La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 24 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es “preocupante por decir lo menos” el fallo citado. “Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contrario”.
Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.
En ese contexto, “para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.
Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.
Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.
Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.
El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que “es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años”.
Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, “porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos”.
Añadió que como REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles “y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ROSA ROJAS
