ONG y académicos repudian iniciativa de Ley General de Archivos

CIUDAD DE MÉXICO: La iniciativa de Ley General de Archivos que presentó el Senado en noviembre pasado es un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues prevalecen los criterios políticos sobre las directrices técnicas y especializadas en el resguardo de los documentos, denunciaron organizaciones sociales y académicos.

En rueda de prensa, representantes de Artículo 19, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Red por la Rendición de Cuentas y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señalaron al menos siete puntos de la ley que pondrían en riesgo la conservación de la memoria histórica y, sobre todo, el acceso a documentos clave para entender el contexto de violaciones a derechos humanos y corrupción en las instituciones actualmente.

Ley General de Archivos no debe estar “supeditada a formas de control político”: UNAM

"Debe garantizarse el acceso a la documentación histórica y la misma debe preservarse intacta", sostiene.

Ante el proceso de discusión sobre una Ley General de Archivos, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México llamó a “impulsar una política de autonomía en materia archivista, respaldada por un presupuesto suficiente que asegure… la implementación de una política pública que no esté supeditada a formas de control político”.

En un desplegado, indicó que los “archivos históricos deben ser públicos y de interés general y deben considerarse fuentes de acceso público”. Por ello, “debe garantizarse el acceso a la documentación histórica y la misma debe preservarse intacta”.


El documento:

a28e55-1d63007 by Anonymous U4DCDoDeeV on Scribd

  a28e55-1d63007 by Anonymous U4DCDoDeeV on Scribd

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/ley-general-de-archivos-no-debe-estar-supeditada-a-formas-de-control-politico-unam/

Ley de Archivos, diseñada para la impunidad

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno federal –tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo– diseñó un complejo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ante los múltiples y graves escándalos de corrupción y conflictos de interés que involucran hasta al presidente Enrique Peña Nieto, prominentes miembros de su gabinete y una interminable lista de gobernadores y exgobernadores, implicados en tramas para apropiarse de los recursos estatales.

El 18 de julio pasado, Peña Nieto promulgó la legislación que le da vida a dicho sistema. En ese acto pidió disculpas a los mexicanos por la indignación que desató la llamada Casa Blanca: “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error (…) lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.

Pero el mayor problema es que el presidente y sus legisladores lograron minar todos y cada uno de los subsistemas que componen el SNA para asegurar su fracaso y, por lo tanto, garantizar su inmunidad.

Promulgaron una Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que fue catalogada en septiembre pasado por el Centro para la Ley y la Democracia como “la mejor ley del mundo” en la materia… pero se aseguraron de conformar un órgano de gobierno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que fuera “cómodo, manejable y tolerable” (Proceso 1957) para las autoridades y sus socios.

Quienes pergeñaron el sistema “soltaron” la presidencia del Comité Coordinador del SNA, pero se aseguraron de conservar el poder al rodearlo de funcionarios públicos que, aunque sujetos a procesos de designación legislativa, resultan controlables y leales: allí estarán el presidente del INAI; la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, priista y fiel servidora del presidente; el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que será designado por el fiscal general, Raúl Cervantes, priista, primo del consejero jurídico de la Presidencia y abogado de Peña Nieto cuando fue candidato presidencial.

Y, desde luego, también se cuidaron muy bien de limitar las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana. Así honraron la palabra presidencial de promulgar la normatividad necesaria, pero se aseguraron de que el SNA “no cumplirá con los objetivos establecidos formalmente en las exposiciones de motivos de las iniciativas y dictámenes respectivos y, por ende, no reducirá ni la corrupción ni la impunidad” (Proceso 2068).

Para ponerle el último clavo al ataúd del SNA, se disponen a aprobar una Ley General de Archivos que, entre otras cosas, deja el control del Consejo Nacional de Archivos a la Secretaría de Gobernación, la valoración de los documentos a los mismos sujetos obligados, y no establece límites temporales para la caducidad de la divulgación de los datos personales ni para las transferencias de los documentos a los archivos históricos.

Estos “detalles” pueden provocar que, con criterios estrictamente políticos, se decida qué documentos destruir y cuáles conservar, y censurar la información de los que elijan almacenar, pues con el pretexto de la protección de datos personales podrán testar nombres y demás datos que se consideren personales, o simplemente dificultar su consulta al mantenerlos indefinidamente en los llamados archivos de concentración.

Con el proyecto de ley que se debate en el Senado el Archivo General de la Nación podrá continuar censurando los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, que dan cuenta de las atrocidades cometidas por dicha dependencia y el gobierno federal durante la Guerra Sucia. Se podría llegar a la aberración de que no se pudieran conocer los datos personales de los héroes de la Independencia y la Revolución.

Pero, desde luego, lo más importante es que el SNA resulte totalmente nugatorio ante la ausencia o censura de los documentos que permitan identificar, tipificar y sancionar las irregularidades y los delitos de los servidores públicos.

Así que aunque hoy la normativa obliga a las autoridades a documentar todos los actos y decisiones realizados en el cumplimiento de sus atribuciones, ahora podrán desaparecer o censurar dichos documentos, con lo cual la primera disposición pierde todo sentido. No habrá evidencias que permitan establecer las responsabilidades y, por ende, sancionarlas.

La legislación en materia de archivos es crucial, porque es el punto de partida de cualquier sistema de rendición de cuentas; es el insumo indispensable para los otros dos subsistemas: de acceso a la información y de combate a la corrupción. Si hay una buena legislación y un buen sistema en materia de archivos, las debilidades y carencias de los otros dos subsistemas pueden corregirse en el futuro, habrá materia prima para reconstruir la historia y, posiblemente (si todavía no han prescrito), sancionar los delitos, desviaciones y atropellos de los servidores públicos.

Y al contrario: pueden tenerse los mejores subsistemas de transparencia y rendición de cuentas, pero sin archivos serán inútiles, pues no habrá materia prima para trabajar. La ausencia de documentos y evidencias que permitan reconstruir la historia hace totalmente inservible el resto de la estructura.


Precisamente por ello no es sorpresivo que el actual gobierno haya dirigido sus peores misiles contra este subsistema. Aquí no hay concesiones: no es una buena legislación con una mala aplicación. Es la elaboración de una legislación a modo, el control absoluto de la estructura y, desde luego, de su instauración. Aprovechando que el tema no es tan sugerente como la transparencia y el combate a la corrupción, dejaron atrás las simulaciones y revelaron sus intenciones: dinamitar el sistema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464859/ley-archivos-disenada-la-impunidad

Una iniciativa propone dar a Gobernación el control de los archivos históricos del país

La propuesta para la Ley General de Archivos crea un Consejo Nacional que se haría cargo de la política para la conservación de los archivos del país. Expertos insisten que esa autoridad no puede ser política sino técnica para garantizar la transparencia.

La memoria histórica del país está en riesgo, según expertos en transparencia que exigieron al Senado no aprobar la iniciativa de Ley General de Archivos que da control sobre la política archivística del país a la Secretaría de Gobernación.

Según la propuesta que se presentó el pasado 17 de noviembre en la Cámara Alta, el Consejo Nacional de Archivos, a cargo de crear y dar seguimiento a lineamientos y criterios para archivar los documentos generados por los tres órdenes de gobierno, estaría presidido por esa Secretaría; además de que el Archivo General de la Nación continuaría, como hasta ahora, bajo su control.

En una postura conjunta, organizaciones civiles y expertos en archivística dijeron este martes 29 de noviembre que la Ley General de Archivos no debe permitir regresiones como las que se proponen en la iniciativa actual, en la que está en riesgo que los archivos desaparezcan por cuestiones políticas al dejarlos en manos de la Secretaría de Gobernación.

Exigieron frenar la aprobación de la Ley en los términos actuales y que el Senado acepte una discusión amplia para lograr una mejor legislación que no ponga en riesgo la memoria del país. “En esos términos, preferimos que no se apruebe ninguna ley”.

“No hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos que no sea la del poder político.

Si esta Ley General de Archivos se aprueba en sus términos, sin matices y sin reservas, consideramos que es una regresión política”, dijo el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino.

El investigador agregó que los términos de la iniciativa representan “una de las más graves amenazas para el sistema de transparencia y de combate a la corrupción”.

Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, explicó que dejar en manos de la Secretaría de Gobernación el futuro de los archivos del país implica cerrar la puerta a la sociedad al acceso a documentación de casos de masacres y violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato o Apatzingan.

Ruelas explicó en conferencia de prensa que los archivos que están en riesgo incluso podrían mostrar cadenas de mando que ordenaron desapariciones forzadas en distintos momentos del país o la comisión de violaciones a derechos humanos.

El artículo 60 de la Ley indica que el Consejo Nacional de Archivos estaría encabezado por el Secretario de Gobernación e integrado por otros funcionarios como el titular de la Secretaría de la Función Pública, un diputado, un senador, y un comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Pero los especialistas en transparencia y archivística indican que la composición del Consejo no responde a una cuestión técnica y de experiencia en el tema, por lo que está en riesgo que la conservación de documentos sobre hechos clave para el país esté sujeta a criterios y control políticos. Los lineamientos para archivar esa información dependería de autoridades gubernamentales y no de criterios que garanticen la mejor y más eficiente conservación.

En el caso de las entidades federativas, que tendrían un Consejo local, éste estaría dirigido por los secretarios de gobierno del mandatario en turno.

“En los archivos se conserva la memoria de la actuación de cada uno de los servidores públicos del país y en donde se conserva la evidencia que en su caso debe ser usada por el Sistema Nacional Anticorrupción, para poder atajar el fenómeno de la corrupción.

“No podemos permitir que se roben nuestra memoria histórica”, dijo Merino este martes.

“Fortaleza institucional”, el motivo para dar poder a Segob

El argumento principal para dejar el control de la política archivística del país en manos de la Secretaría de Gobernación es “la fortaleza institucional” de esa dependencia de Gobierno, confirmó el lunes por la tarde el coordinador de asesores de la Oficina de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Arely Gómez.

Insistió en que su papel como “encargada del desarrollo político del país” y su responsabilidad de conducir las relaciones entre el Poder Ejecutivo con los otros poderes y otros niveles de gobierno, permitirá una convivencia “armónica” y de persuasión para implementar una nueva política de archivos.

Pero la sociedad civil y expertos en el tema ven en esa “fortaleza institucional” y poder político el principal conflicto.

Documentos históricos, en riesgo

La propuesta de ley también incluye un artículo transitorio que señala que los archivos históricos serán revalorados en los siguientes dos años, en el caso de instancias federales; o en tres años para el caso estatal, una vez promulgada la legislación.

Los expertos insistieron en que revalorar los documentos que ya están catalogados como históricos abre la puerta para que éstos sean destruidos o desaparecidos “por causas políticas”, según intereses de funcionarios y políticos que desean que cierta información documental se pierda.

Las organizaciones civiles explicaron este martes que esta “revalorización” que propone el artículo 14 transitorio implica cerrar información con el pretexto de revisar su valor histórico y, en ese proceso, desaparecerla o censurarla para siempre.

“A mí me parece que se trata de una cosa peligrosísima (…) sería una oportunidad para expurgar documentos en el mejor estilo de las quemas de códices del Siglo XVI”, criticó el doctor Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Más de cuatro mil investigadores firmaron un desplegado insistiendo en que ese artículo “constituiría un daño irreparable” a la memoria colectiva.

Al respecto, la senadora del PAN, Laura Rojas, prometió el lunes que ese artículo transitorio se revisaría y que, más bien, presenta un “problema de redacción” que será corregido.

“La intención de ese artículo no es hacer una revaloración de los archivos que ya han sido valorados como históricos; sino ordenar los archivos para que solamente estén en un archivo histórico los archivos que sean realmente históricos”.

El 17 de noviembre se presentó en el Senado la iniciativa de la Ley General de Archivos que debe ser creada según el mandato de la Reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información que fue aprobada en 2014.


Como parte de esa reforma, esta ley complementa la operación de un Sistema Nacional de Transparencia junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/gobernacion-controlaria-los-archivos-historicos-del-pais-gracias-una-iniciativa-discute-senado/

Piden modificar proyecto que otorga a SG control de archivos

Ciudad de México. Durante las audiencias públicas sobre la Ley General de Archivos, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron por modificar el proyecto legislativo ya que le otorga a la Secretaría de Gobernación el control político de los documentos y la información.

El presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación e investigador del CIDE, Mauricio Merino, advirtió que aprobar la ley en sus términos, sería una grave amenaza de regresión política para el país y para el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrpución.

En su intervención, en el Senado, Merino sostuvo: “no hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, que no sea la del poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación desde todos los espacios que tenemos a nuestro alcance, deje de ser una dependencia dirigida por la Segob”.

Asimismo, abundó, es una de las más graves amenazas de regresión política, si se aprueba como ha sido presentada sin matices y sin reservas. Es una regresión porque los archivos son la base del Sistema Nacional de Transparencia y del combate a la corrupción, donde se conserva la evidencia.

En su oportunidad, Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva por la Red y Rendición de Cuentas, criticó que con esta ley, la política nacional archivística quede en manos de políticos. “Perdonen la metáfora, pero se quería un Ferrari y nos están dando un vocho destartalado, lo peor de todo es que el Archivo General de la Nación quiere ser vocho”.

Asimismo cuestionó el poder que se pretende otorgar a Gobernación sobre manejo de los documentos y criticó que se pretenda incorporar al consejo a los 32 secretarios de los gobiernos de los estados. “Siempre fuimos enfáticos en establecer que no se podía dejar la decisión de la política de archivos en manos de políticos”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórica de la UNAM, Alfredo Ávila, expuso su preocupación por la mala redacción de la iniciativa y llamó la atención de que de aprobarse la ley como ha sido presentada se pone en riesgo la conservación de los archivos históricos.


En tanto, la ex directora general del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez, de igual forma impugnó la propuesta que fue presentada la semana pasada por las senadoras, la priísta Cristina Díaz, la panista Laura Rojas y el perredista Zoé Robledo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/28/piden-modificar-proyecto-que-otorga-a-sg-control-de-archivos