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lunes, 16 de enero de 2023
A cinco años de la ley en materia de desaparición, 109 mil personas siguen desaparecidas y hay mecanismos aún pendientes
Se cumplen cinco años de que entró en vigor la ley contra la desaparición de personas, sin que se haya concretado el Plan Nacional de Búsqueda o el banco de datos que debe operar la FGR. Mientras, en el país ya hay más de 109 mil personas desaparecidas.
A cinco años de que se concretaran los esfuerzos de familias buscadoras para que en México entrara en vigor la ley en materia de desaparición forzada de personas, diversos mecanismos contemplados en esta siguen pendientes, mientras que la cifra oficial ya rebasa las 109 mil personas desaparecidas.
miércoles, 24 de enero de 2018
Familiares de desaparecidos piden armonización de la ley general
El gobierno federal, agregó, tiene que dotar a la ley de los recursos que ésta necesita para su implementación.
jueves, 16 de noviembre de 2017
Promulga hoy Peña Ley General de Desaparición Forzada
Esta ley fue aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores en abril y octubre de este año, respectivamente.
martes, 2 de mayo de 2017
Registro inexistente, mandos sin sanción: 8 ausencias en la ley contra desaparición forzada
Un análisis de 14 organizaciones de víctimas y activistas advierte fallas graves en la norma pueden derivar en impunidad y no en la resolución de los casos.
La falta de un registro de víctimas de desaparición forzada, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona, la ausencia de un instituto forense independiente que ayude en la búsqueda e identificación de las personas.
Lo anterior son ejemplos de puntos y herramientas clave que no están contemplados en el dictamen por el que se crea la primera Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en México.
Lo anterior son ejemplos de puntos y herramientas clave que no están contemplados en el dictamen por el que se crea la primera Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en México.
miércoles, 27 de abril de 2016
Leyes contra desaparición y tortura, aún atoradas en el Senado
Ciudad de México. Pese a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó ayer a los senadores la aprobación de las leyes contra la desaparición forzada y la tortura, la negociación entorno a ambas está atorada.
Los presidentes de las comisiones de derechos humanos y de justicia, Angélica de la Peña y Fernando Yunes, negociaron anoche con los representes del gobierno federal, y no llegaron a un acuerdo, por lo que se volverán a reunir hoy.
De acuerdo con los legisladores, el gobierno federal pretende varios cambios que reducen el alcance de la ley en materia de desaparición forzada y de la ley para prevenir y sancionar la tortura.
En esta última, insisten en que haya dos tipos penales, uno para tortura y otro para tratos crueles y degradantes. En el caso de desaparición forzada una de las pretensiones es que en ligar e una fiscalía especializada se trate sólo de una unidad.
En lo que sí hay acuerdo y se aprobará durante la sesión de hoy es la nueva ley de ejecución penal, que permitirá liberar a personas detenidas por delitos patrimoniales menores y a quienes están procesados y encarcelados por llevar consigo más de los 5 gramos de mariguana permitida para el consumo personal.
Se aprobará también la nueva ley de justicia penal para adolescentes.
Fuente: La Jornada
Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/27/leyes-contra-desaparicion-y-tortura-aun-atoradas-en-el-senado
martes, 26 de abril de 2016
Pospone Senado debate sobre desaparición y tortura
Asimismo, en el caso de la ley de desaparición forzada de personas también, la bancada del tricolor en la Cámara Alta, ha manifestado preocupación en la clasificación de personas “no localizadas” y el término de “desaparecidas”, por lo que ha pedido más tiempo para precisar esos términos.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, manifestó ayer que las comisiones sesionarían este martes y también lo confirmó la Comisión de Derechos Humanos, pero ayer por la noche se informó que hasta nuevo aviso se posponían las reuniones de trabajo.
En la sesión de este martes se espera que queden de primera lectura las leyes de Ejecución Nacional Penal y la de Justicia para Adolescentes. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunieron ayer con senadores de las comisiones que dictaminaron esas iniciativas para hacer puntualizaciones en los apartados de presupuesto.
Asimismo en la sesión de este martes se tienen agendados 103 dictámenes para su discusión y aprobación, entre ellos más de una decena de embajadores y cónsules.
Por la tarde los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, y el de Justicia, Fernando Yunes, recibirán el informe final de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/posponen-sesion-sobre-desaparicion-y-tortura-en-senado
jueves, 21 de enero de 2016
Búsqueda de niños y adolescentes deben ser prioridad en ley contra desapariciones forzadas: CNDH
El primer visitador señaló que la desaparición de una niña, un niño o un adolescente, además de significar la violación de múltiples derechos, constituye una forma extrema de violencia contra la niñez.
La Ley General de Desapariciones Forzadas, que será discutida en el Senado de la República, debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años, propuso Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el foro: “Desapariciones en México. Una mirada desde los derechos humanos de la infancia”, Eslava Pérez destacó que la desaparición de personas es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las organizaciones civiles, los organismos públicos de derechos humanos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
“Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, cuando se habla de establecer las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando su interés superior”, agregó.
El representante de la CNDH propuso que en dicha ley haya un apartado dedicado a las víctimas directas e indirectas menores de edad, y se disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.
Precisó que esa Ley General tendrá que transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las Secretarías Ejecutivas, las Procuradurías de Protección, los Sistemas DIF y las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información, y la situación que guardan los derechos de este sector.
Y dijo que las acciones que se implementen deben tener como objetivo primordial visibilizar la problemática en la materia y generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas cometida por particulares.
El primer visitador planteó la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; la profesionalización y capacitación de los servidores públicos encargados de la investigación, búsqueda y procesamiento de información, así como de un banco de información genética que favorezca la identificación de las personas desparecidas
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/busqueda-de-ninos-y-adolescentes-deben-ser-prioridad-en-ley-contra-desapariciones-forzadas-cndh/
En el foro: “Desapariciones en México. Una mirada desde los derechos humanos de la infancia”, Eslava Pérez destacó que la desaparición de personas es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, que obliga a articular esfuerzos entre las víctimas, las organizaciones civiles, los organismos públicos de derechos humanos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
“Este desafío se vuelve impostergable cuando se trata de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, cuando se habla de establecer las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como la integración de políticas públicas y programas que atiendan de manera integral a nuestra niñez y adolescencia, privilegiando su interés superior”, agregó.
El representante de la CNDH propuso que en dicha ley haya un apartado dedicado a las víctimas directas e indirectas menores de edad, y se disponga la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de los factores de riesgo que inciden, en cada región del país, en la comisión del delito de desapariciones contra niñas, niños y adolescentes y sus consecuencias.
Precisó que esa Ley General tendrá que transversalizarse con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo referente a las atribuciones del Sistema Nacional de Protección, las Secretarías Ejecutivas, las Procuradurías de Protección, los Sistemas DIF y las normas que rigen los centros de asistencia social, las medidas de protección especial, los sistemas de información, y la situación que guardan los derechos de este sector.
Y dijo que las acciones que se implementen deben tener como objetivo primordial visibilizar la problemática en la materia y generar un marco normativo general que sirva de modelo nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada de personas y de la desaparición de personas cometida por particulares.
El primer visitador planteó la creación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, responsable del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; la profesionalización y capacitación de los servidores públicos encargados de la investigación, búsqueda y procesamiento de información, así como de un banco de información genética que favorezca la identificación de las personas desparecidas
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2101/mexico/busqueda-de-ninos-y-adolescentes-deben-ser-prioridad-en-ley-contra-desapariciones-forzadas-cndh/
domingo, 8 de noviembre de 2015
Asesorará la CNDH a familiares de desaparecidos para elaborar ley
Esta ley deberá abonar al esclarecimiento de cada caso y permita conocer la verdad de los hechos, reparar el daño, hacer justicia, castigar a los responsables y dé garantías de no repetición.
Al encabezar una reunión de trabajo con el “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ¡Sin las Familias No!”, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibió de familiares de presuntos desaparecidos un documento elaborado de manera colegiada, que contiene elementos esenciales que coadyuvarán en la elaboración de una ley en la materia.
Tras escuchar a las víctimas y sus dirigentes, agrupados en 36 Colectivos de 23 estados de la República y 40 organizaciones civiles que los respaldan, el presidente de la CNDH les reiteró su apoyo, solidaridad y propósito de contribuir con esta causa.
González Pérez aceptó brindar acompañamiento y tener una participación activa en el proceso de elaboración de la ley, de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales del organismo nacional.
En el encuentro, en las instalaciones del edificio sede de la CNDH, los familiares de personas desaparecidas refirieron a González Pérez la problemática general y personal que enfrentan, a lo que el ombudsman nacional ofreció analizar los planteamientos y, de ser procedentes, llevar esta iniciativa al Congreso de la Unión.
Indicó que la Comisión Nacional revisará la propuesta de iniciativa de ley que, reconoció, es un esfuerzo colectivo por crear una esperanza para encontrar respuesta de las instituciones del Estado, y que contiene las experiencias, obstáculos, indiferencias y apatías que han enfrentado en su exigencia legítima de justicia y búsqueda de sus familiares hasta ahora desaparecidos.
Los felicitó por la forma en que se han organizado y articulado, sumando esfuerzos y subrayó que la atención que se dará a su solicitud no es una gracia sino un derecho, una obligación de la CNDH y su deber constitucional.
Lo hacemos por convencimiento propio, dijo, y porque vemos con un rostro humanitario lo que plantean para tener una ley y una base jurídica sólidas.
“Que no pase lo de siempre, que tenemos muchas leyes, pero no funcionan o no se emplean. Ustedes están buscando una ley que se aplique y les ayude a dar con el paradero de sus familiares”.
Les dijo que comprendía que, luego de su dolor, se enfrentan a la falta de información, al desconocer si se ha avanzado o no en la búsqueda de sus familiares, así como tratar con servidores públicos que no atienden o que muchas veces están involucrados con desapariciones de personas.
“En la CNDH estamos sensibilizados de que hablamos de personas y no de casos o expedientes; son seres muy queridos de ustedes, y en la CNDH nos preocupan mucho, porque podemos imaginar el dolor que han atravesado, el sufrimiento y la incertidumbre de no saber el paradero de sus familiares”.
Los familiares de personas desaparecidas también le solicitaron asesoría jurídica para diferentes asuntos, como lograr se incorpore la declaración de ausencia y dar personalidad jurídica a los familiares en cuestiones de derechos patrimoniales.
Además, se tome en cuenta lo jurídico, forense y el aspecto psicosocial, y que exista una confiable cadena de custodia y un banco de información genética, porque actualmente no se sabe qué sucede con los restos de personas encontrados en fosas clandestinas.
En este encuentro, el presidente de la CNDH estuvo acompañado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, y el secretario técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Narro Lobo.
FUENTE: NACIONAL.
AUTOR: REDACCIÓN.
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Ni fondo ni ley
Ningún afectado por alguna desaparición forzada ha cobrado dinero o recibido la indemnización del fondo de víctimas. Además, la legislación sobre ese tema también duerme el sueño de los justos y no ha sido aprobada.
No existe en México actualmente otro tema en la agenda nacional que exhiba más la debilidad institucional del gobierno mexicano que el de las desapariciones forzadas.
Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.
Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.
Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.
Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país. Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.
Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.
La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.
Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.
Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.
En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.
Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.
“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.
El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.
De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país.
El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.
Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.
La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.
En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.
Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.
El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.
La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.
Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.
En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.
Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.
Pagan más cuando los matan
A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.
“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.
Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.
El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.
“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.
Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos
Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).
En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.
En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.
El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
Aunque el asunto es una herencia del gobierno del expresidente Felipe Calderón, fue catapultado a nivel internacional hace un año por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la legislación al respecto sigue empantanada en el aparato federal, ahondando más la tragedia nacional.
Pese a los compromisos internacionales, no existen avances en el Congreso federal en la creación de la Ley General de Desaparición Forzada, un compromiso que las autoridades mexicanas adquirieron desde el 2008, tras el caso Rosendo Radilla. Hoy se sabe también que el principal instrumento institucional de ayuda para víctimas, como es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no ha autorizado ningún apoyo para los familiares de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
Las cifras oficiales que existen sobre el tema son un caos: para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hay 122 casos de desaparición forzada registrados en el país.
Para muchos, la cifra real hay que buscarla entre las 25 mil personas desaparecidas que existen en el país de manera extraoficial.
Por lo pronto, México sigue cosechando descrédito internacional por sus desaparecidos. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que recortaría hasta en un 15 por ciento los recursos destinados para México, a través de la Iniciativa Mérida, en castigo por las violaciones a los derechos humanos que existe en el país. Y este domingo José Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, corrió el Maratón de Nueva York en protesta por la desaparición de su hijo hace un año en Guerrero.
Las víctimas por desaparición forzada hoy están más visibles que nunca en el país, pese al intento oficial de silenciarlas.
La bolsa de indemnizaciones para víctimas de desaparición forzada aún no aparece.
Aunque el gobierno federal ha indemnizado hasta con tres millones de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos, ningún familiar de una víctima de desaparición forzada ha recibido apoyos económicos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que “se tienen 122 personas en situación de víctima inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, que manifestaron haber sido víctimas de desaparición forzada”.
Esto es con base en el Registro Nacional de Víctimas y en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que maneja la CEAV.
En esta cifra no están incluidos, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace un año y donde estuvieron involucradas autoridades municipales de los municipios de Guerrero, Iguala y Cocula.
Ninguna de las víctimas, aunque están reconocidas, han recibido fondos por parte de la autoridad federal.
“La dirección general del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral informa que a la fecha de respuesta no se ha erogado ningún pago con cargo a los recursos de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por concepto de reparación integral a víctimas directas, indirecta y/o potenciales de desaparición forzada”, señala la información.
El Comité Interdisciplinario Evaluador, dice la información, no ha emitido dictamen alguno sobre la procedencia de acceso a los recursos del fondo económico en mención.
De acuerdo con el informe de reconocimiento oficial de víctimas directas e indirectas de desaparición forzada hay 122 víctimas en el país.
El reconocimiento comenzó en el año 2014, cuando se reconocieron casos suscitados en los 2008 en Chihuahua (dos víctimas, una indirecta y una directa), tres más en 2011, dos más en 2013 acontecidos en Michoacán y una veintena de víctimas en Guerrero en ese mismo 2014.
Es decir, en 2014 se reconocieron 27 víctimas de desaparición forzada. En lo que va de este año, de acuerdo con el reporte fechado el 22 de octubre y obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, se han reconocido 95 casos de víctimas por desaparición forzada.
La autoridad federal ha reconocido a víctimas de desaparición forzada por un hecho suscitado en 1971, once en 1972, dos en 1973, 27 víctimas más en 1974. Todos estos casos ocurridos en Guerrero. Además, dos víctimas más están reconocidas en hechos de 1976 (Guerrero y Distrito Federal), cuatro víctimas en 1977 (tres en Jalisco y una en Guerrero) y de ese año hay reconocimientos oficiales de víctimas hasta 2009, cuando se reconocen a ocho víctimas, seis de ellas en Coahuila y en dos casos no se ubica entidad.
En 2010 hay 21 reconocimientos oficiales de víctimas por desaparición forzada, diez de ellos en Veracruz, ocho en San Luis Potosí y tres en Nuevo León. En 2011 están reconocidos 5 casos, tres se suscitaron en Morelos y dos víctimas más están reportadas en Michoacán.
Los cinco casos de víctimas reportados en 2012 y tres de 2013 se reportan en Nuevo León, de acuerdo con el informe.
El estado que más tiene es Guerrero, donde se reportaron 69 casos, sigue Veracruz, con 13; luego Nuevo León, con 11; en San Luis Potosí se reportan ocho víctimas, seis en Coahuila, cuatro en Michoacán, tres en Morelos y Jalisco, respectivamente, y dos en Chihuahua y uno en el Distrito Federal. Además hay dos casos en los que no hay datos de la entidad.
La información advierte que “la presente información es preliminar y se obtiene de las manifestaciones realizadas por los solicitantes de ingreso al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) mediante el Formato Único de Declaración (FUD) o en su caso el otorgamiento de la calidad de víctima por parte de la autoridad”.
Si bien las víctimas directas e indirectas por desaparición forzada no han tenido una indemnización, en el caso de otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En 2013 se suscitó una polémica luego de que Lía Limón, entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, dijo que había 27 mil desaparecidos en México.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desdijo a la entonces responsable del asunto en el gobierno federal y reconoció que no existía un padrón oficial de desaparecidos.
En su columna del diario El Universal, Ciro Gómez Leyva atribuyó a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una declaración en la que asegura que son 194 víctimas de desaparición forzada.
Al solicitar la confirmación de la cifra, la Secretaría de Gobernación pidió turnar la pregunta a la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entregó la presente información en la que refiere que son 122 víctimas, directas e indirectas, en materia de desaparición forzada.
Pagan más cuando los matan
A diferencia de las víctimas de desaparición forzada, otras violaciones a los derechos humanos han sido compensadas por el gobierno federal, de acuerdo con información de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En estos casos, existe la observancia de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El gobierno federal ha destinado 243 millones al pago de indemnizaciones a 193 víctimas y familiares de alguna violación a sus derechos humanos. En tanto que los familiares de víctimas de desapación forzada no han recibido un peso.
“El monto total por concepto de indemnizaciones que se ha hecho por parte del gobierno mexicano a familiares y víctimas de alguna violación a derechos humanos, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 2015 es el siguiente: 243 millones 218 mil 717.54 pesos.
Los pagos por indemnizaciones van desde los 23 mil 133 pesos por casos de tortura hasta los 3 millones por pérdida de la vida.
El gobierno federal, luego de que la creación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, constituido el 25 de octubre de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2014, ha erogado 243 millones 218 mil 717 pesos en pagos por indemnizaciones.
“De acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, su objetivo es cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias, medidas provisionales, soluciones amistosas y otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) u Órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos (CIDH), las recomendaciones emitidas por la Comisóin Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y demás obligaciones establecidas en los convenios suscritos por la Segob, siempre que los mismos señalen responsabilidad al Estado mexicano o a sus agentes estatales por violaciones de derechos humanos”, indica la información.
Dichos pagos están vinculados con violaciones contra la vida y a la integridad personal (golpes y otras formas de tortura), de acuerdo con la documentación en poder de Reporte Indigo obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
En Sonora hay 104 beneficiarios por golpes y pérdida de la vida. El gobierno ha erogado un total de 183 millones 970 mil pesos. De ellos 41, familias recibieron 3 millones de pesos
Hasta septiembre pasado, en Guerrero, han sido siete beneficiarios que han recibido 80 mil 655 pesos por compensaciones tras haber sido víctimas de violaciones a su integridad personal (golpes o tortura).
En Chiapas hay reporte de 11 beneficiarios por golpes y tortura por 3.8 millones de pesos.
En reporte oficial menciona -sin desglosar- que en estados como Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Baja California hay 63 casos de víctimas que sufrieron daños a su integridad personal que requirieron una indemnización de 49 millones 267 mil pesos. El monto mayor fue por un millón 238 mil pesos y el menor por 182 mil 921 pesos.
El informe destaca dos casos en el Estado de México en que debido a las lesiones atribuidas por agentes del Estado, la autoridad erogó un millón 981 mil 300 pesos por concepto de indemnización y en Chiapas otras dos agresiones causaron el pago de medio millón de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JULIO RAMÍREZ.
Desaparición, ¿prioridad para el Ejecutivo?
El Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre la desaparición quedaría aprobada, pero aún sigue estancada.
A pesar de que fue un compromiso del Ejecutivo tenerla lista para mediados de este año, la Ley General contra la Desaparición Forzada no tiene para cuándo ver la luz en el Congreso de la Unión.
En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.
Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esa declaración fue hecha el 2 de febrero pasado. Es noviembre y el Ejecutivo ni siquiera ha enviado la iniciativa. En el Congreso de la Unión, sin embargo, los trabajos avanzan con lo que se tiene disponible. Recientemente, ambas Cámaras aprobaron cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso a legislar sobre el tema. De acuerdo con lo estipulado, el Congreso tiene 180 días para aprobar la ley secundaria en la materia. Esos seis meses vencen el 17 de diciembre próximo.
Es decir, diputados y senadores tienen 44 días para estudiar y aprobar la ley general que castigue la desaparición.
Desde la Legislatura pasada, diputados y senadores de todos los partidos han presentado iniciativas sobre la expedición de una Ley General sobre desaparición, o han propuesto reformas al Código Penal Federal u otros ordenamientos, relacionados con las desapariciones.
Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas ha sido esperar la iniciativa del Ejecutivo y añadir elementos de otras propuestas, incluidos los de la sociedad civil.
En octubre, los legisladores federales convocaron a la realización de mesas de trabajo en las que expertos, organizaciones civiles y redes de familiares de las víctimas, expusieron sus ideas para conseguir la mejor legislación.
Entre los documentos que se encuentran a debate están las tres iniciativas más importantes sobre el tema que han sido presentadas por legisladores del PRI, PAN y PRD. Todas se encuentran pendientes en comisiones.
Se trata de las propuestas del priista Omar Fayad, que presentó su iniciativa el 16 de abril del 2014; del panista Roberto Gil Zuarth, que fue registrada el 18 de marzo del 2015; y de la perredista Angélica de la Peña, del 24 de marzo del 2015.
De la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó una iniciativa extra el 17 de septiembre pasado, donde ya contempla prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
Se ha dicho que el Ejecutivo planteará en su iniciativa castigos de hasta 100 años de prisión contra funcionarios que participen en la desaparición forzada de una persona, y que la propuesta será presentada “a la brevedad”.
Las organizaciones se han pronunciado por incluir en la Ley General el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos, con lo que se abre la puerta a que sea la obligación del Estado evitar ese delito.
Se ha planteado también que exista un solo protocolo para buscar e identificar a las víctimas de desaparición en México.
El retraso del Ejecutivo en el envío de su iniciativa empantana su avance porque, al ser un tema muy polémico, las fracciones parlamentarias tendrán poco tiempo para estudiarlo.
Un ejemplo de lo complejo para alcanzar acuerdos sobre el tema fue la discusión en la Cámara de Diputados para declarar el 26 de septiembre de cada año como Día contra la Desaparición Forzada.
Los diputados aprobaron con prisas la instauración de ese tema, ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el Senado ni siquiera fue sometido a discusión.
De no aprobar a más tardar el 15 de diciembre –fecha en que termina el periodo ordinario- la legislación secundaria sobre este tema, se corre el riesgo de que su discusión y eventual aprobación pudiera alargarse hasta febrero próximo, cuando concluya el receso de fin de año del Congreso de la Unión.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
En febrero de este año, el Gobierno Federal prometió que a más tardar en junio, la legislación sobre desaparición quedaría aprobada.
Durante una audiencia con el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, en febrero de este año, funcionarios mexicanos calificaron como un “reto inmediato” la aprobación de esta ley.
“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta Legislatura, en junio”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esa declaración fue hecha el 2 de febrero pasado. Es noviembre y el Ejecutivo ni siquiera ha enviado la iniciativa. En el Congreso de la Unión, sin embargo, los trabajos avanzan con lo que se tiene disponible. Recientemente, ambas Cámaras aprobaron cambios a la Constitución Política para facultar al Congreso a legislar sobre el tema. De acuerdo con lo estipulado, el Congreso tiene 180 días para aprobar la ley secundaria en la materia. Esos seis meses vencen el 17 de diciembre próximo.
Es decir, diputados y senadores tienen 44 días para estudiar y aprobar la ley general que castigue la desaparición.
Desde la Legislatura pasada, diputados y senadores de todos los partidos han presentado iniciativas sobre la expedición de una Ley General sobre desaparición, o han propuesto reformas al Código Penal Federal u otros ordenamientos, relacionados con las desapariciones.
Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas ha sido esperar la iniciativa del Ejecutivo y añadir elementos de otras propuestas, incluidos los de la sociedad civil.
En octubre, los legisladores federales convocaron a la realización de mesas de trabajo en las que expertos, organizaciones civiles y redes de familiares de las víctimas, expusieron sus ideas para conseguir la mejor legislación.
Entre los documentos que se encuentran a debate están las tres iniciativas más importantes sobre el tema que han sido presentadas por legisladores del PRI, PAN y PRD. Todas se encuentran pendientes en comisiones.
Se trata de las propuestas del priista Omar Fayad, que presentó su iniciativa el 16 de abril del 2014; del panista Roberto Gil Zuarth, que fue registrada el 18 de marzo del 2015; y de la perredista Angélica de la Peña, del 24 de marzo del 2015.
De la Peña, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó una iniciativa extra el 17 de septiembre pasado, donde ya contempla prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.
Se ha dicho que el Ejecutivo planteará en su iniciativa castigos de hasta 100 años de prisión contra funcionarios que participen en la desaparición forzada de una persona, y que la propuesta será presentada “a la brevedad”.
Las organizaciones se han pronunciado por incluir en la Ley General el derecho de los ciudadanos a no ser desaparecidos, con lo que se abre la puerta a que sea la obligación del Estado evitar ese delito.
Se ha planteado también que exista un solo protocolo para buscar e identificar a las víctimas de desaparición en México.
El retraso del Ejecutivo en el envío de su iniciativa empantana su avance porque, al ser un tema muy polémico, las fracciones parlamentarias tendrán poco tiempo para estudiarlo.
Un ejemplo de lo complejo para alcanzar acuerdos sobre el tema fue la discusión en la Cámara de Diputados para declarar el 26 de septiembre de cada año como Día contra la Desaparición Forzada.
Los diputados aprobaron con prisas la instauración de ese tema, ante la cercanía del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En el Senado ni siquiera fue sometido a discusión.
De no aprobar a más tardar el 15 de diciembre –fecha en que termina el periodo ordinario- la legislación secundaria sobre este tema, se corre el riesgo de que su discusión y eventual aprobación pudiera alargarse hasta febrero próximo, cuando concluya el receso de fin de año del Congreso de la Unión.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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