La SCJN da revés al Artículo 230 de la Ley Telecom que discrimina lenguas indígenas

El amparo sienta un precedente para las lenguas indígenas en el país. El Artículo 230 guardaba una disposición discriminatoria y que atentaba contra los derechos básicos de la libertad de expresión, de acuerdo con agraviados y expertos.

Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron el día de hoy en contra del Artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecía que en programas televisivos y radiofónicos tendría que hablarse en el “idioma nacional”, entendido como el español, dejando el uso de lenguas indígenas a medios de comunicación de uso indígena.

Dicho amparo fue promovido Mardonio Carballo,  poeta, actor y periodista en español y náhuatl y se sumaron diversas radios comunitarias y personajes que ocupan espacios en medios de comunicación.

“Ganamos 5-0. Fallo de la SCJN nos otorga amparo contra Artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones. Sentamos un precedente #TodasLasLenguasEnTodosLosMedios”, escribió Mardonio en su cuenta de Twitter.

El Artículo 230 establecía que “en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. En caso de que las transmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias”.

La disposición se contrapuso a otras leyes vigentes; por ejemplo el Artículo 23 y el 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de marzo de 2003, que es donde desaparece el enunciado “lengua nacional” en singular y se establece en su artículo 4 el reconocimiento de sus lenguas indígenas y el español como “lenguas nacionales”.

El artículo sólo dejará de tener vigencia pero continuará dentro de la ley, como lo explicó, previo al fallo, la especialista en telecomunicaciones Aleida Calleja, pero consideró que a pesar de eso, sienta un precedente sobre la veracidad de las alertas que se emitieron desde 2014 contra algunos artículos de la ley que atentaban contra los derechos humanos.

En entrevista previa, para SinEmbargo, Mardonio Carballo se cuestionó sobre el origen de esta ley y las razones para las que fue elaborada la Ley y nombró como “irrenunciable” el reconocimiento y uso de las lenguas indígenas en cualquier ámbito de la vida pública mexicana, derecho que la sociedad ha ganado con los años, “a los indios no se nos ha regalado nada. Todo lo hemos tenido que pelear”.

“Cuando nos enteramos en 2014 del artículo 230 de la Ley, fue sorpresivo en tanto que hay una Ley de Derechos Lingüísticos, que otorgó el carácter de lenguas nacionales. No hay una lengua nacional, hay lenguas nacionales, donde el castellano o español, es una de las más de 60 lenguas nacionales que existen en este país”, dijo.

En lo que respecta a la parte del artículo que reserva el uso del resto de las lenguas a medios de uso indígena, señaló que se detecta un dejo de ignorancia o cierto paternalismo, al usar frases como “sin prejuicio” de los pueblos indígenas, “hay como cierta buena onda, ‘no vamos a perjudicar a los indios, no hay bronca, ellos pueden seguir hablando su lengua en donde así esté permitido’. Equivale a hacer una reservación en el espacio radioeléctrico mexicano para las lenguas indígenas, ‘allá si, allá en el cerro está bien, en su rancho, en su pueblo’”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-01-2016/1602655

Las nuevas cadenas de TV, para los amigos

Ocho grupos empresariales participaron en la competencia por manejar a partir del próximo año dos cadenas de televisión digital terrestre. Algunos de ellos le resultaban incómodos al sistema, otros tenían impedimentos legales y unos más se vieron obligados a recular a raíz del escándalo de la Casa Blanca de las Lomas. Quedan en la carrera sólo tres grandes empresarios que comparten una característica: su incondicional acatamiento a la visión oficial de la realidad.

MÉXICO, D.F: De los ocho grupos que se apuntaron para la licitación de las dos cadenas de televisión digital terrestre, sólo tres de origen radiofónico y clara alineación oficialista pagaron la “garantía de seriedad” para participar en la pugna final, cuyo desenlace se dará a conocer en marzo de 2015: Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña; Grupo Tepeyac, de Mario Vázquez Raña; y Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre.

Los tres de origen radiofónico, los tres claramente alineados a la visión oficialista de la realidad y ninguno de los cuales será una amenaza para la amplia concentración que representa Grupo Televisa, que tiene más de 60% de las frecuencias y 70% del mercado publicitario de televisión abierta con un valor de 36 mil millones de pesos anuales, coincidieron los especialistas Ramiro Tovar y Jorge F. Negrete, consultados por Proceso.

“Los postores garantizan una visión oficialista. Ninguno se caracteriza por una postura crítica al gobierno en turno”, advierte Negrete, director de Mediatelecom, y considera que al menos Grupo Mac, de Luis Maccise, y Grupo Lauman, de Manuel Arroyo, “se retiraron por razones políticas” pues “a ambos se les vincula directamente con el Ejecutivo federal”.

Para distintos especialistas su retiro fue consecuencia del escándalo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que debió cancelarse ante el conflicto de interés entre Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, y el grupo de poder mexiquense. Al menos el Grupo Mac –propietario de Radio Capital, de decenas de medios impresos y que recientemente adquirió Reporte Índigo y 70% de Efekto TV– tiene una larga relación como contratista del gobierno del Estado de México y su propietario, de compadrazgo con el presidente Enrique Peña Nieto.

Para Tovar los tres postores finalistas no constituyen “el universo deseable” porque desde el principio las autoridades “protegieron la licitación, pusieron barreras de entrada y eliminaron una competencia creíble y efectiva” frente a Grupo Televisa. De entrada ni América Móvil, de Carlos Slim, ni Grupo MVS, de Joaquín Vargas, participaron en la licitación ni tampoco ningún grupo de otro país, dado el candado constitucional que limita a 49% la inversión extranjera en radiodifusión…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1987 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

“Reforma telecom: corte de caja”

Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos, señala Levy.

Hace un año y medio entró en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (“Reforma”) que fue incluida en el paquete de las reformas estructurales que prometen cambiar a México, mover a México. ¿Sus objetivos?:

1) Acabar con la brutal concentración que desde hace décadas tenemos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; para ello incluyeron la figura de la preponderancia.

2) Apuntalar los derechos fundamentales, particularmente el de información; entonces fue programada la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital comercial, fue incluida la facultad para limitar la propiedad cruzada de medios, se habló de garantizar frecuencias para medios sociales (comunitarios e indígenas), así como la obligación de crear un organismo descentralizado para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro que garantizara libertad editorial y autonomía financiera, entre otras cuestiones.

3) Promover la competencia y establecer nuevas reglas para la convergencia, a fin de que las empresas presten todos los servicios que técnicamente posibiliten sus redes; para eso se estableció la concesión única.

4) Recibir nuevas inversiones y multiplicar los prestadores de servicios; para lograrlo se planea democratizar insumos esenciales a través de la creación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz, junto con la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

5) Desarrollar un amplio catálogo de derechos de los usuarios y de las audiencias en la ley secundaria –incluyendo el derecho de réplica-, así como los mecanismos para su defensa.

El vehículo para aterrizar todo esto sería doble, según la propia Constitución: por un lado, la expedición de una ley que transformara la Reforma en derechos, obligaciones y herramientas concretas para materializar lo en ella expuesto y, por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones sería sustituida por un organismo constitucional autónomo integrado por las personas más calificadas, elegidas mediante un proceso totalmente transparente.

Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos. Así fue como la preponderancia terminó siendo una ficción en la ley secundaria, una figura que sorprende incluso a las teorías más trasnochadas de la competencia económica. Pero la cosa no quedó ahí, a este diseño fallido de preponderancia se sumó la invitación a tener mayor concentración en diversos servicios gracias a la inclusión del noveno transitorio en la ley secundaria. Además, algunas de las obligaciones asimétricas parecen maquilladas, ahí tiene usted la oferta pública de América Móvil para uso de su infraestructura que increíblemente no incluye tarifas, y qué decir de la oferta de Televisa que ni siquiera ha sido publicada.

Por otro lado, la licitación de dos cadenas de televisión ha decepcionado a nacionales y extranjeros pues solo 3 postores han decidido pasar a la segunda etapa en un proceso licitatorio que será definido por el criterio económico y que se ha desarrollado en condiciones no muy positivas: incertidumbre en el programa de apagón analógico, integración vertical  ahora legalizada por el noveno transitorio, reglas de propiedad cruzada inútiles, inversión extranjera limitada a 49%, incierta utilización de la infraestructura del preponderante Televisa, así como presiones políticas y mediáticas. Además, el organismo descentralizado de radiodifusión fue concebido más oficialista que público, su órgano decisorio es controlado por el propio Gobierno Federal. Los medios sociales han sido drásticamente limitados en su financiamiento e insumos, y se omitió -nuevamente- legislar sobre derecho de réplica.

La concesión única -que garantizaría la convergencia- se ve cada vez más utópica para los actuales operadores. El proceso, a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones, para desarrollar la red compartida mayorista, va tarde y es opaco, como si no se hubieran enterado de lo que está pasando con la licitación del tren México-Querétaro. La red troncal de CFE no se ha ampliado ni un kilómetro. Los usuarios y audiencias seguimos huérfanos ante la perpetuación de un esquema institucional que ha demostrado insistentemente no funcionar. Todo esto debido a una ley secundaria que llegó 8 meses tarde violando el plazo impuesto por la Constitución, y que descremó muchas de las promesas que se leían en la intención y en la letra del texto constitucional, pifia intencional sin lugar a dudas.

Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso de integración dejó mucho que desear por lo que hace a la transparencia y probidad de quienes lo condujeron, ha sido torpedeado desde su génesis por factores exógenos y endógenos: la propia legislación invade sus facultades constitucionales y le atribuye tal carga de trabajo en tan poco tiempo que asegura su incumplimiento, una pobre calidad de sus resultados o ambas cosas. Ha sido fuertemente atacado por algunos legisladores que quieren mantener a sus comisionados amedrentados para que favorezcan sus agendas políticas y las de sus patrocinadores. Pero el principal elemento contra el IFETEL es endógeno: el recato de sus integrantes que llevó a la no interposición de la controversia constitucional contra la ley secundaria que defendería su autonomía y a la propia institución; esa cautela que, de seguir así, dará como resultado interpretaciones jurídicas poco osadas, que se traducirán en decisiones conservadoras tomadas detrás de la línea que marcan al Instituto los intereses políticos y empresariales como zona de confort y de contención. Afuera estamos los usuarios, afuera está la sociedad.

La adquisición de Iusacell por ATT, tres postores en la licitación de las nuevas cadenas de televisión y millones de televisores que están siendo entregados dentro de cajas de cartón con el logo priista impreso de “mover a México”, son los íconos que hasta ahora representan la reforma en telecomunicaciones. Es patético.

En la sobremesa.


Ya han sido designados por unanimidad del Pleno del Senado de la República los 9 miembros de Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de entre 19 aspirantes: Ernesto Velázquez, Enrique Lazcano; Lidia Camacho, Javier Esteinou, Raúl Quintanilla, Carmen Ortega, Lourdes Barbosa, Coral Castillo y Nora Patricia Jara. Enhorabuena.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ EL UNIVERSAL
AUTOR: IRENE LEVI.

Ley Telecom: muerte a la privacidad

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

IMAGEN TOMADA DEL
SITIO DE PROCESO.

MÉXICO, D.F: Lo que no se había podido hacer con leyes específicas (como las ocurrencias en Nayarit y Veracruz), la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha cumplido con el propósito de tener acceso a nuestros correos electrónicos, llamadas telefónicas y geolocalización, dejando sin efecto derechos humanos fundamentales. Veamos.

Primero. El artículo 189 de ese ordenamiento es bastante grave para la vida privada de las personas. De entrada, en sus dos primeros párrafos señala: “Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y (de) recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

Todos ganan

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

La decisión de Salinas Pliego de recuperar el 50 por ciento de Iusacell que vendió a Televisa beneficia a ambos. Televisa se ahorra sanciones del IFT y Grupo Salinas podría conseguir un socio de clase mundial.

IMAGEN TOMADA DEL SITIO
DE REPORTE INDIGO.

La aventura Televisa-Azteca fusionados en Iusacell fracasó; sin embargo, no son del todo malas noticias ni para Emilio Azcárraga ni para Ricardo Salinas Pliego.

El motivo de este rompimiento fue que Televisa no logró que este proyecto fuera una real plataforma de transmisión de contenidos a través de teléfonos móviles. 

Lo que sí se logró fue 320 millones de dólares en pérdidas para la compañía. 

Esta conclusión proviene de un análisis desarrollado por la consultora MediaTelecom a raíz del anuncio hecho el 11 de septiembre: Salinas Pliego habría recomprado en 717 millones de dólares el 50 por ciento de Iusacell, que vendió a Televisa en junio de 2012 por mil 565 millones de dólares.

Salinas Pliego y Azcárraga Jean: Los signos del rompimiento

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

IMAGEN TOMADA DEL
SITIO DE PROCESO

MÉXICO, D.F: Los signos del rompimiento de la sociedad entre Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego fueron públicos desde el 30 de julio pasado.

Ese día, Ricardo Salinas Pliego escribió tres mensajes en su cuenta de Twitter, inusuales para el estilo de redacción del dueño de TV Azteca en esta red social:

“Telefónica dice y desea comprar la participación de Grupo Salinas en Iusacell. No está a la venta”.

“La nueva ley nos da certidumbre y confianza para seguir creciendo”.
“Estoy muy optimista con el futuro de Iusacell. Seguiremos invirtiendo para crecer”.

Estos tres mensajes desmentían la versión que circuló en España y en los portales informativos de negocios en México sobre el avance de las negociaciones entre Telefónica y Iusacell, propiedad al 50 por ciento de Grupo Salinas y Grupo Televisa, a partir de junio de 2012, cuando se autorizó la fusión de los dos supuestos competidores en televisión abierta.

Van 7 grupos por cadenas de tv abierta, entre ellos Germán Larrea

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El comisionado del órgano regulador, Fernando Borjón, indicó previamente que hay entre cinco y diez interesados en participar por los canales de televisión y que el Ifetel analiza las solicitudes para localizar los vínculos económicos entre los solicitantes y evitar duplicidades.

IMAGEN TOMADA DEL SITIO
DE ARISTEGUI NOTICIAS.

Siete grupos empresariales buscan una de las dos nuevas cadenas de televisión abierta.

Se trata de las empresas de Germán Larrea, Mario Vázquez Raña, Manuel Arroyo, Ariel Picker, Olegario Vázquez Aldir, Francisco Aguirre, y Luis y Anuar Maccise, quienes presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), una solicitud de opinión favorable en materia de competencia económica, los pasados 3 y 4 de septiembre para participar en el proceso de licitación, reporta la revista Forbes.

El comisionado del órgano regulador, Fernando Borjón, comentó previamente que hay entre cinco y diez interesados en participar por los canales de televisión y que el Ifetel analiza las solicitudes para localizar los vínculos económicos entre los solicitantes y evitar duplicidades.