Transparencia empantanada

Con las modificaciones impulsadas por el PRI para las nuevas leyes en esa materia, la negociación está atorada en el Senado. El PRD acusa que el tricolor está frenando los avances.

Apesar de que ya se venció el plazo para que sean aprobadas las leyes de transparencia, su negociación continúa empantanada en comisiones del Senado.

Esto debido a una serie de modificaciones que son impulsadas por el PRI y en las que los partidos de izquierda no están de acuerdo.

Senadores del PRD acusaron que el tricolor impulsa alrededor de 80 modificaciones al dictamen de la Ley de Transparencia, entre las que se encuentran que la información sobre las violaciones graves a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o a actos de corrupción sea abierta “hasta que una autoridad competente resuelva la materia”.

Se contempla, además, eliminar del catálogo de sujetos obligados a los Fondos y los Fideicomisos gubernamentales.

“Si no se frenan (las modificaciones), pues en realidad, lo que estaría ocurriendo es una enorme limitación a los avances que en materia de transparencia se han tenido”, denunció Armando Ríos Piter, senador por Guerrero.

Los priistas han planteado una ampliación del catálogo de temas y tópicos que deben permanecer reservados, intención que resulta “intransitable” para los perredistas.

Aunado a esto, el tricolor intenta que en algunas dependencias o entidades ni siquiera se considere la obligación de establecer un consejo de transparencia, acusaron.

En ese supuesto se encontrarían el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Protección, la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y el Estado Mayor Presidencial y de las Fuerzas Armadas.

El PRI busca también eliminar la necesidad de que se exprese “la prueba de daño”, a través de la cual las dependencias que decidan no hacer pública una información deben justificar cuál sería el daño que se haría al país si se revela.

Se busca también matizar la figura de la recomendación, que la oposición considera como fundamental para la prevención y que se busca dejar con un carácter no vinculante.

“Esto va totalmente en contra de lo que existe en Estados Unidos y en el mundo, esto es una regresión”, afirmó el perredista Zoe Robledo, senador por Chiapas.

En la reserva de información sobre los Fondos y Fideicomisos, los perredistas alertaron sobre la opacidad que habrá sobre el manejo de recursos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y de los tres niveles de Gobierno que están radicados en esas figuras.

Dolores Padierna acusó que se intenta ocultar principalmente la información proveniente del Fondo Mexicano del Petróleo.

“Hay que decir que los recursos millonarios que hay en los fondos y fideicomisos son recursos públicos y que, por lo tanto, deben de tener máxima transparencia, más aún si se trata del Fondo Monetario del Petróleo se trata de ingresos petroleros que deben de estar a la vista al día, diario se saca petróleo, diario  hay ingresos petroleros, diario tenemos que revisar cómo se va conformando este Fondo Mexicano del Petróleo”, afirmó Padierna.

Los legisladores acusaron que con los cambios que se proponen, se fomenta que exista un ambiente de discrecionalidad en toda la Administración Pública.

Por su parte, el PRI definió el tema de transparencia como una de sus prioridades en este periodo de sesiones y han acusado que es la oposición quien no quiere continuar con la negociación del tema.

Sin embargo, los perredistas acusaron que las modificaciones no provienen de la bancada del PRI, sino directamente de la Presidencia de la República, por lo que no hay con quién negociar.

“Los corchetes tienen un origen. ¿Con quién vamos a discutir los corchetes, las diferencias? Lo que nosotros estamos planteando al PRI es que no tiene ninguna razón estar discutiendo con quien no está realizando las modificaciones. Si hay corchetes de última hora, necesitamos discutir con quien puso esos corchetes”, señaló Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.


Los legisladores se pronunciaron por llevar a cabo el debate de las modificaciones de forma abierta y que los debates sean transmitidos por el Canal del Congreso.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Ley de transparencia tropezó con casas en Las Lomas y Malinalco: Encinas

La legislación en esta materia fue analizada por el senador, la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega.

La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se prepara en el Senado, “lamentablemente tropezó en el mes de diciembre, y tropezó con varias casas en Las Lomas, en el club de Golf en Malinalco, o en otros lugares… porque el gobierno (federal) se dio cuenta de la dimensión, el alcance de la iniciativa que habíamos planteado”, consideró el senador Alejandro Encinas. 

En una mesa de análisis en MVS sobre dicha legislación -en la cual también participó la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega-, el legislador indicó que “fracasó” un proyecto para construir una iniciativa plural, con la participación de la sociedad civil.

“Esto llevó a que no se dictaminara la ley en diciembre”, pues detectaron varias “regresiones”, propuestas por el PRI y el Partido Verde, por lo que se pospuso para el nuevo periodo de sesiones, que inició en febrero; con esto, “no se cumplió con el término constitucional que se estableció para publicar las leyes reglamentarias en materia de transparencia”, abundó Encinas.

Entre las propuestas de modificación planteadas por PRI-PVEM, a una iniciativa ya consensuada, el senador recordó ocho, que en general consisten en que “ya se ponen mayores restricciones a conocer información sobre violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde plantean que sea hasta que falle la autoridad competente cuando se pueda poner a disposición esa información”.

“¿Qué implicaría esto? Que resoluciones como las que ha tomado el Ifai, para conocer de los hechos de Tlatlaya, o las fotografías que el Ejército tomó a los muchachos de Ayotzinapa, no podría tenerse acceso, hasta que se diera por concluido el caso, por parte de la Procuraduría General de la República”, ejemplificó Encinas.

-¿O sea podría ser nunca?-, preguntó la periodista Carmen Aristegui.

“Exactamente. Y en ese nunca también amplía los plazos de reserva, así como los conceptos de información reservada en materia de seguridad nacional, riesgos a la economía, a la estabilidad financiera, a la estabilidad monetaria del país, amplía los plazos de reserva, estableciendo la posibilidad de una prórroga adicional. En términos concretos no solamente es ampliar hasta siete años la reserva de alguna información sino con las prórrogas, prácticamente serían prórrogas consecutivas, donde no se tendría en el conocimiento de la información vinculada con estos hechos”, detalló el legislador.

Además, se propone dejar solamente en manos del titular de la dependencia la conducción de toda la política en materia de acceso a la información, “con lo cual aumentaría enormemente la opacidad o la discrecionalidad”, consideró.

En la propuesta de priistas y verdes, también plantean eliminar la obligación de los sujetos obligados de acreditar la llamada “prueba de daño”, que presenta para argumentar que se debe reservar determinada información.

Además, se propone que el consejero jurídico de la Presidencia pueda presentar, cuando haya “riesgo a la seguridad nacional”, recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre determinada solicitud de información.

Por su parte, la comisionada Areli Cano dijo que confía en que el legislativo cumpla con una normatividad “de avanzada, progresista”.

Sin embargo, reconoció que hay preocupación en el Ifai sobre 2 temas: que se intente reservar información en casos de violaciones a derechos humanos o el hecho de que el consejero de la Presidencia pueda interponer recursos de revisión.

Cano mencionó que otro tema preocupante es el acceso restringido a la información, que se pretende. Y aseveró que las autoridades deben seguir fundando, motivando y explicando las razones por las cuales deciden no otorgar información.

A su vez, Guillermo Noriega dijo que ha visto “propuestas regresivas”, sin nombre ni rostro.


Por ello, llamó a hacer públicos los dictámenes de esta legislación, pues actualmente hay una “parte nebulosa”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley de Transparencia: los cambios que propone el PRI y que organizaciones califican de regresivos

Límites para transparentar información sobre violaciones a derechos humanos, que instituciones de inteligencia puedan reservar datos o que sea más sencillo negar información.

La iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década, acusan organizaciones civiles tras analizar los cambios que el Ejecutivo sugirió a la propuesta de ley y que actualmente impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

La discusión de esos cambios es lo que llevó a que los legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Ello a pesar de que la redacción de una iniciativa ya acumulaba más de 200 horas de trabajo entre senadores y sociedad civil que redactaron y presentaron un documento el pasado 2 de diciembre.

Y aunque en esa iniciativa hubo detalles que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas cuestionaron ⎯como que la estabilidad económica fuera una causal para reservar datos o la sanción a funcionarios de los órganos garantes que ordenaran publicar información⎯, se mantenían principios elementales para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a información pública.

Sin embargo, el Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia con más de 80 cambios ⎯entre técnicos y de fondo⎯ con los que se deja atrás el trabajo que la sociedad civil realizó con los legisladores.

“Si se aceptan esos cambios perderemos todo lo que se ha avanzado en tema de transparencia. Estas modificaciones eliminan los criterios jurisdiccionales que amplían el derecho de acceso a la información. No sólo pervierten la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado si no que neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de 2014”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Los colectivos civiles que integraron las mesas de trabajo con senadores confirman que, con los cambios que envío el Ejecutivo, ya no ha habido vías institucionales para participar en la redacción del documento, aunque se acordó que se haría en Parlamento Abierto.

La senadora del PRI, Arely Gómez, dijo que con la sociedad civil se realizó un proceso de consulta que ya concluyó y que ahora es trabajo de los senadores definir el contenido de la Ley General de Transparencia.

Estas son algunas de las modificaciones impulsadas en el Senado por el PRI y el PVEM y que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas califican de regresivas:

Transparentar violaciones a DDHH

El artículo 115 establece que no puede declararse información reservada cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la iniciativa de sociedad civil establecía que la trascendencia social de las violaciones era suficiente motivo para publicitar los datos.

La propuesta del PRI elimina esa posibilidad y agrega que se necesita el pronunciamiento de alguna autoridad competente que confirme las violaciones a derechos humanos para que la información no se reserve.

Se elimina el sistema de sanciones

En la iniciativa de sociedad civil y senadores se incluyó un capítulo para sancionar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, es decir, castigar a los sujetos obligados que declaren inexistencia de información cuando sí la tengan, por ejemplo; o que reserven datos sin justificación.

En la propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se elimina por completo el capítulo y deja sin sanción las violaciones al derecho de acceso a la información.

Negar información, sin justificación

Actualmente, cuando un sujeto obligado niega información al ciudadano debe comprobar el daño que causa entregar esos datos.

La propuesta del PRI es que ya no tengan que justificar por qué no están entregando la información a menos que el ciudadano acuda a un órgano garante (el Instituto Federal de Acceso a Información, IFAI; o el equivalente en los estados).

Según sociedad civil esto abre la puerta a que todos los sujetos obligados opten por negar información apostando a que, según estadísticas del IFAI, un porcentaje mínimo de ciudadanos se quejan ante el órgano garante y sólo en ese caso tendrían que justificar la negativa o entregar los datos.

Causales de reservas y sin tiempo para abrir la información

Además de que se mantiene como causal de reserva la estabilidad económica ⎯según Colectivos por la Transparencia es una causal muy amplia y ambigua; y en los términos de la iniciativa todo podría considerarse que atenta contra la estabilidad económica como la corrupción o un caso de violación de derechos⎯ se convierte en un tema de reserva infinito.

Cuando se reserva información por temas de estabilidad económica, financiera y monetaria y para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos, no existe tiempo límite para abrir la información.

Y en los casos que sí tienen periodo de reserva, se incrementan los tiempo: en lugar de cinco años se propone que sean siete y cuando se solicita y aprueba un plazo para ampliar la reserva, en lugar de dos, podrían ser cinco.

Sin prueba de daño

Uno de los mayores logros de sociedad civil en la discusión de la iniciativa había sido que los senadores aceptaron incluir una prueba de daño, es decir, los Comités de transparencia de cada sujeto obligado deberían analizar el impacto que tiene en la sociedad cierto tipo de información y así determinar si debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información.

En los cambios del PRI y Presidencia se elimina la prueba de daño y en lugar de que los Comités justifiquen la clasificación de información sólo confirman o revocan la decisión.

Condonaciones fiscales, no sabremos a quién sí

El PRI y el PVEM impulsan que sólo se deban publicar los montos de las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, en lugar de los nombres de los beneficiados, como proponía sociedad civil.

Instituciones de inteligencia, un trato diferenciado

Tras la reforma constitucional en la materia se fortaleció la figura de los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado, encargados de garantizar mejores prácticas en la entrega o reserva de información.

Sin embargo, el PRI está proponiendo que las instituciones de inteligencia no cuenten con este Comité y que corresponda a los titulares de las instancias de gobierno determinar qué datos son reservados.

Los beneficiados de esta diferenciación serían: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada.

Más poder al Ejecutivo


Aunque sociedad civil no pudo evitar en las mesas de trabajo con senadores que el Consejero Jurídico de la Presidencia tuviera la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando considere que el fallo del IFAI al ordenar la apertura de cierta información atenta contra la seguridad nacional; con la propuesta del Ejecutivo además de mantener esa facultad se añade que cualquier instancia pueda acudir al Consejero para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del IFAI y se mantengan ciertos datos reservados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.