En conferencia de prensa, habitantes de Huitzizilapan, una de las tres comunidades del municipio de Lerma que serán afectadas por el paso carretero solicitaron la presencia de organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la asamblea en la que se designarán al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, ante la tensión que persiste en la comunidad.
Los habitantes inconformes con la construcción de la autopista de cuota, que comunicaría a Toluca con Naucalpan, rechazaron la presencia de policías municipales y estatales en el proceso de renovación de autoridades comunales y pidieron que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano “sea vigilante para que la actuación de los servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México” se apegue a la Constitución.
Asimismo exigieron al gobierno municipal de Lerma, “al gobierno de Eruviel Ávila y a las empresas” interesadas en su territorio, “se abstengan de intervenir” en la asamblea para elegir a las autoridades de la comunidad indígena en apego a la Constitución y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras esperan que un tribunal colegiado resuelva el amparo 855/2014 por el que piden la suspensión definitiva de la obra, Abundio Rivero, habitante de Huitzizilapan, denunció que en la comunidad opera un “grupo de choque” vinculado a una camarilla de priistas que se han encumbrado como autoridades comunitarias durante los últimos 15 años, tiempo en que han dado concesiones a empresas privadas para deforestar y para la construcción de la autopista concesionadas a la empresa Teya, del Grupo Higa.
Según el comunero, el “grupo de choque” a cargo del excomisariado ejidal Luis Enrique Ortínez Dorantes y el exalcalde de Lerma Erick Servilla presionan a los 904 comuneros que integran el padrón avalado por la Procuraduría Agraria para que favorezcan a miembros de su grupo político.
Tras recordar que el proyecto carretero afectará 138 hectáreas de bosque que comprenden las comunidades de Huitzizilapan, Xochicuatla y Ayotuxco los líderes comunitarios resaltaron que en 2006 y 2012 los entonces comisariados ejidales Guadalupe Fidencio y Francisco Olvera, también priistas, “operaron junto con la empresa (Teya) la imposición de proyecto y dieron 20 mil pesos a cada comunero para que aceptaran el paso de la autopista”.
Y aunque a esa asamblea “ni la mitad del padrón asistió” fue convalidada por la Procuraduría Agraria.
Al señalar las trabas impuestas por la Procuraduría Agraria para que se emitiera una convocatoria para el relevo de autoridades comunales que habían concluido su mandato en octubre de 2014, Abundio Rivero señaló que el “grupo de choque” priista “intimida a los comuneros para que los apoyen, los amenazan con sacarlos del padrón de comuneros o les ofrecen dádivas a cambio de su voto”.
Efrén Santana explicó que contra la intención de que los priistas vinculados a la constructora Teya continúen como autoridades comunitarias y bloqueen los recursos legales contra la autopista, los opositores decidieron conformar una planilla en la que participan representantes de las 12 poblaciones que integran Huitzizilapan.
Ismael Santana, integrante de la planilla opositora a los priistas, señaló que aunque sólo pueden participar en la renovación de las autoridades comunitarias 904 personas el proyecto carretero impulsado por Peña Nieto desde que era gobernador afectará a 17 mil personas, además de los daños al ambiente y a los recursos hídricos que alimentan el sistema Cutzamala.
“Como planilla seguimos firmes para combatir el despojo. Aunque el decreto expropiatorio dice que el uso de la autopista es de utilidad pública, lo cierto es que el objetivo es unir los grandes capitales de Santa Fe e Interlomas con el aeropuerto de Toluca, a costa de la destrucción de la tierra”, denunció Santana.
Fuente: Proceso
Autor: Gloria Leticia Díaz
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