La iniciativa de la Ley de Ciberseguridad publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de abril por el diputado del PVEM, Javier López Casarín, amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa.

Como varias organizaciones hemos observado y comentado en diversos pronunciamientos, tanto esta iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad no resultan ser ni constitucional ni operativamente viables, ni han procurado la participación de todas las voces y perspectivas desde una perspectiva multisectorial.