Consejo Consultivo pide a Peña y al Congreso concluir Ley General de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Consultivo del Agua (CCA), que preside Jesús Reyes-Heroles González Garza, demandó al Congreso de la Unión y al jefe del Ejecutivo concluir “tan pronto sea posible” el proyecto de la Ley General de Aguas y, con ello, acelerar la posterior promulgación de una ley en la materia.


Mediante un comunicado de prensa, aseguró que dicha ley debe retomar principalmente el agua como un derecho humano, además de regular su gestión y la “participación efectiva de los sectores público, privado y social”.

Diputados preparan nueva Ley de Aguas Nacionales, académicos invitan a “asistir aunque no seamos invitados”

Se planea la ley de Aguas Nacionales en San Lázaro, así lo adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, José Antonio Arévalo González, quien se comprometió a trabajar para la promulgación de la misma.

De acuerdo con el funcionario, e desabasto del líquido en estados y municipios es el principal impulso de esta Ley y al tomar posesión como presidente de esta comisión, destacó que cuando la disponibilidad de agua es inferior a los mil metros cúbicos por habitante por año, las consecuencias pueden ser más severas y comprometer seriamente la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.

El problema del desabasto se suma al de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México por colapsos.

Así bien, dentro del marco del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, afirmó Arévalo que el trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos será responsable y eficiente ya que en México la disponibilidad se ha reducido de manera importante.

Por otra parte el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) detalló que en México el suministro y consumo de agua es cinco veces mayor al nivel mínimo recomendable por la ONU (50 litros diarios de agua potable por habitante para cubrir las necesidades básicas).

Arévalo González reafirmó el compromiso de su bancada a seguir actuando de manera responsable, a fin de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos naturales.

Académicos e investigadores expresaron sus opiniones respecto a la propuesta  de Ley de Aguas Nacionales en donde puntualizaron que la principal falla es el cómo pretende regular un recurso natural y el abastecimiento.

“El agua no ha sido considerada como un bien jurídico. Lo toman como un objeto. La suficiencia podría considerar de manera relativa”, señaló encargada de Universidad Sustentable, Karla Aceves

“En 2015 cuando se da a conocer la iniciativa unió a todo mundo pero en contra de la ley y esto llevó a que esta quedara truncada. Lo que hay que apuntar es ¿cuál es la ley de aguas nacionales que el país necesita?”, expresó la académica del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Raquel Gutiérrez.

“¿Cómo podríamos proponer una mejor reforma? ¿Cómo podríamos participar? Habría que asistir aunque no seamos invitados”, comentó la investigadora del CUCHS, Alicia Torres.


“Sabemos que tenemos un acceso limitado y malo de agua. Y esta nueva ley tiene un confirmación algo extraña”, manifestó el secretario general del Colegio de Michoacán, Octavio González.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/diputados-preparan-nueva-ley-de-aguas-nacionales-academicos-invitan-a-asistir-aunque-no-seamos-invitados/

Marcha campesina a Los Pinos en demanda de reforma al sector

México, D.F En demanda de que se impulse una reforma al campo, que saque al sector de la crítica situación que registra, y de que la Ley General de Aguas, que está en análisis en la Cámara de Diputados, sea desechada, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Congreso Agrario Permanente y la Unión General Obrero Campesina, marcharon del Ángel de la Independencia a la residencia Oficial de Los Pinos.

Francisco Jiménez Pablo, presidente de la CNPA, sostuvo que esta movilización, busca evidenciar el incumplimiento de los compromisos que el gobierno federal hizo con este sector, a fin de atender diversas demandas.

Señaló en entrevista previa que continuarás las movilizaciones campesinas, hasta que haya una respuesta a la problemática del sector, se revisen los programas de apoyo al campo y se realicen mesas de trabajo para el sector, en cada estado del país.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS.

La “Ley Korenfeld” hace agua: Comisión de Diputados la frena y llama a consultas públicas

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará mañana martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.

“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.

La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro.  El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.

El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas  técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.


Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy suspendido”.

David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.

Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.

La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.

UNA LEY POLÉMICA

Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).


La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.

El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.


Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.

KORENFELD Y ANEAS

David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.

La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.


Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.

“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.

FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.

Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.

Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.


Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.

La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.

“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.


LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS

La iniciativa para crear la Ley General de Aguas que se turnó directamente a comisiones tomó por sorpresa a organizaciones de la sociedad civil que habían trabajado con legisladores un documento que respetara el derecho humano al agua y asegurara la distribución del líquido de forma accesible, asequible y gratuita.

El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.


Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.

“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.

“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.

Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.

Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.

El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.

Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.


Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687.

Agua sobre la mesa

En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.

En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.

Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema. 

Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.

Llamado a partidos

Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.

Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.


Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

“Defiende tu agua, defiende tu vida”, piden artistas mexicanos en video

Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.

Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar "el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía".

A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.

“uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa y a tres de cada diez le llega poca agua y de pésima calidad”, expone Rafael Inclán. Del agua potable, 70 por ciento sigue contaminándose.

A cuadro, otros actores como Eduardo España y María Aura advierten sobre el problema generado por las presas. Éstas han provocado el desplazamiento de 18 mil mexicanos y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. Debido a ello, algunos países han decidido liberar sus ríos y derribar las presas, pero en México se siguen construyendo.

En el 2012, se reconoció en la Constitución Mexicana el derecho humano al acceso, almacenamiento y disposición del agua, y ahora se requiere de una nueva ley de agua que lo garantice.

El 5 de marzo, sin embargo, se aprobó el dictamen de la nueva ley, que lejos de ser garante del derecho al agua pretende “dar nuestra agua a empresas privadas para su administración”, advierten los artistas, entre quienes también se encuentran Alfonso Herrera, Giovanna Zacarías, Humberto Busto y Rubén Albarrán, músico de Café Tacvba.

En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, se implementó el esquema de inversión privada para el servicio de suministro de agua, “pero hasta que se dieron cuenta de que estas empresas sólo buscaban su beneficio propio, ganancias económicas” fue que el agua volvió a ser de control público, indican.

La exigencia de los actores es “una ley que proteja nuestros ríos, bosques y campos”, que controle y disminuya la contaminación, procure el saneamiento del líquido, garantice una buena calidad y cantidad de agua, así como que en su manejo se incluya a la ciudadanía desde su planeación, así como que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil.

El video fue publicado en el portal www.aguasconelagua.mx/#, en el que se convoca a los mexicanos a firmar una petición para proteger el agua en México, que se encuentra en el link http://bit.ly/peticionagua.

Asimismo, se llama a enviar tuits a los líderes parlamentarios que decidirán la votación de la Ley: @MFBeltrones, @RicardoAnayaC, @AlonsoRaya_ y @ArturoEsc.

De igual modo, se remite a diversas direcciones web de organizaciones y movimientos de la sociedad para conocer más acerca del tema, tales como:

http://www.comda.org.mx/

http://www.imdec.net/

http://www.fanmexico.net/

http://www.blueplanetproject.net/

http://nofrackingmexico.org

http://www.mapder.lunasexta.org/

http://aguaparatodos.org.mx/

VÍDEO:

FUENTE: LA JORNADA.

La Ley de Aguas “institucionaliza la discriminación”: expertos; ignora a los pobres, dicen

Ciudad de México, 20 de marzo: De aprobarse la Ley General de Aguas Nacionales, tal como está el dictamen que analiza el Legislativo, a millones de mexicanos –en su mayoría indígenas– se les arrebatará su derecho humano al agua, sencillamente porque no forman parte de un asentamiento legalmente constituido, aseguraron expertos.

Inclusive, el dictamen aprobado da facultades a los gobiernos para impedir que, por ejemplo, una tribu se establezca cerca de un cauce porque podría “alterar el correcto funcionamiento del régimen hidráulico”.

Además de “institucionalizar la discriminación”, investigadores informaron que en la ley existen diversas irregularidades de fondo y de forma como: no existe un dictamen de costos: no habla de las inversiones ni de las ganancias; no determina cuáles son los proyectos “prioritarios” que requieren agua; no indica acciones para la preservación del recurso; se trata de una iniciativa que lleva dos años de atraso pero que fue votada “rapidísimo” sin consulta pública, demás de no ser trabajada en comisiones ni con ayuda de dependencias y organismos competentes.


Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión, fijado en 2013 para legislar en la materia.

“No hay avances, lo que hace esta iniciativa es reproducir textos internacionales, principios, ejemplos, o fundamentos normativos del derecho humano al agua”, dijo.

Argumentó que incluso la ley acepta que los pequeños poblados no tienen derecho al agua pero ahora, con la ley, muchos pueblos del sector rural legalmente no tendrán derecho al recurso.

En el Artículo 10 de la Ley se establece: “Servicio Público de Agua Potable: Conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable para el uso público urbano en los asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos”. Es decir, excluye por ejemplo, a los pueblos más alejados en la sierra Oaxaqueña o los habitantes de la selva de Chiapas.


Durante el foro “Agua: ¿derecho o privilegio?”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana, la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora de estudios internacionales, expresó que existe falta de información sobre la cantidad de agua que existe en las cuencas, sobre los estudios que se realizaron para evaluar la ley, además que no se saben aún los costos no sólo económicos, sino además culturales, naturales, ecológicos, entre otros.

“No hay información para la sociedad civil. Por ejemplo, en la propuesta se habla mucho de los proyectos que se consideran prioritarios o de interés público, y eso puede generar muchas dudas, porque ni siquiera se establece qué es prioritario o qué es de interés público. Entonces, en los proyectos que son intensivos en uso de agua como el fracking (fractura hidráulica) en algún momento el Estado podría decir que es prioritario o de interés público por beneficios económicos que se van a generar”, aseguró Soto.

La también académica de la Ibero agregó que la iniciativa busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.

“Qué vamos a hacer para preservar el recurso?”, cuestionó. “La Ley no dice cómo se va a mantener el recurso. No vamos a poder garantizar el derecho humano al agua si de entrada no hay recurso”, explicó Gloria Soto.


INTERESES DISFRAZADOS

Por su parte, Javier Riojas, experto en medio ambiente lamentó que se quiera pasar una ley fastrack y sin abrir un debate en el que pueda participar la academia. Puntualizó que el agua es un elemento importante no sólo para el ser humano, sino además para todo el planeta.

“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió.

Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.

Expuso que “si esta ley se aprueba como está, se estaría disfrazando ciertos intereses que violan el derecho al agua”.

Finalmente, los expertos coincidieron que el tema de agua no es prioridad en las agendas de los funcionarios y políticos porque es una problemática que se usa para obtener votos e incluso para control de la población.

Explicaron además que los sectores más desprotegidos son los que pagan hasta 12 por ciento más agua, pues ante la carencia recurren a servicios de pipas que “especulan con el agua”.


Alejandra Rabasa expuso que fuentes de diversas cámaras le han dicho que la ley sí “va a salir y muy pronto”, aunque reconoció que no sabe con qué cambios.

“No sé a qué nivel de profundidad habrá cambios, no sé si habrá un replanteamiento […], pero la van a aprobar”, lamentó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1287116.

Con la Reforma Energética aprobada, ahora sí, Semarnat alerta de riesgos por fracking

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó una Guía de Criterios Ambientales para regular el fracking en México, en la que reconoce que este proceso puede provocar competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad.

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, dice el documento publicado el 4 de marzo en el punto 1.2 referente al impacto ambiental.

Funcionarios federales mexicanos y hasta medios de comunicación han rechazado que pueda existir un daño por el fracking, una práctica de extracción de gas shale que ha sido rechazada en muchos estados de la Unión Americana.

El 30 de agosto de 2014, en plena discusión sobre el tema, el discurso del Secretario de Semarnat, Juan José Guerra Abud, era otro. Entonces dijo que no se descartaba que la fracturación hidráulica ocasione daños ambientales porque “no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”, pero “las ventajas que traerá el gas natural que se extraerá mediante esa técnica rebasan las consecuencias negativas”.


Y antes, el 28 de mayo pasado, dijo que las advertencias sobre fracking eran falsas y hasta lo alentó:

“Necesitamos hacer el fracking, porque necesitamos gas natural. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a cambiar el combustóleo y cómo dejaremos de usar otros combustibles más contaminantes?”

Ahora, sin embargo, con la Reforma Energética aprobada, la dependencia federal reconoce que sí existe el riesgo de que los mantos acuíferos resulten contaminados por la fractura hidráulica “cuando llega a presentarse un fallo en la estructura del pozo inyector , y éste se encuentra en la proximidad de los acuíferos”.

La Guía refiere además que existen más de 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, entre los cuales algunos se consideran cancerígenos, otros pueden afectar al sistema endócrino, causar daños en el sistema nervioso, o provocar alergias.

“Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de la lutita, como son metales pesados, metaloides, y metano lo que provoca reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos. Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón”, precisa el documento.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dijo que los criterios establecidos en la Guía son “suficientes y necesarios para prevenir, evitar y atenuar los impactos negativos” del fracking “como son la disminución de disponibilidad de agua, la contaminación de acuíferos, suelos y aire”.

Sin embargo, el grupo civil exhortó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a generar un marco regulatorio de la fractura hidráulica que genere certeza jurídica a todos los actores. ”Asimismo, le instamos a que retome el esfuerzo realizado por la Semarnat al haber elaborado esta guía, de manera que convierta los criterios ahí esbozados en requisitos vinculantes, vigile su observancia y sancione su incumplimiento”, refirió el Cemda.


De acuerdo con la Guía elaborada por la Semarnat junto a los riesgos existentes por el uso y contaminación del agua, existe la posibilidad de contaminación por radiactividad de aguas de retorno en los procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura hidráulica.

“La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo, entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como con otras substancias de este estrato geológico, altamente corrosivas o radioactivas, las cuales se mezclan y empiezan a cambiar la conformación de la mezcla inyectada, pudiendo llegar a concentraciones elevadas. Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes, construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que los seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo”, precisa el documento.

Asimismo señala que la explotación del gas y aceite de lutitas puede contribuir a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano, carbón negro y bióxido de carbono, que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.

En cuanto a la pérdida de la biodiversidad, dice que “el desmonte de grandes áreas, la construcción de caminos, el intenso tráfico de vehículos, el polvo, el ruido e intensidad lumínica, pueden afectar a las especies vegetales y animales inhibiendo su capacidad reproductiva, de alimentación, de resistencia a condiciones adversas y a depredadores naturales”.

LA LEY DE AGUAS

En sus Criterios Generales, la Guía redactada por la Semarnat dice que el operador petrolero debe definir la fuente que suministrará el agua para la extracción de los hidrocarburos contenidos en lutitas, consultando la disponibilidad de agua de las cuencas o acuíferos, determinada y publicada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“En caso de que la disponibilidad sea nula o insuficiente, podrá optar por la adquisición de derechos, el uso de agua residual o la importación de agua desde cuencas o acuíferos circunvecinos que cuenten con disponibilidad del recurso”, dice el documento.

El pasado 4 de marzo, mismo día en que se dio a conocer la Guía, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la propuesta para la nueva Ley General de Aguas; sin embargo, luego de diversas críticas tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles y ciudadanos en general, los legisladores pospusieron la discusión.

Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunciaron el día de ayer por la organización de un debate amplio, plural e incluyente sobre la iniciativa de la Ley de Aguas.

En un pronunciamiento dirigido a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, comunidad universitaria y opinión pública, los rectores José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, solicitaron que se escuchen las voces de todos los sectores del país, “a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.

Recordaron que los integrantes de las comunidades universitarias han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que, aseguran, “penalizan la realización de proyectos de investigación, favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.

Por su parte, organizaciones como Greenpeace han alertado que la propuesta que se pretende aprobar está “vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital”.

La organización internacional incluso expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.

En la fracción 56 del Artículo 10,  de la Ley se plantea como uso industrial del agua a la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas y para cualquier proceso de transformación.

La sociedad civil ha alertado que dentro la definición del uso del fracking cabe sin problemas la fracturación hidráulica, a pesar de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de esta técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible.

En su Artículo 49 la Ley de Aguas plantea que el derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley: el mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a 50 litros diarios por persona.

Diversas organizaciones y activistas han denunciado que este artículo reduce “a un mal entendido” mínimo vital del agua, cuando de acuerdo con organismos internacional este mínimo por persona debe ser de cien litros diarios.

En el artículo 129 propone que la Conagua pueda otorgar concesiones totales o parciales para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.

Este artículo –han criticado diversas organizaciones– favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios; además alertan que este artículo permitiría concesionar megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades, como es el caso del acueducto Monterrey VI.

Según lo que plantea la fracción 26 del Artículo 267, la Conagua sancionará a quienes realicen “obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”.

En la Guía se señala que para determinar la existencia de acuíferos no identificados por la Conagua, el operador petrolero puede realizar exploración geofísica 3D, realizar registros geofísicos de pozos y caracterizar el subsuelo desde la superficie hasta la profundidad total de la perforación, para conocer la estratigrafía, la litología y la estructura geológica.


“La exploración geofísica permitirá definir el grado de fracturamiento natural de las formaciones comprendidas entre los estratos de lutita y los acuíferos. A fin de evitar controversias con la autoridad, es recomendable proporcionar los resultados de la exploración geofísica a la Conagua, con el fin de identificar los acuíferos y los posibles riesgos de afectación o en su caso la posibilidad de explotación de los mismos para la actividad”, refiere el documento.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-03-2015/1284293.

Piden científicos desechar dictamen sobre ley de aguas

México, D.F. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) señalaron que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados “no es suficiente”, y exigieron que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– sea “desechado”.

Además, pidieron a los legisladores que se debata públicamente y de manera transparente una ley que beneficie no sólo a la sociedad y se respete el derecho humano de acceso al agua, sino también a los ecosistemas, asegurando sustentabilidad hídrica del país a largo plazo.

En conferencia de prensa, Omar Arellano-Aguilar, vicepresidente de dicha organización, que en tan sólo seis días se han reunido más de 12 mil firmas en una campaña para exigir al Congreso un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras.

Dio que aun cuando la recolección de firmas fue solamente vía Internet, esto resultados revelan que la sociedad está preocupada por lo que pretende aprobar los legisladores y demanda participar en una discusión abierta y transparente sobre la ley que habrá de regir la gestión del agua en el país durante los próximos años.

En un posicionamiento, la UCCS –organización surgida en 2006 con académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza superior en el país– expresaron su preocupación por el contenido de la iniciativa de ley.

Luego de su análisis, la UCCS enumeró una larga lista de problemas encontrados en dicho dictamen, de entre los cuales citaron cuatro:

–Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social.

–Promueva el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos.

–Amplia los márgenes para poder contaminar el agua.

–Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.

Ante esta situación, la UCCS se sumó a los objetivos de la iniciativa de ley que presentó desde febrero pasado un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, y en la que se considera fundamentalmente el derecho humano al agua y en la que se tiene una visión de uso y manejo del vital líquido para el futuro inmediato y de largo plazo.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN

En Ley de Aguas no hay claridad; es preocupante en materia de derechos humanos: especialistas

"Sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único", señaló Nathalie Seguin.

La Ley General de Aguas que se discutía en Cámara de Diputados ha sido pospuesta ante la reacción de científicos y organizaciones, pero podría retomarse en cualquier momento, indicó  Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador de la UNAM.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que  juegan con “los conceptos, porque muchos de ellos están completamente dobleteados, no permiten una claridad en la ley, esto es una situación que se ha  cargado metiendo conceptos de economía, por ejemplo lo que le llaman ahora de cómo los  usuarios van a tener que pagar por el agua, porque se usa la palabra enmascarada de concesionario y la palabra asequible. Y asequible es el agua que tú puedes tomar que es lo diferente a disponible y aquí hay que pagar por ella”.

Precisó que para “nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes; uno es el que se  prohíbe hacer estudios- monitoreo en aspectos que tienen que ver con el agua. Donde hay agua, tú no puedes estudiar ni hacer monitoreo, esto es  grave  porque mucho académicos, estudiantes,  que estamos dependiendo de esa situación; ahora, esto tiene que ver con otra circunstancia, no va a haber forma de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país, esto es negativo para el país como un ente, como un ecosistema, y no vas a saber qué  pasa con el agua en ese sentido”

Comentó que hasta ahora “es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales; sin embargo con esta nueva ley puedes contaminar hasta el valor que  esté indicado en las normas oficiales mexicanas, es decir, puedes poner contaminantes al agua  mientras no te llegue a un valor contrario a las normas, todo el mundo se lo va a poder  tomar, incluyendo  los ecosistemas”.

Lo anterior “es una situación grave, preocupante, porque en muchos lugares donde la gente tiene  agua, para sus  necesidades, no va a poder ser  incorporada, por ejemplo, al derecho humano al agua”.

Además, “después de esa ley va a ser controlado por el reglamento y las normas correspondientes, que se hacen aparte y no pasan por la norma legislativa”, indicó.

Por su parte, la experta Nathalie Seguin dijo que “sin duda el aspecto de privatización es muy  preocupante pero no es el único, un aspecto terriblemente preocupante en materia de derechos humanos, y no solamente en materia de agua, sino es la violación a más de un derecho humano, que se está  haciendo con esta  iniciativa, porque se está violando el derecho al agua”.

Agregó que “el derecho al saneamiento ni siquiera existe y no puedo abundar, pero averiguaré qué quiere decir derecho de saneamiento, no es limpiar el agua como menciona este articulado; en el artículo 10, hay una definición que no tiene nada que ver con lo que la Organización de las Naciones Unidas dice al respecto, cinco años han pasado como para que no sepan qué significa derecho de saneamiento, es el colmo”.


“Cuidaron muy bien que  no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking , ni nada que pudiera  parecerse a ello, sin embargo cuando se lee la definición del uso industrial dice claramente que es cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo  bajo cualquier procedimiento, ahí  no me digan que no cabe el fracking, ahí cabe perfectamente el fracking y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva, se utilizan más de 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar”, sostuvo Seguin. 

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena amenaza con movilizar la calle y tomar las tribunas si pasa la Ley de Aguas

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció la toma de tribunas y movilizaciones en las calles para frenar la Ley General de Aguas.


Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, rechazó la legislación que se detuvo en el Congreso de la Unión, por ser “privatizadora” y afectar a la población en su acceso básico al líquido.

“Vamos a dar la batalla en tres rubros: debate de ideas, dentro de la Cámara se tomarán tribunas y en las calles con Movilización ciudadana”, dijo el dirigente de Morena.

Batres acompañado de la candidata a la delegación Iztapalapa Clara Brugada y del investigador Pedro Moctezuma Barragán, indicó que Morena rechaza por completo el dictamen que se encuentra en discusión.

El dirigente de la fuerza política dijo que el partido apoya en su totalidad la propuesta del Movimiento Agua para Todos, que durante dos años construyó una propuesta que ya fue entregada a los legisladores.

La propuesta ciudadana dijo es agua para la población, mientras que el dictamen que se discute es agua para la privatización.


Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas, prevista para este martes, “el tiempo que sea necesario”.

“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.

El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente “para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.

También ayer, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.


En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.

“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.

Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.

“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.

“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital.

Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.


Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1276814.

Empresas como Higa detrás de intento de privatizar el agua: Batres

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, aseguró que detrás del intento de privatizar el agua están los intereses de empresas como Higa, que serán beneficiadas con contratos y concesiones sobre la producción, distribución y cobro de tarifas del líquido.

En conferencia de prensa, el exsecretario de Desarrollo Social capitalino rechazó el proyecto de Ley General de Agua que se discute en la Cámara de Diputados porque, dijo, mercantiliza el agua y carece de una visión de desarrollo sustentable.

De lo que se trata es de eliminar el actual subsidio, que se convertirá en la plusvalía de Higa, agregó.

“Es decir, los beneficiarios de esta iniciativa serían las grandes compañías que ya de por sí se encuentran enriquecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Acompañado de la diputada Ernestina Godoy Ramos, el investigador Pedro Moctezuma y la exdelegada de Iztapalapa, Clara Brugada, entre otros, Batres exhortó a los mexicanos a estar alertas ante este nuevo embate privatizador del PRI, PAN y PVEM, porque además de todo, subrayó, implica un millonario acto de corrupción.

Luego de hacer un llamado a la población para movilizarse en caso de ser necesario, resaltó que la defensa del agua ya ha cobrado la libertad de varios activistas en todo el país, entre ellas Teresita Brito, detenida injustamente por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y reclamó la liberación de todos los presos políticos por defender el derecho al líquido.

Explicó que la Ley General del Agua obliga a las entidades públicas encargadas del suministro a determinar las formas de participación privada y a ser autosuficientes en materia financiera, lo que implica terminar con los subsidios gubernamentales para brindar este servicio considerado como un derecho humano.

“En otras palabras, para la gran mayoría de la población se perdería el subsidio que hoy existe al servicio de agua potable. Con ello se generaría una oleada de aumentos en todo el país y también se tendría como consecuencia que las franjas de población que no tuvieran para pagar el servicio verían cortado el servicio”, señaló.

Por su parte, la diputada Ernestina Godoy aseguró que Morena apoyará e impulsará la iniciativa de Ley General de Aguas de la sociedad civil que ya fue presentada a legisladores federales.

En ese sentido, aseguró que el proyecto de dictamen no considera la participación ciudadana, sino que es facultad discrecional de la autoridad incorporarla a la evaluación, análisis, asesoría y recomendación de los retos nacionales, prioritarios o estratégicos relacionados con la gestión del agua.

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, indicó que el movimiento que encabeza entregó a la Cámara de Diputados, el pasado 9 de febrero, una iniciativa en la que participaron comisiones de cuencas, incluso gente del episcopado, budistas, movimientos juveniles y pueblos originarios.


Ese proyecto, dijo, es respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades de Chapingo, de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Tabasco y otros 14 centros de estudios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Los pueblos indígenas ante la inminente Ley de Aguas

El ciclo de reformas neoliberales a las que le es consustancial la privatización, tendrá un nuevo eslabón con la aprobación de la Ley General de Aguas, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones y cuya votación en el pleno de la Cámara de Diputados fue aplazado.

Las voces críticas y propuestas ciudadanas no merecieron mención. El anuncio de que la minoría opositora tomará la tribuna está bien sólo para que quede claro el deslinde, ya sabemos del traslado a recintos alternos cuando la decisión mayoritaria está previamente tomada. La construcción del proyecto de ley alude retóricamente al derecho humano al agua, 50 litros diarios, para efectos de consumo doméstico y podrán extraer agua siempre y cuando sea manual (¿acarreo en baldes?) sin necesidad de concesión.

Lo que prevalece es la apertura al capital privado mediante concesiones y contratos para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica. Destaca el llamado laboreo de minas, al que le serán garantizadas las aguas necesarias para sus necesidades ubicadas en el sector industrial. En contraste, al rentar sus parcelas, los comuneros y ejidatarios cederían sus derechos al agua y al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar una concesión.

Para ubicar la afectación directa a los pueblos indígenas encontramos que el despojo de sus territorios es inminente al considerar de utilidad pública tanto el trasvase de agua de una cuenca a otra, así como el uso de aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada al servicio público. (¿La Parota?) No se refiere siquiera el derecho a la consulta previa, libre e informada. La declaración de utilidad tiene el aderezo contemplado en la misma ley sobre el empleo de la fuerza pública para hacer valer las decisiones de las autoridades.


Por otra parte, se observa que los pueblos indígenas aparecen de nueva cuenta en la condición de grupos vulnerables, sin consideración alguna a los derechos constitucionales adquiridos, ni al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Veamos: En el artículo 45 párrafo segundo se dice: Asimismo, deben asegurar el acceso al agua a pueblos y comunidades indígenas, refugiados solicitantes de asilo, desplazados internos repatriados, presos y detenidos, así como en zonas rurales y urbanas desfavorecidas. Después, en el artículo 47, señala que las autoridades competentes deben garantizar el derecho humano al agua a pueblos y comunidades indígenas; para reafirmar su concepto central en el artículo 50 fracción 3, al determinar la obligación de los órdenes de gobierno de atender prioritariamente a grupos vulnerables, a personas menos favorecidas y a pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, les da oportunidad de participación cuando señala dentro de los municipios que pueden participar de manera informada y oportuna pueblos y comunidades indígenas, así como la ciudadanía en general, en la planeación y supervisión de acciones para garantizar el derecho humano al agua (artículo 52).

En síntesis, todo un terreno de disputa para impugnar la inconstitucionalidad de la muy próxima Ley General de Aguas, tarea ineludible aun a sabiendas de que la justiciabilidad de los derechos para los pueblos indígenas se presenta lejana, pues cuando logran triunfos jurídicos éstos no se respetan.


La tribu yaqui que impugnó el Acueducto Independencia y logró que la Suprema Corte reconociera que la manifestación de impacto ambiental en favor de dicho proyecto debería reponerse incorporando el derecho a la consulta y, tras un proceso caótico, la consulta está suspendida, inmersa en una serie de irregularidades de las que ha dado cuenta la misión civil de observación en su segundo informe denominado sentencia fallida. Hoy el acueducto funciona, y uno de los más activos opositores yaquis, Mario Luna, está en la cárcel y su proceso está plagado de violaciones y absurdos, pues se dijo en el auto de formal prisión que no le aplica el artículo segundo constitucional porque no es autoridad tradicional y se le acusó de delitos sin evidencia de su participación, desechando las pruebas de la tribu. De cara a la inminente Ley de Aguas que comentamos la hipótesis de la utilidad pública se perfila sobre los derechos territoriales de la tribu yaqui. Y no es el único caso en que los pueblos se organizan para luchar con la ley en la mano. Se ha quedado corto el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuando hace cinco días advirtió en Ginebra que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado en México, y que nuestro país es un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas No es ajena a ese coctel explosivo la dinámica neoliberal de despojo a los pueblos impulsada desde el Estado en concordancia con dictados del capital trasnacional. A ellos responderá la Cámara de Diputados.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MAGDALENA GÓMEZ.

3 voces sobre la ¿privatización del agua?

La ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada, para garantizar el derecho humano al agua.

Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron la semana pasada, en lo general, el dictamen que expide la Ley General de Aguas, reglamentaria de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, y turnaron las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera que la discusión se dé esta semana.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores, negó que se trate de un intento privatizador.

“No se puede privatizar, en primer lugar, porque el tema en la propia ley se ha catalogado como un tema de seguridad nacional”, afirmó.

Sin embargo, hay voces que apuntan que esa es la intención de la nueva legislación.

Cabe recordar que en febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas.

El documento aprobado en comisiones establece la participación de la federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.

Considera que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido.

Reconoce que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere de la adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la decidida y más vigorosa participación de la ciudadanía, para garantizar el derecho humano al agua a las presentes y futuras generaciones.

Se afirma que en los últimos años, en México, la disponibilidad per cápita ha ido disminuyendo, derivado, entre otros aspectos, de factores socioeconómicos y climatológicos, como la concentración de la población en localidades urbanas y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como la sequía.

Esta situación ha obligado al Estado mexicano a implementar medidas drásticas, como el trasvase de una cuenca o acuífero a otro, por sí o con la participación del sector privado, que le permitan satisfacer la demanda de agua, por lo que se propone regular su autorización y modalidades.

Se pretende que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones, con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad, ni frenar el desarrollo económico, por lo que esta ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada.

Además, que las entidades federativas tengan la atribución de crear o perfeccionar un órgano, entidad o dependencia gubernamental que, entre otros aspectos, regule, vigile y supervise la prestación de esos servicios, con la finalidad de garantizar su oportunidad, calidad y eficiencia.

Rodrigo Gutiérrez, doctor en derecho de la UNAM, asegura que es “verdaderamente grave” lo aprobado.

Indicó que la ley señala que el titular del derecho al agua serán asentamientos legalmente establecidos, por lo que “esta ley se lo otorga a asentamientos humanos… lo que quieren es privatizar el agua, hacer negocio con el agua”.

Apunta que desde la propia exposición de motivos, la ley señala que habrá una “intensa participación privada”, y otorga la posibilidad de que poderes privados se puedan hacer cargo de trasvases.

Además, expuso, la legislación establece que el agua tiene un valor económico.


Y sostuvo que se trata de una ley orientada a permitir una entrada “muy agresiva del poder privado en la gestión y control del agua”. 

Diputada Aleida Alavez (VÍDEO)



2º VÍDEO:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Para aclarar dudas, diputados posponen la discusión de la Ley General de Aguas

Manlio Fabio Beltrones indicó que se tomó la decisión con el objetivo de aclarar las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.

Los grupos parlamentarios decidieron este lunes 9 de marzo diferir el debate y la discusión del dictamen de la Ley General de Aguas, que mañana martes se votaría en el Pleno, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.


El también coordinador del grupo del PRI señaló que se tomó la decisión de posponerla el tiempo que sea necesario para que se aclaren las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida en este tema.

Horas antes del anuncio, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Kamel Athié Flores, desmintió que el líquido se vaya a privatizar, ya que el tema es considerado como un asunto de seguridad de nacional y por lo tanto está bajo la rectoría del Estado.

“Realmente aquí se ha hecho un abuso de las mentiras diciendo que el agua se va a privatizar, lejos de eso en la propia ley (General de Aguas) se considera el tema como de seguridad nacional, así lo está manifestando la ley y así está considerado”, acotó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Expuso que la iniciativa de la Ley General de Aguas no toca de ninguna manera los artículos 27 constitucional, donde queda intocable la propiedad de las aguas en favor de la nación, ni el el 115 constitucional, que le da a los municipios el privilegio de abastecer de agua a sus habitantes, ni tampoco se toca la Ley de Bienes Nacionales, que sería “el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar el líquido”, argumentó.

Athié Flores afirmó que el dictamen de la citada legislación se trabajó desde hace dos años mediante reuniones con los representantes de diferentes sectores que involucran al sector agua, así como cinco foros que organizó la Cámara de Diputados.


Comentó que esta iniciativa de ley que reglamentará la reforma constitucional, que se hizo el 8 de febrero de 2012, reconoce el agua como derecho humano y tiene el aval del PAN y del PVEM.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN