Ciudad de México. La Comisión Permanente convocó a un período extraordinario de sesiones, en el Congreso de la Unión, a partir del 5 de julio en el Senado y un día después en la Cámara de Diputados, luego de un ríspido debate, en el que senadores y diputados del PAN y PRD reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que sólo hubiera reaccionado por presiones de los empresarios y vetado el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, para eliminar la responsabilidad de particulares de presentar declaraciones patrimonial y de intereses.
Panistas y perredistas se confrontaron con legisladores del PRI y el PVEM, quienes presumieron los logros de la reforma anticorrupción.
Los opositores exigieron congruencia y reclamaron a priístas y sus aliados que se manifestaran en contra de la actitud que han asumido los gobernadores salientes de Veracruz, de Chihuahua y Quintana Roo, de procedencia tricolor, al aprobar leyes en sus congresos locales que les permitirán blindarse y quedar impunes frente a la acusaciones de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilegal que enfrentan.
Los senadores Zoé Robledo, del PRD y Mariana Gómez del Campo, del PAN, advirtieron que Peña Nieto sólo escuchó a los empresarios y no a las organizaciones de la sociedad civil que exigen que se modifique el artículo 29 de esa misma Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como Ley 3 de 3, a fin de que se hagan públicas las declaraciones de los funcionarios, legisladores, e integrantes del poder judicial.
El diputado priísta Jericó Abramo Masso, rechazó que el presidente de la República les haya enmendado la plana a PRI y PVEM y encendió el debate, cuando acusó a la oposición de mentir y no tomar en cuenta los logros incluidos en las siete leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo le respondió que el PRI tome entonces cartas en el asunto y evite que los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, “que perdieron la elección por ladrones”, nombren a sus propios fiscales anticorrupción, cambien magistrados y acudan a todo tipo de maniobras para evitar que se les investigue y se les encarcele.
En respuesta, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Alberto Puente Salas, sacó a relucir que en todas las fuerzas políticas se han dado actos de corrupción y acusó al senador del PRD, Zoé Robledo, de haber votado, la madrugada del jueves 16, la reserva al citado artículo 32. El perredista le recordó también del famoso video en que se ve al Niño Verde negociar un soborno y luego decir que “lo chamaquearon”.
Luego, el diputado panista Federico Doring, exigió también al PRI que no hable sólo de luchar contra la anticorrupción, sino que actúen. Eviten, les pidió que se concrete mañana en Veracruz la intención del gobernador Javier Duarte, de nombrar a un fiscal anticorrupción, que es un cuadro político del PRI, cuando la ley federal en la materia establece que debe ser apartidista.
La otra parte de la discusión se centró en el veto presidencial, sólo al artículo 32. El senador del PT, Héctor Menchaca, sostuvo que se evidenció que Peña Nieto respondió a las presiones empresariales y “ dejó claro que aquí se gobierna para los amigos, para unos cuantos”.
Es reprobable, dijo, que mientras a los maestros se les aplica la ley a punta de pistolas, a los ricos y potentados se les hace la ley a modo”.
El senador Alejandro Encinas reconoció que hay un veto presidencial a un artículo “mal redactado” y que efectivamente no se puede revisar ya el artículo 29, por lo que, lo requerido es que se trabaje ya en una ley contra el soborno, el lavado de dinero y las empresas off shore.
El pleno de la Comisión Permanente aprobó con 33 votos a favor, una en contra y una abstención, que el Senado lleve a cabo una período extraordinario, a partir del próximo 5 de julio y en la Cámara de Diputados, a partir del día 6, mismos que serán clausurados, una vez que concluya el tema único a tratar, que es el veto de ejecutivo federal a un artículo de la Ley General de Responsabilidades.
