Esta iniciativa la presentó la semana pasada el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Transparencia Mexicana (TC), y propone la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario.
De esta manera, el “Caucus Legislativo”, integrado por diputados y diputadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, instalaron un módulo para recabar firmas y así impulsar esta iniciativa que busca transparentar las declaraciones y evitar conflicto de interés.
El “Caucus Legislativo” es un grupo plural de diputados creado en diciembre pasado, que tiene como objetivo analizar los temas de transparencia y anticorrupción, así como intercambiar información con especialistas y organizaciones sobre dichos temas.
En la instalación del módulo, la diputada panista Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, calificó la iniciativa como vanguardista porque busca combatir los actos de corrupción.
Hoy me he sumado a la iniciativa de Ley 3 de 3 que busca prevenir y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos #Voy3de3— Lucy Meza (@lucymeza07) febrero 11, 2016
En tanto, el perredista Francisco Xavier Nava Palacios, vocero de ese grupo parlamentario e integrante del “Caucus Legislativo”, enfatizó que la iniciativa promueve la transparencia pero también sanciona la corrupción, lo cual es necesario para evitar la impunidad.
Explicó que la iniciativa ciudadana requiere de 120 mil firmas para poder ingresar a la Cámara de Diputados, pero si no se logra el objetivo -aseguró- la promoverán mediante otros mecanismos, como el derecho de petición, para que se discuta en el actual periodo de sesiones.
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, firmó el formato para apoyar la iniciativa y recordó que desde que se dio a conocer la respaldó.
Entre los puntos clave establece que se dé seguimiento con auditorías a la información que proporcionen los funcionarios públicos respecto a las declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
Prevé también la creación de una “lista negra de corruptos” o un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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