Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al presuntamente ocultar que era dueño de al menos siete inmuebles durante su estancia en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló este viernes una investigación del diario El País.

Una magistrada federal ratificó la decisión de no vincular a proceso a los tres abogados y un asesor financiero que fueron denunciados por Juan Ramón Collado por supuestamente intentar extorsionarlo y a quienes relacionó con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La magistrada Graciela Rocío Santes Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito, desestimó la apelación presentada por Collado Mocel, actualmente preso y vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra la resolución del 18 de mayo pasado dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández, denunciaron, el 26 de mayo del 2022, ante la la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), al también litigante Juan Ramón Collado Mocelo, además de sus hermanos, Antonio y María Julia, y, sus hijos, Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, por haber faltado a la verdad en sus declaraciones.

Así como, también, a Alejandro Gertz Manero y a Juan Ramos López, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respectivamente, además de a Manuel Granados Quiroz, Fiscal Especial de Control Competencial, y, a los agentes del Ministerio Público, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago, y Celiflora Ruiz Luis.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en la oficialía de partes del Poder Judicial Federal su apelación contra la decisión que tomó la semana pasada el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, para no enjuiciar a cuatro abogados relacionados con el ex consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, y que según las investigaciones, conformaron una asociación delictuosa.

El recurso fue entregado la noche del martes pasado, horas antes de que venciera el plazo legal, por la fiscal María Eugenia Castañón Osorio, y en las próximas horas será turnado a un tribunal colegiado para su análisis y resolución.

Le tomó 20 minutos al juez Jesús Delgadillo Padierna destruir el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra tres abogados y un operador financiero presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El mismo juez que hace dos años aceptara encarcelar a Rosario Robles (con pruebas incompletas, como se probaría en amparos posteriores) rechazó esta vez abrir un proceso en contra de los abogados que supuestamente extorsionaron, por órdenes de Scherer, al empresario y jurista Juan Collado.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que iniciará una carpeta de investigación penal contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decidió no vincular a proceso a los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusados de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias por el abogado Juan Collado.

Horas después de la audiencia donde el juzgador decretó el sobreseimiento de la causa, la FGR publicó un comunicado donde “se opone terminantemente” a su resolución, a quien acusó de defender a Julio Scherer.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó no vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Issac Pérez Rodríguez y al asesor financiero David Gómez Arnau.

La determinación se dio luego de una audiencia que se prolongó durante 21 horas en la que la FGR formalizó la petición de imputación contra los abogados y el asesor financiero por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.