“En el mundo hay más personas desplazadas por presas que por guerras. En México, la cifra de desplazados siempre ha sido difícil de identificar. Se considera que hay alrededor de 200 mil desplazados por esta causa”, detalló el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez Rivas.
El investigador detalló que gran parte de estos proyectos afectan a las comunidades de forma directa o indirecta. En el país hay 4 mil 462 presas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de las cuales 667 están dentro de la categoría de grandes presas.
“Las presas se hacen normalmente en comunidades indígenas y campesinas, porque son los pueblos los que viven en las cabeceras de este país. Y otra, porque no tienen la posibilidad de frenar esos embates”, dijo Gutiérrez a SinEmbargo.
En México hay 11 millones de personas que no tienen acceso en sus hogares al vital líquido. Una condición de inequidad que afecta de forma especial a los pueblos indígenas, donde el 40 por ciento de las viviendas no tiene acceso al agua, detalló el investigador.
Por otro lado, las 98 presas más importantes del país almacenan 106 mil millones de metros cúbicos, según datos de 2010, publicados por la Conagua.
“Es terrible. Porque la política fundamental de la iniciativa Korenfeld [nombrada así por el ex titular de Conagua David Korenfeld] es la de las presas. Está muy incentivada a la construcción de megaobras, presas y trasvases, por parte de la iniciativa privada”, dijo Gutiérrez.
La investigadora Mónica Olvera Molina de la UNAM detalla en la tesis Conflictos por el uso del agua en las políticas de escala de la configuración terriotrial de grandes presas hidroeléctricas en México que hasta el año 2006 hubo 185 mil 690 desplazados por la construcción de presas.
LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD NÁYERI
La construcción de presas, o hidroeléctricas, constituye en muchas ocasiones una expropiación de facto del agua. “La escasez afecta su reproducción social, que entre otras situaciones es tangible en la falta de alimentos y de salud, porque el río pierde la vida”, refiere la investigación.
Este fenómeno estaría a punto de afectar a la comunidad indígena náyeri asentada en cinco municipios de Nayarit. Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Nayeri, relató a este medio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea la construcción de una hidroeléctrica llamada Las Cruces, ubicada en el río San Pedro Mezquital.
“Nos empezamos a organizar cuando ya estaban en proceso los estudios de factibilidad de la presa. Se va a privatizar el agua. Se va a reglamentar el uso de todo lo que va quedar inundando, y la dinámica de vida va a cambiar ahí”, relató López.
El proyecto pretende abastecer a 1.48 millones de viviendas con electricidad y el 77 por ciento de la demanda del Estado. Sin embargo, la comunidad sostiene que se verá afectada. Y San Blasito, una localidad entera del municipio de Amatlán de Cañas, que cuenta con 500 habitantes se verá inundada.
“Ahorita cualquiera puede utilizar el agua, y además tenemos tierras fértiles en los márgenes de este río, que van a quedar inundadas. Pero, además, hay otras afectaciones que son incluso religiosas. Tenemos sitios sagrados, y hay centros ceremoniales, uno en el pueblo de Rosarito que sería inundado”, advirtió López.
Hasta ahora, las obras no iniciaron en enero como estaban previstas por falta de recursos económicos. Sin embargo, López teme que en medio de este aplazamiento las peticiones de la comunidad a las autoridades estatales no sean escuchadas.
Organizaciones civiles como Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) han acusado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de entregar el aval de los permisos ambientales sin un adecuado estudio de los impactos socioculturales.
En el mundo hay entre 40 y 80 millones de desplazados por la construcción de presas, de acuerdo con un reporte de la Comisión Mundial de Represas, que pertenece al Banco Mundial (BM) .
LA CONTAMINACIÓN
Los agricultores también resienten la combinación de megaproyectos. Enrique Anastasio Rivera Prado es miembro de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, en Sinaloa. Y prevé una contaminación del agua ya que en el río se construye la presa Santa María. La obra prevista para finalizar en el 2018 , se encuentra continua a un área de distritos mineros, advirtió.
“Pondríamos en riesgo el recurso vital del agua. No sólo para los ciudadanos. Sino que nos afectaría a todos los agriculturas tanto del sector social, como de los agricultores privados”, dijo durante su participación en el “Foro Cuencas Costeras, uso agrícola del agua y minería: construcción ciudadana para el buen gobierno del agua” realizado en Mazatlán a mediados de este mes.La presa, una de las promesas de campaña del Presidente Ernique Peña Nieto, cuenta con una inversión de más de siete mil 700 millones de pesos. En su momento el propio David Korenfeld anunció que sería construida para garantizar la sustentabilidad de la región.
“El hecho de que haya concesiones mineras pone en riesgo la principal actividad productiva de los municipios El Rosario y Escuinapa, que es la producción agrícola; pero también, afectaría la ganadería y hasta el turismo. Lamentablemente la ley de minas antepone el uso del vital líquido, a la ley del agua”, recalcó Rivera.
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
En el marco del día Mundial del Agua, organizaciones civiles agrupadas en la Coordinadora Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, sostuvieron que es necesario proponer una nueva Ley de Aguas Nacionales, que priorice la autodeterminación de las cuencas a los intereses privados. Sin embargo, acusaron que la Conagua sigue trabajando con base en la llamada ley “Korenfeld”.
“La iniciativa señalaba que el derecho al agua no era de las personas, sino los asentamientos regulares. Esos son aquellos ya consolidados, como puede ser una ciudad. Pero los irregulares no eran titulares del derecho al agua. Ni las personas en general. Entonces, claro, personas que viven en poblaciones aisladas, de 500 personas, esas ya no cuentan. Lo cual es una aberración”, dijo Gutiérrez.
Bajo este esquema, dijo el investigador, sólo podrían adquirir agua aquellas poblaciones con capacidad de pagarla.
“Es un negocio con el que las multinacionales se hacen millonarias, entre ellas Aguas de Barcelona, Suez y Vivendi que están intentando abrir el negocio del agua en el país, respaldadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, detalló.
Dichas agencias de financiamiento internacional, aseguró, velan porque los Gobiernos abran sus mercados del agua y la reducen a un valor económico.
Hasta ahora la equidad en los servicios del agua no ha sido garantizada por parte del Gobierno. Se estima que hay alrededor de 4 mil metros cúbicos de agua disponible por cada mexicano. Pero la distribución es desigual.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que dentro de las entidades con menor servicio de agua entubada están Chiapas con el 87.2 por ciento; Veracruz, 86.8 por ciento; Oaxaca, 85.5 por ciento; y Guerrero con 84.6 por ciento.
Por otro lado, las que mayor acceso tienen son Aguascalientes con 99.1 por ciento; Colima, 98.8 por ciento; Ciudad de México, 98.6 por ciento; Nuevo León, 98 por ciento; y Jalisco, 98.1 por ciento.
“Tenemos que operar no a partir de criterios de competencia y de eficacia, sino a partir de criterios de distribución equitativa, reconocimientos de las gestiones comunitarias y participación ciudadana en las decisiones”, sostuvo Gutiérrez. La discusión de la Nueva Ley de Aguas Nacionales está prevista para el próximo periodo de sesiones que inicia el segundo lunes de agosto.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-03-2016/1638918