Un juez federal frenó provisionalmente los efectos de la reforma minera aprobada por la presente administración, aunque la medida sólo beneficia a una empresa dedicada a este sector y todavía puede ser impugnada por el gobierno federal.

El juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis, concedió la medida provisional a favor de la compañía Cobre del Mayo, que acreditó tener pendientes diversas solicitudes de concesiones mineras.

Algo tiene esta tierra árida que resulta benevolente. Huitziltepec es una pequeña comunidad nahua de no más de seis mil habitantes, pertenece al municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, y es de las que más maíz produce en el estado. Cada hectárea provee de seis a siete o hasta ocho toneladas, cuando el promedio estatal es de 2.79 toneladas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma se detuvo en Senado para revisión y apuntó que algunas empresas estaban inconformes.

A pesar de que el cabildeo de la industria extractiva en el Congreso logró ajustes a su favor para obtener agua de laboreo y seguir especulando con las concesiones, el Gobierno federal enfrenta el reto de aplicar la recién aprobada Ley Minera tanto a los empresarios más ricos de México, Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y la familia Baillères (Peñoles), como a las compañías canadienses, que concentran la mayoría del capital extranjero del sector, planteó el colectivo Cambiémosla Ya.

La Ley en materia minera que el Senado aprobó en la madrugada del sábado actualiza la legislación salinista que durante tres décadas priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho humano al agua, al medio ambiente sano y al territorio.

Con dispensa de todos los trámites, por considerarla “de urgente resolución”, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, a la medianoche del 20 de abril de 2023, una iniciativa para reformar las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico; y la de Protección al Ambiente.

El proyecto aprobado modifica de hasta 30 años hasta 80 años el período de las concesiones mineras y de 5 a 30 años el plazo inicial de las concesiones de agua para dicho sector.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció la iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes secundarias propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “ya que tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia”.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, señaló que la propuesta del Presidente “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la Ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es probable que le alcance el tiempo para analizar modificaciones a la Ley Minera, aunque se enfocó en enfatizar que no quitará ninguna de las concesiones que se tienen hasta ahora.

Durante su visita al Senado a un foro sobre pueblos indígenas, José Pablo Antonio, un mixe afectado por la minería en Valles Centrales, Oaxaca, lamentó que los legisladores “no quieran abordar” una reforma a fondo de la Ley Minera, surgida en el salinismo y que durante tres décadas ha beneficiado a las empresas y pisoteado derechos humanos como recientemente se evidenció con los mineros atrapados en un pozo carbonero en Coahuila.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este miércoles, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de la reforma a la Ley Minera aprobada ayer en el Congreso de la Unión, la cual pretende proteger las reservas de litio en territorio mexicano.

De acuerdo con lo difundido en el documento, se reforman los artículos 1; 9, párrafo primero; 10, párrafo primero; y se adicionan un Artículo 5 Bis y un párrafo tercero, recorriéndose los actuales párrafos tercero y cuarto al Artículo 10 de la Ley Minera para declarar de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio.

Apenas el lunes, el Senado recibió de la Cámara de Diputados la iniciativa para su análisis, discusión y votación. En tiempo récord de apenas un día, la iniciativa sobre el litio, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, fue aprobada.

Con 87 votos en favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 19 de abril, en lo general y los artículos no reservados, la reforma a la Ley Minera para regular el litio, cuya exploración y explotación quedará en manos del Estado.

Las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron la reforma a la Ley Minera, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen fue admitido este martes con 15 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra.

Diputados de la mayoría, de Morena, Partido del Trabajo y Verde de México, votaron hoy en menos de cuatro horas la nacionalización del litio a través de la aprobación de la ley minera, en lo general y en lo particular.

La iniciativa para reformar y adicionar diversos preceptos de la Ley Minera, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para “proteger” el litio mexicano, fue publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, integrada por 15 comunidades indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca, se sumó al llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la Ley Minera debido a que violenta “nuestros derechos colectivos”.

En 2020, la Asamblea chontal ganó un amparo contra la concesión de la minera Zalamera, filial de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, en el territorio de Santa María Zapotitlán, Oaxaca.

El colectivo #CambiémoslaYa llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que «hagan historia» y resuelvan en favor de la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, en el juicio que litiga contra las concesiones mineras otorgadas en su territorio y contra la Ley Minera.

La SCJN inicia este 2 de febrero la revisión para resolver en el juicio iniciado por la comunidad de Tecoltemi, ante la entrega de dos concesiones mineras en sus territorios por parte de la Secretaría de Economía.

El próximo 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si la Ley Minera, que prioriza la minería por sobre los territorios y fue avalada sin haberse consultado a las comunidades indígenas, viola los derechos de los pueblos y ejidos.

La revisión de la norma es resultado de un amparo que la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, interpuso en 2015 contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras para una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almaden Minerals.

En el amparo, la comunidad exigió la cancelación de las concesiones otorgadas en su territorio, así como la revisión de la Ley Minera por violar sus derechos como pueblo y ejido indígena.

Pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos y ambientales lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la constitucionalidad de la Ley Minera, a pesar de que no se consultó de manera libre, previa e informada a las comunidades ni se respetó su derecho a la libre autodeterminación y al control de los recursos naturales.

«Esta decisión significa dar un paso atrás en la construcción del Estado pluricultural en el país y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades», señalaron en un comunicado el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre otras organizaciones.