Decidirá Conagua porcentaje de participación privada en el sector

Se incluye infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable. La madrugada del miércoles Hacienda modificó la iniciativa de dictamen de Ley Nacional de Aguas, señala el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Cambió el orden de los artículos, dice.

El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.

‘‘La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él’’, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Adiciones nocivas

El legislador explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.

‘‘Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento’’, dijo.


–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?

–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.

‘‘Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo.’’

–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?

–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de ‘‘uso industrial’’ del agua para la extracción de hidrocarburos.

–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?


–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.

Una Ley vital

La nueva legislación General de Aguas ha dividido a los diputados. La iniciativa hecha por el tricolor abre las puertas a la concesión de servicios para la provisión del líquido. Para la izquierda este es el primer paso a la privatización.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la nueva Ley General de Aguas, una regulación que permitirá a los particulares tener acceso a la concesión de servicios para la provisión de agua, así como para utilizar el recurso para otros fines, como el fracking.

El dictamen de la iniciativa será discutido por el pleno en San Lázaro, y desde su debate en comisiones tuvo mucha polémica, debido a la oposición de la izquierda, que argumenta se trata del primer paso para permitir la privatización del recurso.

Actualmente, la provisión de agua a la población se encuentra en manos del Estado. Se trata de un tema federal, en manos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y provisto directamente a los ciudadanos por organismos de agua estatales y municipales que son los encargados de proveer y cobrar por el servicio.

Esta situación podría cambiar si la nueva Ley es aprobada por el Congreso de la Unión.

Las bancadas de izquierda y organismos ciudadanos se han pronunciado en contra de la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales pues consideran que se trata de abrir la puerta a la privatización del servicio de agua.

La discusión del tema ocurrió de forma apresurada en San Lázaro. Apenas el 26 de febrero los diputados priistas presentaron la iniciativa y ya para el 3 de marzo, cinco días después, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos.

Al día siguiente, 40 organizaciones civiles y ciudadanos enviaron una carta a los diputados para pedir que el debate de esta Ley se abra a la sociedad.

“Queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos.

“La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares”, señala la misiva.

La ley

> La nueva Ley de Aguas Nacionales establece la obligación de los municipios de proveer el servicio de agua a los ciudadanos y señala que, para ello, podrá valerse de concesiones a particulares que pueda otorgar el Ejecutivo federal.

> En su artículo 65, la nueva legislación autoriza a los municipios a prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, “de forma coordinada y asociada, por sí, o a través del otorgamiento de concesiones”.

> Las concesiones para la “explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales”, tendrán una vigencia mínima de cinco años y una máxima de 30 años, y podrán ser objeto de prórroga por el mismo término, si se cumple con todos los requisitos.

> El proyecto de Ley establece una serie de castigos para quien incumpla las disposiciones legales y señala, en su artículo 258, que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.


> Dichas concesiones podrán transmitirse por herencia, es decir, por “vía sucesoria de las personas físicas”; por convenio; o por resolución judicial.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Iniciativa aprobada viola el derecho humano al agua, acusan académicos

Criminaliza la investigación científica y legaliza la contaminación del recurso. Dan a conocer documento sobre la ley general, la cual limita a 50 litros diarios el consumo por persona, cantidad que pone en riesgo la salud; además, deja sin acceso a localidades rurales e indígenas.

La iniciativa de la Ley General de Aguas –aprobada el miércoles por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados– viola en diversas formas el derecho humano al agua, señalaron académicos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Rechazaron este proyecto de ley por considerar que criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana.

Los académicos dieron a conocer ayer un documento en el que hicieron un análisis de la iniciativa y, entre otras cosas, advirtieron que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que pone en riesgo la salud, pues un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.

La Jornada adelantó ayer que los universitarios solicitarán al rector de la UNAM, José Narro Robles, realizar un pronunciamiento contra esta iniciativa y que solicite que antes de ser aprobada sea debatida entre diversos sectores.

El documento, firmado por María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la máxima casa de estudios, resalta que la propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

Esto debido a que el artículo 148 de la ley establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

Al respecto, los científicos de la máxima casa de estudios subrayaron que la investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, sino también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento.

En lo referente a la contaminación del agua, los universitarios advirtieron que la iniciativa indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de equis elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces (éste) se puede incorporar.

Otro elemento inconstitucional, enfatizaron, es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.

Señalaron, además, que la participación ciudadana no está contemplada en la propuesta de ley, pues no se permite que las personas organizadas que trabajan en torno al líquido se unan a los Consejos de Cuenca.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.

Académicos de UNAM rechazan la Ley que privatiza el agua; dañará a ciudadanos, alertan

Ciudad de México, 5 de marzo: Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y grupos civiles rechazaron la iniciativa de la Ley General de Aguas, aprobada el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, por considerar que se viola el derecho humano al agua.

La iniciativa fue pasada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Acción Nacional (PAN). Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abandonaron la sesión en protesta, pero no un Diputado: Gerardo Gaudiano Rovirosa, perredista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos

La legislación ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de gas shale, y por beneficiar a empresas comercializadoras y hasta constructoras.

Legisladores de oposición dijeron que la Ley favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.

Los académicos de la Máxima Casa de Estudios denunciaron que la Ley General de Aguas “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.


Los académicos señalaron en que la iniciativa propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, carece del total respaldo científico.

“Es una iniciativa que como académicos no reconocemos. Nos solidarizamos con las demandas de la sociedad civil organizada que han sido presentadas en distintas formas, como la Iniciativa Ciudadana”, indicaron.

De acuerdo con los investigadores, la propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

De acuerdo con los investigadores, la propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio.

La actual definición, indica el comunicado, refiere que si naturalmente el agua presenta una concentración de “x” elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar, situación que alerta a los académicos.

“Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales. Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico”, refieren.

La iniciativa, que señala 50 Litros diarios por persona, “pone en riesgo la salud de las personas”.

De acuerdo con un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA A.C), la Organización Mundial de Salud (OMS) señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona.

Otro elemento insconstitucional del artículo propuesto que denuncian los académicos es que se limita el Derecho Humano al Agua a sólo aquellas personas que viven en asentamientos humanos, “esto significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición”, advierten.

Con ello, añaden, se viola el sentido de la reforma constitucional del artículo 1 y del artículo 4 que señala que ”toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Los académicos de la UNAM revelaron que con la iniciativa se intensifica los conflictos ambientales con los trasvases. –el trasvase es tomar agua de una cuenca incluyendo acuífero a otra cuenca o acuífero–, y ponen de ejemplo el Acueducto VI, del cual Grupo Higa tiene el 50 por ciento de la construcción y operación de este proyecto rechazado por la sociedad.

Finalmente, acusaron que la nueva Ley General de Aguas elimina la participación ciudadana.

“La iniciativa presenta un capítulo de participación ciudadana escrito de tal forma que la real participación ciudadana, es decir, todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca”, dice el comunicado.

En dichos Consejos de Cuenca, señalan, se propone que el 60 por ciento serán representantes de concesionarios en diferentes usos y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales. “Sin embargo, queda aun menos claro cuando en el artículo Artículo 61 se menciona sin definición al Consejo Consultivo del Agua”.

Ayer, los diputados de oposición acusaron que el dictamen por el cual se crea la nueva Ley General de Aguas favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal.

Y es que la ley cambia el panorama de negocios y además maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, explicó a SinEmbargo el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.

Por ejemplo, mencionó el caso del Acueducto Monterrey VI, en donde las empresas que conforman el Grupo Higa participan con aproximadamente el 60 por ciento del contrato para la construcción y operación del acueducto.

A principios de febrero, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), integrada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, solicitó que no se apruebe en el Congreso la iniciativa de la Ley General de Aguas por considerar que no garantizar el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país.

Las organizaciones defensoras señalaron que el derecho humano al agua está consagrado en el artículo 40 constitucional, y sostuvieron que aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley menciona que se encuentra fundamentada en normativas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la práctico lo propuesto “omite respetar y garantizar el cumplimiento de diversas obligaciones que en él [iniciativa] se señalan”.

En México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (5 millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa que propone el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las organizaciones, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”.

¿SE PRIVATIZA EL AGUA?

Aunque en el texto aprobado nunca se menciona la frase “privatización del agua” y sus defensores argumentan que no se toca el artículo 27 constitucional por lo que es imposible hablar de privatización de este bien nacional, lo cierto es que la nueva ley permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.

La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, según estipula el artículo 94. Este tiempo podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.

Una de las novedades de la Iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo cual implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.

La Ley especifica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión, en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Sin embargo, también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada.

Respecto a la creación de infraestructura hidráulica, la nueva ley plantea que la federación, las entidades federativas y el Distrito federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.

Posteriormente señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.


Asimismo, podrá “Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”; así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-03-2015/1272039.

¿Privatizar el agua? Estos son 5 puntos de la Ley de Aguas que los diputados quieren aprobar

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua, de acuerdo con organizaciones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas.

Luego de declararse en sesión permanente, horas después de haber recibido la propuesta, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos iniciaron una discusión para que el dictamen fuera votado hasta el 10 de marzo y evitar la premura en el análisis.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría y en respuesta, los 10 diputados del PRD y Morena abandonaron la discusión, pero finalmente el dictamen fue aprobado en lo general con 31 votos.

Para especialistas como Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.

El diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.

Uno de los fervientes defensores de la iniciativa fue el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insistió en que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación y prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones hasta multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

En medio de la rapidez con la que los legisladores aprobaron el dictamen en un solo día, y prevén presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la sociedad civil reclama participación. A través de una carta firmada por más de 40 organizaciones civiles, solicitan a los diputados la organización de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues “sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos”.

Las controversias

De acuerdo con Claudia Campero, uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.


Entre las causas de utilidad pública establecidas en el artículo 8 están:

• El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros
• El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.
• La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.

Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles.

Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero.

En esto coinciden más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras, al señalar que la legislación “podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”.

Las organizaciones civiles exigen respeto y garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque “hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional”.


Además, según los expertos, el “trasvase” genera desequilibrios ambientales y resulta ineficiente para los ciudadanos y favorecedor para los particulares, pero la ley lo define así:

• En artículo 116. Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
• El trasvase puede ser: Directo. El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Comisión. Indirecto. El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.

En el artículo 24 se establece que los estados, el Distrito Federal y los municipios cuentan con atribuciones como:

– Estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

– Certificar, incentivar y promover la profesionalización, especialización, tecnificación, calidad, autosuficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

De acuerdo con el diputado Arturo Cruz Ramírez, del PRD, dijo esta disposición no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento, sino que “de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano”.

Claudia Campero, advierte la “autosuficiencia” significa que con las tarifas se pueda recuperar la inversión. Pero “invertir en agua es bastante caro y la experiencia nacional e internacional dice que requiere de una inversión pública para poder garantizar el financiamiento”. Por ende, al buscar la autosuficiencia financiera, las tarifas aumentarían.


La ley también pretende incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de aguas en el país a través de estas disposiciones:

• Artículo 129. Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal
• La Comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
• La ley también determina un Mínimo vital, es decir, el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas, fijado 50 litros diarios por persona.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia al respecto, al considerar que se requiere de entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar el derecho al agua. Esto luego de que resolvió un amparo presentado por un habitante de Xochitepec, Morelos en noviembre pasado.

El dictamen íntegro:

  Dictamen Ley de Aguas

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Privatizarán suministro de agua; Grupo Higa, uno de los primeros beneficiarios

Diputados de PRI, PAN y PVEM aprobaron en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas; se opone la izquierda.

En el horizonte próximo está la privatización del suministro de agua en el país y uno de los beneficiarios inmediatos sería el Grupo Higa, favorecido por multimillonarios contratos de los gobiernos federal y mexiquense.

Diputados de PRI, PAN y PVEM aprobaron en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país y que incluso declara “de interés público” la participación de concesionarios y entes privados que prestarán el servicio público, además de regular el uso del líquido para la fractura hidráulica (fracking).

También ampara en la misma forma al trasvase de una cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, una obra entregada al Grupo Higa y otras empresas, asunto que ha causado una viva reacción de rechazo popular y empresaria.

En una acalorada sesión, diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.

El dictamen, que será aprobado en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, incluye un capítulo para la intervención de empresas a las que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregará concesiones respectivas.

En el articulado se señala que la Conagua celebrará contratos de obra pública y de servicios con particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.

Este modelo incluye “otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta.

También la comisión entregará a empresas privadas contratos para proyectar, construir, equiparar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinará la entrega de las concesiones con los gobiernos de los estados.

Los diputados Manuel Huerta (Morena), Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, ambos del PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua potable, Kamel Athié (PRI), envió el proyecto de dictamen durante la madrugada y la mañana de este miércoles y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento, ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.


Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa tenía por objeto legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI, “donde las empresas del Grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable” que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

PRI, PAN y Verde dan sí a dictamen que privatiza agua; PRD y Morena dejan la sesión

Ciudad de México, 4 de marzo: La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.

Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que no podían convalidar este despojo a los mexicanos.

“Muchos pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena.

Uno de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Los legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara la reunión de las comisiones unidas.

Más importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”.

ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

Los diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía.

La Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable)  y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años.

“No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

La oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos originarios:

* Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

*Garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua.

*Garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.

*Contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.

*Establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.

*Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.

*Garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.

*Incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.

*Prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.

*Crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.


El dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión del Pleno de San Lázaro.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2015/1270849.