Josué Rubén Morales, Secretario de Asistencia y Previsión Social de la delegación D4-1 de la sección 34 del SNTE, informó en entrevista con este diario que son más de 2 mil 150 los maestros jubilados únicamente en una de las trece delegaciones seccionales, y todos resultaron afectados con los cambios que promovió el ex gobernador Alonso Reyes, hoy titular del FONATUR.
El caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora de Audiencias Públicas de Ciudad de Juárez, quien con 36 años de edad pretendió obtener su jubilación develó una crisis de fondo en las arcas municipales.
Por el cambio de administración municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se duplicaron en tres meses las solicitudes de jubilación de los trabajadores del gobierno local. Sin embargo, el Fondo de Pensiones está en quiebra.
En junio pasado –durante el mes que se llevaron a cabo los comicios locales–, la coordinadora de la Comisión de Regidores del Trabajo y Previsión Social, Cristina Paz Almaza, informó que existían 20 trámites de jubilación en proceso de ser revisados, pero para septiembre había 40 solicitudes.
La razón del aumento es que el presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, planea desaparecer el puesto de seis directores municipales (de 24 a 18), explicó la vocera de la comisión, la regidora Norma Alicia Sepúlveda.
“Hay una inquietud muy grande respecto a la próxima administración, que se ha generado al manejar que habrá un recorte de personal importante porque quieren desaparecer alrededor de seis dependencias. Eso genera un malestar natural entre los empleados, y aquellos que tienen el derecho (de jubilarse) lo ejercen y nosotros no nos podemos negar a que ejerzan un derecho que han adquirido como empleados”, detalló la funcionaria local en entrevista.
Las causas del Fondo en quiebra
El Fondo de Pensiones para trabajadores del gobierno municipal de Ciudad Juárez está en quiebra técnica. En 2 años se han tomado 710 millones de pesos del gasto corriente para pagar los sueldos de los empleados retirados.
Además, también hay servidores públicos menores de 40 años –que cumplen con 15 años de antigüedad– que han aprovechado la pobre reglamentación y se han jubilado para recibir la pensión vitalicia.
Como el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años que solicitó jubilarse de su cargo en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos oficiales a marzo de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cuenta con 9 mil 747 funcionarios municipales, de los cuales 2 mil 635 están jubilados o pensionados, es decir, el 27 % de la nómina.
Cada mes, el gasto total en sueldos de jubilados y pensionados alcanza los 19 millones 322 mil 186 pesos, en tanto que las aportaciones mensuales de los empleados municipales en activo es de apenas 1 millón 582 mil 540 pesos.
Entre la nómina de los funcionarios retirados, se encuentra la pensión mensual para un ex trabajador por 81 mil 657 pesos; una cantidad mayor al sueldo del Presidente Municipal, que percibe 67 mil 600 pesos mensuales.
El Ayuntamiento de Ciudad de Juárez ha decidido ocultar los nombres, cargos y periodos de actividad de los empleados jubilados y pensionados por “protección de datos personales”, por lo que es imposible saber quiénes están siendo subvencionados con el Fondo; aun así es posible constatar en la página de transparencia del Municipio las cantidades que reciben mensualmente.
Lo que es un hecho es que el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora municipal de Audiencias Públicas quien presentó su trámite de jubilación con tan solo 36 años de edad, destapó una problemática de fondo gestada desde hace más de 20 años
La historia del Fondo
Desde 1988, el reglamento de “Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Ciudad Juárez” establece la creación de un Fideicomiso para depositar las aportaciones de trabajadores y del Gobierno local para el fondo de retiro de los empleados municipales.
En 2015, el Fondo de Pensiones se declaró en quiebra técnica, por lo que se tomaron 365.4 millones de pesos del gasto corriente para pagar las pensiones correspondientes a los empleados municipales retirados; un año antes, en 2014, se destinaron al Fondo 344.6 millones en el Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha este 2016 una estrategia para tratar de “subsanar” al Fondo, con miras a su autosustentabilidad.
En diciembre de 2015, la administración municipal de Javier González Mocken comenzó negociaciones con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) para incrementar las aportaciones de los empleados.
En el mes de marzo, el SUTM y el Municipio alcanzaron un acuerdo en cuanto al saneamiento del Fondo, en el que estipula que a cada trabajador municipal se le retendrá el 4% de su salario, en tanto que el Municipio aportará la misma cantidad por empleado; anteriormente, las aportaciones de los trabajadores y del Municipio eran del 2%.
El caso de Lizbeth Alonso: la gota que derramó el vaso
En el mes de junio salió a la luz pública el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años de edad, que solicitó jubilarse.
Alonso Carreón pretendía jubilarse con una pensión del 55 % de su último sueldo mensual devengado (38 mil 480 pesos), por lo que recibiría 21 mil 164 pesos cada mes, de manera vitalicia.
De acuerdo con los documentos del trámite de jubilación presentado ante la Comisión de regidores de Trabajo y Previsión Social, la exfuncionaria ingresó al Municipio en junio del año 2000.
Alonso Carreón (quien laboró en la Unidad especial de atención de adicciones, la Oficina Municipal de Atención al Migrante y la Dirección de Turismo) ocupó en última instancia la Coordinación de Audiencias Públicas.
En febrero de este año presentó su renuncia para postularse como candidata del PRI a la diputación local del Distrito 07; La ex candidata no regresó a su puesto, debido a que su cargo fue desaparecido de la administración municipal.
Tras su derrota electoral, Alonso Carreón presentó su expediente laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento para tramitar su jubilación.
En el mes de septiembre, Cristina Paz Almanza, coordinadora de la Comisión conformada en Cabildo, y Julio Alejandro Gómez, secretario de la misma, firmaron la solicitud de jubilación y la turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Norma Sepúlveda, vocal de la comisión, se opuso a firmar el documento.
De acuerdo con El Diario de Juárez, en el expediente de la ex coordinadora de Audiencias Públicas consta que “se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria”. Sin embargo, no existen documentos que comprueben su reingreso al trabajo en este periodo.
El caso de Lizbeth Alonso Carreón conmocionó a los juarenses, al grado que el presidente municipal, Javier González Mocken, calificó al caso como “una polémica mediática” y anunció que no firmará la jubilación de exfuncionaria “tenga o no la razón jurídica”.
A la par del caso de Lizbeth Alonso, se presentaron las solicitudes de jubilación de tres empleadas municipales más, con 17 y 15 años de antigüedad en el Municipio, adscritas a la Dirección de Tecnologías de Información.
Anilú Flores Delgado, jefa de la Dirección con 17 años de antigüedad; Margarita Meléndez Fernández, asistente administrativa con 17 años de labores y María Guadalupe Cárdenas Navarro, programadora con 15 años. Las tres presentaron sus solicitudes ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Todas las funcionarias pudieron presentar su solicitud por estar bajo el régimen del reglamento de 1988, antes de las reformas efectuadas en 2005.
El origen de la problemática
El reglamento de pensiones y jubilaciones que permitía retirarse del cargo con 15 años de antigüedad, entró en vigor el 14 diciembre de 1988.
El artículo 7 del reglamento estipula, en su artículo 7, que los trabajadores podrán solicitar su jubilación, cobrando una pensión vitalicia del 55 % del último sueldo devengado.
En agosto de 2004, el Cabildo de Juárez aprobó una serie de modificaciones a los artículos 4, 6 y 7 del Reglamento; en el artículo 7 se agregó que los trabajadores municipales con intenciones de jubilarse, además de cumplir con un mínimo de 15 años de antigüedad, deberían acreditar tener al menos 60 años de edad.
No obstante, dichas modificaciones, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2005, no fueron aplicables a Lizbeth Alonso, dado que entraron en vigor casi 5 años después de su alistamiento como trabajadora municipal.
El 5 de abril de este año, el Cabildo de Juárez aprobó el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, que incluye nuevos ‘candados’ para el otorgamiento de pensiones por jubilación, e incrementa las aportaciones de los trabajadores y del Municipio al Fondo de Pensiones.
El nuevo reglamento estipula que serán sujetos a pensionarse los trabajadores municipales que tengan como mínimos 60 años de edad y acrediten 25 años de trabajo.
En ese caso, la pensión alcanzaría el 85 por ciento del último sueldo devengado, u únicamente los trabajadores que acrediten 30 años laborados en el Municipio podrán acceder a una pensión mensual del 100 % de su último sueldo.
La edad para jubilarse es de 20 años, con una pensión del 75 % del último sueldo cobrado, únicamente para trabajadores de Instituciones de Seguridad Pública.
Aun con las modificaciones al reglamento, resulta imposible conocer el número total de funcionarios municipales que han solicitado su jubilación por contar con 15 años de antigüedad. Lo único cierto es que el Fondo de Jubilaciones se encuentra colapsado y las autoridades locales ocultan información argumentado la “protección de datos personales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/YOCIUDADANO.COM.MX
AUTOR: FAVIA LUCERO, MIGUEL SILERIO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/fondo-jubilados-ciudad-juarez-esta-quiebra-retirar-menores-40-anos/
En junio pasado –durante el mes que se llevaron a cabo los comicios locales–, la coordinadora de la Comisión de Regidores del Trabajo y Previsión Social, Cristina Paz Almaza, informó que existían 20 trámites de jubilación en proceso de ser revisados, pero para septiembre había 40 solicitudes.
La razón del aumento es que el presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, planea desaparecer el puesto de seis directores municipales (de 24 a 18), explicó la vocera de la comisión, la regidora Norma Alicia Sepúlveda.
“Hay una inquietud muy grande respecto a la próxima administración, que se ha generado al manejar que habrá un recorte de personal importante porque quieren desaparecer alrededor de seis dependencias. Eso genera un malestar natural entre los empleados, y aquellos que tienen el derecho (de jubilarse) lo ejercen y nosotros no nos podemos negar a que ejerzan un derecho que han adquirido como empleados”, detalló la funcionaria local en entrevista.
Las causas del Fondo en quiebra
El Fondo de Pensiones para trabajadores del gobierno municipal de Ciudad Juárez está en quiebra técnica. En 2 años se han tomado 710 millones de pesos del gasto corriente para pagar los sueldos de los empleados retirados.
Además, también hay servidores públicos menores de 40 años –que cumplen con 15 años de antigüedad– que han aprovechado la pobre reglamentación y se han jubilado para recibir la pensión vitalicia.
Como el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años que solicitó jubilarse de su cargo en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos oficiales a marzo de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cuenta con 9 mil 747 funcionarios municipales, de los cuales 2 mil 635 están jubilados o pensionados, es decir, el 27 % de la nómina.
Cada mes, el gasto total en sueldos de jubilados y pensionados alcanza los 19 millones 322 mil 186 pesos, en tanto que las aportaciones mensuales de los empleados municipales en activo es de apenas 1 millón 582 mil 540 pesos.
Entre la nómina de los funcionarios retirados, se encuentra la pensión mensual para un ex trabajador por 81 mil 657 pesos; una cantidad mayor al sueldo del Presidente Municipal, que percibe 67 mil 600 pesos mensuales.
El Ayuntamiento de Ciudad de Juárez ha decidido ocultar los nombres, cargos y periodos de actividad de los empleados jubilados y pensionados por “protección de datos personales”, por lo que es imposible saber quiénes están siendo subvencionados con el Fondo; aun así es posible constatar en la página de transparencia del Municipio las cantidades que reciben mensualmente.
Lo que es un hecho es que el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora municipal de Audiencias Públicas quien presentó su trámite de jubilación con tan solo 36 años de edad, destapó una problemática de fondo gestada desde hace más de 20 años
La historia del Fondo
Desde 1988, el reglamento de “Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Ciudad Juárez” establece la creación de un Fideicomiso para depositar las aportaciones de trabajadores y del Gobierno local para el fondo de retiro de los empleados municipales.
En 2015, el Fondo de Pensiones se declaró en quiebra técnica, por lo que se tomaron 365.4 millones de pesos del gasto corriente para pagar las pensiones correspondientes a los empleados municipales retirados; un año antes, en 2014, se destinaron al Fondo 344.6 millones en el Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha este 2016 una estrategia para tratar de “subsanar” al Fondo, con miras a su autosustentabilidad.
En diciembre de 2015, la administración municipal de Javier González Mocken comenzó negociaciones con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) para incrementar las aportaciones de los empleados.
En el mes de marzo, el SUTM y el Municipio alcanzaron un acuerdo en cuanto al saneamiento del Fondo, en el que estipula que a cada trabajador municipal se le retendrá el 4% de su salario, en tanto que el Municipio aportará la misma cantidad por empleado; anteriormente, las aportaciones de los trabajadores y del Municipio eran del 2%.
El caso de Lizbeth Alonso: la gota que derramó el vaso
En el mes de junio salió a la luz pública el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años de edad, que solicitó jubilarse.
Alonso Carreón pretendía jubilarse con una pensión del 55 % de su último sueldo mensual devengado (38 mil 480 pesos), por lo que recibiría 21 mil 164 pesos cada mes, de manera vitalicia.
De acuerdo con los documentos del trámite de jubilación presentado ante la Comisión de regidores de Trabajo y Previsión Social, la exfuncionaria ingresó al Municipio en junio del año 2000.
Alonso Carreón (quien laboró en la Unidad especial de atención de adicciones, la Oficina Municipal de Atención al Migrante y la Dirección de Turismo) ocupó en última instancia la Coordinación de Audiencias Públicas.
En febrero de este año presentó su renuncia para postularse como candidata del PRI a la diputación local del Distrito 07; La ex candidata no regresó a su puesto, debido a que su cargo fue desaparecido de la administración municipal.
Tras su derrota electoral, Alonso Carreón presentó su expediente laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento para tramitar su jubilación.
En el mes de septiembre, Cristina Paz Almanza, coordinadora de la Comisión conformada en Cabildo, y Julio Alejandro Gómez, secretario de la misma, firmaron la solicitud de jubilación y la turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Norma Sepúlveda, vocal de la comisión, se opuso a firmar el documento.
De acuerdo con El Diario de Juárez, en el expediente de la ex coordinadora de Audiencias Públicas consta que “se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria”. Sin embargo, no existen documentos que comprueben su reingreso al trabajo en este periodo.
El caso de Lizbeth Alonso Carreón conmocionó a los juarenses, al grado que el presidente municipal, Javier González Mocken, calificó al caso como “una polémica mediática” y anunció que no firmará la jubilación de exfuncionaria “tenga o no la razón jurídica”.
A la par del caso de Lizbeth Alonso, se presentaron las solicitudes de jubilación de tres empleadas municipales más, con 17 y 15 años de antigüedad en el Municipio, adscritas a la Dirección de Tecnologías de Información.
Anilú Flores Delgado, jefa de la Dirección con 17 años de antigüedad; Margarita Meléndez Fernández, asistente administrativa con 17 años de labores y María Guadalupe Cárdenas Navarro, programadora con 15 años. Las tres presentaron sus solicitudes ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Todas las funcionarias pudieron presentar su solicitud por estar bajo el régimen del reglamento de 1988, antes de las reformas efectuadas en 2005.
El origen de la problemática
El reglamento de pensiones y jubilaciones que permitía retirarse del cargo con 15 años de antigüedad, entró en vigor el 14 diciembre de 1988.
El artículo 7 del reglamento estipula, en su artículo 7, que los trabajadores podrán solicitar su jubilación, cobrando una pensión vitalicia del 55 % del último sueldo devengado.
En agosto de 2004, el Cabildo de Juárez aprobó una serie de modificaciones a los artículos 4, 6 y 7 del Reglamento; en el artículo 7 se agregó que los trabajadores municipales con intenciones de jubilarse, además de cumplir con un mínimo de 15 años de antigüedad, deberían acreditar tener al menos 60 años de edad.
No obstante, dichas modificaciones, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2005, no fueron aplicables a Lizbeth Alonso, dado que entraron en vigor casi 5 años después de su alistamiento como trabajadora municipal.
El 5 de abril de este año, el Cabildo de Juárez aprobó el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, que incluye nuevos ‘candados’ para el otorgamiento de pensiones por jubilación, e incrementa las aportaciones de los trabajadores y del Municipio al Fondo de Pensiones.
El nuevo reglamento estipula que serán sujetos a pensionarse los trabajadores municipales que tengan como mínimos 60 años de edad y acrediten 25 años de trabajo.
En ese caso, la pensión alcanzaría el 85 por ciento del último sueldo devengado, u únicamente los trabajadores que acrediten 30 años laborados en el Municipio podrán acceder a una pensión mensual del 100 % de su último sueldo.
La edad para jubilarse es de 20 años, con una pensión del 75 % del último sueldo cobrado, únicamente para trabajadores de Instituciones de Seguridad Pública.
Aun con las modificaciones al reglamento, resulta imposible conocer el número total de funcionarios municipales que han solicitado su jubilación por contar con 15 años de antigüedad. Lo único cierto es que el Fondo de Jubilaciones se encuentra colapsado y las autoridades locales ocultan información argumentado la “protección de datos personales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/YOCIUDADANO.COM.MX
AUTOR: FAVIA LUCERO, MIGUEL SILERIO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/fondo-jubilados-ciudad-juarez-esta-quiebra-retirar-menores-40-anos/
Cuernavaca, Mor. Más de 10 mil jubilados y pensionados de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cerraron avenida Guerrero para exigir al gobernador Graco Luis Ramírez el pago de su bono del día del maestro.
Este jueves, la mayoría de los maestros jubilados y pensionados, apoyados por maestros en activo e integrantes de la sección 19 del SNTE, salieron a manifestarse a las calles del primer cuadro de la ciudad para enviarle el mensaje al gobernador de que cuentan con el apoyo de los maestros activos, si la intención es darles “largas hasta cansarnos y no pagarnos” esa prestación.
“La acción de hoy es manifestar el músculo; decirles a las autoridades que estamos organizados, que reclamamos un derecho recibido durante 20 años. Ayer, el dirigente del SNTE y el gobernador firmaron un convenio que es muy ambiguo”.
Por ello, dijeron “exigimos fecha para el pago, no comisionistas y protección a nuestros derechos”, indicó Silvia Gámez Iriarte, secretaria general de la delegación D-IV-1 de los jubilados y pensionados de la sección 19 del SNTE.
Los maestros comenzaron a concentrarse en el primer cuadro de la ciudad desde las 9:30 de la mañana. Media hora después iniciaron el bloqueo de la avenida Guerrero y de otras arterias del primer cuadro de la capital de esta entidad.
Fuente: La Jornada
Autora: Rubicela Morelos Cruz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/09/continua-protesta-de-maestros-en-cuernavaca
A la ciudad de México llegaron jubilados de todos los puntos del estado, del norte, centro y sur. Seis autobuses hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la estatal no reacciona.
Desde Diciembre del año pasado, los jubilados veracruzanos se lanzaron a las calles ante la noticia de que no les pagarían las pensiones correpondientes a Noviembre.
Adriana Chávez, jubilada de la Universidad Veracruzana y vocera de la Coalición de Pensionistas Independientes del estado de Veracruz (Copipev) explicó que la movilización a la capital de la República tuvo dos instancias: por un lado, agregar al expediente que tienen abierto en la Comisión Nacional a raíz de la represión que tuvieron que soportar el 23 de diciembre, cuando se manifestaban en Xalapa, para incorporar la queja en contra del gobierno del estado por la impuntualidad en las jubilaciones.
“En este momento se pusieron al día con gran parte de los pagos, porque estamos en tiempos electorales, pero todavía hay atrasos. La deuda grande está pendiente sobre todo, con quienes trabajan en la secretaría de educación de Veracruz. Llevamos a la Comisión Nacional la queja que antes interpusimos en la Comisión Estatal.”
La preocupación de los jubilados se plantea en relación a 3 instituciones públicas que están prácticamente fundidas. El Instituto de Pensiones del Estado, la “caja chica del gobierno del estado” como suele llamársele, también el Seguro Social de los trabajadores del estado de Veracruz (SSTEEV) y la Universidad Veracruzana, que fue motivo de grandes movilizaciones en Xalapa, dadas las deudas que el gobierno del estado mantiene desde el comienzo del sexenio y que asfixia a la mayor casa de estudios del estado.
Los jubilados explican que uno de los movimientos que favoreció la crisis económica, fue que todo el dinero que maneja el gobierno del estado, el propio y el federal, pasó a ser gestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la evidencia apunta a que no llega a dónde tiene que llegar.
Eso no fue todo, ya que ante la evidencia de la falta del liquidez del IPE, un decreto y una ley aprobados por Duarte (decreto que reforma del art 98 de la ley de pensiones de Veracruz y la posterior ley 287) mediante las que intentó modificar la ley del Instituto de Pensiones.
Las reformas han intentado que, en caso de que falta de liquidez, en vez del gobierno del estado, sea el ex patrón el que deba pagar lo que el IPE no puede.
“En nuestro caso, que éramos funcionarios de la Universidad Veracruzana, por ejemplo, y ya tiene una crisis enorme por la deuda que el estado mantiene con ella, hacerla pagar las pensiones sería hundirla”, explicó Chávez.
La modificación a la ley mediante el decreto fue echa caer, pero la ley sigue vigente. Por eso reclaman, en contra del desmantelamiento del Instituto al que han aportado toda la vida.
La segunda parte de la visita de los jubilados a la Ciudad de México fue a la Suprema Corte de Justicia en dónde, por decisión de la legislatura local, fueron trasladados los 15 mil amparos interpuestos contra la modificación de la ley 287. “Es una ley express hecha con artículos inconstitucionales según la Suprema Corte de Justicia, tiene que caer”, insistió.
Fuente: Desinformémonos
Autora: Eliana Gilet
http://desinformemonos.org.mx/jubilados-de-veracruz-se-movilizan-para-salvar-al-instituto-de-pensiones-del-estado/
En 2016, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagará 68 mil millones de pesos por pensiones y jubilaciones a 3.5 millones de derechohabientes, por lo que sólo por la ruta de la disciplina en las finanzas se podrá hacer frente al futuro pasivo del organismo, se informó ayer en el Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, donde también se alertó de que en México estos pagos son sumamente bajos respecto de otros países del continente.
El encuentro fue organizado por la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) e inaugurado por el secretario de Salud, José Narro, así como los titulares del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste), José Reyes Baeza, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola.
Optimizar los recursos
Los funcionarios sostuvieron que parte importante de los mexicanos no cuenta con seguridad social; que se debe optimizar la administración de los recursos para este sector, y que no se privatizará la seguridad social.
El secretario del Trabajo indicó que las pensiones de los jubilados mexicanos se encuentran entre las más bajas del mundo, debido a que las tasas de remplazo (el porcentaje que les pagan respecto del último salario que gabanan) es apenas de 30 por ciento, mientras el promedio internacional es 62 por ciento; es decir, más del doble.
Navarrete planteó que si en México las pensiones son muy bajas se debe a que mientras en otros países la disparidad salarial entre la población que más gana y la que menos ingresos tiene es de 10 a uno, aquí es de 30 a uno; es decir, hay una enorme inequidad.
A ello se añade que por cada 100 semanas de cotización, el promedio nacional es que los trabajadores mexicanos sólo laboran 38 semanas, por lo que instó a que se fortalezca la seguridad social.
El presidente de la AISS, Errol Frank Stoové, sostuvo que a escala mundial, cerca de mil millones de personas carecen de seguridad social, lo que, dijo, es un enorme reto, a pesar de los grandes avances que se han dado.
Dijo que la inversión en ese rubro es factor esencial de desarrollo social y económico de las naciones.
El director del IMSS, Mikel Arriola, también tomó la palabra para señalar que durante el presente año ese instituto pagará más de 27 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 4 por ciento respecto de 2015; además, pagará jubilaciones y pensiones por 68 mil millones de pesos, por lo que entre los retos de los próximos años, además de mejorar los servicios y aumentar la cobertura, tendrá que sortear hechos como que a 2010 la población mayor de 60 años fue 10.2 millones, es decir, cuatro veces más que en los años 70.
Aseveró que el Seguro Social no se privatiza, y reiteró que se ha logrado disminuir en 60 por ciento el déficit del organismo, de 23 mil a 8 mil millones de pesos.
Durante el foro, en el que también estuvieron presentes dirigentes sindicales, legisladores, y representantes de organismos de seguridad social de diversos países de América Latina, José Reyes Baeza Terrazas, director del Issste, apuntó que las rutas que ha tomado el instituto son optimizar la administración de los recursos, incentivar los esquemas de prevención y transitar a las buenas prácticas de los servicios.
No tenemos alternativa: o nos alineamos para mejorar o nos vamos al abismo de la insolvencia, señaló el funcionario.
Por último, el secretario de la Función Pública se refirió al reto que significa la incorporación de jóvenes a los esquemas de seguridad y que éstos dejen la economía informal.
Morelia, Michoacán a 30 de marzo de 2016.- Mientras un grupo de profesores jubilados se manifestó en contra de la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana ante la falta de información clara de las finanzas Nicolaita, el secretario del Sindicato de Profesores (SPUM), Gaudencio Anaya Sánchez se reunió con miembros de la Junta de Coordinación Política del Gobierno del Estado.
Al respecto el diputado Pascual Sígala Páez informó que hasta el momento las autoridades de la máxima casa de estudios en el estado entregaron un diagnóstico sobre la situación que guardan las finanzas de la universidad y un documento de acuerdo con el Sindicato de Profesores (SPUM), pero advirtió su interés por cuadrar una iniciativa a pesar de que señaló que nos buscan violentar la autonomía universitaria.
Dejó en claro que el Congreso hizo un esfuerzo por incrementar las finanzas de la máxima casa de estudios de Michoacán, por lo que toca a los nicolaitas ponerse de acuerdo en dicha Reforma.
La presidenta de la comisión de Educación en el Congreso Local, Xóchitl Gabriela Ruiz González, reiteró que su postura es que de no presentarse una propuesta de reforma a la Ley Orgánica que incluya adecuaciones al Sistema de Jubilaciones y Pensiones, el Congreso Local deberá ejercer la facultad que la norma contempla para proponer una modificación.
Refirió que este era un tema que había surgido en al interior de la Comisión de Educación y que antes de platicar la iniciativa prefiere esperar a que el plazo que tienen las autoridades de la UMSNH venza para que tengan la posibilidad de presentar una propuesta.
A dos días de que venza lo que se supone no era un plazo para presentar una iniciativa, la dirigencia del SPUM se negó a dar declaraciones sobre el encuentro mientras los docentes jubilados exigieron a los diputados respeto a la autonomía universitaria. Cabe mencionar que el SUEUM no fue convocado al encuentro.
Fuente: Monitor Expresso
Autor: Celic Mendoza
http://www.monitorexpresso.com/jubilados-exigen-a-diputados-respeto-a-la-autonomia-de-la-universidad-michoacana/
“Es urgentísimo que el gobierno saque las manos de los fondos de pensiones. Eso que ellos llaman deuda pública en realidad es gasto corriente, no nos vayamos con la finta.
“Los señores están utilizando este dinero para pagar su funcionamiento, su aparato burocrático, lo que es un desvío, un quebranto completamente ilegal”, denunció la OJUPE en un comunicado.
Con datos del tercer informe de 2015 enviado por la CONSAR al Congreso, los demandantes indicaron que la mayoría de los fondos de pensiones administrados por AFORES Y SIEFORES se usaron para comprar deuda pública y no para promover la inversión en actividades productivas.
De los dos billones 469 mil 572 millones de pesos reconocidos como activos netos, precisaron, la SHCP utilizó 50.80% para comprar deuda gubernamental, 17.10% se invirtió en valores internacionales, 6.30% en deuda variable, 5.8% en valores estructurados, sólo 4% en empresas productivas del Estado y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo que deja sólo 13.8% para invertir en los diferentes sectores productivos de la industria nacional.
Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, coordinador de propaganda y prensa de la organización; y los abogados Humberto Luna y Héctor Larrínaga exigieron al gobierno, a nombre de los jubilados y pensionados, que respete su propia legalidad e invierta esos fondos de pensiones para impulsar el mercado interno, para impulsar el crecimiento de la industria mexicana y convertirlo en capital productivo para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales.
Asimismo, propusieron una reestructura de la CONSAR y su consejo para que éste no sea consultivo sino resolutivo y vinculante, y que sean obreros y empresarios quienes decidan en qué instrumentos invertir los fondos de pensiones.
Actualmente, señalaron los inconformes, existe opacidad e irregularidades en las AFORES y SIEFORES que contravienen la actual Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la CONSAR fomenta esas prácticas al no pormenorizar la información que reciben los trabajadores jubilados y en activo a través de sus estados de cuenta. Horacio Zacarías acusó a estas instituciones “garantes” de la seguridad patrimonial de los trabajadores, de ser “títeres” del secretario de Hacienda en turno, otorgando el dinero de los jubilados como “capital de especulación”.
Los demandantes criticaron que aun cuando la ley prevé que los trabajadores puedan demandar en caso de irregularidades en el manejo de sus pensiones, se encuentran “en total indefensión”, pues la información que tienen respecto a sus cuentas individuales es prácticamente nula, lo que imposibilita cualquier argumento contra los sistemas de pensiones.
“El trabajador no es informado por las sociedades de inversión sobre los riesgos, montos y movimientos de sus ahorros, por ello no puede denunciar, ni reclamar el monto del salario ni su integración, ya que dicha información no viene en los Estado de Cuenta y el trabajador no puede saber si los recursos que están entrando a su fondo de pensiones son los que le corresponden”, explicaron.
Por si fuera poco, señalaron, el secretario de Hacienda es quien preside la Junta de Gobierno de la CONSAR y quien designa a los integrantes de la misma, es decir, “son juez y parte”, además el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, responsable de vigilar las posibles situaciones de conflicto de interés, prácticas monopólicas o fraudes, sólo puede emitir recomendaciones y no son vinculantes. Ante esa situación, la OJUPE exigió a la SHCP que saque las manos de los sistemas de pensiones y apliquen la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando a AFORES y SIEFORES a brindar información completa a los trabajadores, incluidos movimientos en estados de cuenta, historial labora así como reporte de los rendimientos que acumulan bimestralmente.
“Estamos buscando la correcta aplicación del estado de derecho y vamos por la defensa de nuestro patrimonio. Somos millones los trabajadores afectados por estas medidas y continuaremos la lucha por la vía legal para recuperar nuestros ahorros”, concluyó la OJUPE.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/431081/exigen-a-videgaray-sacar-las-manos-de-los-fondos-de-pensiones
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