Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al presuntamente ocultar que era dueño de al menos siete inmuebles durante su estancia en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló este viernes una investigación del diario El País.

Una magistrada federal ratificó la decisión de no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero que fueron denunciados por Juan Ramón Collado por supuestamente intentar extorsionarlo y a quienes relacionó con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, desestimó la apelación presentada por Collado Mocel, actualmente preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra la resolución del 18 de mayo pasado dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, denunciaron, el 26 de mayo del 2022, ante la la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), al también litigante Juan Ramón Collado Mocelo, además de sus hermanos, Antonio y María Julia, y, sus hijos, Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, por haber faltado a la verdad en sus declaraciones.

Así como, también, a Alejandro Gertz Manero y a Juan Ramos López, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respectivamente, además de a Manuel Granados Quiroz, Fiscal Especial de Control Competencial, y, a los agentes del Ministerio Público, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago, y Celiflora Ruiz Luis.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en la oficialía de partes del Poder Judicial Federal su apelación contra la decisión que tomó la semana pasada el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, para no enjuiciar a cuatro abogados relacionados con el ex consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, y que según las investigaciones, conformaron una asociación delictuosa.

El recurso fue entregado la noche del martes pasado, horas antes de que venciera el plazo legal, por la fiscal María Eugenia Castañón Osorio, y en las próximas horas será turnado a un tribunal colegiado para su análisis y resolución.

Le tomó 20 minutos al juez Jesús Delgadillo Padierna destruir el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra tres abogados y un operador financiero presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El mismo juez que hace dos años aceptara encarcelar a Rosario Robles (con pruebas incompletas, como se probaría en amparos posteriores) rechazó esta vez abrir un proceso en contra de los abogados que supuestamente extorsionaron, por órdenes de Scherer, al empresario y jurista Juan Collado.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que iniciará una carpeta de investigación penal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a proceso a los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusados de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias por el abogado Juan Collado.

Horas después de la audiencia donde el juzgador decretó el sobreseimiento de la causa, la FGR publicó un comunicado donde “se opone terminantemente” a su resolución, a quien acusó de defender a Julio Scherer.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó no vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Issac Pérez Rodríguez y al asesor financiero David Gómez Arnau.

La determinación se dio luego de una audiencia que se prolongó durante 21 horas en la que la FGR formalizó la petición de imputación contra los abogados y el asesor financiero por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República indicó que “se opone terminantemente a la resolución ilegal” del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien este 19 de mayo resolvió no vincular a proceso y desechar el caso de los tres abogados y un asesor financiero, supuestamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, acusados de extorsionar al abogado Juan Collado. La decisión del juez, informó la FGR, será apelada.

En un comunicado, la FGR indicó que el juez  “descalificó y agredió groseramente” a la representación legal de la Fiscalía y se negó a tomar en cuenta más de 75 pruebas presentadas por las supuestas víctimas.

El Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó hoy, tras dos días de audiencia, que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó inculpar a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia; a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a un grupo de abogados por delitos inexistentes y por la mala, y turnó el expediente y su decisión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que revise si hubo violaciones que ameriten proceder en contra de ese órgano autónomo de justicia.

La audiencia para los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez dio inicio alrededor de las 11:20 horas en el Reclusorio Sur, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imputarles de los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el marco del caso de Julio Scherer Ibarra.

La Fiscalía General de la República (FGR) intentará, nuevamente, vincular a proceso a los abogados Juan Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, presuntamente vinculados a una red de litigio coordinada por Julio Scherer, mientras se desempeñó como Consejero Jurídico de Presidencia.

La audiencia se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo, a las 11 horas, frente jueza Natalia Calderón Tirado.

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la orden de captura contra el abogado David Gómez Arnau, según el oficio UEIDCSPAJ-068/2022. Es uno de los presuntos integrantes de la red de litigantes que utilizó Julio Scherer para intervenir en los grandes asuntos de corrupción y notoriedad nacional, según las denuncias que han circulado las últimas semanas.

En una hora, tres de los cuatro abogados acusados de pertenecer presuntamente a una red de corrupción, evitaron una vez más ser imputados por el caso de las presuntas extorsiones al jurista y empresario Juan Collado. No pisaron la sala donde la Fiscalía esperaba acusarlos de cometer presuntamente los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita y aún así evitaron ser procesados.

¿Por qué no se presentaron? Porque uno de ellos tenía COVID-19, los otros, al estar en contacto con él, eran sospechosos de haberse contagiado, así lo informaron sus representantes legales.

La audiencia inicial de tres abogados y el asesor financiero de Banco Afirme, a quienes se les acusa de presuntamente extorsionar al litigante Juan Collado, por órdenes del exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, concluyó sin avances luego de que tres imputados no se presentaron, por lo que el Juez la difirió para el próximo 12 de abril.

Después de que los acusados presentaran una solicitud por escrito para posponer la audiencia, bajo el argumento de que la Fiscalía sólo dio acceso parcial y tardío a la carpeta de investigación, el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Rivas González, determinó cambiar la fecha de la cita para la formulación.

El empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) estudia presentar una demanda en México y en Estados Unidos en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como del empresario Julio Villarreal, presidente del Grupo Villacero, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con informaciones difundidas en las últimas horas por los diarios Milenio y Reforma, el empresario siderúrgico, imputado por lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio a Pemex de la planta Agronitrogenados, fue presionado para vender AHMSA al empresario Villarreal, a cambio de obtener su libertad en el proceso judicial que enfrenta.

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, negó las acusaciones de una supuesta extorsión realizada por abogados “cercanos” a él contra Juan Collado y dijo que no lo conoce personalmente.

El abogado Paulo Díez Gargari señaló que la denuncia de Juan Collado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias, confirma sus dichos públicos de que éste y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.

Durante una entrevista este lunes con Aristegui en Vivo, señaló que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.

El abogado Juan Collado Mocelo negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el empresario que denunció al litigante por despojarlo del edificio sede de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se opone rotundamente.

La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del altos mandos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el exsecretario Ejecutivo de Administración, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, y el secretario General de la Presidencia, Carlos Antonio Alpízar Salazar, quienes habían sido señalados por presuntos actos de corrupción mediante una denuncia anónima.

La exoneración de ambos funcionarios fue notificada por la FGR al Consejo de la Judicatura de forma directa, por lo que el organismo rector de jueces y magistrados federales determinó hacer pública el sentido de la resolución, pero sin dar a conocer una versión pública del documento.