Mediante un comunicado de prensa, aseguró que dicha ley debe retomar principalmente el agua como un derecho humano, además de regular su gestión y la “participación efectiva de los sectores público, privado y social”.
Mediante un comunicado de prensa, aseguró que dicha ley debe retomar principalmente el agua como un derecho humano, además de regular su gestión y la “participación efectiva de los sectores público, privado y social”.
De acuerdo con el funcionario, e desabasto del líquido en estados y municipios es el principal impulso de esta Ley y al tomar posesión como presidente de esta comisión, destacó que cuando la disponibilidad de agua es inferior a los mil metros cúbicos por habitante por año, las consecuencias pueden ser más severas y comprometer seriamente la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.
El problema del desabasto se suma al de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México por colapsos.
Así bien, dentro del marco del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, afirmó Arévalo que el trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos será responsable y eficiente ya que en México la disponibilidad se ha reducido de manera importante.
Por otra parte el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) detalló que en México el suministro y consumo de agua es cinco veces mayor al nivel mínimo recomendable por la ONU (50 litros diarios de agua potable por habitante para cubrir las necesidades básicas).
Arévalo González reafirmó el compromiso de su bancada a seguir actuando de manera responsable, a fin de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos naturales.
Académicos e investigadores expresaron sus opiniones respecto a la propuesta de Ley de Aguas Nacionales en donde puntualizaron que la principal falla es el cómo pretende regular un recurso natural y el abastecimiento.
“El agua no ha sido considerada como un bien jurídico. Lo toman como un objeto. La suficiencia podría considerar de manera relativa”, señaló encargada de Universidad Sustentable, Karla Aceves
“En 2015 cuando se da a conocer la iniciativa unió a todo mundo pero en contra de la ley y esto llevó a que esta quedara truncada. Lo que hay que apuntar es ¿cuál es la ley de aguas nacionales que el país necesita?”, expresó la académica del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Raquel Gutiérrez.
“¿Cómo podríamos proponer una mejor reforma? ¿Cómo podríamos participar? Habría que asistir aunque no seamos invitados”, comentó la investigadora del CUCHS, Alicia Torres.
“Sabemos que tenemos un acceso limitado y malo de agua. Y esta nueva ley tiene un confirmación algo extraña”, manifestó el secretario general del Colegio de Michoacán, Octavio González.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/diputados-preparan-nueva-ley-de-aguas-nacionales-academicos-invitan-a-asistir-aunque-no-seamos-invitados/
México, D.F En demanda de que se impulse una reforma al campo, que saque al sector de la crítica situación que registra, y de que la Ley General de Aguas, que está en análisis en la Cámara de Diputados, sea desechada, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Congreso Agrario Permanente y la Unión General Obrero Campesina, marcharon del Ángel de la Independencia a la residencia Oficial de Los Pinos.
Francisco Jiménez Pablo, presidente de la CNPA, sostuvo que esta movilización, busca evidenciar el incumplimiento de los compromisos que el gobierno federal hizo con este sector, a fin de atender diversas demandas.
Señaló en entrevista previa que continuarás las movilizaciones campesinas, hasta que haya una respuesta a la problemática del sector, se revisen los programas de apoyo al campo y se realicen mesas de trabajo para el sector, en cada estado del país.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.
“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro. El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.
El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática.
Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy suspendido”.
David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.
Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.
La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.
UNA LEY POLÉMICA
Era el 26 de febrero de 2015 en la Cámara de Diputados cuando apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Aguas, que después sería bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld” en honor de David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La iniciativa replica el modelo implementado en el Estado de México durante el gobierno del ahora Presidente Enrique Peña Nieto en el cual Korenfeld Federman fungió como secretario de Agua y Obra Pública, mientras se desempeñaba también como presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).
“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.
Sin previo aviso y sin reconocimiento de la sociedad organizada, la “Ley Korenfeld” permite la privatización del agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas en torno a las principales ciudades; otorga a Conagua facultades extraordinarias para dar concesiones prorrogables hasta por 60 años; y garantizar el suministro de agua por debajo del nivel internacional de 100 litros diarios.
KORENFELD Y ANEAS
David Korenfeld fue secretario de Agua y Obra Pública en el Estado de México prácticamente en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) en México, cargo que ocupó de 2007 a 2012.
La Asociación agrupa a organismos operadores de agua potable y alcantarillado. Representa y defiende los intereses de sus socios que son los directivos de los sistemas de agua, así como las empresas proveedoras de productos y servicios.
Ese organismo ha tratado por distintas vías, y en diferentes épocas, impulsar cambios legislativos para promover el modelo de concesión de agua, con el objetivo de elevar la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con el líquido.
“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.
Sin embargo, expuso, el resultado en realidad no es mejor en cuanto a calidad de servicio, accesibilidad, asequibilidad y gratuidad del líquido.
Por el contrario, el modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.
Este modelo, afirmó Seguin está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.
“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.
“Ya está presente desde entonces como secretario de Obra Pública y Agua y al presidir la ANEAS evidentemente [Korenfeld] está muy cerca con las líneas y visiones de esta entidad que es básicamente privatizar los servicios de agua y saneamiento”, destacó.
LA INICIATIVA QUE DIO LA ESPALDA A ONGS
El documento firmado por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo de Acción Nacional (PAN) y Gerardo Gaudiano Rovirosa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no era lo que habían trabajado en el seno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ni era lo que deseable para lograr los propósitos antes citados.
Las organizaciones civiles reconocen que con tuvieron mayor acercamiento fue con el perredista Gerardo Gaudiano en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Sin embargo, al final el legislador firmó la llamada “Ley Korenfeld”, prácticamente elaborada en las oficinas de Conagua, fuera de las comisiones legislativas de San Lázaro.
“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.
Con una inmediatez que caracteriza a las iniciativas poco populares, el texto fue aprobado por una mayoría mecánica de priistas y panistas en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo.
Esa tarde abandonaron la sesión alrededor de 11 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del PRD, entre ellos Gaudiano. Pero el daño ya estaña hecho, la iniciativa fue turnada a la mesa directiva para ser publicada en la Gaceta Parlamentaria a fin de que se le diera primera lectura en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados.
El PRI reculó de su intención de aprobar la iniciativa fast track por el pleno de los legisladores gracias a la presión de representantes de la sociedad civil y legisladores de oposición.
Manlio Fabio Beltrones, pastor de los diputados priistas argumentó que el texto debería ser enriquecido con los puntos de vista de diferentes organizaciones y expertos en la materia, aunque nunca mencionó los meses previos de debates que simplemente fueron borrados del texto final.
Ante el inminente inicio de la apoca electoral, el dictamen para crear la “Ley Korenfeld” podría ser retomado por los diputados hasta un eventual periodo extraordinario que se realizaría después de los comicios del 7 de junio, en uno de los últimos trabajos que entregaría esta Legislatura, antes de dejar el cargo el 30 de agosto próximo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1304687.
En el Día Internacional del Agua, legisladores anunciaron que se realizarán diálogos y consultas ciudadanas para debatir la polémica Ley de Aguas.
En México el Día Internacional del Agua llegó en un momento clave. La falta de acuerdo en el Congreso por la nueva Ley General de Aguas mantiene a este recurso vital en la mira.
Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.
En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema.
Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.
Llamado a partidos
Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.
Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.
Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Diputados del PRD anunciaron ayer la convocatoria para realizar diversos foros donde participe la sociedad civil y expertos en materia, y así enriquecer el dictamen que busca aliviar el estrés hídrico que padecen más de 79 millones de mexicanos.
En conferencia de prensa, los diputados federales Alejandro Sánchez Camacho, la legisladora con licencia Aleida Alavez Ruiz, y el diputado local Alejandro Ojeda Anguiano anunciaron que se realizará un diálogo nacional y una consulta popular sobre el tema.
Agregaron que el próximo jueves en la Asamblea Legislativa del DF se efectuará un foro al que asistirá el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y especialistas en la materia.
Llamado a partidos
Los legisladores también hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios a tener voluntad para un diálogo que salvaguarde la rectoría del Estado en el manejo del agua.
Y es que mientras los partidos de izquierda acusan que la nueva legislación pretende la privatización del recurso, el PRI sostiene que el modelo de participación de empresas privadas no significará lo anterior.
Alavez aclaró que no están en contra del capital privado, sino de las concesiones para el manejo integral del agua.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Personalidades del mundo del espectáculo lanzaron un video en defensa del agua en el que exponen los motivos por los que se oponen a la nueva Ley General de Aguas Nacionales y exigen una que retome la opinión ciudadana y garantice el acceso en cantidad y calidad suficientes al líquido.
Actores como Rafael Inclán, Héctor Bonilla y Claudia Ramírez dicen rechazar "el dictamen ilegal de la iniciativa de la Ley General de Aguas que no cumple con el Derecho Humano al agua y no considera las propuestas por parte de la academia y la ciudadanía".
A partir de la premisa “Yo necesito agua para vivir, ¿y tú?”, estos artistas retan a la sociedad a involucrarse en un problema que compete a todos. El agua, sostienen, es la vida, y necesitamos una ley que la proteja. “Defiende tu vida, defiende tu agua”, exhortan.
“uno de cada 10 mexicanos no tiene agua en su casa y a tres de cada diez le llega poca agua y de pésima calidad”, expone Rafael Inclán. Del agua potable, 70 por ciento sigue contaminándose.
A cuadro, otros actores como Eduardo España y María Aura advierten sobre el problema generado por las presas. Éstas han provocado el desplazamiento de 18 mil mexicanos y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. Debido a ello, algunos países han decidido liberar sus ríos y derribar las presas, pero en México se siguen construyendo.
En el 2012, se reconoció en la Constitución Mexicana el derecho humano al acceso, almacenamiento y disposición del agua, y ahora se requiere de una nueva ley de agua que lo garantice.
El 5 de marzo, sin embargo, se aprobó el dictamen de la nueva ley, que lejos de ser garante del derecho al agua pretende “dar nuestra agua a empresas privadas para su administración”, advierten los artistas, entre quienes también se encuentran Alfonso Herrera, Giovanna Zacarías, Humberto Busto y Rubén Albarrán, músico de Café Tacvba.
En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, se implementó el esquema de inversión privada para el servicio de suministro de agua, “pero hasta que se dieron cuenta de que estas empresas sólo buscaban su beneficio propio, ganancias económicas” fue que el agua volvió a ser de control público, indican.
La exigencia de los actores es “una ley que proteja nuestros ríos, bosques y campos”, que controle y disminuya la contaminación, procure el saneamiento del líquido, garantice una buena calidad y cantidad de agua, así como que en su manejo se incluya a la ciudadanía desde su planeación, así como que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil.
El video fue publicado en el portal www.aguasconelagua.mx/#, en el que se convoca a los mexicanos a firmar una petición para proteger el agua en México, que se encuentra en el link http://bit.ly/peticionagua.
Asimismo, se llama a enviar tuits a los líderes parlamentarios que decidirán la votación de la Ley: @MFBeltrones, @RicardoAnayaC, @AlonsoRaya_ y @ArturoEsc.
De igual modo, se remite a diversas direcciones web de organizaciones y movimientos de la sociedad para conocer más acerca del tema, tales como:
VÍDEO:
Inclusive, el dictamen aprobado da facultades a los gobiernos para impedir que, por ejemplo, una tribu se establezca cerca de un cauce porque podría “alterar el correcto funcionamiento del régimen hidráulico”.
Además de “institucionalizar la discriminación”, investigadores informaron que en la ley existen diversas irregularidades de fondo y de forma como: no existe un dictamen de costos: no habla de las inversiones ni de las ganancias; no determina cuáles son los proyectos “prioritarios” que requieren agua; no indica acciones para la preservación del recurso; se trata de una iniciativa que lleva dos años de atraso pero que fue votada “rapidísimo” sin consulta pública, demás de no ser trabajada en comisiones ni con ayuda de dependencias y organismos competentes.
Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, lamentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión, fijado en 2013 para legislar en la materia.
“No hay avances, lo que hace esta iniciativa es reproducir textos internacionales, principios, ejemplos, o fundamentos normativos del derecho humano al agua”, dijo.Argumentó que incluso la ley acepta que los pequeños poblados no tienen derecho al agua pero ahora, con la ley, muchos pueblos del sector rural legalmente no tendrán derecho al recurso.
En el Artículo 10 de la Ley se establece: “Servicio Público de Agua Potable: Conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable para el uso público urbano en los asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos”. Es decir, excluye por ejemplo, a los pueblos más alejados en la sierra Oaxaqueña o los habitantes de la selva de Chiapas.
Durante el foro “Agua: ¿derecho o privilegio?”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana, la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora de estudios internacionales, expresó que existe falta de información sobre la cantidad de agua que existe en las cuencas, sobre los estudios que se realizaron para evaluar la ley, además que no se saben aún los costos no sólo económicos, sino además culturales, naturales, ecológicos, entre otros.
“No hay información para la sociedad civil. Por ejemplo, en la propuesta se habla mucho de los proyectos que se consideran prioritarios o de interés público, y eso puede generar muchas dudas, porque ni siquiera se establece qué es prioritario o qué es de interés público. Entonces, en los proyectos que son intensivos en uso de agua como el fracking (fractura hidráulica) en algún momento el Estado podría decir que es prioritario o de interés público por beneficios económicos que se van a generar”, aseguró Soto.La también académica de la Ibero agregó que la iniciativa busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.
“Qué vamos a hacer para preservar el recurso?”, cuestionó. “La Ley no dice cómo se va a mantener el recurso. No vamos a poder garantizar el derecho humano al agua si de entrada no hay recurso”, explicó Gloria Soto.
INTERESES DISFRAZADOS
“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió.Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.
Expuso que “si esta ley se aprueba como está, se estaría disfrazando ciertos intereses que violan el derecho al agua”.
Finalmente, los expertos coincidieron que el tema de agua no es prioridad en las agendas de los funcionarios y políticos porque es una problemática que se usa para obtener votos e incluso para control de la población.
Explicaron además que los sectores más desprotegidos son los que pagan hasta 12 por ciento más agua, pues ante la carencia recurren a servicios de pipas que “especulan con el agua”.
Alejandra Rabasa expuso que fuentes de diversas cámaras le han dicho que la ley sí “va a salir y muy pronto”, aunque reconoció que no sabe con qué cambios.
“No sé a qué nivel de profundidad habrá cambios, no sé si habrá un replanteamiento […], pero la van a aprobar”, lamentó.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-03-2015/1287116.
“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, dice el documento publicado el 4 de marzo en el punto 1.2 referente al impacto ambiental.Funcionarios federales mexicanos y hasta medios de comunicación han rechazado que pueda existir un daño por el fracking, una práctica de extracción de gas shale que ha sido rechazada en muchos estados de la Unión Americana.
El 30 de agosto de 2014, en plena discusión sobre el tema, el discurso del Secretario de Semarnat, Juan José Guerra Abud, era otro. Entonces dijo que no se descartaba que la fracturación hidráulica ocasione daños ambientales porque “no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente”, pero “las ventajas que traerá el gas natural que se extraerá mediante esa técnica rebasan las consecuencias negativas”.
Y antes, el 28 de mayo pasado, dijo que las advertencias sobre fracking eran falsas y hasta lo alentó:
“Necesitamos hacer el fracking, porque necesitamos gas natural. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a cambiar el combustóleo y cómo dejaremos de usar otros combustibles más contaminantes?”
La Guía refiere además que existen más de 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, entre los cuales algunos se consideran cancerígenos, otros pueden afectar al sistema endócrino, causar daños en el sistema nervioso, o provocar alergias.
“Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de la lutita, como son metales pesados, metaloides, y metano lo que provoca reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos. Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón”, precisa el documento.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dijo que los criterios establecidos en la Guía son “suficientes y necesarios para prevenir, evitar y atenuar los impactos negativos” del fracking “como son la disminución de disponibilidad de agua, la contaminación de acuíferos, suelos y aire”.
Sin embargo, el grupo civil exhortó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a generar un marco regulatorio de la fractura hidráulica que genere certeza jurídica a todos los actores. ”Asimismo, le instamos a que retome el esfuerzo realizado por la Semarnat al haber elaborado esta guía, de manera que convierta los criterios ahí esbozados en requisitos vinculantes, vigile su observancia y sancione su incumplimiento”, refirió el Cemda.
De acuerdo con la Guía elaborada por la Semarnat junto a los riesgos existentes por el uso y contaminación del agua, existe la posibilidad de contaminación por radiactividad de aguas de retorno en los procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura hidráulica.
“La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo, entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como con otras substancias de este estrato geológico, altamente corrosivas o radioactivas, las cuales se mezclan y empiezan a cambiar la conformación de la mezcla inyectada, pudiendo llegar a concentraciones elevadas. Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes, construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que los seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo”, precisa el documento.Asimismo señala que la explotación del gas y aceite de lutitas puede contribuir a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano, carbón negro y bióxido de carbono, que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.
En cuanto a la pérdida de la biodiversidad, dice que “el desmonte de grandes áreas, la construcción de caminos, el intenso tráfico de vehículos, el polvo, el ruido e intensidad lumínica, pueden afectar a las especies vegetales y animales inhibiendo su capacidad reproductiva, de alimentación, de resistencia a condiciones adversas y a depredadores naturales”.
En sus Criterios Generales, la Guía redactada por la Semarnat dice que el operador petrolero debe definir la fuente que suministrará el agua para la extracción de los hidrocarburos contenidos en lutitas, consultando la disponibilidad de agua de las cuencas o acuíferos, determinada y publicada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“En caso de que la disponibilidad sea nula o insuficiente, podrá optar por la adquisición de derechos, el uso de agua residual o la importación de agua desde cuencas o acuíferos circunvecinos que cuenten con disponibilidad del recurso”, dice el documento.
El pasado 4 de marzo, mismo día en que se dio a conocer la Guía, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la propuesta para la nueva Ley General de Aguas; sin embargo, luego de diversas críticas tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles y ciudadanos en general, los legisladores pospusieron la discusión.
Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunciaron el día de ayer por la organización de un debate amplio, plural e incluyente sobre la iniciativa de la Ley de Aguas.
En un pronunciamiento dirigido a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, comunidad universitaria y opinión pública, los rectores José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, solicitaron que se escuchen las voces de todos los sectores del país, “a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.
Recordaron que los integrantes de las comunidades universitarias han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que, aseguran, “penalizan la realización de proyectos de investigación, favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.
Por su parte, organizaciones como Greenpeace han alertado que la propuesta que se pretende aprobar está “vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital”.
La organización internacional incluso expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.
En la fracción 56 del Artículo 10, de la Ley se plantea como uso industrial del agua a la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas y para cualquier proceso de transformación.
La sociedad civil ha alertado que dentro la definición del uso del fracking cabe sin problemas la fracturación hidráulica, a pesar de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de esta técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible.
En su Artículo 49 la Ley de Aguas plantea que el derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley: el mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a 50 litros diarios por persona.
Diversas organizaciones y activistas han denunciado que este artículo reduce “a un mal entendido” mínimo vital del agua, cuando de acuerdo con organismos internacional este mínimo por persona debe ser de cien litros diarios.
En el artículo 129 propone que la Conagua pueda otorgar concesiones totales o parciales para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.
Este artículo –han criticado diversas organizaciones– favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios; además alertan que este artículo permitiría concesionar megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades, como es el caso del acueducto Monterrey VI.
Según lo que plantea la fracción 26 del Artículo 267, la Conagua sancionará a quienes realicen “obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”.
En la Guía se señala que para determinar la existencia de acuíferos no identificados por la Conagua, el operador petrolero puede realizar exploración geofísica 3D, realizar registros geofísicos de pozos y caracterizar el subsuelo desde la superficie hasta la profundidad total de la perforación, para conocer la estratigrafía, la litología y la estructura geológica.
“La exploración geofísica permitirá definir el grado de fracturamiento natural de las formaciones comprendidas entre los estratos de lutita y los acuíferos. A fin de evitar controversias con la autoridad, es recomendable proporcionar los resultados de la exploración geofísica a la Conagua, con el fin de identificar los acuíferos y los posibles riesgos de afectación o en su caso la posibilidad de explotación de los mismos para la actividad”, refiere el documento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-03-2015/1284293.
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