Fondo aprobado

Diputados aprobaron ayer la controvertida Ley de Ahorro y Crédito Popular, que crea un fondo para rescatar a los ahorradores de Ficrea, víctimas de fraude.

Aunque es conocida como la “Ley Ficrea”, la Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada ayer en San Lázaro impacta a todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Incluso, la disposición legal podría provocar que varias empresas pierdan su registro.

Con respecto al fraude cometido por Ficrea, el fondo aprobado será de más de mil 600 millones de pesos que se distribuirán entre casi la totalidad de los 6 mil 883 defraudados.

Ficrea era una sociedad financiera que fue liquidada por las autoridades por realizar operaciones fraudulentas por más de 2 mil 600 millones de pesos.

La aprobación ocurrió a pesar de la oposición de algunos legisladores, quienes criticaron que el rescate convertía el caso en una especie de “Fobaproa 2” y alienta que se cometan fraudes con total impunidad.

Sin embargo, la mayoría de diputados coincidió en que no se trata de un rescate que será pagado por los ciudadanos, sino que se permitirá que los ahorradores de Ficrea puedan, mediante un fideicomiso, vender o entregar su deuda para que el gobierno se responsabilice y sea el único acreedor de Ficrea.

Finalmente, ese dinero deberá cubrirse a través de una monetización de aproximadamente 3 mil 584 millones de pesos, por lo que la garantía de cobro está completa. 

Los ahorradores de esta empresa podrán recuperar hasta un millón de pesos.

Todos son responsables

Con la nueva regulación se aumentaron las penas económicas y de prisión por determinados delitos, y se establecieron responsabilidades para los accionistas.

Ahora, socios, consejeros, funcionarios, directores, gerentes generales, directivos, empleados y hasta auditores externos de las sociedades financieras podrán enfrentar de dos a 15 años de prisión.


La Ley Ficrea fue enviada al Senado para su estudio y eventual aprobación. Se prevé que sea aprobada sin cambios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Aprueban diputados Ley Ficrea; “es electorera”, acusa oposición

MÉXICO, D.F: Diputados de PRI, PRD, PVEM y Panal aprobaron la nueva Ley de Ahorro y Crédito que permitirá establecer un fideicomiso de mil 720 millones de pesos para pagar a los usuarios defraudados por Ficrea.

En medio de recriminaciones de legisladores del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y algunos perredistas –quienes consideraron la acción como “electorera” y que deja en la impunidad a funcionarios hacendarios que toleraron el fraude–, el pleno aprobó con 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones la llamada “Ley Ficrea”.

El PAN rechazó la creación del fideicomiso, pues sostuvo que se trata de un “rescate” que se pagará con dinero de los contribuyentes, pero que además se libera de toda responsabilidad a funcionarios de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, pues “ellos son tan responsables como el propio defraudador”.

“Llamemos a las cosas por su nombre: amigo ciudadano, con tu dinero de lo que entra a las arcas federales se pagará a los ahorradores defraudados”, sostuvo desde tribuna la legisladora Raquel Jiménez Cerrillo al argumentar el voto en contra de su fracción, el PAN.

Antes, la diputada de MC, Zuleyma Huidobro, acusó a los promotores de la iniciativa el buscar un “efecto electorero”, y recordó que “la República más corrupta es la que tiene más leyes”.

La “Ley Ficrea”, añadió, afectará a las sociedades cooperativas comunitarias (Soficos) a las cuales se les obligará a cambiar sus reglas, lo que llevará inevitablemente a su desaparición por considerarse inviables.

“Si quieren hacer algo por los ahorradores, exhorten al gobierno a cumplir la ley, a los funcionarios de Hacienda a vigilar. Esto de Ficrea no hubiera pasado si Hacienda y la CNBV hubieran vigilado. Por un error de unos, ahora van a pagar otros, como son las Soficos”, sostuvo.

El panista Juan Bueno Torio aclaró que su partido no está en contra de los ahorradores que fueron defraudados, sino de que se pretenda pagar con dinero de los contribuyentes la omisión de las autoridades y el fraude del socio principal de Ficrea, Antonio Olvera Amezcua.

Los defensores de la ley, como la priista Patricia Araujo de la Torre, Héctor Astudillo, del PVEM; la petista Lilia Aguilar, o el perredista Fernando Belaunzarán, rechazaron en todo momento que se trate de un “segundo Fobaproa”, pues justificaron que el fideicomiso se “monetizará” con los activos de Leadman Trade, otra de las empresas creadas por Olvera Amezcua y a través de la cual trianguló recursos de los ahorradores para sacarlo del país.

Hasta el momento se tienen contabilizados activos por 3 mil 584 millones de pesos de Leadman Trade, mientras que el fraude rebasa los 6 mil millones de pesos con la afectación de 6 mil ahorradores.

Los afectados no recuperarán todo su dinero de inmediato, pero a partir del mes de mayo podrán presentar sus documentos para iniciar los trámites de devolución. Quienes ahorraron un millón de pesos –cerca de 40% de los estafados– recibirán todo su dinero, en tanto que aquellos que rebasen dicha cantidad sólo podrán tener acceso a una parte, “y se tendrán que poner en la fila” para recuperarlo.

En nombre de Morena, la diputada Luisa María Alcalde Luján recriminó a aquellos legisladores que ayer rechazaron apoyar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, a través de un fondo para volver a echar a andar la aerolínea, y ahora aseguran que respaldan a los defraudados de Ficrea.

Consideró “un absurdo” que se pretenda ayudar a 6 mil defraudados cuando esta nueva ley afectará a cuando menos 6 millones de personas que viven en comunidades y cuyo único acceso al crédito es mediante las llamadas Sofincos, mismas que tenderán a desaparecer con la nueva ley, debido a los requisitos adicionales que se les exigirán.

“Con la nueva ley se afectará la capacidad de fondeo de las Sofincos y desaparecerán, mientras que a las autoridades de la Condusef, Unidad de Inteligencia Financiera y CNBV no se les responsabilizará”, dijo y pidió no avalar la ley para dar tiempo y escuchar a las sociedades cooperativas que saldrán afectadas

Por su parte, el perredista Uriel Flores Aguayo criticó que la nueva ley la haya elaborado Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y otras autoridades del gobierno federal, cuando lo que tenía que haber hecho es “poner su renuncia por delante, por omiso, inepto e irresponsable”.

Además, vaticinó que en los próximos días, ante la paupérrima oferta electoral, aparecerá esta ley como parte de los nuevos spots propagandísticos de PRI y PVEM.

La diputada del PAN, Raquel Jiménez Cerrillo, reclamó que con la “Ley Ficrea” se pretenda rescatar a los ahorradores cuando esos recursos deberían bajar en obra pública, programas de salud, educación y cultura a las zonas más pobres del país.

Insistió en que su partido no está en contra de los ahorradores que fueron defraudados por Olvera Amezcua, sino en contra de las acciones del gobierno, mismo que mientras rescata a los afectados de Ficrea, por otro lado recorta cerca de 3 mil 750 millones de pesos a Sedesol, de los cuales mil 500 millones (es decir, una cantidad similar para el “rescate de Ficrea”) eran para programas de desarrollo de zonas prioritarias y donde viven “los más pobres de los pobres del país”.

“El PAN exige que se tomen todos las medidas procedimentales para detener a Olvera Amezcua y que se finquen responsabilidades a los funcionarios que no pudieron supervisar. Porque ellos son responsables, como el propio defraudador socio de Ficrea”, destacó.

La demanda, a pesar de ser respaldada por Morena, MC y algunos legisladores del PRD, quedó en el aire.


En tanto, de las 369 cajas de ahorro que hay en el país, 25 de ellas que operan en zonas comunitarias se aprestan a desaparecer, pues no podrán cumplir con las nuevas reglas que le impondrá esta nueva ley de ahorro y crédito avalada hoy en San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JESUSA CERVANTES.

Se manifiestan en San Lázaro contra “Ley Ficrea”

MÉXICO, D.F: La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que se discute en la Cámara de Diputados motivó que usuarios de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) bloquearan los accesos a San Lázaro, debido a que la legislación en ciernes prevé su desaparición.

Durante horas, los beneficiados de esas instituciones de crédito portaron mantas y cartulinas mediante las cuales reclamaban a los diputados federales “legislar junto al pueblo, no contra el pueblo”, o su rechazo a un cambio jurídico en dichas entidades como salida al fraude cometido por los socios de Ficrea.

El jueves de la semana pasada, los diputados aprobaron en comisiones la llamada “ley Ficrea” para regular esas cajas de ahorro, y entre los cambios destaca la desaparición de las Sofincos, es decir, las sociedades mediante los cuales la gente de escasos recursos tiene acceso a los servicios de ahorro, crédito y vivienda.

La nueva legislación también prevé que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), que hoy están obligadas a pagar un seguro de 133 mil pesos o 25 mil unidades de inversión, en caso de quiebra, deberán entregar una “cuota” al Fondo de Protección a los Ahorradores, de acuerdo con el número de socios o créditos que hayan otorgado.

La nueva ley surge a partir del fraude que el gobierno federal detectó en Ficrea y cuyo dueño, Rafael Antonio Olvera Amescua, se encuentra no sólo prófugo sino que además ayudó a gobiernos estatales, como los de Oaxaca, del priista Ulises Ruiz, y de Coahuila, con Humberto Moreira, a utilizar dinero de las participaciones federales para fondear, mediante toda una red de empresas, adquisiciones de bienes en desuso.

En otras palabras, para que los entonces gobernadores se respaldaran en una pequeña institución de crédito y poder así saquear las participaciones federales.

Luego de ello el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela, optó por clausurar Ficrea en lugar de intervenirla, lo que generó el malestar de los usuarios, sobre todo de aquellos que contaban con más de un millón de pesos ahorrados.

Como una medida de regulación, el gobierno y los diputados federales decidieron modificar la ley afectando no sólo casas crediticias, como Ficrea, sino además a las Sofincos.

Desde el inicio de la administración de Peña Nieto, las Sofipos han sido develadas como sociedades mediante las cuales se han cometido fraudes o hay presunto lavado de dinero.

El primer caso se presentó en 2014 mediante la llamada Caja de Ahorro Libertad ubicada en Querétaro, misma que se vio involucrada en el fraude cometido por Amado Yáñez –dueño de la contratista de Pemex, Oceanografía– y otro de sus socios, Martín Díaz Álvarez, éste último prófugo al igual que el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.


Se espera que este miércoles se apruebe por el pleno la nueva legislación para regular las sociedades financieras dirigidas a usuarios de escasos recursos, aunque presentando un adendum o añadido que excluya la desaparición de las Sofincos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.