las inmediaciones de la Central de Abasto.

Como Apro lo documentó con videos y testimonios, los ‘tragahumo’ pertenecientes a la central de Iztapalapa agredieron con piedras y palos a sus compañeros que, para ese entonces, todavía estaban asignados a la Central de Abasto, pero que a raíz de ese incidente fueron retirados, según les argumentaron, “por su seguridad”.

Luego del incendio que el martes por la mañana consumió cuatro secciones de la nave de flores y hortalizas de la Ceda, los bomberos despedidos se plantaron frente a la oficina de Mancera para pedir una audiencia con el jefe de gobierno.

Según informaron a esta agencia, una mujer identificada como Nayeli Burgos, del área de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno del DF, les ofreció reunirse con el titular de la dependencia, Héctor Serrano.


No obstante, las horas pasaron y, a las 11 de la noche, decidieron retirar la manifestación, luego de ser agredidos por policías capitalinos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Que siempre no hubo acuerdo con Jornaleros de San Quintín, aclara la STPS su propia información

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, emitió un comunicado donde acordaba el aumento de 15 por ciento mayor al salario diario que percibían los jornaleros agrícolas de San Quintín, en Baja California. Sin embargo, un par de horas después, la dependencia se desdijo.

En el primer documento se citaba al presidente de la Junta Local, José Antonio Tinajero Ramírez, quien dijo que también se otorgó un aumento en la modalidad de pago “a destajo” por unidad, de igual manera de un 15 por ciento y que ambos ajustes serán efectivos a partir del 27 de marzo. Ahora, la Secretaría dijo que la información era inexacta.

“Mucho agradecemos cancelar su publicación para ofrecer información veraz, antecediendo una disculpa”.

A través del comunicado emitido por primera vez, se informó que los sindicatos que firmaron los nuevos tabuladores de salarios son el de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General, Similares y Conexos del Valle de San Quintín, adherido a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

El viernes pasado, el Consejo Agrícola les había prometido el aumento del 15 por ciento, sin embargo, muchos jornaleros no estaban contentos con el incremento de entre 115 y 130 pesos, cuando ya habían cedido su exigencia de 300 a 200 pesos diarios.

Los líderes agrícolas dijeron el pasado 28 de marzo que fijaron como base la cantidad de 200 pesos como salario diario, así como el destajo a 20 pesos la caja de fresa, porque así lo ha venido haciendo “Carlos”, el propietario Rancho “El Molino”, en la delegación Lázaro Cárdenas, quien a pesar de ser un agricultor pequeño ha mantenido ese pago desde que se estableció hace cinco años, y ahora se pretende que el resto de las empresas homologuen el pago.

La Secretaría había informado que entre las empresas que se encuentran que cuentan con contrato colectivo de trabajo con la CROM están Empresas Berrymex, Moramex y San José Baja Ranch, Rancho Agrícola Santa Mónica, Berry Land, Fortino Heredia Villegas y Empaque Dos Amigos.


Mientras que las empresas agrícolas adheridas a la CTM figuran la Unión Agrícola Regional de Productores de Legumbres de la Costa del Estado de Baja California y Productora Agrícola Industrial del Noroeste.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2015/1299442.

Que los jornaleros de BC estudien si quieren ganar 300 al día: funcionario juvenil del PAN

Dos militantes del Partido de Acción Nacional (PAN) en Baja California, uno de ellos dirigente de Acción Juvenil, causaron controversia en la red social Facebook al mofarse de la lucha que realizan los jornaleros de San Quintín en dicha entidad por mejores salarios y condiciones laborales.

“Si los jornaleros de San Quintín (los mejores pagados del País) sienten que no les alcanza lo que ganan, que le reclamen a los legisladores del PRI y [Enrique] PEÑA [Nieto] por haber promovido y autorizado el incremento del 16% en el Estado”, puso en su cuenta de Facebook Miguel Loza, Secretario Estatal de Acción Juvenil del PAN en Baja California.

Pero Carlos Gorocica Domínguez, también del comité de PAN, provocó ira cuando dijo:

“Que estudien si quieren ganar mas [sic],de que [sic] sirve entonces matarte estudiando si un ‘jornalero’ quiere ganar 300”, expresó Gorocica Domínguez, quien desempeña el cargo de Coordinador de Misión en el Distrito 11 de Tijuana.


Seguido de su texto, cuatro emoticones de risa.

El pasado 8 de marzo, cuando el PAN integraba a sus filias a nuevos militantes para Acción Juvenil, resaltó que estos jóvenes eran seleccionados por ser destacados en algún área, “ya sea cultural, académica, artística o deportiva”.

Carlos Gorocica, quien lleva el mismo nombre de su padre –ambos militantes del PAN–, ha señalado en entrevistas que su afinidad por el partido le viene de familia, y esa es la razón principal “por la que colabora en las diferentes actividades políticas”.

Las dos expresiones generaron una fuerte discusión en redes sociales y se dan en medio de las exigencias de los jornaleros a las autoridades estatales de mejores condiciones de trabajo y aumento de sueldo.

Los jornaleros no han sido recibidos por el Gobernador panista Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, para quien “el conflicto ya está solucionado”.

El Gobernador estuvo hoy en Tijuana para el arranque de una obra de pavimentación en la colonia Horóscopo. Al ser nuevamente cuestionado sobre la problemática de los jornaleros, resaltó la importancia de cuatro acuerdos de 64, entre ellos: seguridad para quienes transitan por las carreteras; carreteras libres; mesa de diálogo y que los jornaleros regresen a sus actividades.

“Para que su economía –de los jornaleros– y, obviamente, la de los productores, no caiga”, informó al semanario Zeta.


Asimismo, negó que su gobierno haya recibido denuncias de abuso sexual a las mujeres que laboran en el campo y lanzó una advertencia por si las protestas se van a las carreteras.

“Todos debemos tener muy claro que vivimos en un estado de derecho y tenemos que cumplir y hacer cumplir la Ley”.

Sobre el llamado de los jornaleros para la intervención de organizaciones internacionales el Gobernador anotó: “Los problemas de Baja California se arreglan en Baja California”.

Los jornaleros siguen sus protestas y esta mañana llegaron en caravana a Tecate, como parte de las acciones que emprenden para visibilizar su causa y exigir condiciones dignas de trabajo alrededor del estado.

Fidel Sánchez, uno de los cuatro líderes del movimiento campesino, dijo que los salarios no alcanzan para vivir. “Ya los quisiera ver piscando fresa por jornadas de 12 horas y recibiendo a cambio 100 y 120 pesos. Cada que se coman una fresa, piensen en el esfuerzo, en el sufrimiento de los jornaleros”, dijo.

Por otra parte, ante el discurso de que la homologación del IVA a afectado a las empresas y dificultado el pago a los empleados, los agricultores sostienen que el aumento del IVA del 11 al 16 por ciento en las zonas fronterizas no aplica para los alimentos, puesto que estos no tienen IVA. De esta forma, dijeron, la producción no debió haberse visto afectada.

A pesar de que el paro ha sido levantado, los jornaleros realizan sus labores bajo protesta, dijo a Zeta Fermín Salazar, otro de los líderes que encabezan este movimiento, proveniente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia.

Hasta ahora, los empresarios agrícolas sólo accedieron a un aumento salarial del 15 por ciento, entre 115 y 130 pesos, cuando los jornaleros cedieron en su exigencia a un sueldo de 200 pesos diarios o 20 pesos por caja de fresa.


 La agenda de la caravana tiene programado esta tarde continuar con sus acciones de protesta en Mexicali.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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¿Qué provocó el desalojo de jornaleros en Baja California?

La región agrícola de San Quintín era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 personas de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

Los abusos se sucedían. Sueldos de hambre, condiciones de vida miserable, horas extras que no eran abonadas. La explotación laboral era moneda corriente.

“Todos veíamos normal que suspendieran a gente por tres o cuatro días o que la despidieron sin indemnización por exigir que se respetaran nuestros derechos, por tratar de obligar a los patrones a pagar horas extras o los días que nos tocaba descanso”, comentó José Ignacio García, de 19 años y quien trabaja desde los 12 en los campos del valle de San Quintín, 180 kilómetros al sur de Tijuana y no muy lejos de la frontera con Estados Unidos.

“Nos acostumbramos a ganar 100 pesos (poco más de seis dólares) por una jornada diaria de más diez horas, pero ahora ya no nos alcanza para lo indispensable, para vivir, para mantener a una familia”.

Esa región agrícola era una caldera que finalmente estalló el pasado lunes 16 de marzo, en que cerca de 50.000 peones de San Vicente, Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, todos distritos del municipio de Ensenada, comenzaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales.

“Nos hartamos de tanta injusticia”, afirmó Celina Sierra, de 27 años, 13 de ellos como jornalera y quien es el principal sustento de sus dos hijos y de su madre.

La huelga derivó en un enfrentamiento el pasado martes, cuando grupos de manifestantes bloquearon momentáneamente la carretera Transpeninsular, la principal vialidad del estado de Baja California, y las autoridades (policías estatales, federales y miembros del Ejército mexicano) intervinieron para desalojarlos. Los manifestantes quemaron llantas en vías públicas, rompieron cristales de negocios, bloquearon la carretera con piedras y arrojaron objetos a policías y militares, según las autoridades.

El subsecretario del Gobierno de Baja California, Pablo Alejo López, dijo a la AP que habían arrestado a “poco más de 200 personas”, muchas de las cuales fueron luego liberadas, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Como consecuencia de la agitación, se cerraron todos los negocios, escuelas y ranchos de la región, donde viven 140.000 personas, la mayoría de ellas migrantes de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, de acuerdo a censos oficiales. Hay aproximadamente 50.000 jornaleros que trabajan en 60 ranchos de siembra de verduras y frutas, una docena de las cuales abastecen a las principales cadenas de restaurantes y tiendas de Estados Unidos.

El subsecretario del Gobierno de Baja California Pablo Alejo López dijo que se había establecido una mesa de diálogo con los manifestantes, quienes de entrada “pusieron como condicionante que hubiera un representante de las empresas y de los sindicatos y hasta ahora no había sido posible”.

“Sabemos que hay rezagos que hay que atender, hay empresas muy responsables, pero también empresas que se aprovechan de la laxitud de las leyes, de las normas y de las políticas que puedan implementarse y eso hace que se estanque el avance. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar”, dijo López a la AP.

Los rancheros no han querido hablar en público de las protestas, pero el propio gobierno “reconoce que lo que perciben (los jornaleros) no les alcanza” para vivir, según dijo a la AP Moisés Dávalos, delegado de la Secretaría General de Gobierno de San Quintín. Añadió, no obstante, que los manifestantes “están generalizando los maltratos de mayordomos. Hasta ahora no tenemos nombres específicos de maltratos o acoso sexual”.

Aludía a denuncias de que los mayordomos de los ranchos imponen un régimen de trabajo abusivo.

“Nos levantamos a las cuatro de la mañana para esperar el camión que nos lleva a los campos”, relató la jornalera Sierra. “Ahí llegamos a las 6:30 y los mayordomos nos dicen que ya debemos entrar a los surcos pese a que nuestra entrada es a las siete; nunca nos pagan horas extras, nos dicen que debemos cerrar cortes y tienes que trabajar hasta las cuatro o cinco de la tarde, todo el día agachados y a veces sin agua”.

Para algunos especialistas, la manifestación social de esta semana es un alerta roja, una expresión de duras problemáticas históricas que no se han resuelto.

“En los años 90 (del siglo pasado) hubo estallidos de violencia – aunque no con la magnitud de ahora – por las situaciones laborales de ciertos ranchos que cometían diversos abuso. Algunos ranchos no les pagaban a sus trabajadores. Hay que reconocer que se ha mejorado en materia social y laboral, pero falta mucho por hacer”, dijo Vicente Guerrero, de 61 años, pionero de la siembra de ostiones en San Quintín e impulsor de la municipalización del valle. “Tenemos un fallo fuerte en seguridad social y en los contratos colectivos. Además de que la ciudad tiene severos focos de delincuencia, colonias que son asoladas por vándalos y que muchos de ellos estuvieron involucrados en los actos vandálicos que se hicieron durante las protestas”.

Por su parte el economista y catedrático del Colegio de la Frontera Norte Alejandro Díaz Bautista señaló que “hay un rezago económico y social de décadas en San Quintín. Padecen pobreza extrema, hay carencia de infraestructura, servicios básicos, agua y sobre todo carencia de fuente de empleo”.

“Los problemas económicos y sociales que aquejan a los habitantes de la región de San Quintín son la desigualdad social y falta de oportunidades económicas para los indígenas, atención insuficiente de servicios de salud, escasa cobertura económica y deportiva, carencia de áreas de desarrollo cultural, al igual que falta de agua”, apuntó Díaz Bautista.

Cifras oficiales indican que el 46.8% de la población del valle de San Quintín no cuenta con servicios de salud y que la mayoría de los peones no pasó del cuarto grado de la escuela primaria.

Fermín Salazar, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a agrupa a las organizaciones indígenas que están encabezando las protestas, dijo a la AP que desde diciembre pasado habían tratado de dialogar con el gobierno y los representantes de los ranchos agrícolas, los sindicatos CTM – CROC y de Seguridad Social para lograr una solución “a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores”, pero ningún representante se había sentado con ellos. Lo hicieron solo después de las protestas de esta semana.

En un comunicado, la Alianza Justicia Social denunció que los ranchos agrícolas incurren en discriminación, acoso y violencia, que impiden la libertad de asociación e imponen un régimen de trabajo forzado, dando determinado tiempo para completar una cantidad específica de surcos.

La situación se mantiene tensa en la región. La mayoría de los comercios, incluyendo estaciones de gasolina y supermercados, siguen cerrados y a lo largo de la carretera Transpeninsular los manifestantes prenden fogatas.


Las autoridades, por su parte, establecieron retenes policíacos con oficiales armados con rifles, quienes revisan autos al azar, según pudo comprobar la AP.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP