Instituciones de procuración de justicia violan Ley General de Tortura

Instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias contra la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General), lo cual obstaculiza la erradicación de la tortura en México, denunciaron organizaciones de derechos humanos.

En el marco del primer año de vigencia de la Ley, cumplido este 26 de junio, las organizaciones señalaron que resulta “sumamente preocupante” la adopción, por parte de la SCJN, de una tesis de jurisprudencia “que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional”.

Diputados aprueban ley contra la tortura; regresa al Senado

CIUDAD DE MÉXICO: La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante la cual se prohíbe esta práctica.


Con la nueva norma, además, carece de validez como prueba una confesión obtenida bajo tortura y ésta se persigue de oficio, aparte de que se suspende del cargo al funcionario acusado de esa práctica, entre otras.

Luego de que en diciembre la Comisión de Derechos Humanos aprobó la minuta del Senado, sin incluir las observaciones del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el dictamen se frenó y nuevamente debió ser discutido entre los diputados.

Jesuitas piden a diputados “aprobar prontamente” la ley contra la tortura en México

CIUDAD DE MÉXICO: El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) exhortó hoy a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, dado que en México, apuntó, esa práctica “representa un problema de carácter generalizado”.


A través de un comunicado de prensa, el SUJ –que aglutina a las instituciones universitarias manejadas por la Compañía de Jesús– pidió a los diputados “aprobar prontamente” dicha legislación y “rechazar cualquier modificación regresiva” de la misma.

"Injustificable" demora del Congreso en ley antitortura: ONGs

Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de “injustificable” la demora de más de un año del Congreso para aprobar la Ley General contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Exhortaron a los legisladores a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley -cuya minuta se encuentra para su revisión en la Cámara de Diputados-, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias.

Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país.

En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.

En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos. La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura.

En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”[1].

Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social
Equis, Justicia para las Mujeres
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)
Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)
Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón.
Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

FUENTE: DESINFORMEMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/demoras-falta-dialogo-propuestas-regresivas-combate-la-tortura/

Hasta 20 años de cárcel por tortura

Ciudad de México. En el dictamen que esta tarde se discutirá en comisiones unidas sobre la Ley de la Tortura se establecen dos delitos: el de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos aprobarán esta tarde la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el caso del delito de tortura se define que la comete el servidor público “con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin”.

Dicho delito se sancionará con una pena de prisión de 10 a 20 años y de 500 a mil días de multa. Dicha pena se puede incrementar en 50 por ciento adicional si la víctima es “una niña, un niño o adolescente; una mujer gestante; persona con discapacidad; adulto mayor o si la víctima es sometida a violencia sexual”.

En el caso del delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se establece que “al servidor público que en el ejercicio de su encargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa”.

En este ordenamiento se señala que también comete el delito de tortura el particular que “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas para causar dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento”.

En este caso se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa y también las penas se incrementarán en un 50 por ciento si la víctima es menor de edad; mujer gestante; una persona con discapacidad; adulto mayor o fue sometida a violencia sexual.

El dictamen fue modificado y se establecieron las dos definiciones que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, uno para el delito de tortura y otro para el de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las comisiones sesionarán a las 13:30 horas, estaba previsto que iniciaran los trabajos a las 11:30 de la mañana pero fue modificado el horario.


Los grupos parlamentarios se encontraban aún en sus reuniones previas, ya que estaban atorados en los temas de las leyes secundarias de anticorrupción, y en la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto para autorizar el uso de la mariguana con fines médicos y aumentar la dosis que se puede portar para consumo individual.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/se-sancionara-hasta-con-20-anos-de-carcel-la-tortura

Leyes contra desaparición y tortura, aún atoradas en el Senado

Ciudad de México. Pese a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó ayer a los senadores la aprobación de las leyes contra la desaparición forzada y la tortura, la negociación entorno a ambas está atorada.

Los presidentes de las comisiones de derechos humanos y de justicia, Angélica de la Peña y Fernando Yunes, negociaron anoche con los representes del gobierno federal, y no llegaron a un acuerdo, por lo que se volverán a reunir hoy.

De acuerdo con los legisladores, el gobierno federal pretende varios cambios que reducen el alcance de la ley en materia de desaparición forzada y de la ley para prevenir y sancionar la tortura.

En esta última, insisten en que haya dos tipos penales, uno para tortura y otro para tratos crueles y degradantes. En el caso de desaparición forzada una de las pretensiones es que en ligar e una fiscalía especializada se trate sólo de una unidad.

En lo que sí hay acuerdo y se aprobará durante la sesión de hoy es la nueva ley de ejecución penal, que permitirá liberar a personas detenidas por delitos patrimoniales menores y a quienes están procesados y encarcelados por llevar consigo más de los 5 gramos de mariguana permitida para el consumo personal.

Se aprobará también la nueva ley de justicia penal para adolescentes.

Fuente: La Jornada

Autor: Andrea Becerril y Víctor Ballinas

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/27/leyes-contra-desaparicion-y-tortura-aun-atoradas-en-el-senado

Pospone Senado debate sobre desaparición y tortura

Ciudad de México. Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos del Senado, que deberían dictaminar las leyes de desaparición forzada y la de tortura, no sesionaron este martes a petición del grupo parlamentario del PRI, que aún tiene reservas en la tipificación del delito de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.

Asimismo, en el caso de la ley de desaparición forzada de personas también, la bancada del tricolor en la Cámara Alta, ha manifestado preocupación en la clasificación de personas “no localizadas” y el término de “desaparecidas”, por lo que ha pedido más tiempo para precisar esos términos.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, manifestó ayer que las comisiones sesionarían este martes y también lo confirmó la Comisión de Derechos Humanos, pero ayer por la noche se informó que hasta nuevo aviso se posponían las reuniones de trabajo.

En la sesión de este martes se espera que queden de primera lectura las leyes de Ejecución Nacional Penal y la de Justicia para Adolescentes. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunieron ayer con senadores de las comisiones que dictaminaron esas iniciativas para hacer puntualizaciones en los apartados de presupuesto.

Asimismo en la sesión de este martes se tienen agendados 103 dictámenes para su discusión y aprobación, entre ellos más de una decena de embajadores y cónsules.


Por la tarde los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, y el de Justicia, Fernando Yunes, recibirán el informe final de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/26/posponen-sesion-sobre-desaparicion-y-tortura-en-senado

Piden a Senado redoblar esfuerzos para ley contra tortura

Ciudad de México. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación de que la iniciativa de ley general contra la tortura, que actualmente se discute en el Senado de la República, contenga preceptos que todavía propician esta práctica y la de tratos crueles e inhumanos, así como la impunidad y el olvido de las víctimas.

En una misiva enviada al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, señalan que con la promulgación de esta ley, México está frente a la “oportunidad única e histórica” para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que podrían sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país y enfrentar las problemáticas institucionales en este ámbito.

Los organismos firmantes, entre ellos Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), advierten que una de los principales lineamientos que debe contener dicha ley es garantizar la exclusión total de cualquier prueba obtenida mediante tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


Además, en la carta enviada también a los líderes partidistas en el Senado, piden redoblar los esfuerzos para evitar que en la ley se diluyan los principios y estándares previstos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/06/piden-a-senado-redoblar-esfuerzos-para-ley-contra-tortura

Llama la CNDH a fortalecer mecanismo contra la tortura

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó ayer a fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en prisiones, estaciones migratorias, psiquiátricos y centros de internamiento para adicciones.

En las audiencias públicas convocadas por el Senado para discutir el proyecto de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, manifestó la necesidad de atender de manera enfática la prevención, mediante las tareas encomendadas al MNPT.

Lo anterior, explicó, fortaleciendo la estrategia realizada por la CNDH, que parte del diseño de 10 Guías de Supervisión basadas en estándares nacionales e internacionales, que son aplicadas en Agencias del Ministerio Público y Fiscalías, Centros de Arraigo, Centros de Reinserción Social Varoniles y Femeniles, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, Instituciones Psiquiátricas, Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, Áreas de Aseguramiento Municipales, Centros de Internamiento para Adicciones y Albergues, con el fin de evaluar las condiciones que imperan en los distintos lugares de detención, e identificar situaciones que pudieran derivar en la incidencia de casos de tortura o cualquier tipo de maltrato.

Así, apuntó que el MNPT, desde su inicio en 2007 a la fecha, ha llevado a cabo 4,104 visitas a lugares de detención e internamiento en toda la República Mexicana, las cuales han dado como resultado 113 informes dirigidos a las autoridades correspondientes.



La funcionaria subrayó la necesidad de armonizar la operatividad con lo establecido en la norma, puntualizando que, bajo este contexto, es importante fortalecer al MNPT como la instancia encargada de coordinar este sistema de prevención, con base en las visitas periódicas de supervisión a todos los lugares de privación de la libertad, con un trabajo coordinado y armónico con el sistema de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales.

El MNPT así, se debe prever como la instancia encargada de coordinar el sistema de visitas periódicas y medidas de supervisión a los lugares de privación de libertad, integrado por los titulares de la CNDH.

Al respecto, también puntualizó que su establecimiento debe ser presidido por el titular de la CNDH, con facultades para expedir las bases y lineamientos para su funcionamiento y organización, así como los lineamientos de carácter general que determinen las modalidades y procedimientos que se deben seguir, contando con facultades para elaborar un programa de visitas periódicas a los lugares de privación de la libertad, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pudiendo realizar propuestas a la legislación de la materia, entre otros.

Un aspecto importante, señaló, es el puntualizar el acceso sin restricción alguna a los lugares de detención, realizar visitas periódicas no programadas, entrevistarse con las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como formular recomendaciones a las autoridades e interponer denuncias sobre tortura.

Por otra parte, por lo que hace al tema del Protocolo de Estambul, señaló que es importante reconocer que éste es un manual para la investigación y documentación eficaz, cuyo propósito es servir como una guía para la evaluación de las personas que han sido torturadas, investigar casos de posible tortura y poder reportar los hallazgos específicos.

El protocolo de Estambul así entendido, concluyó, si bien se considera como un documento no vinculante, sin embargo, es muy útil para investigar y documentar la tortura.

La iniciativa de Ley contra la Tortura promueve …aún más tortura, dicen grupos civiles

Organizaciones denunciaron que la propuesta de Peña Nieto para una nueva Ley General contra la Tortura “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, pues no incluyó el establecimiento del Protocolo de Estambul y tampoco remite un estándar de prueba para identificar estas violaciones a derechos humanos.

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy que, pese a que el Poder Ejecutivo convocó a consultas para una nueva Ley General contra la Tortura, la iniciativa presentada el pasado 10 de diciembre dejó fuera mecanismos necesarios para prevenir esta práctica considerada sistemática entre las fuerzas armadas del país.

De acuerdo con lo que se informó hoy en rueda de prensa, el proyecto del Presidente de la República no incluyó, por ejemplo, ni aun el establecimiento del Protocolo de Estambul –que es un manual internacional para la investigación y documentación de la tortura– como estándar de prueba para identificar estas violaciones a los derechos humanos.

“El Presidente de la República, sin aviso a las organizaciones [en las] que pusimos la confianza en la construcción de una propuesta, envió al Senado su iniciativa de ley, la cual además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.


La propuesta presentada por el Presidente de la República no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, se indicó en un posicionamiento.

Otras carencias del proyecto, agrega la información, es la prohibición del uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura, así como la imposición de consecuencias procesales similares a las que se aplican a la tortura para los casos en los que la práctica sea de tratos crueles, humanos o degradantes. Y tampoco, mencionaron los ponentes, se incluyó alguna “formulación” sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos en las prácticas de tortura y se limitó a la investigación de superiores inmediatos.


Las deficiencias del proyecto de ley del Ejecutivo fueron presentadas en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (ISD), entre otros.

En su participación, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre Iguíniz acusó directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob) de estar socavando los derechos humanos que, dijo, tiene asignado garantizar.

“Es una calamidad política”, dijo Sarre. “El embate viene del enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y señalo que la responsabilidad es del Secretario [Miguel Ángel Osorio Chong], porque no puedo concebir que, en una relación interinstitucional, el enlace hable por cuenta propia sin consultar en una cuestión tan importante”, agregó.

La marginación de propuestas de la sociedad civil en el contenido del proyecto de Ley General contra la Tortura presentada por el Ejecutivo es similar a la denunciada por organizaciones que participaron en la consulta para la generación de una ley contra la desaparición forzada.

Cuestionado con respecto a las cifras, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que, entre 2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió alrededor de 100 quejas por tortura y al menos cuatro mil por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otras cuatro mil 500 expedientes.


Ante la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó también Guevara, existen otras cuatro mil denuncias, de las cuales mil son atribuibles a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sólo 10 han sido consignadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2016/1612852