En septiembre se cumplirán tres años desde que el Senado de la República tiene en la “congeladora” la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, que expertos y organizaciones como Naciones Unidas (ONU) han señalado como una herramienta esencial para el reconocimiento y la atención de las más de 380 mil víctimas que han sido forzadas a huir por violencia, discriminación u otros factores, que hay en el país.

La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.

La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.