El Gobierno del Estado de México ha acechado durante el último mes a ocho comunidades por llevar a cabo sus proyectos de megaobras en la entidad, denunciaron activistas, quienes afirman que las agresiones se han realizado escalonadamente por parte de la policía de la entidad, apoyada incluso por elementos de la Policía Federal.
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Los pueblos de Coyotepec, Atenco, Xochicuautla, Magú, Tecámac, Acuexcomac, Tocuila y Zinacantepec son víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del Gobierno de Eruviel Ávila Camacho, denunciaron activistas.
La última de ellas ocurrió el pasado 26 de mayo en Coyotepec, en donde hubo 22 lesionados y tres personas privadas de su libertad dijo José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
“Las agresiones ha ido en forma escalonada en todos estos pueblos: en Atenco hace dos semanas hubo una incursión tanto de cuerpos policiacos como de grupos de choque que fueron apoyados por elementos de la Policía Federal; es decir, todos los pueblos se encuentran bajo acecho por una cuestión de fortaleza del Gobierno del estado, está yendo uno por uno, pero los pueblos están repeliendo las agresiones”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
En el caso de Coyotepec, el Gobierno estatal intenta despojar a la comunidad del agua a través de una consulta ciudadana, debido a la obra Ciudad Bicentenario Huehuetoca, recordó el activista.
Entre las megaobras en juego se encuentran el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que afecta al territorio del lago de Texcoco y Atenco; la autopista Naucalpan-Toluca que afecta a Xochicuautla y a otros pueblos, así como el desarrollo Bosques del Paraíso que afecta a una comunidad indígena otomí, dijo.
Las empresas que se benefician de los proyectos son Grupo Higa, OHL y una compañía de Jorge Hank Rhon, añadió.
“Todos los pueblos están en un asecho permanente, eso hace constante la posibilidad de agresiones a todos. Llegan por la mañana entre siete y nueve, ya es un patrón que hemos detectado. La cultura gubernamental parece que sólo busca confrontar a las comunidades. Pareciera que están decididos a imponer su ley con fuego y sangre”, dijo.
EN XOCHICUAUTLA AÚN NO REPARAN DAÑO
Organizaciones sociales del Estado de México ofrecieron han manifestado su rechazo a la llamada Ley Atenco.
Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El 11 de abril la población de Xochicuautla se vio alterada con el derribo de la propiedad de Armando García, primer delegado del poblado. Pese a la resistencia de alrededor de 50 personas para abandonar el hogar, elementos de la policía terminaron por desalojarlos por medio del uso de la fuerza.
Al día siguiente alrededor de 300 policías estatales, de acuerdo con pobladores, llegó a la comunidad con el fin de continuar la custodia de la obra que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa. Los elementos se retiraron aproximadamente a las 16:30 horas de este martes.
De acuerdo con los pobladores la demolición de casas en San Francisco Xochicuautla es una provocación del Gobernador Eruviel Ávila Villegas para legitimar el uso de la fuerza.
“Tienen prácticamente sitiado al pueblo”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, tercer delegado del Consejo Supremo de la comunidad, un órgano de autoridad local.
Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo una sola propiedad, sin antes buscar el diálogo.
“No buscaron negociación. Hoy nos han vuelto a decir que los amparos interpuestos no detienen los trabajos. Ellos nada más muestran un oficio donde Autovan, lo que es la empresa, pide 160 granaderos para continuar las labores“, relató Sergio García, oriundo del lugar.
Esto representaría una violación al amparo interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca con número 1117/2015, el cual concedió la suspensión de la obra hasta que no se resuelva un litigio sostenido por pobladores que se oponen a la expropiación de los terrenos desde hace más de siete años.
El 13 de abril el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) informó esta tarde que habitantes de la comunidad de Xochicuautla, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción y que se instruirá a los agentes de la Policía Estatal para que se retiren del lugar.
Además se acordó que el Gobierno del Estado de México reparará los daños ocasionados el pasado lunes en la zona. Sin embargo, hasta el momento por parte de las autoridades no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre dichos acuerdos.
Sin embargo hasta la fecha la familia –compuesta por un matrimonio, dos hijos y un par de personas de la tercera edad mayores de 80 años– a la que le fue destruida su vivienda vive en un campamento a un lado de su casa destruida, calienta agua para bañarse en una fogata alimentada con maderos y realiza sus necesidades fisiológicas en el bosque, dijo José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
“Ellos ofrecieron además que les iban a rentar una casa, les ofrecieron casa fuera de la seguridad, en otros lados que es riesgoso para ellos, ellos no accedieron, pero pidieron que así como destruyeron su casa, que les colocaran una casa rodante, pero ni una cosa ni la otra, el pago de la reparación de su casa tampoco, ellos piensan que el patrimonio se regatea. No puede ser así”, expuso.
Además a los costados de la comunidad continúan transitando a diario camiones de carga con arena, que ponen en peligro a los niños.
“Por nuestro territorio pasan camiones muy pesados cargados de arena, poniendo en peligro la vida de los niños de la escuela, porque cuando van cargados van despacio y cuando vienen bajan rápido”, denunció.
Fuente: Sin Embargo
Autora: Shaila Rosagel, con información de Juan Luis García Hernández
http://www.sinembargo.mx/09-06-2016/3052407
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalido el articulo de la ley del Estado de México que permitía como primera opción hacer uso de la fuerza en contra de las manifestaciones.
