Más que prohibir, la maternidad subrogada se debe regular: especialistas

Es mejor la regulación que la prohibición o la libertad absoluta del mercado, expuso Alicia Hamui Sutton, secretaria de Educación Médica de la Facultad de Medicina (FM), respecto al tema de la maternidad subrogada en el país.

Desde su perspectiva, Hamui Sutton establece que no se debe negar una práctica que puede traer beneficios a ciertas personas, pero es preciso prevenir el abuso o la explotación.

El Sabueso: EPN presume que 96.7% tiene empleo, ¿pero qué dice sobre la calidad y los salarios?

Si bien se tiene el nivel de desempleo más bajo en los últimos 11 años, como presumió el presidente Peña Nieto, El Sabueso analizó qué tan buenos o malos son los salarios en el país, las condiciones laborales... y los datos no son para celebrar.

Enrique Peña Nieto presumió que solo 3.3% de la población económicamente activa está desempleada.

Dijo que ésta es la cifra más baja de desempleo en los últimos once años y tiene razón. Pero al citar los datos del INEGI, el presidente omitió que, según el mismo instituto, esa cifra no implica una mejora en el mercado laboral de los mexicanos: los empleos son precarios, hay subempleo, se paga lo mínimo por jornadas superiores a 48 horas semanales, y la mayoría no está afiliado a servicios de salud.

Nuevo revés a trabajadores: diputados aprueban revisar cada cinco años la incapacidad permanente

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con nueve votos de PRI, PVEM y PAN, cambios a la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece revisar “cada cinco años” las incapacidades permanentes otorgadas por enfermedades adquiridas en hora laboral y “cuando sea conveniente para el país”.


Lo anterior implica un nuevo golpe a la clase trabajadora, pues significa que si a un trabajador se le diagnostica enfermedad adquirida en el trabajo y se le otorga la llamada “incapacidad permanente”, por la que el patrón le debe pagar el 100 % de su salario, ahora se le podrá hacer una nueva valoración médica cinco años después y regresarlo a trabajar o dejarle de pagar “por ser conveniente para el país”, explicó el diputado de Morena, Ariel Juárez, integrante de dicha comisión.

Conflicto laboral en el periódico La Jornada

A LA COMUNIDAD DE LA JORNADA:

Ciudad de México 9 de junio 2016

Los dirigentes del Sitrajor queremos informales que –aunque algunos trabajadores lo solicitan en una carta del 31 de mayo-, NO ESTAMOS FACULTADOS PARA ECHAR ABAJO UN ACUERDO DE ASAMBLEA, ESO SERÍA UNA VIOLACIÓN A LOS ESTATUTOS, A LA VIDA DEL SINDICATO Y DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.

Pero es muy importante señalarles que la lucha no es entre sindicalizados, LO REAL ES QUE LA EMPRESA ESTA USANDO TODOS SUS RECURSOS PARA QUE SE SIGA DESCONTANDO EL INGRESO A LOS TRABAJADORES, PORQUE ELLOS TIENEN UN INTERÉS DISTINTO.

En la Constitución, en los tratados internacionales, en la Ley Federal del Trabajo y en los Estatutos del Sitrajor (nuestra ley interna) es claro que no te-nemos los mismos principios y fines –o funciones- la empresa y el sindicato: En primer lugar Demos, está por impulsar un proyecto empresarial, sus ga-nancias y los intereses de los directivos. En segundo lugar, para ver por los trabajadores, quienes a cambio de un salario, entregamos la fuerza y valor del trabajo. Una empresa sin ganancias y crecimiento, no es una empresa.

El Sindicato está previsto para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. No para apoyar a los directivos, pues ya la apoyamos con nues-tro trabajo. Un sindicato que apoya a la empresa, antes que a sus agremiados: es un sindicato blanco o patronal que favorece al neoliberalismo.

El diario La Jornada nació y es un medio de avanzada, con política de centro izquierda, da voz a quienes no la tienen, critica el neoliberalismo y estamos orgullosos de su línea ideológica, de su dirección y equipo de tra-bajo que integramos. Pero NO NOS PIDAN QUE SEAMOS PATRONALES Y PER-DAMOS NUESTRA IDENTIDAD DE TRABAJADORES Y SINDICALISTAS. Nuestra dignidad

El proyecto del diario es contrario a los sindicatos patronales y a los contra-tos colectivos de protección patronal, es contrario a que se engañe a los y las trabajadores.

LO MÁS GRAVE ES QUE la administración actual asesorada por el despacho del abogado empresarial Alejandro Roel quiere dividir al Sitrajor, hacer pelear a los miembros con la mano del gato, usando al viejo comité para sumarlos a sus mentiras. Los “promoventes de la carta” utilizan una parte de los estatutos, los sacan de contexto y manipulan. Es hora que lo digan claro, apoyan a la administración y su intención de seguir con los descuentos de salario de los trabajadores.

Sin embargo, damos respuesta detallada a la petición que nos hizo llegar un grupo de trabajadores el 31 de mayo, donde piden que se cancele la votación efectuada en la ASAMBLEA GENERAL DEL 12 DE MAYO donde se determinó que no se prorrogue el convenio de descuento a los sindicalizados que se firmó hace un año. De acuerdo con nuestros Estatutos:

1) La Asamblea General es la máxima autoridad de la organización (Art.

11).

2) Todas las votaciones se harán a mano alzada, salvo que la asamblea, por mayoría decida otra forma de votación, y en los casos previstos por es-tos estatutos (art.13).

3) La Asamblea será válida con la asistencia de cincuenta y uno por ciento de sus afiliados al Sindicato en primera convocatoria. En segunda convoca-toria sus acuerdos “serán válidos con la mayoría de los sindicalizados presentes, salvo en aquellos casos que los estatutos establezcan mayoría calificada”.

Si se revisan los Estatutos se llegará a la conclusión de que la asamblea del 12 de mayo es legal, fue citada en segunda convocatoria y por tanto, la vota-ción a mano alzada, donde los asistentes determinaron que ya no continuara el convenio de reducción de ingresos es una decisión válida. El acuerdo se tomó por mayoría y la asamblea es la máxima autoridad.

En la carta que entregaron varios trabajadores exigen que se convoque nue-vamente a una asamblea y señalan que con el 33 por ciento de sindicalizados esto es posible. Omiten mencionar que esto procede cuando el Comité Ejecu-tivo (CE) no ha convocado a Asamblea (art. 15) y nosotros lo hicimos en tiempo y forma. Si se revisa la orden del día, el punto central es el Informe de la Comi-sión de Seguimiento al Convenio y al final se menciona Asuntos Generales.

Demos fue notificado de la resolución el mismo 12 de mayo. El CE y la Comisión de Seguimiento al Convenio informaron por escrito a la directora Carmen Lira, a Demos, y al presidente del Consejo de Administración, maestro Bernardo Bátiz que:

LOS SINDICALIZADOS ACORDARON POR MAYORÍA QUE NO SE ACEPTA LA PRÓ-RROGA DEL CONVENIO que firmó Demos con los ex dirigentes el 13 de mayo de 2015, y que significó la reducción de ingresos de prestaciones en 27 por ciento para los empleados del diario.

Esa resolución se informó a Demos y la Comisión de Seguimiento al Convenio lo hizo formalmente el 17 de mayo, acompañada por integrantes del CE.

Los trabajadores deben saber que al entregar esa respuesta, anexamos siete cuartillas donde exponemos “Nuestras razones”. En esas páginas argumentamos que la empresa se gastó más de diez millones de pesos en liquidaciones, indem-nizaciones, gratificaciones y compensaciones de ex jefes y algunos trabajadores, además del despido injustificado de seis sindicalizados (erogó más de 2 millones)

Argumentamos que lo único que cumplió Demos fue aplicar el descuento a los trabajadores y que los recursos obtenidos, que a mayo que superaban los 18 mi-llones, “son utilizados en contra de los sindicalizados”, incumpliendo el conve-nio.

Es importante mencionar que después de que este CE recibió la carta de varios sindicalizados que piden anular la votación de la asamblea anterior, el 3 de junio llegó un segundo comunicado al Sitrajor en el cual 14 trabajadores, afirman ser los “promoventes de la primera carta”, aseguran que hubo violaciones a los esta-tutos y exigen que se investigue al CE por las “probables violaciones cometidas al procedimiento de asamblea”.

Entre los firmantes se encuentran integrantes del ex Comité Ejecutivo: Rosalía Villanueva, Erika Duarte, Alejandro Pavón y Alberto Valdovinos, quienes firmaron el convenio de reducción hace un año –votado en urnas–, pero en el cual omi-tieron incluir los “candados” que fueron votados en asamblea y que obligaban a la empresa a cumplir con lo pactado. Una de esas previsiones decía que “si al-guna de las partes incumplía con el convenio, se terminaba el acuerdo”, y en consecuencia, los descuentos.

LOS ABOGADOS DEL SITRAJOR ESTARÁN EN EL LOCAL SINDICAL.

Debido a las inquietudes que existen entre algunos trabajadores, los abogados del Sitrajor, que forman parte del despacho “Trabajo y Dignidad” estuvieron pre-sentes en el local sindical el jueves 9 de junio de 16 a 18 horas para aclarar du-das.

EL COMITÉ EJECUTIVO

Tiene obligación de informarles que el convenio pactado hace un año es in-constitucional y viola la Ley Federal del Trabajo (art. 394), y entre las tareas que le corresponden al CE se encuentra que debe “exigir que se cumplan las disposi-ciones y conquistas sindicales que favorezcan a los trabajadores”, contenidas en la Constitución y la LFT (art. 4 de los Estatutos)

F R A T E R N A L M E N T E

“ POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR”

COMITÉ EJECUTIVO 2015-2017

Art. 394 de la LFT. (El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos fa-vorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento).

c.c.p. Comisión de Vigilancia y Fiscalización del Sitrajor

ESTE CONFLICTO LABORAL CIRCULA EN INTERNET

Alistan senadores dictamen que favorece minería peligrosa, acusa ONG

MÉXICO, D.F: Un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que favorece la extracción carbonera con procedimientos letales, será presentado mañana (Martes) al pleno del Senado para su aprobación.

La Familia de Pasta de Conchos, organización que agrupa a defensores de derechos humanos laborales y víctimas de la minería de carbón de Coahuila, dio a conocer hoy una serie de anomalías en el dictamen que van desde la falta de conceptos y definiciones, hasta regulaciones técnicas que hacen legal el tipo de minería en la que han muerto 105 personas en los últimos nueve años.

Los documentos del predictamen fueron entregados a Apro junto con un análisis de la mencionada organización ciudadana que, entre otras cosas, expone la laxitud para prohibir la minería de alto riesgo, sino que carece de estímulos para los empresarios que sí respetan normas de seguridad e higiene.

En febrero de 2014, víctimas y defensores acudieron al Senado de la República para exponer la necesidad de las prohibiciones. Con fotografías, estudios técnicos, expedientes de diferentes casos y comparativos con legislaciones internacionales, demostraron que los llamados pocitos, las cuevas y lo que ahora han dado en llamar minitas de arrastre son altamente peligrosas.

Los pocitos son tiros verticales sin salida ni ventilación, cuya estructura es insuficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores ante una contingencia; las cuevas son eso, y en meses recientes se ha mostrado que operan inclusive en paredes de tajos (minas a cielo abierto) abandonados; en tanto, las minas de arrastre, consideradas las más seguras por su diseño, son invocadas por productores para no invertir en medidas de seguridad bajo la expresión “minita de arrastre”.

El dictamen que se presentará mañana, no sólo evita definir los diferentes procesos, los aborda de manera indistinta y aplica el vocablo, “pocito artesanal” o “mina artesanal”, sin contemplar qué es artesanal y no, pues no establece cómo deben ser.

Peor aún. Prohíbe los tiros verticales a 100 metros de profundidad, pero permite a más de 100 metros, sin contemplar que a mayor profundidad mayor es el riesgo en los llamados “pocitos” que, actualmente operan en muchos casos a 80 metros.

Permiten además la operación de tiros inclinados a menos de 100 metros, cuando esa es precisamente la modalidad en la que operan las cuevas, a las que sólo se les amarra un carro a un malacate rudimentario y que es el tipo de extracción en la que se han registrado más accidentes.

La Familia de Pasta de Conchos advierte también que se autoriza la operación de tajos a cielo abierto pero no se establece la forma de operación, mecanismos para el financiamiento de los empresarios del carbón ni las sanciones para quienes operen de manera ilegal o para la reparación del daño ambiental una vez que se abandonan los tajos.

Además, el artículo 343 E, que pretende reformarse, plantea que los responsables y encargados directos de la operación, serán sancionados cuando no implementen medidas de seguridad. Sin embargo, en ese caso, no se menciona a los concesionarios ni empresarios de las minas.

La propuesta en el mencionado artículo es tan laxa, que ni siquiera contempla ese tipo de sanciones para quienes operen de manera clandestina, por lo que se deja la puerta abierta a la ilegalidad.

Otro aspecto tiene que ver con las sanciones, pues en el dictamen se contemplan penas de prisión de 6 a 9 años y multas de hasta 10 mil salarios mínimos, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores en tiros verticales “en forma artesanal”.

De acuerdo a la Familia de Pasta de Conchos, “no es la vida y la integridad de los trabajadores lo que importa, pues si matan de 1 a 15 trabajadores o a 65 la pena es la misma. No aplican acumulación. Es una penalización dedicada a pozos y cuevas, pero no a la gran minería como la de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores”.

En 2012 y 2013, Apro informó de diferentes irregularidades en el proceso legislativo, primero cuando un dictamen que prohibía la minería de alto riesgo, que estaba aprobada en comisión, fue modificado para su publicación durante la aprobación de la Reforma Laboral. El mismo procedimiento ocurrió durante la Reforma Energética, dejando a salvo los intereses empresariales.

En esas discusiones legislativas y en la actual, se emplea el término “minería artesanal”, como si se tratara de una tradición o de derechos adquiridos por usos y costumbres, cuando en realidad, toda la extracción carbonera depende de acaudaladas familias, políticos y más recientemente, también por el cartel de Los Zetas (Proceso 1880).

Además de caciques locales relacionados con los tres partidos de mayor representación electoral, destacan políticos como Rogelio Montemayor Seguy, exdirector de Pemex; empresarios como Antonio Nerio, quien el año pasado compró el club de béisbol Saraperos; y narcotraficantes como Heriberto Lazcano Lazcano, quien llegó a poseer ese tipo de minas que en el Senado llaman “artesanales”.

Desde el siniestro en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, a la fecha, han muerto 170 trabajadores por condiciones de inseguridad en las minas de carbón, 105 de ellos, en pocitos y cuevas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.