INAI ordena a Pemex abrir todos los contratos con Odebrecht firmados entre 2006 y 2016
Francisco Javier Acuña será presidente del INAI hasta 2020; sustituye a Ximena Puente.
INAI ordena a Pemex abrir todos los contratos con Odebrecht firmados entre 2006 y 2016
Francisco Javier Acuña será presidente del INAI hasta 2020; sustituye a Ximena Puente.
Al encabezar la reunión de la 25 Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACES), el Ejecutivo federal equiparó los nuevos instrumentos legales referidos con el sistema electoral que se ha construido en los últimos años.
Comentó que hasta hace algunos años era difícil creer, para algunos, que México llegara a contar con un sistema que garantiza el estricto ejercicio del voto y en el que son mínimas las inconformidades de los resultados electorales
El modelo anticorrupción y de transparencia, dijo, van a abonar en la revisión de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, reconoció que el poder Legislativo, “es uno de los últimos reductos de la opacidad” y que es una tarea pendiente de la actual legislatura avanzar en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En el evento realizado en el Teatro de la República participaron también el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, el titular de la Secretaría de la Función Público, Virgilio Andrade, y el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/23/confia-epn-en-acreditar-la-eficiencia-del-sistema-anticorrupcion-7968.html
“En mi opinión, nosotros no debemos hacer las sanciones administrativas, hay que formar el expediente y mandarlo a la contraloría, nunca han hecho nada porque están sujetas, pero eso ya se está regulando”, dijo el comisionado del Ifai.
El Senado aprobó la semana pasada la Ley de Transparencia, cuyo proceso legislativo no fue fácil, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), quien apuntó que hubo “un camino de baches, un poco accidentado, pero se cambió el rumbo, se dio el volantazo hacia el camino correcto”.
En entrevista para Aristegui CNN , expuso que en el proceso de elaboración del dictamen respectivo, “se abrieron espacios para manifestar preocupaciones”; “ciudadanos, organizaciones sociales se reunieron para ser escuchadas, se fue armando un asunto de participación y procreación”.
Recordó que esta ley lleva un proceso de dos años y medio, en los que las organizaciones estuvieron “más de doscientas horas con senadores, para realizar la iniciativa en diciembre pasado. Después se entró a una etapa oscura, no sabíamos bien qué pasaba. Estaban proponiendo cosas contrarias a lo original y cosas contrarias que podrían poner entre dicho la reforma constitucional, la ley no estaba llevando a cabo lo que la reforma planteaba”.
“La presión permitió repensar las cosas y matizarlas, en algunas de ellas cancelarlas”, detalló.
Ford comentó que algunos de los logros fueron que en cuanto al tema de “violaciones graves de derechos humanos se quedará como está”, y no habrá cambios.
“El Ifai es competente para dar acceso a la información de aquellas investigaciones, cuando en estas se presuma que hay violaciones graves de derechos humanos o lesa humanidad”, precisó.
Además “se podrán entregar en versiones públicas, expedientes e investigaciones de actos de corrupción”, refirió.
“Siempre respetando la probable inocencia, pero sí se verá el actuar de un juez o quien tenga que actuar en casos de corrupción”, añadió el comisionado.
También señaló que la administración pública general, así como fideicomisos públicos que no estaban y que manejan 40 mil millones de pesos, “tendrán que informar en su portal todo a lo que hace alusión la ley, tendrán que subir su nomina, contrataciones, etcétera”.
“Se suma todo el poder legislativo, los Congresos, tanto federal y estatal, tienen una obligación de oficio”, dijo.
Reveló que “se incorporan importantes obligaciones para el Congreso de la Unión y de los estados, que tienen que ver con una cuestión no solamente de los sueldos, las dietas, los apoyos que reciben los diputados, las comisiones, todo el personal que trabaja para la Cámara, sino el asunto medular de los grupos parlamentarios, siempre ha estado del otro lado de la transparencia”.
“Las sanciones para los sujetos obligados que no cumplan, se aumentaron, se tipifican todas aquellas cuestiones que puedan ser infractoras de la ley y una cosa que habían quitado pero finalmente se quedó, es la denuncia de los ciudadanos, hay que hacer una investigación en cinco días”, explicó.
Cada apartado tiene un responsable de subir la información a cada portal y habrá multas de hasta 10 mil pesos que deberá pagar el funcionario, de su bolsa, contó el comisionado Guerra Ford.
La ley de transparencia se encuentra en la Cámara de Diputados, donde deberá de ser discutida y votada.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevista para Aristegui CNN , expuso que en el proceso de elaboración del dictamen respectivo, “se abrieron espacios para manifestar preocupaciones”; “ciudadanos, organizaciones sociales se reunieron para ser escuchadas, se fue armando un asunto de participación y procreación”.
Recordó que esta ley lleva un proceso de dos años y medio, en los que las organizaciones estuvieron “más de doscientas horas con senadores, para realizar la iniciativa en diciembre pasado. Después se entró a una etapa oscura, no sabíamos bien qué pasaba. Estaban proponiendo cosas contrarias a lo original y cosas contrarias que podrían poner entre dicho la reforma constitucional, la ley no estaba llevando a cabo lo que la reforma planteaba”.
“La presión permitió repensar las cosas y matizarlas, en algunas de ellas cancelarlas”, detalló.
Ford comentó que algunos de los logros fueron que en cuanto al tema de “violaciones graves de derechos humanos se quedará como está”, y no habrá cambios.
“El Ifai es competente para dar acceso a la información de aquellas investigaciones, cuando en estas se presuma que hay violaciones graves de derechos humanos o lesa humanidad”, precisó.
Además “se podrán entregar en versiones públicas, expedientes e investigaciones de actos de corrupción”, refirió.
“Siempre respetando la probable inocencia, pero sí se verá el actuar de un juez o quien tenga que actuar en casos de corrupción”, añadió el comisionado.
También señaló que la administración pública general, así como fideicomisos públicos que no estaban y que manejan 40 mil millones de pesos, “tendrán que informar en su portal todo a lo que hace alusión la ley, tendrán que subir su nomina, contrataciones, etcétera”.
“Se suma todo el poder legislativo, los Congresos, tanto federal y estatal, tienen una obligación de oficio”, dijo.
Reveló que “se incorporan importantes obligaciones para el Congreso de la Unión y de los estados, que tienen que ver con una cuestión no solamente de los sueldos, las dietas, los apoyos que reciben los diputados, las comisiones, todo el personal que trabaja para la Cámara, sino el asunto medular de los grupos parlamentarios, siempre ha estado del otro lado de la transparencia”.
“Las sanciones para los sujetos obligados que no cumplan, se aumentaron, se tipifican todas aquellas cuestiones que puedan ser infractoras de la ley y una cosa que habían quitado pero finalmente se quedó, es la denuncia de los ciudadanos, hay que hacer una investigación en cinco días”, explicó.
Cada apartado tiene un responsable de subir la información a cada portal y habrá multas de hasta 10 mil pesos que deberá pagar el funcionario, de su bolsa, contó el comisionado Guerra Ford.
La ley de transparencia se encuentra en la Cámara de Diputados, donde deberá de ser discutida y votada.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Congreso retomará esta semana la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia; líderes aseguran que hay voluntad para agilizar su aprobación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, afirmó ayer que existe compromiso y voluntad de los grupos legislativos para agilizar la discusión de las minutas de la ley de transparencia y del sistema nacional anticorrupción.
Agregó que se prevé una reunión con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta el próximo viernes, para aprobarlas lo antes posible.
“Vamos a tratar de que ese encuentro sea público, cordial y, sobre todo, tratar de empatar los temas, que no haya una imagen o mensaje de que no hay coordinación, porque muchos de estos temas son un trabajo bicamaral”, puntualizó sobre la ley general de transparencia y de información pública.
Moreno Rivera dijo que está previsto que la Comisión de Gobernación se declare en sesión permanente hoy para analizarla y elaborar el dictamen.
“Esta ley se turnó con la intención de que tenga mayor agilidad y por la importancia del tema, a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Transparencia, y estamos apostando porque no se retrase”, explicó.
El legislador añadió que ambas comisiones determinarán la ruta a seguir. “En congruencia, los diputados le darán la prioridad que tiene y estoy seguro de que van a hacer que esta ley camine inmediatamente”.
Por separado, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sostuvo que las fracciones legislativas tienen la intención de dar todas las facilidades para que salga cuanto antes la minuta del Senado sobre la ley general de transparencia y de información pública.
“Las instrucciones que yo tengo, como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dar todas las facilidades para que esto salga cuanto antes, porque sabemos que es una exigencia de la sociedad y que le conviene a México”, indicó.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la ley general de transparencia y de información pública, así como la creación del sistema nacional anticorrupción, son dos reformas que pueden salir adelante antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir el 30 de abril.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Agregó que se prevé una reunión con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta el próximo viernes, para aprobarlas lo antes posible.
“Vamos a tratar de que ese encuentro sea público, cordial y, sobre todo, tratar de empatar los temas, que no haya una imagen o mensaje de que no hay coordinación, porque muchos de estos temas son un trabajo bicamaral”, puntualizó sobre la ley general de transparencia y de información pública.
Moreno Rivera dijo que está previsto que la Comisión de Gobernación se declare en sesión permanente hoy para analizarla y elaborar el dictamen.
“Esta ley se turnó con la intención de que tenga mayor agilidad y por la importancia del tema, a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Transparencia, y estamos apostando porque no se retrase”, explicó.
El legislador añadió que ambas comisiones determinarán la ruta a seguir. “En congruencia, los diputados le darán la prioridad que tiene y estoy seguro de que van a hacer que esta ley camine inmediatamente”.
Por separado, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sostuvo que las fracciones legislativas tienen la intención de dar todas las facilidades para que salga cuanto antes la minuta del Senado sobre la ley general de transparencia y de información pública.
“Las instrucciones que yo tengo, como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dar todas las facilidades para que esto salga cuanto antes, porque sabemos que es una exigencia de la sociedad y que le conviene a México”, indicó.
En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la ley general de transparencia y de información pública, así como la creación del sistema nacional anticorrupción, son dos reformas que pueden salir adelante antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir el 30 de abril.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
La ley de transparencia aprobada ayer por el Senado obliga no solo a funcionarios a rendir cuentas, sino a todo el que reciba dinero público.
La nueva Ley de Transparencia fue aprobada en lo general por el Senado de la República, con lo que avanza así la obligación de los funcionarios de abrir sus cuentas y procesos al escrutinio público.
Con esta legislación las medidas de transparencia estarán homologadas para los tres niveles de gobierno y para los tres poderes.
Se amplía además el número de sujetos obligados y se establece que sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público deberá abrir su información a los ciudadanos.
En el caso de los sindicatos, se trata de los gremios vinculados a dependencias y empresas públicas del Estado o todos aquellos que reciban dinero público.
Además, cualquier persona moral o física que reciba y ejerza recursos “o realice actos de autoridad de la Federación” deberá garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
Por otro lado, se dan más capacidades al IFAI y se le ubica como cabeza del sistema de órganos de acceso a la información de todo el país. También podrá interponer acciones de inconstitucionalidad a leyes y obras.
La aprobación de esta nueva Ley llevó varios meses de negociaciones en el Senado.
Uno de los temas controvertidos fue el del acceso a la información cuando se trate de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, que el PRI se empeñaba en mantener como reservada.
Sin embargo, los partidos de oposición presionaron para que se estableciera un mecanismo que permitiera el acceso.
Una vez aprobada en el Senado, esta legislación deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados, donde se espera sea recibida esta misma semana.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Con esta legislación las medidas de transparencia estarán homologadas para los tres niveles de gobierno y para los tres poderes.
Se amplía además el número de sujetos obligados y se establece que sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos y todo ente que reciba dinero público deberá abrir su información a los ciudadanos.
En el caso de los sindicatos, se trata de los gremios vinculados a dependencias y empresas públicas del Estado o todos aquellos que reciban dinero público.
Además, cualquier persona moral o física que reciba y ejerza recursos “o realice actos de autoridad de la Federación” deberá garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
Por otro lado, se dan más capacidades al IFAI y se le ubica como cabeza del sistema de órganos de acceso a la información de todo el país. También podrá interponer acciones de inconstitucionalidad a leyes y obras.
La aprobación de esta nueva Ley llevó varios meses de negociaciones en el Senado.
Uno de los temas controvertidos fue el del acceso a la información cuando se trate de hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, que el PRI se empeñaba en mantener como reservada.
Sin embargo, los partidos de oposición presionaron para que se estableciera un mecanismo que permitiera el acceso.
Una vez aprobada en el Senado, esta legislación deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados, donde se espera sea recibida esta misma semana.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Por 110 votos a favor, sólo 1 en contra y 1 abstención los partidos políticos aprobaron en lo general esta ley reglamentaria de la reforma constitucional, al tiempo que desecharon la mayoría de las reservas planteadas y aprobaron en lo particular por 95 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención los nuevos ordenamientos.
Para el senador del PRD, Alejandro Encinas, con esta ley el IFAI tendrá la obligación de hacer valer los derechos de los ciudadanos de acceder a información y sólo se mantienen clasificados aquellos datos con base en una valoración que desclasificará en un tiempo razonable la información reservada.
La senadora del mismo partido, Dolores Padierna, destacó como logro que se impongan a las autoridades del sector energético la “máxima publicidad” de convenios y contrataciones con empresas privadas, en tanto que la Secretaría de Hacienda estará obligada a presentar, sin restricciones, las acciones y medidas de los fideicomisos, el manejo de los créditos fiscales, condonaciones y cancelaciones.
Para la senadora del PRI, María Hilaria Domínguez, este nuevo ordenamiento influiría en el combate a la corrupción y a la impunidad, a partir del fomento de la participación ciudadana.
Del mismo partido, Hilda Esthela Flores Escalera, afirmó que el nuevo ordenamiento garantiza elevar los derechos humanos en igualdad de oportunidades.
Por el PAN, Javier Corral resaltó los avances en el derecho de acceso a la información, pero señaló como “el gran faltante” la ausencia de rigor con el que el Congreso ve a otros poderes, “pero no se ve a sí mismo”. El senador chihuahuense criticó un artículo transitorio, aprobado en comisiones, que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Congreso de la Unión.
La legisladora Alejandra Barrales, del PRD, destacó que se eliminará toda posibilidad de que los sindicatos continúen en la opacidad, “como ha ocurrido hasta la fecha”, ya que la ley los obliga a dar acceso a sus cuentas, su número de afiliados y las aportaciones de recursos públicos.
La nueva ley obligará a aplicar “la prueba del daño y de interés público” en el momento de la clasificación de la información, destacó la senadora del PAN, Laura Rojas, quien también resaltó que la ley “faculta expresamente al IFAI para ordenar la apertura de información relativa a violaciones graves de derechos humanos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Después de un año, esta semana finalmente se discutirá en el Congreso la Ley General de Transparencia, sin embargo, no todos ven claro los detalles de esta propuesta. Conoce ocho puntos que, de acuerdo a organizaciones civiles, representan fallas en la legislación.
La reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en febrero de 2014 está en peligro.
Lo ven así, por lo menos, que 303 organizaciones civiles mexicanas y extranjeras.
Esta semana el Senado discutirá un proyecto de ley secundaria que debió estar aprobado desde el 7 de febrero, pero aún no ha pasado siquiera por la cámara de origen.
La iniciativa contraviene, en opinión de estos colectivos integrados por expertos, el espíritu de la reforma constitucional de una máxima publicidad.
El viraje se dio luego de que la consejería jurídica de la Presidencia presentó 81 reservas al proyecto de Ley General de Transparencia.
Se encaminan, principalmente, a incluir más asuntos reservados, eliminar la necesidad de justificación para negar entrega de documentos y datos, además de cerrar, desde la ley, algunos asuntos vitales como las violaciones graves a los derechos humanos o la información sobre la explotación de hidrocarburos.
La divulgación de un comunicado conjunto, liderado por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, con el apoyo del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya tuvo un primer resultado.
Desde este lunes los funcionarios de presidencia, los legisladores y los ciudadanos debaten en el Senado la inclusión o no de estas reservas en el proyecto final que aprobarán los Senadores y pasará luego a la Cámara baja.
En entrevistas para Reporte Indigo, algunos de los autores de este pronunciamiento conjunto explican por qué decidieron concentrarse en estos ocho puntos en la batalla por eliminar las reservas y buscar que la “máxima confidencialidad” no se convierta en la regla.
1. Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información
Omar Rábago
Director Ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“El artículo 208 de la iniciativa menciona la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los sujetos garantes (como el IFAI) cuando sus decisiones de abrir información generen daños que pudieran afectar a los funcionarios de las dependencias afectadas.
Al ser tan ambiguo el término de generar daño, no explica en qué consiste ni sus alcances, puede hacer que los órganos garantes tengan miedo a dar acceso a la información.
No queda claro qué proceso se va a seguir, pero estamos temiendo que cualquier funcionario afectado acuda al poder judicial a pedir un amparo contra el IFAI diciendo que le fue generado un daño.
Aquí va a primar el miedo de los funcionarios públicos de ser sancionados, van a darle la vuelta al tema para que no se difunda y no puedan resultar afectados.
Estas sanciones no estaban previstas en la iniciativa pero fueron incluidas en las reservas que presentó la consejería jurídica (de la Presidencia), pero no se especifican los montos”.
2. La desaparición de la obligación de generar la información
Renata Terrazas
Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas Fundar
“Los argumentos de consejería jurídica y el Partido Revolucionario Institucional son que al mantener la redacción como está, la propuesta terminaría obligando a que las autoridades ejercieran facultades que no ejercieron.
Quieren eliminar que el Órgano Interno de Control obligue a generar información, con el pretexto de que estarían teniendo más trabajo.
No es un doble trabajo, es algo que en principio debieron haber hecho. La autoridad debe decir: no se llama así el documento que tiene la información que estás pidiendo pero te damos una opción.
No podemos tener el discurso de que no se hizo, queremos que por lo menos se generen documentos importantes.
Esta garantía es una de las pocas cosas que viene tal cual en el texto constitucional, que se debe documentar todo acto de la autoridad.
Entre 2010 y 2014 las dependencias federales negaron más de 30 mil solicitudes de información declarando inexistencia. Las más frecuentes fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Función Pública.
Lo que hacía el órgano garante (IFAI) era resolver que hicieras una búsqueda exhaustiva.
Buscamos que exista la obligación de generar la información. La importancia de esto es muy básico: ¿Cómo garantizar el acceso a la información si no hay información; cómo un acto de autoridad puede ser legal y legítimo si no existe un documento que lo avale?”
3 Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad
Ana Lorena Delgadillo
Directora
Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
“Como está establecido actualmente en la ley, permite que el IFAI se pronuncie en un caso a priori sobre si hay violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esta determinación no tiene ninguna consecuencia jurídica más que preservar un derecho más inmediato de dar el acceso a la información.
En la propuesta de la nueva ley, se le quita al IFAI esta facultad. Será obligatorio que lo determinen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la CIDH el problema es el tiempo que toma para dar una determinación de tal magnitud. Simplemente para ser admitido un caso puede tomar hasta cuatro años.
Esto quitaría el efecto de que en graves violaciones a derechos humanos pueda haber una vigilancia o control ciudadano de lo que se está haciendo en la investigación, un escrutinio público.
Si te van a dar acceso cuando ya haya una determinación de un juez, pierdes un espacio de oportunidad para incidir.
La intención es que hay una afectación general, un control de cómo se está abordando la investigación.
Con la CNDH también toma años. Por ejemplo, en la recomendación sobre el caso de la matanza de migrantes en San Fernando, la CNDH no calificó el caso como violaciones graves, no se pronunció sobre dos derechos fundamentales, que son a la integridad y a la vida.
Esto te limita ya de fondo porque no hay como accionar el derecho de acceso a la información
¿Qué va a pasar cuando le pida a la CNDH información de investigación en curso que ellos están haciendo? Serían juez y parte”.
4. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas
Edna Jaime
Directora México Evalúa
“Incluir la causal de estabilidad económica para negar información es abrir mucho la puerta a la reserva. Debe quedar establecido con mucha precisión cual es la información que se va a limitar, que sea excepcional.
Es legítimo y válido que se solicite una prueba de daño. ¿Cuántas cosas no influyen en la estabilidad económica bajo control y no del Estado mexicano?
Estas reservas buscan diluir la fuerza de la reforma constitucional. Deben quedar claras cuáles serían las razones para reservar información.
La propuesta de la consejería jurídica es que se haga una prueba de daño en la segunda instancia, es decir, cuando el ciudadano pida un recurso de revisión.
Muchos solicitantes no van a una segunda instancia y es importante una argumentación sustantiva, una explicación de por qué generar información sobre un asunto puede causar un daño.
Para esto es importante una Ley de Archivos, para que todo acto de autoridad quede bien documentado, que no quede a discreción del funcionario público. Siendo así el caso es muy difícil justificar la no existencia de la información.
Es muy frecuente que aleguen seguridad nacional sin argumentos. En los casos de reserva necesita una prueba, las reservas son excepcionales y debe estar sustentada, aunque en la práctica no son excepcionales”.
5. Eliminación de la prueba de daño
Omar Rábago
Director ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“Cuando se habla de la prueba de daño, los sujetos obligados no tendrán que valorarlo. Esto evita justificar la decisión a los que se les niega la información.
Estamos hablando de la valoración también, tiene que haber una reflexión, un análisis de la información, que no es propiedad de los funcionarios.
Tendría que darse la máxima publicidad o justificar por qué. Con las reservas se elimina por completo la prueba de daño. Las últimas modificaciones son regresivas. Tuvimos una muy buena reforma constitucional, seguida de una mala reglamentación secundaria.
En términos de derechos humanos la progresividad es importante.
Se puede negar la información sin que haya un proceso de reflexión y análisis antes, sin que haya una justificación.
Lo ganado en la prueba de daño se eliminaría por completo y podría dar pie y la información n se niegue como regla no como excepción”.
6. Intervención ampliada del Consejero Jurídico
Alejandro González Arreola Presidente
Gestión Social y Corporativa
“La reforma constitucional planteaba solamente algunos puntos de excepción para reservar información, que tenían que ver con seguridad nacional, estabilidad económica y financiera.
Sólo facultaba a la consejería jurídica para sustentar, presentar la causal de reserva e impugnar ante el IFAI alguna disposición.
Ahora se está planteando que la consejería jurídica pueda dar cauce a peticiones de inconstitucionalidad de gobiernos estatales, municipales y congresos de los estados.
El análisis de las organizaciones es que ninguno de éstos tiene ninguna acción o tema referido a estabilidad económica ni seguridad nacional.
La consejería estaría funcionando como una especie de gestor. Esto va más allá de sus atribuciones y abre la posibilidad a tener una interpretación laxa del término seguridad nacional a otros como la seguridad pública.
En la ley debe quedar establecido a que se refieren con seguridad nacional y estabilidad económica.
Como copresidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto junto al gobierno federal durante este año, desde Gesoc expresamos la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y el IFAI.
A pesar de que en la elaboración de la iniciativa hubo un consenso, lo que ha hecho la consejería jurídica representa un retroceso”.
7. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos
María Colín
Asesora jurídica Greenpeace México
“Si se revisa la Ley de Hidrocarburos, el tercer capítulo es de la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración.
Este capítulo pareciera que está generando un régimen de transparencia aparte de lo que es la Ley de Transparencia.
Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la confidencial de la información.
En el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, faculta en materia de transparencia a la Secretaría de Energía, pero no menciona gran cosa, esencialmente son números muy básicos.
No vas a obtener una concesión completa, sólo estadísticas del proceso de licitación, bases, reglas, números de contratos. Son cifras rudas, muy generales.
Veo muy difícil que te den interpretación de datos sísmicos o algo más profundo, diferente a los puros listados. La información del contratista no va a ser accesible al público.
El criterio que permea en materia de hidrocarburos es confidencialidad ante todo y luego ya vemos.
Se está violando el principio de la máxima publicidad, porque todo el matiz de esa ley va reiteradamente a la confidencialidad.
La Ley marco es la de transparencia, no se debe garantizar la máxima confidencialidad sino la máxima publicidad. Eso en la práctica no está sucediendo”.
8. Se elimina la obligación de transparentar listado cancelaciones tributarias
Juan Pardinas
Director general Instituto Mexicano para la Competitividad
“Ha habido una serie de malentendidos. En apariencia las condonaciones, esto es, los privilegios fiscales a contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta -que son motivo de irritación de los contribuyentes en el país- van a ser públicas.
No se van a hacer pública las exenciones, como el Impuesto al Valor Agregado en la compra de libros y revistas.
No parece un tema grave que no se hagan públicos porque no privilegia un sector o una empresa.
La discusión de los últimos días con el poder ejecutivo da la apariencia de que no hay ninguna objeción en hacer públicas la condonaciones fiscales.
Con la nueva legislación los gobiernos estatales no nos podrían echar para atrás el requerimiento de conocer lo que se les ha condonado.
Cuando se litigó el caso Yo Contribuyente (para conocer el listado de condonaciones de congresos estatales) el argumento, bastante pedestre, fue que la ley no diferenciaba entre personas morales empresas y públicas, por lo cual los obligaba a guardar la información.
Tendrá que quedar muy claro en la leu que las condonaciones van a ser transparentes.
El principio de justicia de un sistema fiscal es que todos pagamos en forma equivalente a nuestro ingreso, justamente con estas condonaciones era legalizar la evasión y protegerlos con el velo de la opacidad.
Por lo menos ante la luz pública va a haber información, hay que ver cómo se va a publicar, si por solicitud de información.
Si el Servicio de Administración Tributaria ha hecho tanto énfasis en difundir nombres que no han estado al día con sus obligaciones fiscales, también tendrían que publicar la lista de los que perdonaron. Lo deseable sería que no tuviera que mediar una solicitud de información”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Lo ven así, por lo menos, que 303 organizaciones civiles mexicanas y extranjeras.
Esta semana el Senado discutirá un proyecto de ley secundaria que debió estar aprobado desde el 7 de febrero, pero aún no ha pasado siquiera por la cámara de origen.
La iniciativa contraviene, en opinión de estos colectivos integrados por expertos, el espíritu de la reforma constitucional de una máxima publicidad.
El viraje se dio luego de que la consejería jurídica de la Presidencia presentó 81 reservas al proyecto de Ley General de Transparencia.
Se encaminan, principalmente, a incluir más asuntos reservados, eliminar la necesidad de justificación para negar entrega de documentos y datos, además de cerrar, desde la ley, algunos asuntos vitales como las violaciones graves a los derechos humanos o la información sobre la explotación de hidrocarburos.
La divulgación de un comunicado conjunto, liderado por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, con el apoyo del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya tuvo un primer resultado.
Desde este lunes los funcionarios de presidencia, los legisladores y los ciudadanos debaten en el Senado la inclusión o no de estas reservas en el proyecto final que aprobarán los Senadores y pasará luego a la Cámara baja.
En entrevistas para Reporte Indigo, algunos de los autores de este pronunciamiento conjunto explican por qué decidieron concentrarse en estos ocho puntos en la batalla por eliminar las reservas y buscar que la “máxima confidencialidad” no se convierta en la regla.
1. Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información
Omar Rábago
Director Ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“El artículo 208 de la iniciativa menciona la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los sujetos garantes (como el IFAI) cuando sus decisiones de abrir información generen daños que pudieran afectar a los funcionarios de las dependencias afectadas.
Al ser tan ambiguo el término de generar daño, no explica en qué consiste ni sus alcances, puede hacer que los órganos garantes tengan miedo a dar acceso a la información.
No queda claro qué proceso se va a seguir, pero estamos temiendo que cualquier funcionario afectado acuda al poder judicial a pedir un amparo contra el IFAI diciendo que le fue generado un daño.
Aquí va a primar el miedo de los funcionarios públicos de ser sancionados, van a darle la vuelta al tema para que no se difunda y no puedan resultar afectados.
Estas sanciones no estaban previstas en la iniciativa pero fueron incluidas en las reservas que presentó la consejería jurídica (de la Presidencia), pero no se especifican los montos”.
2. La desaparición de la obligación de generar la información
Renata Terrazas
Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas Fundar
“Los argumentos de consejería jurídica y el Partido Revolucionario Institucional son que al mantener la redacción como está, la propuesta terminaría obligando a que las autoridades ejercieran facultades que no ejercieron.
Quieren eliminar que el Órgano Interno de Control obligue a generar información, con el pretexto de que estarían teniendo más trabajo.
No es un doble trabajo, es algo que en principio debieron haber hecho. La autoridad debe decir: no se llama así el documento que tiene la información que estás pidiendo pero te damos una opción.
No podemos tener el discurso de que no se hizo, queremos que por lo menos se generen documentos importantes.
Esta garantía es una de las pocas cosas que viene tal cual en el texto constitucional, que se debe documentar todo acto de la autoridad.
Entre 2010 y 2014 las dependencias federales negaron más de 30 mil solicitudes de información declarando inexistencia. Las más frecuentes fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Función Pública.
Lo que hacía el órgano garante (IFAI) era resolver que hicieras una búsqueda exhaustiva.
Buscamos que exista la obligación de generar la información. La importancia de esto es muy básico: ¿Cómo garantizar el acceso a la información si no hay información; cómo un acto de autoridad puede ser legal y legítimo si no existe un documento que lo avale?”
3 Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad
Ana Lorena Delgadillo
Directora
Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
“Como está establecido actualmente en la ley, permite que el IFAI se pronuncie en un caso a priori sobre si hay violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esta determinación no tiene ninguna consecuencia jurídica más que preservar un derecho más inmediato de dar el acceso a la información.
En la propuesta de la nueva ley, se le quita al IFAI esta facultad. Será obligatorio que lo determinen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la CIDH el problema es el tiempo que toma para dar una determinación de tal magnitud. Simplemente para ser admitido un caso puede tomar hasta cuatro años.
Esto quitaría el efecto de que en graves violaciones a derechos humanos pueda haber una vigilancia o control ciudadano de lo que se está haciendo en la investigación, un escrutinio público.
Si te van a dar acceso cuando ya haya una determinación de un juez, pierdes un espacio de oportunidad para incidir.
La intención es que hay una afectación general, un control de cómo se está abordando la investigación.
Con la CNDH también toma años. Por ejemplo, en la recomendación sobre el caso de la matanza de migrantes en San Fernando, la CNDH no calificó el caso como violaciones graves, no se pronunció sobre dos derechos fundamentales, que son a la integridad y a la vida.
Esto te limita ya de fondo porque no hay como accionar el derecho de acceso a la información
¿Qué va a pasar cuando le pida a la CNDH información de investigación en curso que ellos están haciendo? Serían juez y parte”.
4. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas
Edna Jaime
Directora México Evalúa
“Incluir la causal de estabilidad económica para negar información es abrir mucho la puerta a la reserva. Debe quedar establecido con mucha precisión cual es la información que se va a limitar, que sea excepcional.
Es legítimo y válido que se solicite una prueba de daño. ¿Cuántas cosas no influyen en la estabilidad económica bajo control y no del Estado mexicano?
Estas reservas buscan diluir la fuerza de la reforma constitucional. Deben quedar claras cuáles serían las razones para reservar información.
La propuesta de la consejería jurídica es que se haga una prueba de daño en la segunda instancia, es decir, cuando el ciudadano pida un recurso de revisión.
Muchos solicitantes no van a una segunda instancia y es importante una argumentación sustantiva, una explicación de por qué generar información sobre un asunto puede causar un daño.
Para esto es importante una Ley de Archivos, para que todo acto de autoridad quede bien documentado, que no quede a discreción del funcionario público. Siendo así el caso es muy difícil justificar la no existencia de la información.
Es muy frecuente que aleguen seguridad nacional sin argumentos. En los casos de reserva necesita una prueba, las reservas son excepcionales y debe estar sustentada, aunque en la práctica no son excepcionales”.
5. Eliminación de la prueba de daño
Omar Rábago
Director ejecutivo
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
“Cuando se habla de la prueba de daño, los sujetos obligados no tendrán que valorarlo. Esto evita justificar la decisión a los que se les niega la información.
Estamos hablando de la valoración también, tiene que haber una reflexión, un análisis de la información, que no es propiedad de los funcionarios.
Tendría que darse la máxima publicidad o justificar por qué. Con las reservas se elimina por completo la prueba de daño. Las últimas modificaciones son regresivas. Tuvimos una muy buena reforma constitucional, seguida de una mala reglamentación secundaria.
En términos de derechos humanos la progresividad es importante.
Se puede negar la información sin que haya un proceso de reflexión y análisis antes, sin que haya una justificación.
Lo ganado en la prueba de daño se eliminaría por completo y podría dar pie y la información n se niegue como regla no como excepción”.
6. Intervención ampliada del Consejero Jurídico
Alejandro González Arreola Presidente
Gestión Social y Corporativa
“La reforma constitucional planteaba solamente algunos puntos de excepción para reservar información, que tenían que ver con seguridad nacional, estabilidad económica y financiera.
Sólo facultaba a la consejería jurídica para sustentar, presentar la causal de reserva e impugnar ante el IFAI alguna disposición.
Ahora se está planteando que la consejería jurídica pueda dar cauce a peticiones de inconstitucionalidad de gobiernos estatales, municipales y congresos de los estados.
El análisis de las organizaciones es que ninguno de éstos tiene ninguna acción o tema referido a estabilidad económica ni seguridad nacional.
La consejería estaría funcionando como una especie de gestor. Esto va más allá de sus atribuciones y abre la posibilidad a tener una interpretación laxa del término seguridad nacional a otros como la seguridad pública.
En la ley debe quedar establecido a que se refieren con seguridad nacional y estabilidad económica.
Como copresidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto junto al gobierno federal durante este año, desde Gesoc expresamos la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y el IFAI.
A pesar de que en la elaboración de la iniciativa hubo un consenso, lo que ha hecho la consejería jurídica representa un retroceso”.
7. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos
María Colín
Asesora jurídica Greenpeace México
“Si se revisa la Ley de Hidrocarburos, el tercer capítulo es de la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración.
Este capítulo pareciera que está generando un régimen de transparencia aparte de lo que es la Ley de Transparencia.
Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la confidencial de la información.
En el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, faculta en materia de transparencia a la Secretaría de Energía, pero no menciona gran cosa, esencialmente son números muy básicos.
No vas a obtener una concesión completa, sólo estadísticas del proceso de licitación, bases, reglas, números de contratos. Son cifras rudas, muy generales.
Veo muy difícil que te den interpretación de datos sísmicos o algo más profundo, diferente a los puros listados. La información del contratista no va a ser accesible al público.
El criterio que permea en materia de hidrocarburos es confidencialidad ante todo y luego ya vemos.
Se está violando el principio de la máxima publicidad, porque todo el matiz de esa ley va reiteradamente a la confidencialidad.
La Ley marco es la de transparencia, no se debe garantizar la máxima confidencialidad sino la máxima publicidad. Eso en la práctica no está sucediendo”.
8. Se elimina la obligación de transparentar listado cancelaciones tributarias
Juan Pardinas
Director general Instituto Mexicano para la Competitividad
“Ha habido una serie de malentendidos. En apariencia las condonaciones, esto es, los privilegios fiscales a contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta -que son motivo de irritación de los contribuyentes en el país- van a ser públicas.
No se van a hacer pública las exenciones, como el Impuesto al Valor Agregado en la compra de libros y revistas.
No parece un tema grave que no se hagan públicos porque no privilegia un sector o una empresa.
La discusión de los últimos días con el poder ejecutivo da la apariencia de que no hay ninguna objeción en hacer públicas la condonaciones fiscales.
Con la nueva legislación los gobiernos estatales no nos podrían echar para atrás el requerimiento de conocer lo que se les ha condonado.
Cuando se litigó el caso Yo Contribuyente (para conocer el listado de condonaciones de congresos estatales) el argumento, bastante pedestre, fue que la ley no diferenciaba entre personas morales empresas y públicas, por lo cual los obligaba a guardar la información.
Tendrá que quedar muy claro en la leu que las condonaciones van a ser transparentes.
El principio de justicia de un sistema fiscal es que todos pagamos en forma equivalente a nuestro ingreso, justamente con estas condonaciones era legalizar la evasión y protegerlos con el velo de la opacidad.
Por lo menos ante la luz pública va a haber información, hay que ver cómo se va a publicar, si por solicitud de información.
Si el Servicio de Administración Tributaria ha hecho tanto énfasis en difundir nombres que no han estado al día con sus obligaciones fiscales, también tendrían que publicar la lista de los que perdonaron. Lo deseable sería que no tuviera que mediar una solicitud de información”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
"Queremos que haya una definición precisa de lo que es seguridad nacional, esto va ayudar a todos", sostuvo el comisionado del Ifai.
La ley general de transparencia debe aprobarse con altos estándares; el tema de transparencia a nivel nacional es lo que se discute, es un asunto fundamental para transitar a una democracia electoral y de contenidos, señaló el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai), Óscar Guerra Ford.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los comisionados del Ifai “han asumido una postura conjunta, entregando un decálogo a senadores que deberían ser considerados”.
Recordó que “hicimos llegar al Senado, diez puntos relevantes en la definición de lo que será la ley en materia de transparencia”.
Y explicó que “lo que hay ahorita en las comisiones del Senado es una iniciativa, a partir de ahí hay documentos de trabajo que han surgido de escuchar a diferentes sectores de la sociedad”.
“Todavía no hay ningún predictamen, harán audiencias públicas para escuchar otra vez a los sujetos obligados, a la sociedad civil”, agregó.
Guerra Ford dijo que el primer punto de los diez consiste en “que el Ifai pueda, como lo hace ahora, tener una excepción a la causal de reserva de averiguaciones previas y de documentación relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir que cuando una información sea solicitada por cualquier persona de una averiguación previa o documentación o determinado acontecimiento y esta sea reservada porque es una causal de reserva, el Ifai pueda analizar si este acontecimiento se convierte o puede ser calificado como una violación grave de derechos humanos o crimen de lesa humanidad para hacer la excepción y ordenar la entrega de esta información en versiones públicas”.
“Así lo hemos hecho, hemos resuelto en casos como el de San Fernando, el de Tlatlaya y hay un proyecto para el caso Iguala, creemos que es fundamental que la gente pueda acceder a información que impacta a la sociedad”, añadió.
Sostuvo que “no queremos invadir ninguna función, pero queremos que se pueda acceder a la información en un tiempo razonable”.
“El Senado considera que puede haber una intromisión en las funciones y competencias en derechos humanos. No lo creemos así… nosotros lo calificamos para dar acceso a la información, esto no nos va impedir que en algún momento podamos coincidir, porque hay parámetros, no es discrecionalmente”, aseveró.
Guerra Ford afirmó que el Ifai “tomará una decisión muy responsable y apegada siempre a derecho para estos casos, creemos que debe de continuar así y se debe de pronunciar el Ifai para poder abrir la información de que sean los hechos menores, nadie los quiere, pero que sí llegan a acontecer, lo mínimo que tenga la población es información de lo que sucedió”.
El comisionado apuntó que “en la reforma constitucional quedó una excepción para los recursos que resuelva el Ifai, y quedó la excepción de seguridad nacional y con una sola instancia que sería la Consejería Jurídica, eso ya está en la Constitución y no nos estamos oponiendo, pero lo que sí queremos es que haya una definición precisa de lo que es seguridad nacional, esto va ayudar a todos, a los ciudadanos que soliciten información, a las autoridades y obviamente a la Consejería Jurídica y en su momento hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“Estamos pidiendo que haya posibilidad de que el tercer interesado, en este caso el solicitante o recurrente en su momento, pueda participar en ese sentido dado que será afectado, está bien que la Suprema Corte resuelva, pero sí queremos que se acote porque si no va a estar recurriendo la Consejería Jurídica cuestiones al no estar definidas a la interpretación”.
“Si queremos todos ganar confianza, la transparencia es la suma de confianzas, ahora que se hicieron las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, energética, obviamente se habló de que todos los procesos de licitación hay entrada de inversión extranjera y nacional, para aumentar la competitividad tendría que ser transparentes. Hay un principio económico que dice que la competencia perfecta se puede dar cuando hay información perfecta”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los comisionados del Ifai “han asumido una postura conjunta, entregando un decálogo a senadores que deberían ser considerados”.
Recordó que “hicimos llegar al Senado, diez puntos relevantes en la definición de lo que será la ley en materia de transparencia”.
Y explicó que “lo que hay ahorita en las comisiones del Senado es una iniciativa, a partir de ahí hay documentos de trabajo que han surgido de escuchar a diferentes sectores de la sociedad”.
“Todavía no hay ningún predictamen, harán audiencias públicas para escuchar otra vez a los sujetos obligados, a la sociedad civil”, agregó.
Guerra Ford dijo que el primer punto de los diez consiste en “que el Ifai pueda, como lo hace ahora, tener una excepción a la causal de reserva de averiguaciones previas y de documentación relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es decir que cuando una información sea solicitada por cualquier persona de una averiguación previa o documentación o determinado acontecimiento y esta sea reservada porque es una causal de reserva, el Ifai pueda analizar si este acontecimiento se convierte o puede ser calificado como una violación grave de derechos humanos o crimen de lesa humanidad para hacer la excepción y ordenar la entrega de esta información en versiones públicas”.
“Así lo hemos hecho, hemos resuelto en casos como el de San Fernando, el de Tlatlaya y hay un proyecto para el caso Iguala, creemos que es fundamental que la gente pueda acceder a información que impacta a la sociedad”, añadió.
Sostuvo que “no queremos invadir ninguna función, pero queremos que se pueda acceder a la información en un tiempo razonable”.
“El Senado considera que puede haber una intromisión en las funciones y competencias en derechos humanos. No lo creemos así… nosotros lo calificamos para dar acceso a la información, esto no nos va impedir que en algún momento podamos coincidir, porque hay parámetros, no es discrecionalmente”, aseveró.
Guerra Ford afirmó que el Ifai “tomará una decisión muy responsable y apegada siempre a derecho para estos casos, creemos que debe de continuar así y se debe de pronunciar el Ifai para poder abrir la información de que sean los hechos menores, nadie los quiere, pero que sí llegan a acontecer, lo mínimo que tenga la población es información de lo que sucedió”.
El comisionado apuntó que “en la reforma constitucional quedó una excepción para los recursos que resuelva el Ifai, y quedó la excepción de seguridad nacional y con una sola instancia que sería la Consejería Jurídica, eso ya está en la Constitución y no nos estamos oponiendo, pero lo que sí queremos es que haya una definición precisa de lo que es seguridad nacional, esto va ayudar a todos, a los ciudadanos que soliciten información, a las autoridades y obviamente a la Consejería Jurídica y en su momento hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
“Estamos pidiendo que haya posibilidad de que el tercer interesado, en este caso el solicitante o recurrente en su momento, pueda participar en ese sentido dado que será afectado, está bien que la Suprema Corte resuelva, pero sí queremos que se acote porque si no va a estar recurriendo la Consejería Jurídica cuestiones al no estar definidas a la interpretación”.
“Si queremos todos ganar confianza, la transparencia es la suma de confianzas, ahora que se hicieron las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, energética, obviamente se habló de que todos los procesos de licitación hay entrada de inversión extranjera y nacional, para aumentar la competitividad tendría que ser transparentes. Hay un principio económico que dice que la competencia perfecta se puede dar cuando hay información perfecta”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Si el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta carecerá de legitimidad, sostienen las fracciones del PRD y del PAN, algunos de cuyos legisladores se quejan por los candados que se le introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos que administran Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÉXICO, D.F: Más de 250 horas de discusión y trabajo del grupo plural de senadores y expertos para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública terminaron por descarrilarse.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales, presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la información”; también están los relacionados con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales, presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la información”; también están los relacionados con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Según expuso la organización en un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de PRI y PVEM intentan eliminar el artículo 214 del proyecto de ley, el cual estipula que no será perseguido quien divulgue información “clasificada como reservada”, en el caso de que sea de interés público.
En su forma actual, el artículo 214 plantea la protección y la garantía de no persecución a los filtradores que revelen “violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional”.
En los últimos años, el papel de los filtradores de información ha sido central en la revelación de escándalos de escala internacional, desde el surgimiento de WikiLeaks en 2006 hasta la divulgación el domingo 8 del enorme fraude fiscal operado por la filial del banco HSBC en Ginebra por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“La eliminación del artículo 214 de la ley produciría un efecto silenciador que disminuiría el acceso a la información y, en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público”, recordó R3D al exhortar el Senado a mantener el párrafo en el texto final.
Las 80 “reservas” del PRI
R3D denunció que la eliminación del artículo 214, una de las más de 80 reservas que formuló el PRI en el proyecto de ley, forma parte de un intento de vaciar el texto de los acuerdos centrales convenidos entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las medidas amenazadas por el partido en el poder se encuentra, según R3D, la que obliga a las agencias de seguridad –el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o el Estado Mayor Presidencial (EMP), entre otros— a contar con un comité de transparencia.
También se encuentra en riesgo la obligación por parte de las agencias de seguridad de generar información respecto de sus programas de vigilancia masiva, los cuales conforman la intervención de comunicaciones privadas, retención de datos y geolocalización.
Por ello R3D insistió en que el PRI intenta “establecer una serie de causas para ocultar información de interés público que son claramente injustificadas, pero que además hacen que las autoridades no tengan siquiera que explicar los razonamientos para tal ocultamiento”.
Entre las causas que permitirían a las autoridades ocultar la información se encuentran la “seguridad nacional” –ya ampliamente utilizada para negar solicitudes de información–, así como “la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, como lo recordó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al pedir al Senado que detalle con precisión lo que abarcan estos conceptos genéricos.
Luego, planteó: “¿Por qué la presidencia de la República y este partido se oponen a ser vigilados, fiscalizados y transparentados como correspondería en un sistema democrático?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
El organismo también demandó que en el dictamen se precisen los conceptos y causales de “seguridad nacional” y “estabilidad financiera o montería” que son utilizados en el borrador de esta ley como “candados” para reservar información.
En reunión privada que sostuvieron los integrantes de la comisión redactora de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana con la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente de la Mora, la representante del instituto les expresó los 10 puntos de observaciones sobre el borrador que ha circulado y que es considerado por PRD y PAN como una “regresión” a lo avanzado en esta materia.
El IFAI también demanda mantener la llamada “prueba del daño” al momento de reservar información; incorporar a los fideicomisos y fondos públicos como sujetos obligados; integrar un Sistema Nacional de Transparencia, y dar acceso a los nombres de las personas que han recibido cancelaciones y condonaciones de un crédito fiscal en materia tributaria.
En su decálogo de observaciones, el IFAI expresa claramente que si no se mantiene el principio de “máxima publicidad”, establecido en el sexto constitucional, la ley que se discute en el Senado puede considerarse una regresión.
En rueda de prensa, tras su reunión vespertina de este lunes 16, Ximena Puente de la Mora solamente agradeció la posibilidad de “dialogar directamente”, mientras que el senador Pablo Escudero, del PVEM y presidente de la comisión dictaminadora, afirmó que el documento de 10 observaciones del IFAI es “un insumo más para los senadores”.
Según Escudero, “cada día nos acercamos más a tener un predictamen”, pero no ofreció fecha precisa. La discusión para esta ley secundaria tenía un plazo que ya se venció: sábado 7, día máximo para aprobarse.
“Yo sería incapaz de presentarme con un dictamen que no esté consensuado”, insistió Escudero, pero evitó mencionar qué temas se mantienen “encorchetados” y si ya se modificó el borrador que PAN y PRD consideraron regresivo.
Antes de la reunión en privado, Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD, advirtió que no aceptarán un “retroceso al propósito de la reforma constitucional”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Todavía falta mucho para que el grueso de los ciudadanos asuman como una cosa muy propia el que se les dé información y ellos la usen, expuso el historiador.
Normalmente, aquí y en otros países, el concepto de “seguridad nacional”, usado para reservar información, en la práctica equivale a “seguridad del gobierno”, o incluso “la seguridad del Ejecutivo”; los sujetos obligados se “envuelven” en la “seguridad nacional”, como si a todos nos conviniera que hubiera áreas secretas, expuso Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de Noticias MVS, el historiador abundó que el concepto se ha usado para “tapar un montón de corruptelas, y sobre todo abusos del poder”.
“Entre más restrinjamos este concepto, mejor para la mayoría; entre más amplio se quede, mejor para los intereses de los pocos que están a cargo del gobierno y del Estado”, dijo, en referencia a la ley en materia de transparencia, que se discute en el Senado.
“Los intereses que se cobijan bajo el concepto de seguridad nacional son intereses de personas muy concretas”, agregó.
Actualmente, sostuvo, “nuestra obligación es señalar el peligro” porque la “información es poder”. “De ahí todos los gobiernos intenten restringir el acceso a la información”, resaltó.
Recordó que en la historia de México se puede notar cómo se distorsionaba buena parte de la información. “Así que el tema se puede ver casi como una guerra: la guerra de la información es la guerra por unas parcelas enormes de poder”, refirió.
Meyer aseveró que el PRI y el Partido Verde pueden impulsar nuevas restricciones en la ley, para acceder a la información gubernamental. Con ello, avanzaríamos lo menos posible, y nos pareceríamos cada vez más “a lo que éramos y no a lo que deberíamos ser“.
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FUENTE: ARITEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En la Mesa Política de Noticias MVS, el historiador abundó que el concepto se ha usado para “tapar un montón de corruptelas, y sobre todo abusos del poder”.
“Entre más restrinjamos este concepto, mejor para la mayoría; entre más amplio se quede, mejor para los intereses de los pocos que están a cargo del gobierno y del Estado”, dijo, en referencia a la ley en materia de transparencia, que se discute en el Senado.
“Los intereses que se cobijan bajo el concepto de seguridad nacional son intereses de personas muy concretas”, agregó.
Actualmente, sostuvo, “nuestra obligación es señalar el peligro” porque la “información es poder”. “De ahí todos los gobiernos intenten restringir el acceso a la información”, resaltó.
Recordó que en la historia de México se puede notar cómo se distorsionaba buena parte de la información. “Así que el tema se puede ver casi como una guerra: la guerra de la información es la guerra por unas parcelas enormes de poder”, refirió.
Meyer aseveró que el PRI y el Partido Verde pueden impulsar nuevas restricciones en la ley, para acceder a la información gubernamental. Con ello, avanzaríamos lo menos posible, y nos pareceríamos cada vez más “a lo que éramos y no a lo que deberíamos ser“.
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FUENTE: ARITEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Hay que prender los focos rojos, sostuvo la politóloga, ante la discusión de la ley de transparencia.
La reforma constitucional que se aprobó el año pasado buscaba ampliar las fronteras del acceso de los ciudadanos a la información; esa reforma y la propia creación del Ifai se había vuelto la joya de la corona, una de las pocas cosas que podíamos presumir como un gran logro de la transición, y un logro pactado entre todos los partidos, que ampliaba las libertades y sobre todo los derechos ciudadanos, así como las herramientas para obtener información, que es suya, les corresponde, indicó Denise Dresser.
En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, consideró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es “muy grave”, porque una coalición del PRI-Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República están intentando cambiar el Ifai, y la ley general de transparencia, “que es la joya de la corona”, por espejitos.
“Espejitos que nos venden como un avance, cuando en realidad significan un retroceso muy importante. De hecho ni siquiera hay un documento formal que se haya presentado. Circulan diferentes versiones de lo que el PRI, el Partido Verde y la Presidencia están intentando hacer, entonces, es difícil incluso para los organismos civiles tener acceso a lo que están planteando furtivamente, a sus espaldas, hacer los partidos”, señaló.
Se trata de cambios graves porque trazan una ruta contraria a buenas prácticas a las buenas prácticas establecidas a nivel internacional y contenidas a nivel constitucional, puntualizó la doctora.
“Tendrían un efecto regresivo en el ejercicio al derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos”, sostuvo.
Por ejemplo, se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para reservar información; o que la ley en materia de transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes, con lo que se subordinaría a otras disposiciones.
“Es lo que siempre nos pasa: firmamos tratados y luego esos tratados quedan subordinado a leyes nacionales con las cuales se debilita el contenido original”, expuso.
También, se busca excluir a ciertas instituciones de la ley de transparencia, en particular a Pemex y la CFE, “lo cual sería gravísimo… en el momento en el que se abre el sector energético a la inversión privada, donde más transparencia debería haber, a la forma en la cual se licita, cómo se ganan los contratos, quiénes participan; además en dos instituciones que traen arrastrando una larga historia de irregularidades y de corrupción”.
Dresser agregó que en la ley -según la propuesta del PRI-PVEM y la Consejería de la República- se busca ampliar los plazos de reserva de información.
“Si ya teníamos un problema de que la información estaba reservada 10 años, en casos de supuesta seguridad nacional… ahora si se amplian los plazos va a ser una generación en la que nos vamos a quedar sin información que es nuestra”, comentó.
Incluso, se busca eliminar obligaciones de transparencia, como eliminar la obligación de que funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En suma, las modificaciones que se pretenden, “constituyen un grave retroceso”, por lo que “hay que prender todos los focos rojos”, involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, y elevar el costo político para el PRI, el Partido Verde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que lleven a cabo esas acciones que están sugiriendo, en lo oscurito, “y prevenir que nos arrebaten la joya de la corona y que a cambio nos entreguen espejitos de plástico, además sugiriendo que esto constituye un avance, cuando en realidad no lo es”.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, consideró que lo que ha ocurrido en las últimas semanas es “muy grave”, porque una coalición del PRI-Partido Verde y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República están intentando cambiar el Ifai, y la ley general de transparencia, “que es la joya de la corona”, por espejitos.
“Espejitos que nos venden como un avance, cuando en realidad significan un retroceso muy importante. De hecho ni siquiera hay un documento formal que se haya presentado. Circulan diferentes versiones de lo que el PRI, el Partido Verde y la Presidencia están intentando hacer, entonces, es difícil incluso para los organismos civiles tener acceso a lo que están planteando furtivamente, a sus espaldas, hacer los partidos”, señaló.
Se trata de cambios graves porque trazan una ruta contraria a buenas prácticas a las buenas prácticas establecidas a nivel internacional y contenidas a nivel constitucional, puntualizó la doctora.
“Tendrían un efecto regresivo en el ejercicio al derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos”, sostuvo.
Por ejemplo, se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para reservar información; o que la ley en materia de transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes, con lo que se subordinaría a otras disposiciones.
“Es lo que siempre nos pasa: firmamos tratados y luego esos tratados quedan subordinado a leyes nacionales con las cuales se debilita el contenido original”, expuso.
También, se busca excluir a ciertas instituciones de la ley de transparencia, en particular a Pemex y la CFE, “lo cual sería gravísimo… en el momento en el que se abre el sector energético a la inversión privada, donde más transparencia debería haber, a la forma en la cual se licita, cómo se ganan los contratos, quiénes participan; además en dos instituciones que traen arrastrando una larga historia de irregularidades y de corrupción”.
Dresser agregó que en la ley -según la propuesta del PRI-PVEM y la Consejería de la República- se busca ampliar los plazos de reserva de información.
“Si ya teníamos un problema de que la información estaba reservada 10 años, en casos de supuesta seguridad nacional… ahora si se amplian los plazos va a ser una generación en la que nos vamos a quedar sin información que es nuestra”, comentó.
Incluso, se busca eliminar obligaciones de transparencia, como eliminar la obligación de que funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En suma, las modificaciones que se pretenden, “constituyen un grave retroceso”, por lo que “hay que prender todos los focos rojos”, involucrar a todas las organizaciones de la sociedad civil, y elevar el costo político para el PRI, el Partido Verde, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que lleven a cabo esas acciones que están sugiriendo, en lo oscurito, “y prevenir que nos arrebaten la joya de la corona y que a cambio nos entreguen espejitos de plástico, además sugiriendo que esto constituye un avance, cuando en realidad no lo es”.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se reunirán este lunes 16 con los coordinadores parlamentarios del Senado, y retomarán los 10 puntos.
El Ifai envió al Senado sus observaciones al proyecto de la Ley General de Transparencia.
Se trata de diez puntos que los comisionados consideran irreductibles, porque su modificación podría implicar un retroceso en la materia.
El instituto rechaza establecer sanciones a los organismos en materia de transparencia, pues “inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información”. Entre los 10 planteamientos también destacan:
- La permanencia de la cláusula interpretativa prima facie en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que no estén condicionadas a un pronunciamiento previo de la autoridad competente.
- Que las causas para la reserva de información por seguridad nacional o estabilidad financiera sean muy precisos.
-No imponer sanciones a organismos en materia de transparencia.
-Que los sujetos obligados, cuando pretendan reservar información, realicen la prueba de daño, como mecanismo argumentativo.
Diez Puntos by Aristegui Noticias
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AUTOR: REDACCIÓN.
Se trata de diez puntos que los comisionados consideran irreductibles, porque su modificación podría implicar un retroceso en la materia.
El instituto rechaza establecer sanciones a los organismos en materia de transparencia, pues “inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información”. Entre los 10 planteamientos también destacan:
- La permanencia de la cláusula interpretativa prima facie en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que no estén condicionadas a un pronunciamiento previo de la autoridad competente.
- Que las causas para la reserva de información por seguridad nacional o estabilidad financiera sean muy precisos.
-No imponer sanciones a organismos en materia de transparencia.
-Que los sujetos obligados, cuando pretendan reservar información, realicen la prueba de daño, como mecanismo argumentativo.
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