Distintas organizaciones consideran que existen entre 262 y 386 mil mexicanas y mexicanos que han tenido que huir de sus hogares por la violencia. Tan sólo entre junio y julio de este año, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán ha advertido del desplazamiento de más de 800 personas en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, debido a enfrentamientos entre grupos armados, entre ellos cédulas del crimen organizado.
En septiembre se cumplirán tres años desde que el Senado de la República tiene en la “congeladora” la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, que expertos y organizaciones como Naciones Unidas (ONU) han señalado como una herramienta esencial para el reconocimiento y la atención de las más de 380 mil víctimas que han sido forzadas a huir por violencia, discriminación u otros factores, que hay en el país.