La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el 1 de julio de 2024, a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China, con “vínculos criminales” con el Cártel de Sinaloa.

Ello, “como parte de los esfuerzos en curso para perturbar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de los esfuerzos continuos del Gobierno de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno mexicano, para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas, una prioridad bajo la Agenda de Unidad del presidente Joseph Biden”, según indicó el Departamento del Tesoro de EE.UU., en un comunicado.

En las últimas dos décadas oligarcas y criminales de México, Irán, Corea del Norte, Kazajstán y Rusia han invertido masivamente en el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos, principalmente en California, Florida y Nueva York en el que lavaron por lo menos 2.6 mil millones de dólares en hoteles, centros comerciales, supermercados o, incluso, en un centro equino.

Francisco Cienfuegos Martínez, exdiputado priista en Nuevo León y representante en esa entidad de la candidata presidencial opositora del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, es señalado por lavado de dinero, según revela el periódico Reforma este viernes, por lo que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, señaló que “se podría sospechar que Peso Pluma y Fuerza Regida están relacionados con el Cártel de Sinaloa“.

Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, la alcaldesa dijo que “se debe poner sobre la mesa” la preferencia que tienen ambos artistas hacia un grupo criminal y no al otro.

Una investigación realizada durante dos años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) -ambas agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos-, resultó en la acusación de doce personas.

Así como el desmantelamiento de una organización criminal transnacional que presuntamente lavó al menos 16.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, además del rescate de dos víctimas de un complot de extorsión.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), en un esquema idéntico al de la llamada “Operación Safiro”.

La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó esta madrugada. Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, que hoy es coordinador de los diputados federales del PRI.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces. 

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

El Tercer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el último año se ha incrementado la incidencia de 15 delitos locales y federales, entre ellos delincuencia organizada, narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, violencia familiar y violaciones. A su vez reveló que la baja en los robos originada tras la pandemia se ha estabilizado.

Y si bien las denuncias por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita – coloquialmente llamado lavado de dinero – han crecido, el número de cuentas bancarias aseguradas y los recursos congelados descendieron. De hecho, los recursos bloqueados en dólares cayeron más de 97 por ciento.

Un total de 16 grupos criminales mantienen una disputa abierta por el control de las rutas del narcotráfico y narcomenudeo en el país este año. Se trata de organizaciones delictivas que además tienen capacidad para lavar dinero proveniente de esta y otras actividades consideradas como crimen organizado.

Un reporte actualizado del gabinete de seguridad identifica al Cártel del Pacífico y de Jalisco como las organizaciones criminales predominantes en el norte y centro del país, mientras que el Cártel del Golfo —a cuyas facciones se atribuye la masacre de 15 personas en Tamaulipas de la semana pasada— aún tiene presencia en ocho entidades.

Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscalización para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

El Cártel de Sinaloa lavó 108 millones de pesos en el Principado de Andorra durante una década, a través de una red de empresas fachada que ha sido utilizada para diversas actividades ilícitas entre las que se encuentra la venta de facturas fraudulentas o la dispersión de fondos relacionados con los casos de Odebrecht y la llamada ‘Estafa Maestra’.

Así lo reveló este lunes el diario Milenio, que tuvo acceso a un reporte presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante el gabinete de seguridad del gobierno federal.

La Banca Privada d’ Andorra (BPA) había decidido en febrero de 2012 “poner fin a la presencia en México” de la institución, según un acta de su comité de control dada a conocer por el periódico español El País.

De acuerdo con el diario, en la sesión del 27 de febrero de 2012, los propietarios del banco, Ramón e Higini Cierco, habían tomado esta determinación por las crecientes sospechas sobre las fortunas albergadas en éste. En 2012 la BPA tenía 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades andorranas investigaban 80 cuentas mexicanas.

En tanto, la mayor parte de las indagatorias iniciadas siguen “en trámite” o en fase de investigación inicial sin que se haya reunido evidencia suficiente para proceder en contra de algún probable responsable. Incluso, hay 18 casos que ya fueron archivados o cerrados de forma definitiva.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y lavado de dinero.

El documento se presentó al mediodía de este martes ante la Fiscalía General de la República, confirmó Aristegui Noticias.

En el documento el director de Procesos Legales de la UIF “formula denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito”.

Por tal motivo, en la Fiscalía General de la República hay una carpeta de investigación ordenada por su titular, Alejandro Gertz Manero, y en medio de estas diligencias se solicitó la autorización de dos jueces federales para la intervención de las comunicaciones de este grupo supuestamente delictivo.

En el expediente, se expuso en Palacio Nacional, también se mencionan algunos funcionarios gubernamentales, como el exsecretario de Hacienda [Carlos Manuel Urzúa Macías], de Aduanas y a una directiva de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario y fundador de Grupo GIN, Raúl Beyruti Sánchez, debido a que presuntamente habría operado con recursos de procedencia ilícita y estaría ligado a delincuencia organizada.

De acuerdo con la información revelada por el diario El Financiero y por el medio Expansión, la orden de detención, dictada por un Juez federal, surgió a raíz de una investigación hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que se detalla que hay presuntos recursos no reportados a la autoridad fiscal por 34 mil millones de pesos de 92 empresas del outsourcing, en las que se incluye a GINgroup.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a Ramón García Gibson, uno de sus más altos funcionarios, por "sus evidentes conflictos de interés", la "pérdida de confianza"  y su participación en el esquema que permitió a los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del HSBC en México para lavar cientos de millones de dólares en la primera década de este milenio.

El despido sucedió el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses después de que Quinto Elemento Lab publicara una investigación acerca de García Gibson, donde se revelaban las omisiones en las que incurrió el exfuncionario durante su paso por HSBC, banco en que presidía el máximo órgano antilavado.

Una investigación periodística reveló que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México -durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva- entregó cuatro contratos por un valor de 976 millones de pesos a sendos despachos para que realizaran un trabajo que ya había hecho la dependencia desde 2014.

Así lo dio a conocer este miércoles el diario El Universal, que señala que los contratos fueron adjudicados en el primer semestre de 2018. Supuestamente los despachos debían hacer las solicitudes de devoluciones sobre el pago del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la capital. Sin embargo, fue la secretaría realizó este trabajo de manera interna y sin coste adicional.