“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro. El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.
“Cuando [Korenfeld] toma la dirección de Conagua el modelo de gestión de agua en el país que busca implantar es el mismo que han estado impulsando en el Estado de México, es decir un modelo que está basado en trasvases de agua”, afirmó Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), en entrevista para SinEmbargo.El modelo mexiquense, agregó, privilegia la construcción de “infraestructura hidráulica que básicamente rompe con el ciclo del agua, en donde se privilegia al contaminador; es decir, se rige bajo una política de que pague el que contamina, y mientras pagues no hay problema puedes seguir contaminando”.
“Es una ley que hemos ido frenando desde hace tiempo y digo frenando porque por la red que yo coordino, Freshwater Action Netwok, nos hemos encontrado en varias plataformas a nivel internacional y hemos tenido varias discusiones al respecto y allí es donde claramente ha salido la insistencia por parte de esta asociación para privatizar los servicios”, recordó Nathalie Seguin.FAN México es una red que también trabaja en incidencia a nivel internacional y que participó en el reconocimiento del derecho humano al agua en Naciones Unidas en el 2010. Su coordinadora agregó que son variadas las propuestas legislativas tendientes a fomentar la privatización del agua con “la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo”.
“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó.La experta consideró que la iniciativa elaborada en las oficinas de la Conagua, cuyo titular es David Korenfeld mantiene esa política, porque o podría ser de diferente forma, ya que Korenfeld comparte la visión de ANEAS al haber sido su presidente durante cinco años.
“A final del 2014 tuvimos varias reuniones en donde presentamos una y otra y otra vez las propuestas ciudadanas desde distintos ángulos: la academia, la sociedad civil y hasta con representantes comunitarios, para presentar las diversas propuestas que conlleva esta iniciativa ciudadana”, afirmó Nathalie Seguin.“Lo que sí es seguro es que fue la Conagua quien elaboró esta ley y la entregó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a Gerardo Gaudiano, quien se prestó junto con otros tres diputados a que de manera personal, no como comisión de manera personal presentaran la ley como comisiones unidas tanto de Recursos Hidráulicos como al de Agua Potable y Saneamiento”, recalcó.
“No hay avances, lo que hace esta iniciativa es reproducir textos internacionales, principios, ejemplos, o fundamentos normativos del derecho humano al agua”, dijo.Argumentó que incluso la ley acepta que los pequeños poblados no tienen derecho al agua pero ahora, con la ley, muchos pueblos del sector rural legalmente no tendrán derecho al recurso.
“No hay información para la sociedad civil. Por ejemplo, en la propuesta se habla mucho de los proyectos que se consideran prioritarios o de interés público, y eso puede generar muchas dudas, porque ni siquiera se establece qué es prioritario o qué es de interés público. Entonces, en los proyectos que son intensivos en uso de agua como el fracking (fractura hidráulica) en algún momento el Estado podría decir que es prioritario o de interés público por beneficios económicos que se van a generar”, aseguró Soto.La también académica de la Ibero agregó que la iniciativa busca la administración del recurso, pero no su sustentabilidad, pues alude poco a las obligaciones del Estado y de los actores involucrados para mantener el recurso.
“Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”, añadió.Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), enfatizó que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, además de que, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.
“No sé a qué nivel de profundidad habrá cambios, no sé si habrá un replanteamiento […], pero la van a aprobar”, lamentó.FUENTE: SIN EMBARGO.
“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, dice el documento publicado el 4 de marzo en el punto 1.2 referente al impacto ambiental.Funcionarios federales mexicanos y hasta medios de comunicación han rechazado que pueda existir un daño por el fracking, una práctica de extracción de gas shale que ha sido rechazada en muchos estados de la Unión Americana.
“Necesitamos hacer el fracking, porque necesitamos gas natural. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a cambiar el combustóleo y cómo dejaremos de usar otros combustibles más contaminantes?”
“La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo, entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como con otras substancias de este estrato geológico, altamente corrosivas o radioactivas, las cuales se mezclan y empiezan a cambiar la conformación de la mezcla inyectada, pudiendo llegar a concentraciones elevadas. Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes, construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que los seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo”, precisa el documento.Asimismo señala que la explotación del gas y aceite de lutitas puede contribuir a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano, carbón negro y bióxido de carbono, que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.
“Vamos a dar la batalla en tres rubros: debate de ideas, dentro de la Cámara se tomarán tribunas y en las calles con Movilización ciudadana”, dijo el dirigente de Morena.Batres acompañado de la candidata a la delegación Iztapalapa Clara Brugada y del investigador Pedro Moctezuma Barragán, indicó que Morena rechaza por completo el dictamen que se encuentra en discusión.
“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente “para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.
“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
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