Marco León Calarcá, quien representaba a las FARC en México desde finales del siglo pasado y fue corrido del país por el gobierno foxista hace 15 años, narra a este semanario ese incidente diplomático –cuyo ejecutor, contra su voluntad, fue el subsecretario de Relaciones Exteriores Gustavo Iruegas–, que significó mucho más que sólo la expulsión de un guerrillero: fue, según el entrevistado, el fin de una era de política exterior mexicana.
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sábado, 5 de agosto de 2017
lunes, 26 de junio de 2017
Las FARC concluyen entrega de armas: ONU
Bogotá. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) completó la entrega de sus armas a la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como parte de las acciones alcanzadas en el acuerdo de paz para poner fin más de medio siglo de conflicto, informó el este lunes el organismo internacional.
martes, 16 de agosto de 2016
Retroceso, renegociar con las FARC
Bogotá. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo hoy que tras casi cuatro años de conversaciones “no hay espacio para reabrir las negociaciones” de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“(…) Mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones, es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error”, señaló De la Calle.
Agregó que “ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza”.
El jefe negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos reiteró que “pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería, repito, un error. Estoy seguro de lo que estoy diciendo”.
“La frustración frente a lo logrado, si no damos ese paso, y frente a las potencialidades de esta oportunidad de terminar el conflicto, creo que significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación”, enfatizó.
A su juicio “sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación”.
“Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado”, aseveró el jefe negociador. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaces de conducir nuestro futuro”, concluyó el funcionario y ex vicepresidente de Colombia.
El gobierno de Santos negocia desde noviembre del 2012 un acuerdo de paz para poner fin a 52 años de confrontación armada, que ha dejado unos 7.5 millones de víctimas.
El Acuerdo Final de Paz, que firmen las partes debe ir a una refrendación por parte del pueblo colombiano, a través de un plebiscito en el que los electores tienen que votar por el SI o por el NO a los acuerdos de paz.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: NOTIMEX
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/retroceso-renegociar-con-las-farc-gobierno-de-colombia
“(…) Mi testimonio es que no hay espacio para reabrir las negociaciones, es mi opinión. Creo que en el plebiscito debemos ya tomar una decisión. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error”, señaló De la Calle.
Agregó que “ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Poner fin al conflicto es una certeza”.
El jefe negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos reiteró que “pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería, repito, un error. Estoy seguro de lo que estoy diciendo”.
“La frustración frente a lo logrado, si no damos ese paso, y frente a las potencialidades de esta oportunidad de terminar el conflicto, creo que significaría un enorme retroceso en la construcción de una ciudadanía deseosa de impulsar el futuro, la transformación”, enfatizó.
A su juicio “sería un giro al pasado. No quiero imaginarme la enorme decepción nacional. Vendría un sentimiento de impotencia, de calamidad, de pesimismo que afectaría el desarrollo de nuestra nación”.
“Pasado el ejercicio electoral, nos sentiríamos presos del pasado”, aseveró el jefe negociador. Nos sentiríamos en una situación de impotencia, de no ser capaces de conducir nuestro futuro”, concluyó el funcionario y ex vicepresidente de Colombia.
El gobierno de Santos negocia desde noviembre del 2012 un acuerdo de paz para poner fin a 52 años de confrontación armada, que ha dejado unos 7.5 millones de víctimas.
El Acuerdo Final de Paz, que firmen las partes debe ir a una refrendación por parte del pueblo colombiano, a través de un plebiscito en el que los electores tienen que votar por el SI o por el NO a los acuerdos de paz.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: NOTIMEX
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/16/retroceso-renegociar-con-las-farc-gobierno-de-colombia
domingo, 20 de marzo de 2016
Cárteles mexicanos, desafío del posconflicto colombiano
No sólo se trata de acabar una guerra de más de medio siglo. El gobierno colombiano ya piensa en lo que vendrá después de que firme la paz con la guerrilla de las FARC. Y más allá de abatir los índices de marginalidad y pobreza extrema en las zonas que controlaron los rebeldes, un nuevo problema se avizora: el narcotráfico mexicano. Ahí, donde el Estado reculó ante el enemigo, es donde se planta la hoja de coca y se procesa la droga que anhelan los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
BOGOTÁ (Proceso).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de este país tiene ya la mira puesta en el posconflicto y en los desafíos institucionales que implicará garantizar que la pacificación en su territorio sea real y sostenible.
Después de 52 años de guerra y del abandono estatal de extensas zonas rurales azotadas por el conflicto, por la pobreza extrema y por el narcotráfico, el gobierno colombiano proyecta recuperar esos territorios –donde las FARC tienen notable influencia– con políticas públicas, presencia institucional, inversión social y una estrategia de seguridad.
De acuerdo con el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, la paz permitirá al Estado colombiano abatir la marginación en el campo, el principal escenario de la confrontación armada y donde la pobreza afecta a la mitad de la población, y responder con más eficacia a la histórica violencia que ha golpeado al sector rural.
Y para ello, afirma, dos de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán unos 16 mil 500 guerrilleros y milicianos que, según estima el Ejército, tienen las FARC.
Según un plan anunciado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “cuando venga la paz y las FARC dejen esas zonas donde están protegiendo actividades delincuenciales, como minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio para evitar que lo ocupen bandas criminales”.
La estrategia del gobierno prevé el aumento de efectivos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (bacrim).
Cárteles al acecho
Fuentes de la PNC dicen a Proceso que uno de los retos del posconflicto será evitar que los cárteles mexicanos de la droga financien a las bacrim locales para asegurar el abasto de la cocaína.
“Tenemos informes de que existe preocupación de los narcotraficantes mexicanos de que una salida de las FARC del negocio de la cocaína haga caer la producción y el suministro. Ellos están buscando asegurar el negocio y tienen el dinero para financiar a sus socios colombianos”, asegura una de las fuentes consultadas.
Según un reporte de inteligencia de la PNC, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia, mientras que el de Jalisco Nueva Generación “ha ampliado sus redes con las bacrim colombianas en el proceso de reconfiguración del negocio del narcotráfico a nivel regional”.
Los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con traficantes de drogas colombianos, agrega el informe.
El documento de cinco páginas de la PNC asegura que en los últimos cuatro años los principales proveedores de cocaína de los cárteles mexicanos han sido “las FARC, las bacrim y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está en pláticas exploratorias con el gobierno para iniciar un proceso de paz)”.
Con la inminente salida de las FARC del negocio, como parte de los compromisos asumidos por esa guerrilla en los acuerdos de paz, “se presentará un proceso de transformación criminal en Colombia”, agrega.
Entre los escenarios que anticipa la PNC con la desmovilización de las FARC, que podría comenzar a finales de este mes, está “una mayor fragmentación y geolocalización del delito con estructuras con menor nivel de cohesión y cobertura”.
Las bacrim y el ELN podrían cobrar más protagonismo en el negocio de la producción y procesamiento de hoja de coca y “los nexos de los narcotraficantes colombianos y cárteles mexicanos se fortalecerían y extenderían”.
El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, indica que el ELN ha ocupado espacios que han dejado las FARC en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño –donde se concentra 36% de los plantíos de hoja de coca del país–, y ha recibido “a parte de los hombres” de esta guerrilla que no aceptan la desmovilización.
Restrepo considera que algunos otros efectivos de las FARC, inconformes con los acuerdos de paz, acabarán engrosando las filas de las bacrim.
Según el reporte de la PNC, en la reconfiguración del negocio de la cocaína, que se avecina con la firma de la paz, es previsible que “se refuerce el despliegue de contactos de los cárteles mexicanos que han enviado a delegados al país en búsqueda de proveedores de estupefacientes para suplir el vacío que va a generar la salida de las FARC” de esa actividad, la cual les ha servido para financiar la guerra contra el Estado colombiano.
“Comisionados mexicanos”
El politólogo y experto en seguridad Ariel Ávila señala que las FARC operan en 281 municipios del país –la cuarta parte del total–, en 190 de los cuales hay presencia de negocios ilegales, como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca.
En la mayoría de esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que se desmovilicen, dice Ávila.
“Eso significa que existe un riesgo muy grande de que en las dos terceras partes de los municipios donde hoy está la guerrilla otros grupos lleguen a tomarse esos mercados ilegales”, afirma.
El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación considera que, en ese escenario, los cárteles mexicanos, que son los que concentran las grandes ganancias del tráfico de cocaína, presionarán a las bacrim colombianas “para que copen esos territorios y garanticen el abastecimiento de droga”.
Dice que en las regiones cocaleras “se habla de que los cárteles mexicanos están enviando comisionados para financiar, con préstamos, esa transición, sin que eso quiera decir que las organizaciones mexicanas del narcotráfico vayan a tener en Colombia estructuras propias armadas”.
Para Ávila, mientras los mercados de la droga mantengan su alta demanda, será inevitable que los centros de producción hagan todo lo posible por abastecerlos.
“Eso va a pasar, pero lo importante es que eso pase con muy poca violencia y que no ocurra en todas las zonas donde se van a desmovilizar las FARC”, sostiene el investigador de los fenómenos criminales y maestro en sociología.
Dice que, además, es “casi inevitable” que los cárteles mexicanos se mantengan al margen del posconflicto colombiano pues son los que se encargan de introducir a Estados Unidos 80% de la droga que se produce en Colombia y “van a buscar a toda costa mantener el abastecimiento”.
El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien se dedicó a estudiar los fenómenos de violencia tras dirigir en los noventa el Bloque de Búsqueda que capturó a los principales jefes del Cártel de Cali, considera que los cárteles mexicanos de la droga forman parte de las “nuevas amenazas” que afectarán la seguridad pública tras la desmovilización de las FARC.
De acuerdo con el maestro en estudios políticos y analista militar, la firma de la paz con esa guerrilla y una eventual negociación con el ELN significarán el fin de la guerra interna, “pero quedará el crimen organizado local y trasnacional como el mayor desafío de seguridad”.
De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en 2014 a 69 mil hectáreas, 44% más que en 2013, y todas se localizan en zonas de fuerte presencia guerrillera.
Esa cantidad de cultivos alcanza para producir 442 toneladas de cocaína en un año, según el reporte. Si se restan las 147 toneladas de estupefacientes que decomisaron las autoridades colombianas, quedan 295, las cuales tendrían un valor de 5 mil 900 millones de dólares en Estados Unidos.
Como parte de las negociaciones de paz, las FARC y el gobierno colombiano alcanzaron en mayo de 2014 un acuerdo sobre drogas ilícitas en el cual la guerrilla se compromete a que, al finalizar el conflicto, pondrá “fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”.
El gobierno, por su parte, asume el compromiso de financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarcará la formalización de la propiedad de sus tierras a los campesinos, acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y la provisión de bienes y servicios públicos como carreteras, agua potable y energía eléctrica.
Este programa, que se implementará con ayuda de las FARC, resulta muy atractivo para miles de familias campesinas que siembran hoja de coca por falta de alternativas, lo que le augura posibilidades de éxito y de que Colombia reduzca en forma significativa su oferta de esa droga.
La guerrilla, además, acordó contribuir “de manera efectiva y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, lo que de acuerdo con el presidente Santos significa que las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico.
Y el gobierno, por su parte, se comprometió a enfrentar el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y a revisar y ajustar su política antidrogas promoviendo un debate internacional sobre el asunto en el que se exploren alternativas al prohibicionismo.
El jefe de la delegación de negociadores de las FARC, Iván Márquez, ha sostenido que la guerra contra las drogas “es un fraude y una farsa total, lo que explica su fracaso”.
De acuerdo con el comandante guerrillero, “la causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita”.
En un escrito divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz, señaló que “donde huela a drogas, ahí están las tropas estadunidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa”.
Para el politólogo Ariel Ávila, el éxito de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que instrumentará el gobierno tras la firma de la paz dependerá de que el Estado cumpla con los acuerdos, en especial el de desarrollo rural, y que invierta los recursos para sacar de la marginación a las áreas más afectadas por el conflicto armado.
De acuerdo con un estudio del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requerirá una inversión pública anual de entre 2 mil 500 y 3 mil 200 millones de dólares por espacio de una década. Esta última cifra equivale al 5% del presupuesto público de este año.
“La clave es que haya esa inversión, que haya una estrategia de seguridad efectiva y que las FARC, desmovilizadas y convertidas en un partido político, se involucren en la sustitución de cultivos”, asegura Ávila.
Agrega que si esos tres factores se cumplen, muchas zonas del país podrán comenzar a salir de los cultivos ilegales y del procesamiento de hoja de coca, así como de la violencia que esas actividades traen consigo.
“Pero lo cierto es que, al otro día de que las FARC dejen las armas, habrá grupos criminales que van a intentar ocupar esas zonas, muchos de ellos con el respaldo financiero de los cárteles mexicanos. Es inevitable que eso pase”, señala el experto en seguridad.
BOGOTÁ (Proceso).- Ante la inminencia de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de este país tiene ya la mira puesta en el posconflicto y en los desafíos institucionales que implicará garantizar que la pacificación en su territorio sea real y sostenible.
Después de 52 años de guerra y del abandono estatal de extensas zonas rurales azotadas por el conflicto, por la pobreza extrema y por el narcotráfico, el gobierno colombiano proyecta recuperar esos territorios –donde las FARC tienen notable influencia– con políticas públicas, presencia institucional, inversión social y una estrategia de seguridad.
De acuerdo con el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, la paz permitirá al Estado colombiano abatir la marginación en el campo, el principal escenario de la confrontación armada y donde la pobreza afecta a la mitad de la población, y responder con más eficacia a la histórica violencia que ha golpeado al sector rural.
Y para ello, afirma, dos de los principales componentes del posconflicto serán la inversión social y el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y los organismos de justicia en las áreas donde se desmovilizarán unos 16 mil 500 guerrilleros y milicianos que, según estima el Ejército, tienen las FARC.
Según un plan anunciado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “cuando venga la paz y las FARC dejen esas zonas donde están protegiendo actividades delincuenciales, como minería ilegal o narcotráfico, tenemos que copar inmediatamente ese espacio para evitar que lo ocupen bandas criminales”.
La estrategia del gobierno prevé el aumento de efectivos de la Policía Nacional de Colombia (PNC) y la creación de grupos de fuerzas especiales y un servicio de inteligencia integrado para combatir a las bandas criminales (bacrim).
Cárteles al acecho
Fuentes de la PNC dicen a Proceso que uno de los retos del posconflicto será evitar que los cárteles mexicanos de la droga financien a las bacrim locales para asegurar el abasto de la cocaína.
“Tenemos informes de que existe preocupación de los narcotraficantes mexicanos de que una salida de las FARC del negocio de la cocaína haga caer la producción y el suministro. Ellos están buscando asegurar el negocio y tienen el dinero para financiar a sus socios colombianos”, asegura una de las fuentes consultadas.
Según un reporte de inteligencia de la PNC, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia, mientras que el de Jalisco Nueva Generación “ha ampliado sus redes con las bacrim colombianas en el proceso de reconfiguración del negocio del narcotráfico a nivel regional”.
Los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con traficantes de drogas colombianos, agrega el informe.
El documento de cinco páginas de la PNC asegura que en los últimos cuatro años los principales proveedores de cocaína de los cárteles mexicanos han sido “las FARC, las bacrim y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está en pláticas exploratorias con el gobierno para iniciar un proceso de paz)”.
Con la inminente salida de las FARC del negocio, como parte de los compromisos asumidos por esa guerrilla en los acuerdos de paz, “se presentará un proceso de transformación criminal en Colombia”, agrega.
Entre los escenarios que anticipa la PNC con la desmovilización de las FARC, que podría comenzar a finales de este mes, está “una mayor fragmentación y geolocalización del delito con estructuras con menor nivel de cohesión y cobertura”.
Las bacrim y el ELN podrían cobrar más protagonismo en el negocio de la producción y procesamiento de hoja de coca y “los nexos de los narcotraficantes colombianos y cárteles mexicanos se fortalecerían y extenderían”.
El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Jorge Restrepo, indica que el ELN ha ocupado espacios que han dejado las FARC en los departamentos de Arauca, Cauca y Nariño –donde se concentra 36% de los plantíos de hoja de coca del país–, y ha recibido “a parte de los hombres” de esta guerrilla que no aceptan la desmovilización.
Restrepo considera que algunos otros efectivos de las FARC, inconformes con los acuerdos de paz, acabarán engrosando las filas de las bacrim.
Según el reporte de la PNC, en la reconfiguración del negocio de la cocaína, que se avecina con la firma de la paz, es previsible que “se refuerce el despliegue de contactos de los cárteles mexicanos que han enviado a delegados al país en búsqueda de proveedores de estupefacientes para suplir el vacío que va a generar la salida de las FARC” de esa actividad, la cual les ha servido para financiar la guerra contra el Estado colombiano.
“Comisionados mexicanos”
El politólogo y experto en seguridad Ariel Ávila señala que las FARC operan en 281 municipios del país –la cuarta parte del total–, en 190 de los cuales hay presencia de negocios ilegales, como minería clandestina y siembra y procesamiento de hoja de coca.
En la mayoría de esos municipios operan organizaciones criminales con capacidad de reemplazar a las FARC en los negocios ilícitos una vez que se desmovilicen, dice Ávila.
“Eso significa que existe un riesgo muy grande de que en las dos terceras partes de los municipios donde hoy está la guerrilla otros grupos lleguen a tomarse esos mercados ilegales”, afirma.
El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación considera que, en ese escenario, los cárteles mexicanos, que son los que concentran las grandes ganancias del tráfico de cocaína, presionarán a las bacrim colombianas “para que copen esos territorios y garanticen el abastecimiento de droga”.
Dice que en las regiones cocaleras “se habla de que los cárteles mexicanos están enviando comisionados para financiar, con préstamos, esa transición, sin que eso quiera decir que las organizaciones mexicanas del narcotráfico vayan a tener en Colombia estructuras propias armadas”.
Para Ávila, mientras los mercados de la droga mantengan su alta demanda, será inevitable que los centros de producción hagan todo lo posible por abastecerlos.
“Eso va a pasar, pero lo importante es que eso pase con muy poca violencia y que no ocurra en todas las zonas donde se van a desmovilizar las FARC”, sostiene el investigador de los fenómenos criminales y maestro en sociología.
Dice que, además, es “casi inevitable” que los cárteles mexicanos se mantengan al margen del posconflicto colombiano pues son los que se encargan de introducir a Estados Unidos 80% de la droga que se produce en Colombia y “van a buscar a toda costa mantener el abastecimiento”.
El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien se dedicó a estudiar los fenómenos de violencia tras dirigir en los noventa el Bloque de Búsqueda que capturó a los principales jefes del Cártel de Cali, considera que los cárteles mexicanos de la droga forman parte de las “nuevas amenazas” que afectarán la seguridad pública tras la desmovilización de las FARC.
De acuerdo con el maestro en estudios políticos y analista militar, la firma de la paz con esa guerrilla y una eventual negociación con el ELN significarán el fin de la guerra interna, “pero quedará el crimen organizado local y trasnacional como el mayor desafío de seguridad”.
De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos, las plantaciones de hoja de coca en Colombia llegaron en 2014 a 69 mil hectáreas, 44% más que en 2013, y todas se localizan en zonas de fuerte presencia guerrillera.
Esa cantidad de cultivos alcanza para producir 442 toneladas de cocaína en un año, según el reporte. Si se restan las 147 toneladas de estupefacientes que decomisaron las autoridades colombianas, quedan 295, las cuales tendrían un valor de 5 mil 900 millones de dólares en Estados Unidos.
Como parte de las negociaciones de paz, las FARC y el gobierno colombiano alcanzaron en mayo de 2014 un acuerdo sobre drogas ilícitas en el cual la guerrilla se compromete a que, al finalizar el conflicto, pondrá “fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”.
El gobierno, por su parte, asume el compromiso de financiar un programa de sustitución de cultivos ilícitos que abarcará la formalización de la propiedad de sus tierras a los campesinos, acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, y la provisión de bienes y servicios públicos como carreteras, agua potable y energía eléctrica.
Este programa, que se implementará con ayuda de las FARC, resulta muy atractivo para miles de familias campesinas que siembran hoja de coca por falta de alternativas, lo que le augura posibilidades de éxito y de que Colombia reduzca en forma significativa su oferta de esa droga.
La guerrilla, además, acordó contribuir “de manera efectiva y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, lo que de acuerdo con el presidente Santos significa que las FARC ayudarán a combatir el narcotráfico.
Y el gobierno, por su parte, se comprometió a enfrentar el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y a revisar y ajustar su política antidrogas promoviendo un debate internacional sobre el asunto en el que se exploren alternativas al prohibicionismo.
El jefe de la delegación de negociadores de las FARC, Iván Márquez, ha sostenido que la guerra contra las drogas “es un fraude y una farsa total, lo que explica su fracaso”.
De acuerdo con el comandante guerrillero, “la causa de la persistencia en esa política son los negocios, y Colombia y México aportan las víctimas de un prohibicionismo hipócrita”.
En un escrito divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz, señaló que “donde huela a drogas, ahí están las tropas estadunidenses erradicando la cocaína, la heroína y el opio de los demás, y protegiendo a los barones de la droga que blanquean sus dineros a través de los bancos de Estados Unidos y de Europa”.
Para el politólogo Ariel Ávila, el éxito de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que instrumentará el gobierno tras la firma de la paz dependerá de que el Estado cumpla con los acuerdos, en especial el de desarrollo rural, y que invierta los recursos para sacar de la marginación a las áreas más afectadas por el conflicto armado.
De acuerdo con un estudio del exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el cumplimiento del acuerdo de desarrollo rural requerirá una inversión pública anual de entre 2 mil 500 y 3 mil 200 millones de dólares por espacio de una década. Esta última cifra equivale al 5% del presupuesto público de este año.
“La clave es que haya esa inversión, que haya una estrategia de seguridad efectiva y que las FARC, desmovilizadas y convertidas en un partido político, se involucren en la sustitución de cultivos”, asegura Ávila.
Agrega que si esos tres factores se cumplen, muchas zonas del país podrán comenzar a salir de los cultivos ilegales y del procesamiento de hoja de coca, así como de la violencia que esas actividades traen consigo.
“Pero lo cierto es que, al otro día de que las FARC dejen las armas, habrá grupos criminales que van a intentar ocupar esas zonas, muchos de ellos con el respaldo financiero de los cárteles mexicanos. Es inevitable que eso pase”, señala el experto en seguridad.
Fuente: Proceso
Autor: Rafael Croda
http://www.proceso.com.mx/433984/carteles-mexicanos-desafio-del-posconflicto-colombiano
domingo, 17 de mayo de 2015
Las FARC entrenan a jefes del Cártel de Jalisco Nueva Generación
Tiene acumuladas varias décadas de experiencia en su lucha contra las fuerzas del Estado y ahora se dedica a transmitir ese conocimiento. Es la guerrilla colombiana de las FARC. Y según fuentes estadunidenses de inteligencia, los narcos jaliscienses –el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, que además tienen capacidad económica para adquirir armamento de punta– recibieron entrenamiento en las selvas de Colombia. La muestra de que resultaron buenos alumnos fue el derribo de un helicóptero militar el primer día de este mes en Villa Purificación.
WASHINGTON: El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado.
El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares.
“Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.
“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja.
“Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia y quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios.
“Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta.
Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos.
“Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado.
Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delicuencial”.
Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
WASHINGTON: El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado.
El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares.
“Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.
“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja.
“Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia y quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios.
“Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta.
Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos.
“Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado.
Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delicuencial”.
Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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