Los partidos de oposición presentaron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, al considerar que violan los derechos humanos de los y las mexicanas.

Una vez que las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron estas modificaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Secretaría de Gobernación publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que adiciona un artículo a la Ley de Amnistía.

En el portal del DOF se publicó un decreto por el que se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este viernes, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, sobre la recién aprobada reforma a la Ley de Amnistía, que le da la facultad de de dar “amnistía directa” a personas sujetas a proceso o sentenciadas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano,  asegurando que ésta será muy útil en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo general y en lo particular, la Ley de Amnistía para facultar al titular del Ejecutivo federal a otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido una acción penal, y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la Ley de Amnistía servirá para resolver casos como el de Ayotzinapa porque se propiciaría el intercambio de información clave, y mencionó que podría aplicar a Israel Vallarta, preso hace más de 18 años por el delito de secuestro y una de las figuras más importantes del caso Cassez.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ley de Amnistía sirve para que presuntos delincuentes, personas sentenciadas o procesadas puedan ser recompensadas si aportan información valiosa sobre casos donde existe un pacto de silencio.

Con 67 votos a favor en lo general y en lo particular -de algunos legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, así como de los partidos del Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, además de 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado avaló, el 18 de abril de 2024, una iniciativa de reforma que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, que le permitiría al titular del Poder Ejecutivo Federal, podrá otorgar dicho beneficio a personas que aporten elementos comprobables y útiles para conocer la verdad de hechos relevantes para el Estado mexicano, sin sujetarse al procedimiento establecido.

Comisiones del Senado de la República avalaron una reforma para que la persona que ocupe la Presidencia de la República pueda liberar a cualquier persona procesada o sentenciada por cualquier delito.

La propuesta incluye un requisito: que la persona beneficiada “aporte elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”.

Por motivo del aniversario del Grito de la Independencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el otorgamiento de libertad anticipada de dos mil 685 personas privadas de la libertad.

A prácticamente 10 meses de anunciarlo y a nueve de formalizarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presos de cárceles federales con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores que padezcan enfermedades crónicas y presos víctimas de tortura no tiene ningún beneficiario. 

En respuesta a distintas solicitudes de información pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, confirmó que no se ha instalado el comité que deberá analizar los casos —ni hay fecha para hacerlo—, y aunque se emitieron lineamientos para el beneficio, no hay reglas de operación pues estas deben ser aprobadas por dicho comité.

Durante la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Amnistía, celebrada el 7 de abril pasado, se aprobó el beneficio a 64 personas. Con ello, según lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob), ya se contaba con un registro de 167 personas favorecidas por la ley en la materia vigente desde 2020, pero eso no significa que la totalidad de las personas hayan recuperado su libertad. 

A través de una solicitud de información, la Segob confirmó que hasta el 3 de mayo pasado se había logrado la liberación de 79 personas y que se contaba con 659 solicitudes pendientes de resolver por parte de la comisión.

En abril de 2020, el Senado de la República aprobó de forma urgente la Ley de Amnistía bajo el argumento de que ayudaría a despresurizar los penales ante el creciente riesgo de la pandemia sanitaria. Pero durante su primer año de aplicación el gobierno federal solo concedió dicho beneficio a 5 de los 845 internos que lo solicitaron.

En tanto, el resto de las solicitudes siguen en trámite o de plano fueron rechazadas por la comisión responsable de atender los casos, la cual, apenas ha sesionado tres veces. Esto, mientras la población en los centros penitenciarios del país ha seguido creciendo y ya rebasa los 220 mil internos, 15 mil más de los que había hace un año.

La Ley de Amnistía cumple un año de fracaso: publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, hoy es letra muerta. A la fecha, ni una sola persona víctima del sistema de justicia penal –como las mujeres que sufrieron abortos espontáneos, los indígenas que sin asistencia legal en su lengua fueron acusados injustamente de crímenes que no cometieron o los presos políticos– ni en situación de vulnerabilidad o con calidad de primodelincuentes ha logrado obtener su libertad.

Ello es resultado, sin duda, de la inoperancia en este tema por parte de la Secretaría de Gobernación, que ha mostrado no sólo ser absolutamente incapaz e insensible ante los casos que analiza, sino, peor, negligente ante una de las promesas de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A quien, por cierto, no le gusta que fracasen sus proyectos.

La libertad del matrimonio conformado por Leticia Arcos y Antonio Félix, ambos detenidos hace cinco años y sentenciados injustamente a 47 años de prisión, es considerado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) el primer doble beneficiario de la Ley de Amnistía del Estado de México.

El martes de la semana pasada, el Tribunal de Alzada en materia penal de Ecatepec otorgó la libertad a Leticia y Antonio, detenidos arbitrariamente la madrugada del 31 de agosto de 2017, por hombres encapuchados y armados que allanaron su domicilio sin orden de aprehensión.

La Comisión de Amnistía, el organismo encargado de revisar las solicitudes de los presos que solicitan el perdón y la excarcelación, tendrá hoy su primera sesión en seis meses, según fuentes oficiales. Sobre la mesa hay pendientes un total de 1 mil 062 peticiones presentadas desde que el 20 de abril fue aprobado el mecanismo de forma exprés por el Senado. El dictamen de la norma estuvo congelado desde 2019 pero se recuperó en los inicios de la pandemia con idea de que la amnistía permitiese reducir la presión en las cárceles, convertidas en foco de contagio de la COVID-19. A día de hoy, sin embargo, no se ha producido excarcelación alguna por esta vía. 

Al mismo tiempo, durante este período se registraron 3 mil 140 preliberaciones y libertades por compurga de pena en cárceles estatales a causa del coronavirus, según las mismas fuentes. El mecanismo aplicado no fue la amnistía sino la “Guía para llevar a cabo preliberaciones en el marco del COVID-19” elaborada por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación, que fue desarrollada en marzo, cuando la pandemia apenas daba sus primeros golpes en México.

A siete meses de la aprobación exprés de la Ley de Amnistía con la que supuestamente se ayudaría a despresurizar los penales y reducir los contagios de COVID-19, el gobierno federal acumula 762 solicitudes formales de reos que quieren acceder a dicho beneficio, sin que hasta ahora se haya podido resolver alguna.

Mientras tanto la cifra de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país ha continuado en ascenso y el numero de cárceles con problemas de sobrepoblación ya es del 43%. El nuevo virus ha contagiado a 2 ,774 reos y ha matado a 234.