La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el 1 de julio de 2024, a un lavador de dinero con sede en México y a miembros de una organización de lavado de dinero con sede en China, con “vínculos criminales” con el Cártel de Sinaloa.

Ello, “como parte de los esfuerzos en curso para perturbar el flujo de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos. Esta acción es el resultado de los esfuerzos continuos del Gobierno de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno mexicano, para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas, una prioridad bajo la Agenda de Unidad del presidente Joseph Biden”, según indicó el Departamento del Tesoro de EE.UU., en un comunicado.

En las últimas dos décadas oligarcas y criminales de México, Irán, Corea del Norte, Kazajstán y Rusia han invertido masivamente en el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos, principalmente en California, Florida y Nueva York en el que lavaron por lo menos 2.6 mil millones de dólares en hoteles, centros comerciales, supermercados o, incluso, en un centro equino.

Francisco Cienfuegos Martínez, exdiputado priista en Nuevo León y representante en esa entidad de la candidata presidencial opositora del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, es señalado por lavado de dinero, según revela el periódico Reforma este viernes, por lo que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, señaló que “se podría sospechar que Peso Pluma y Fuerza Regida están relacionados con el Cártel de Sinaloa“.

Durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, la alcaldesa dijo que “se debe poner sobre la mesa” la preferencia que tienen ambos artistas hacia un grupo criminal y no al otro.

Una investigación realizada durante dos años por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) -ambas agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos-, resultó en la acusación de doce personas.

Así como el desmantelamiento de una organización criminal transnacional que presuntamente lavó al menos 16.5 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, además del rescate de dos víctimas de un complot de extorsión.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez federal a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), en un esquema idéntico al de la llamada “Operación Safiro”.

La audiencia inicial de vinculación a proceso comenzó ayer ante un juzgado federal con sede en Coahuila y concluyó esta madrugada. Ramos Flores, quien asumió el cargo el 20 de febrero de 2014, fue acusado por la FGR del delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades durante el ejercicio de su cargo en la administración de Moreira, que hoy es coordinador de los diputados federales del PRI.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en esta administración, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa. El caso más avanzado es por el presunto lavado de dinero en operaciones bursátiles ilegales y será el primero que llegará a los jueces. 

Se trata de la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción, si los bonos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.