Congreso aprueba Ley de Víctimas para Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO: El Congreso local aprobó por mayoría -45 votos a favor y uno en contra-, la nueva Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que permitirá proteger y tutelar los derechos humanos de las víctimas.


“Les dará voz a las víctimas, y tutelará derechos que antes no estaban contemplados, como una asistencia de un abogado de confianza o revisiones del caso”, dijo en tribuna la diputada local, Maryjose Gamboa Torales.

El dictamen remitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales fue aprobado por el Pleno en la cuarta sesión extraordinaria de este jueves y señala la nueva creación de una nueva Comisión que contará con un mando unipersonal, que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría jurídica y el Registro Estatal de Víctimas.

Ley de Víctimas en Veracruz no debe agravar sufrimiento de familiares: Colectivo Solecito

En Xalapa, durante una asamblea extraordinaria, el Congreso local pretende aprobar el 30 de marzo la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz. Ante esta posibilidad, el Colectivo Solecito, integrado por familiares de desaparecidos se reunió con diputados locales para exigir que esta ley “tenga uñas y dientes” para ser aplicada.  

Si bien es cierto que la Ley de Víctimas “urge”, está debe tener suficiente capacidad de ser aplicada, es decir “que tenga uñas y dientes“, advirtió la coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz.

Aprueba Senado en lo general reformas a la ley de víctimas

Ciudad de México. El Pleno del Senado aprobó en lo general con 77 votos a favor y nueve en contra las reformas a la Ley General de Víctimas. En tribuna se destacó que con estas modificaciones habrá un comisionado ejecutivo nombrado por única vez por el presidente Enrique Peña Nieto para un periodo de tres años y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contará con una junta de gobierno, integrada por los secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y Salud; cuatro integrantes de organizaciones civiles y el comisionado ejecutivo.

El PRD votó dividido, ya que algunos senadores de ese partido consideraron que es un retroceso que el Ejecutivo federal proponga al comisionado de ese organismo y que se cuente con una junta de gobierno integrada por cuatro secretarios de Estado. Otros perredistas consideran que las modificaciones son un avance.

Asimismo, las presidentas de las comisiones de Gobernación, la priísta Cristina Díaz; de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Justicia, Fernando Yunes, y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, resaltaron que además contará con una asamblea consultiva y se termina con la estructura burocrática “que impidió otorgar la ayuda requerida por las víctimas durante estos tres años que estuvo en funcionamiento”.

La senadora Díaz subrayó que esta ley debió modificarse para dotarla de herramientas que permitan apoyar a las víctimas y atender no sólo a las víctimas de derechos humanos sino también a las del delito y sobre todo el fuero común.

A su vez, De la Peña refirió que los cambios a la ley “contienen diversas reformas, fruto de la demanda colectiva de la lucha de miles de víctimas que recorrieron a lo largo y ancho del país e incluso en Estados Unidos, para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia”.

Apuntó que hay tres cuestiones importantes en el dictamen, uno de ellos es el que las víctimas recibirán ayuda en las comisiones de víctimas de los estados o del fondo de la Comisión Ejecutiva, para poder hacer frente a la alimentación, hospedaje, traslados, atención médica urgente, que es un clamor de las víctimas y que hoy por cuestiones burocráticas no les es proporcionada.

Otro avance, dijo, es que “podrán contratar expertos independientes o peritos internacionales si en México no los hay y se atenderá a víctimas del delito y de derechos humanos.

El panista Fernando Yunes insistió que se modifica el diseño operativo del CEAV porque hoy no permite un adecuado funcionamiento, se flexibiliza el mecanismo de acceso a los fondos para la atención urgente y se subsana cubrir los gastos que efectúen las víctimas.

Graciela Ortiz, a su vez, insistió en que uno de los avances es que se establece la obligación a las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda a víctimas y si no lo tienen, el fondo federal proporcionará ayuda subsidiaria que deberán reponer los estados, y si no lo hacen se les descontará de sus participaciones federales.


Continúa la discusión en lo particular.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/04/aprueba-senado-en-lo-general-reformas-a-la-ley-de-victimas

México emite un fallo histórico en el caso de los migrantes masacrados en San Fernando

Después de cinco años la Suprema Corte de Justicia reconoce como víctimas a los familiares de los migrantes asesinados en San Fernando

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como víctimas a los familiares de dos migrantes asesinados por Los Zetas en 2011 en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas (noreste de México). Además obligó a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) a entregarles copia del expediente de la investigación que inició sobre estos hechos. El fallo considerado histórico se logró tras una lucha de casi cinco años por parte de los familiares y organizaciones sociales.

En julio de 2012 Alma Yessenia Realegeño recibió una llamada de la Fiscalía de El Salvador para informarle que los restos de su hermano Manuel Antonio habían sido encontrados en una de las 47 fosas descubiertas en San Fernando en 2011. El mismo aviso la recibió Bertila Parada, madre del salvadoreño Carlos Alberto Osorio. En 2013 la Cancillería de su país les pidió que acudieran a firmar la autorización a fin de que los restos de sus parientes fueran cremados y repatriados a su país. Las mujeres rechazaron la petición que se hacía desde México porque les negaron los documentos que acreditaran la identidad de los fallecidos. Desde entonces ambas comenzaron una batalle legal en contra de las autoridades mexicanas.

La PGR les negó todos sus derechos de víctimas, como tener representantes legales, copias del expediente judicial y nombrar peritos independientes para verificar la identificación del cuerpo de sus familiares. “Para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer después de muerto”, ha manifestado Bertila. Ella ha estado acompañada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la batalla legal.

Este miércoles la primera sala de la Corte se ha pronunciado al respecto. El proyecto de dictamen fallado a favor de Bertila y Yessenia –considerado histórico– obliga a las autoridades mexicanas a que se les conceda la protección de la justicia y puedan tener derecho a la reparación del daño que establece la Ley de Víctimas. “No esperaba esto pero ha valido la pena por mi hijo y por todos los migrantes masacrados”, dijo la madre de Carlos Alberto tras la resolución.


El fallo de la Corte obliga a las autoridades mexicanas a conceder a los familiares la protección de la justicia. También podrán tener derecho a la reparación del daño

Durante los peores años de la guerra contra el narco los migrantes fueron blanco del crimen organizado. En agosto de 2010, 72 centroamericanos fueron asesinados por Los Zetas –uno de los carteles más sanguinarios- en San Fernando. En abril de 2011, las autoridades hallaron otros 193 cadáveres en diversas fosas en el mismo municipio. Entre ellos estaban los cuerpos de Carlos Alberto y Manuel Antonio. En diciembre de 2014 el National Security Archive –un instituto de investigación de la Universidad de George Washington-, reveló que los agentes municipales de San Fernando también participaron en la masacre.

Apenas un día antes de la resolución de la Corte mexicana, Amnistía Internacional criticó la falta de avances en las investigaciones de la masacre de migrantes. Las pesquisas realizadas por las autoridades han sido insuficientes y las familias siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad, se cuestionó a través de un comunicado. "El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias que han buscado justicia durante cinco años” afirmó Erika Guevara, directora para las Américas del organismo.

El fallo de la corte podría abrir la puerta para que se aplique el mismo criterio a favor del resto de los familiares de los otros migrantes asesinados. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que 16 parientes de los centroamericanos asesinados serán inscritos en su padrón de víctimas. Con ello se abre un primer paso para que puedan tener acceso a asesoría legal, apoyo psicológico, y hasta reparación del daño.

Fuente: El País

Autora: Zorayda Gallegos

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1456968766_847064.html?id_externo_rsoc=FB_MX_CM

Huérfanos y viudas sin indemnización: Ley de Víctimas obstruye la reparación del daño

La CEAV detectó que, en la práctica, la Ley General de Víctimas tiene “candados” que limitan la reparación del daño, por lo que los comisionados de la Comisión presentan una propuesta para “quitarle burocracia”.

Huérfanos, viudas y familiares de personas asesinadas o quienes han sufrido alguna violación a sus derechos humanos  no han tenido acceso a los recursos a los que tienen derecho del Fondo de Apoyo a Víctimas, que sumó mil 450 millones de pesos hasta 2015, debido a trabas burocráticas en la Ley General de Víctimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) detectó que, en la práctica, la Ley tiene “candados” que limitan la reparación del daño a través del reparto de los recursos del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral federal”. Por eso, los comisionados pidieron a la Cámara de Diputados reformar la legislación para hacerla “más flexible”.

Desde la creación de la CEAV, sólo 120 personas han recibido alguna compensación económica, pese a que en nuestro país se registraron 15 mil asesinatos dolosos sólo en 2015 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 45 mil quejas en 2014 por posibles violaciones a derechos.

A través de un plan con ocho puntos de reforma, los comisionados de la CEAV pretenden “quitarle burocracia a la Ley de Víctimas, sobre todo en el acceso al fondo, que tiene muchísimos candados”, advierte el comisionado Julio Hernández en entrevista con Animal Político.

Uno de los aspectos negativos de la ley es que la CEAV se hace cargo de los gastos de las víctimas de forma “devengada”, es decir, las familias primero pagan –por ejemplo– los servicios funerarios, médicos y luego les reembolsan los montos, lo cual es “absurdo”, dada la situación de vulnerabilidad y problemas económicos por los que pasa una persona que sufre un duelo,  asegura el comisionado.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el Legislativo tiene la obligación de etiquetar un monto anual equivalente a 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto asciende a cerca de 500 millones de pesos cada año.

La intención de la Comisión es que los fondos disponibles hasta el momento (450 millones de pesos acumulados en tres años) puedan ser distribuidos durante 2016, entre todas las víctimas de delitos del fuero federal que lo soliciten. Esto porque la ley establece que la CEAV sólo tiene facultad para reparar el daño causado por funcionarios federales y no locales.

La compensación económica es uno de los aspectos de la “reparación integral del daño”, pero en esta también se incluye restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

En la práctica; sin embargo, “existen disposiciones en la ley que complican aspectos fundamentales de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, involucradas directamente en las medidas a las que las personas en situación de víctima tienen derecho: medidas de ayuda inmediata, de asistencia y de reparación integral”, advierten los comisionados en el documento con sus propuestas entregado a la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación.


Estas son los ocho puntos de reforma a la Ley General de Víctimas propuesta por la CEAV:

1. Facultar a la CEAV para atraer y atender integralmente casos que sean competencia originaria de las entidades federativas.

La ley establece que las víctimas de delitos cometidos por funcionarios locales pueden acudir a la CEAV cuando las comisiones de atención estatales y del Distrito Federal hayan ignorado su queja durante 30 días o haya recibido una atención deficiente o se las hubieran negado.

La propuesta de reforma busca implementar la “facultad de atracción” de casos ocurridos en los estados y establecer que éstas víctimas también puedan acceder al Fondo de Ayuda.

2. Facultar a la CEAV para registrar a víctimas del orden común en el Registro Nacional de Víctimas, de aquéllas entidades federativas.

Las entidades presentan un rezago considerable en la armonización de la Ley General de Víctimas y hasta el momento no han puesto en operación los respectivos registros estatales de víctimas. Por ello, la CEAV pide facultades para registrar a víctimas del orden común cuando sus casos no hayan sido sistematizados en sus lugares de origen.

3. Prever explícitamente que las comisiones estatales constituyan sus propios fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Aunque la redacción actual de la Ley de Víctimas establece con claridad que las entidades federativas deberán constituir sus respectivas comisiones estatales de atención a víctimas, “no prevé con la misma claridad la obligación la constitución y operación de sus fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”. Por lo que debería establecerse como una obligación, advierte la propuesta.

4. Facilitar el otorgamiento de apoyos para traslados, alimentación y hospedaje que requieran las víctimas en los fondos de emergencia.

La ley sólo prevé la posibilidad de otorgar estos apoyos bajo condiciones muy específicas y restrictivas. Los gastos que hubieran hecho las víctimas sólo podría reembolsarse como parte del proceso de reparación integral “que llega en una etapa muy tardía -o final- del proceso de atención, lo que coloca a las víctimas en una posición que hace nugatorio el ejercicio de múltiples derechos y provoca escenarios de revictimización”.

Los comisionados proponen definir un modelo para entregar de manera anticipada los recursos que las víctimas requieran para cubrir los traslados, alimentación y hospedaje.

5. Considerar todos los conceptos de la reparación integral con cargo al Fondo (restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y medidas colectivas), y no sólo la compensación económica, y eliminar la subsidiariedad.

La ley establece como “reparación integral” –con cargo al Fondo– sólo las medidas de compensación económica, aunque existen medidas de reparación como la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la de no repetición y las colectivas, que también pueden ser evaluables económicamente como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos. Por tanto, los comisionados proponen incluir todos los gastos que incluyan todas las medidas de reparación y no sólo la compensación económica. 

6. Prever esquema flexible de comprobación del gasto de los pagos con cargo al Fondo y que éste pueda llevar a cabo adquisiciones y servicios.

El reembolso de gasto sólo incluye el transporte, alojamiento, comunicación o alimentación como parte del juicio del caso. Sin embargo, argumentan los comisionados, es “indispensable” incorporar un esquema flexible de comprobación del gasto que aplique para todos los pagos con cargo al Fondo.

Además, para agilizar la provisión de materiales que permitan la provisión de servicios de emergencia médica, se incorpora la adquisición de bienes y contratación de servicios.

7. Establecer criterios para reparar en aquellos casos en que no se logre identificar al responsable del delito.

La legislación secundaria es “insuficiente” para lograr la reparación del daño de aquéllas personas que por dificultad de las circunstancias del caso o a una deficiente investigación por parte del Estado, no se logra identificar a un probable responsable y, por tanto, no se consigna la averiguación previa, requisito indispensable para acceder al Fondo de Ayuda. Por ello, la propuesta es facultar a la CEAV para determinar el monto correspondiente a la compensación en estos casos.


8. Establecer un presupuesto transversal con el propósito de etiquetar recursos específicos para la atención de personas en situación de víctima.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/01/burocracia-en-la-ley-deja-a-huerfanos-viudas-y-victimas-de-la-violencia-sin-indemnizacion/

Ley de víctimas es “letra muerta” en Morelos

CUERNAVACA, Mor: La ley de víctimas es “letra muerta” en la entidad, toda vez que a más de dos años de su aprobación –y a casi seis meses de instalada la comisión ejecutiva– hasta el momento no ha dado resultados, ni siquiera ha podido ejercer los recursos que le fueron asignados para reparar el daño de las miles de víctimas en el estado.

En entrevista, la comisionada Norma Delgado confirma que aún no tienen oficinas, y tampoco se ha creado el fideicomiso que permita operar, de acuerdo con la ley, los recursos para atender a las víctimas y, en su caso, realizar la reparación del daño.

Pero lo que es más grave es que la ley fue aprobada de manera ambigua y hasta el momento la comisión ha estado subordinada a una figura que, aunque existe en la ley, no tiene claras sus facultades.

Se trata de la coordinación ejecutiva, cargo que ocupa una funcionaria pública que depende directamente de la Secretaría de Gobierno de la administración de Graco Ramírez, lo que representa un contrasentido, pues parece que el Ejecutivo tiene subyugada a la comisión.

La Ley de Atención y Reparación de Víctimas y Violaciones a los Derechos Humanos nació a propósito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó en 2011 el poeta Javier Sicilia.

La iniciativa fue aprobada el 12 de julio de 2013 por mayoría en el Congreso local y prevé la conformación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que elegirían los diputados a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo por cada uno de los espacios de esa instancia.

En el proceso de integración de las ternas participó el gobierno del estado, pero por ley debió tomar en cuenta las propuestas hechas por el ombudsman estatal y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además de las organizaciones de la sociedad civil.

De tal suerte que surgieron nueve propuestas de las instituciones y seis de las organizaciones.

Por fin, el 8 de octubre pasado el Congreso aprobó por unanimidad la designación de Juan Carlos Morales Figueroa, Angélica Rodríguez Monroy, Concepción de la Rosa Bernal, Norma Delgado Díaz y Eva Penélope Picazo Hernández como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Pese a ello, la comisión fue instalada, con la inconformidad de la propia UAEM y del Movimiento por la Paz, hasta el 30 de marzo anterior.

Esto trajo como consecuencia que los recursos destinados ya desde el año pasado a reparación del daño, como establece la ley, no fueran ejercidos y se perdieran, pues fue hasta hace seis meses que fue instalada la Comisión de Víctimas.

Así, sumaron 30 millones de pesos los que dejaron de ejercerse, mientras que Morelos se convirtió a lo largo de 2014 en uno de los estados más violentos del país.

Para este 2015, el Congreso local destinó 27 millones de pesos, tres menos que el año anterior, para el mismo propósito, sin embargo, al llegar al décimo mes del año y a pesar de que hace seis meses se instaló la comisión, estos recursos todavía no pueden ejercerse, debido a que no se ha creado el fideicomiso para operarlos, tal como lo establece la ley.

Mientras tanto, el número de víctimas del delito se incrementa sin que exista una estrategia que pueda detener que Morelos sea el cuarto lugar nacional en número de homicidios en agosto, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); en tanto que en secuestro y extorsión la entidad no ha podido dejar los primeros cinco sitios.

Norma Delgado advierte: “No queremos ser una comisión de papel, queremos hacer algo por las víctimas, porque al final para eso nos propusimos. Nosotras (son cuatro consejeras y un consejero) participamos en un proceso de selección en el Congreso, no puede ser que ahora el gobierno nos ponga a una coordinadora” que, al final es una funcionaria pública, en este caso, Nadxelli Carranco Lechuga, coordinadora ejecutiva de la comisión y quien además es directora general de Armonización Legislativa de la Secretaría de Gobierno.

“No sirve para nada”: Sicilia

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, aseguró en entrevista que, en el marco normativo actual, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “no sirve para nada”, pues está subordinada a los intereses del gobierno de Graco Ramírez, quien está visto que no tiene interés por las víctimas, pues la estrategia para el combate al crimen sólo está basada en lo policiaco.

El poeta sostuvo que por eso la ley de víctimas es “letra muerta”, debido a que hay una tutela de parte del gobierno del estado, misma que se ha convertido en una subordinación de las funciones de la comisión al Ejecutivo, pervirtiendo así el espíritu de la ley, pues es un contrasentido.

“Quien forma parte de la fábrica de víctimas, que es el Estado, formando parte, o más bien, encabezando o coordinando, subordinando al final de cuentas a la comisión a los intereses del Estado, o en este caso, del gobierno del estado”, sostuvo.

Luego señaló que hace seis meses el Movimiento, la UAEM y la propia CDHM se levantaron de la mesa y salieron de la instalación de la comisión realizada por Graco Ramírez en la residencia oficial del Ejecutivo, “porque lo que nosotros queríamos entonces, y sostenemos ahora, es que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas debe ser un organismo constitucionalmente autónomo, lo que le daría la posibilidad de, entonces sí, responder en la medida de sus posibilidades a la crisis humanitaria que vivimos”, dijo.

Roberto Villanueva Guzmán, director de Atención a Víctimas de la UAEM, dijo que es lamentable que la Comisión Ejecutiva de Morelos esté atendiendo a las personas que acuden en busca de auxilio en la sala de espera de la oficina de la Coordinación Ejecutiva, dado que las comisionadas ni siquiera tienen oficina.

También resaltó que el problema de que no cuenten con instalaciones va más allá de la comodidad de las comisionadas. El asunto es que ni siquiera pueden dar atención digna a las víctimas, que no es posible dar asesoría jurídica y menos aún acompañamiento psicosocial, tan necesario en los procesos de dolor y victimización.

Por ello, exigió al Ejecutivo estatal, así como al Congreso local, llevar a cabo las acciones necesarias para que, a la brevedad, la Comisión adquiera el estatus de autonomía suficiente para lograr que pueda cumplir con las funciones que la legislación le otorga y que la realidad demanda.

Compromiso sin atender

El 30 de marzo, cuando se instaló la comisión, el gobernador Graco Ramírez debió escuchar los reclamos de Javier Sicilia, quien se apersonó en la residencia oficial Casa Morelos y, en uso del micrófono, demandó que se detuviera la instalación para que previamente se presentara la iniciativa de ley al Congreso, como iniciativa preferente, y con ello dar a la instancia la autonomía necesaria para llevar a cabo sus funciones sin tutelas.

Ante la negativa del gobernador, las comisionadas, el comisionado y las representaciones de los demás poderes, el poeta se levantó de la mesa, pues advirtió que no se quedaría a legitimar un acto que de suyo carecía de ella.

Sicilia advirtió entonces lo que ahora se confirma, que el instalar la comisión en estas condiciones sería solamente un organismo de papel que no resolvería ni paliaría en nada la situación de las víctimas.

Después de que Sicilia se retiró de la mesa, el gobernador Graco Ramírez se comprometió a presentar las iniciativas necesarias al Congreso para garantizar la autonomía constitucional a la comisión.

Sin embargo, han pasado seis meses y el mandatario no sólo no hizo nada, ya que al mismo tiempo demuestra su desprecio por las víctimas al obligar a las comisionadas a despachar en la sala de espera o en el pasillo de una oficina de la Secretaría de Gobierno.


Con tristeza, la comisionada Norma Delgado admite: “Bueno, ahí despachamos como podemos. El problema es que a veces, cuando ese lugar se utiliza para capacitación o alguna reunión de la dependencia, tenemos que salirnos para que puedan entrar ellos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.

‪#‎FreeNestora‬. Viola autoridad Ley de Víctimas: ignora a familiares de personas no localizadas

Orizaba, Ver.- Al ayuntamiento de esta ciudad no le importa violar la Ley General de Víctimas y se burla de los familiares de personas desaparecidas, les promete apoyo para la ubicación de los extraviados pero sólo es de palabra; les ofrece atención a los casos, sin embargo ignora las peticiones de los padres que, desde hace al menos cuatro años, buscan a sus allegados.

Por medio de un comunicado las madres y familiares de víctimas del delito de desaparición en la zona metropolitana de Orizaba y la región, acusan al ayuntamiento de esta ciudad de “insensible e irresponsable a las autoridades municipales por el incumplimiento de los acuerdos tomados por el ayuntamiento de Orizaba, Veracruz”.

Acusan que en esa reunión las madres y familiares de víctimas del delito de desaparición presentaron la situación de cada caso y solicitaron al representante local que informara sobre los procedimientos y protocolos para atender estos delitos, por parte del ayuntamiento y de la policía municipal.

No obstante se asegura que, “el director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, comentó que él no tenía conocimiento de las desapariciones de jóvenes en Orizaba, que apenas se había enterado de alguno de los casos hace meses y por los medios de comunicación”.

Esa respuesta, se señala en el comunicado, deja en claro que Herebia Hernández, “quiere deslindar al municipio y a su policía de cualquier responsabilidad ante estos delitos, argumentando que hay otras instancias que los atienden y se ofreció a ser gestor para futuras reuniones con esas otras instancias”.

Cita que, “Al final de la reunión se presentó por escrito un documento con algunas solicitudes de apoyo concretas al ayuntamiento, tales como la instalación de lonas con los datos de nuestras hijas y nuestros hijos en los espacios conocidos como carteleras municipales, sin costo para nosotros y por el tiempo que sea necesario o hasta el regreso de nuestros familiares; incluir un espacio en la página web del ayuntamiento, con la información de manera permanente hasta se regreso”.

Exponen que Juan Manuel Herebia les dijo que esa misma tarde daría réplica por escrito, como parte del ayuntamiento, “pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna, ni pública, ni privada, ni por escrito ni de palabra o por algún otro medio”.

Con estas acciones, agregan: “el ayuntamiento viola los artículos y párrafos de la Ley General de Víctimas promulgada el 14 de mayo de 2013, donde define con claridad las responsabilidades municipales y de las policías en los tres niveles de gobierno para la atención del delito de desapariciones, mismas que le fueron presentadas en la reunión”.

“El artículo 119 refiere que corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: I. instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas; II. Coadyuvar con el gobierno federal y las entidades federativas en la adopción y consolidación del sistema”.


Así, citan demás apartados de la ley que son trasgredidos por la auroridad al negarles respaldo.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
AUTOR: FERNANDO INÉS CARMONA.

La ley de víctimas… revictimiza

En 2013, la Ley General de Víctimas se presumió como el mayor avance en la historia para compensar a los ciudadanos más afectados por la inseguridad. Sin embargo, resultó contraproducente en los casos de desaparición forzada, como el de los normalistas de Ayotzinapa: De acuerdo con el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, un artículo mal redactado ordena que se indemnice a los damnificados sólo si los culpables ya fueron sentenciados, algo que ha pasado sólo en seis casos, de un total de 22 mil.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la práctica, la Ley General de Víctimas (LGV) no permite indemnizar a los afectados por desapariciones forzadas: en su artículo 67 estipula que para que pueda pagarse una compensación económica debe haber un sentenciado, pero resulta que en México el 97% de todos los procesos penales quedan sin sentencia.

Así, de acuerdo con Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Ley de Víctimas revictimiza.

Hay cifras que avalan su dicho. Desde la guerra sucia –detonada en la década de los sesenta– la justicia mexicana sólo ha dictado seis sentencias condenatorias por desaparición forzada, y éstos son los únicos procesos en que la CEAV podría otorgar un resarcimiento monetario. El resto –alrededor de 2 mil 900 registrados en la CEAV, y más de 22 mil en general– no tiene este derecho.

Existe otro problema vinculado con las indemnizaciones. El gobierno federal depositó tardíamente los recursos correspondientes a 2014: “Los recibimos el último día del año, a pesar de que en sus artículos transitorios la LGV establece que deberá asignarse el presupuesto con un año de anticipación. Este es otro punto que atenta contra los derechos de las víctimas”, afirma Hernández.

“El 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nos asignó 500 millones de pesos correspondientes a ese año. A los 10 días recibimos otra cantidad igual correspondiente al ejercicio 2015. Para entonces ya teníamos una lista de 500 casos por desaparición para indemnizar de inmediato. Fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos impedidos por el artículo 67”…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2004 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

‘Derriten’ Ley de Víctimas

La esperanza de los mexicanos que han sido protagonistas de abusos y delitos se extingue. La legislación que vendría a apoyar el proceso de reparación del daño está rezagada. La mayoría de los estados y sus autoridades muestran poco interés en resolver el problema.

La principal deuda histórica que tiene el Estado mexicano con la protección y atención a las víctimas de este país está muy lejos de saldarse.

La debilidad institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de voluntad política de los estados para homologar la Ley General de Víctimas han incinerado las esperanzas que tienen los mexicanos por alcanzar la justicia y la reparación del daño.

En este juego de deslindes de competencias y responsabilidades entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales son las víctimas las que salen con la peor parte.

El riesgo de una revictimización de las víctimas es muy grande.

Un reclamo que no se escucha

A dos años de haber entrado en vigor la Ley General de Víctimas (LGV), existe un importante rezago en la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior para atender el principal reclamo que existe en la sociedad mexicana.

Pero la omisión principal se encuentra en los estados en la creación de las comisiones estatales de atención a víctimas de delitos y de la violación de sus derechos humanos.

El último reporte sobre el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas en las entidades federativas ofrece resultados –más que lamentables- hirientes.

A casi un año de haberse vencido el plazo legal para aterrizar la Ley General de Víctimas, existen 10 estados que ni siquiera han comenzado el proceso para homologar su legislación como establece la LGV.

Quince estados tienen a medias este proceso de armonización y 7 entidades pueden decir que  cuentan con una comisión estatal de víctimas operando, un registro y un fondo de reparación.

“La deuda con las víctimas es enorme”, reconoce Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la instancia que creó el gobierno mexicano para atender esta problemática.

“Como Estado mexicano hemos fallado a las víctimas y reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano requiere de mucha valentía.

“El Estado debe de asumir la responsabilidad de no haber garantizado estos derechos (la seguridad, la justicia y la verdad ) y reparar”, refiere.

Sin recursos no hay leyes

La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de abril de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero entró en vigor hasta 8 meses después, cuando el presidente priista Enrique Peña Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había presentado en su momento el mandatario panista.

La nueva legislación fue reformada en mayo de 2013.

En los artículos transitorios se otorgaba un plazo de un año –que se vencía en mayo del 2014- para que los estados cambiaran sus leyes para adaptarse a la LGV.

Ningún gobierno estatal cumplió dentro del tiempo legal.

El último reporte de la CEAV exhibe como los estados que ni siquiera han comenzado el proceso de actualización de la nueva Ley a Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Hay 15 estados que registran avances en la armonización, pero su proceso está a medias: algunos tienen comisiones estatales de atención, pero carecen de fondo de reparación.

En esta situación se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.

También en esta lista está Puebla, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Para la CEAV en este momento solo 7 estados son los que han cumplido con la correcta armonización de la Ley General de Víctimas.

En esta lista se encuentra Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.

Es decir: tienen una comisión de atención a víctimas autónoma, operan un registro estatal y cuentan con un fondo de reparación del daño.

Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV,  dice que es la falta de recursos la principal excusa que han ofrecido los estados para no cumplir con la Ley General de Víctimas.

“Yo creo que no puedes poner como excusa la falta de recursos para atender una deuda tan grave, tan importante para la ciudadanía y tan sensible”, comenta el comisionado.

Sin registro de los desaparecidos

La omisión de los estados en el cumplimiento de la LGV ha impedido la operación plena del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se supone es la máxima instancia del gobierno mexicano para atender este reclamo ciudadano.

Una de las principales obligaciones que tienen las comisiones estatales de atención a víctimas son alimentar el Registro Nacional de Víctimas y atender los casos de víctimas del delito del fuero común.

Entre los estados que no han iniciado el proceso de armonización de la Ley General de Víctimas sobresalen los casos de Distrito Federal y del Estado de México, que son los más grandes del país.

“Los que menos se han adaptado es curiosamente el Distrito Federal, que es un estado pionero en atención pero que no tiene una comisión ejecutiva, no tiene fondo y no tiene un registro de víctimas propio donde se reúnan a las víctimas”, explica Rochín del Rincón.

“El Estado de México tampoco se ha armonizado siendo que es una de las instituciones que tiene buena atención con un centro estatal de víctimas”.

Entre los estados cumplidos hay casos especiales como el de Nuevo León, que sí tienen ya instalada una comisión ejecutiva para la Atención de Víctimas, sin embargo ésta no es autónoma y la creación del fondo de reparación del daño está en proceso.


Es el mismo caso de los estados Tamaulipas y Durango, que ya tienen operando comisiones sin embargo estas dependen de las procuradurías estatales.

Existen además estados que han aprobado sus legislaciones en homologación con la Ley General de Víctimas, pero que no han publicado sus legislaciones.

En esta situación se encuentran entidades como Baja California Sur, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Los estados de Michoacán y Guerrero, en los últimos dos meses, aprobaron su legislación en base a una Ley Modelo de la CEAV.

Expedientes del incumplimiento

Hace 6 meses se publicó que en la CEAV no estaban conformados ni el Fondo ni tampoco el Registro Nacional de Víctimas como lo establece la LGV desde hace un año.

Los plazos se habían vencido y los estados habían incumplido con la homologación aprovechando la poca fuerza institucional que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Nosotros hemos tratado dentro de nuestras facultades de señalar públicamente el incumplimiento, pero claramente ha sido insuficiente”, reconoce Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV.

 “A veces cuesta semanas para que te den una reunión, pero al final te la dan”.

Rochín del Rincón asegura no hay justificación para que los estados no tengan sus comisiones ejecutivas estatales instaladas antes de que concluya el primer semestre.

El presidente comisionado de la CEAV se compromete que al término del primer semestre de este año el 80 por ciento de los estados tendrán instalados sus comisiones de atención a víctimas.

“Este año, en este semestre, debemos de tener las comisiones ejecutivas funcionando por lo menos en un 80 por ciento”, asegura.

Los estados –de acuerdo a la LGV- le toca atender a las víctimas del fuero común y están obligados a tener un registro de víctimas y un fondo de reparación del daño.

La CEAV hace dos meses apenas pudo reactivar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y entregó hace un mes el primer apoyo a una víctima de la violación de sus derechos humanos.

Los derechos de las víctimas en los estados donde no han adaptado sus leyes no están garantizados porque no pueden recurrir directamente a la CEAV.

Esto porque los comisionados aprobaron el año pasado una resolución que impide que las víctimas del fuero local soliciten el apoyo de la CEAV para inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas.


“Nosotros por nuestras competencias sólo atendemos casos de víctimas del delito y derechos humanos del fuero federal”, dice Rochín del Rincón.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Una ley víctima de retrasos

En junio del 2011, México habló por primera vez de crear una ley para las víctimas de la violencia. Más de tres años después se promulga el reglamento para su ejecución.

La Ley General de Víctimas ha sido una paradoja desde la aprobación de la minuta para su creación.

Víctima de múltiples retrasos, la legislación que busca reparar el daño a quienes han sufrido violaciones a derechos humanos, ha llevado un proceso de más de 3 años para llegar a la promulgación de su reglamento.

La ley comenzó a redactarse en junio de 2011 tras las reuniones de víctimas de la violencia con Felipe Calderón. Ahí se exigió que se garantizara la atención y protección de los afectados por la inseguridad en el país.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), en México el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.

Según la organización, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7 mil quejas por torturas y malos tratos.

La iniciativa de Ley se presentó en el Senado en abril de 2012 para establecer la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares.

Pero su peregrinar fue accidentado. En julio del 2013, aunque ya había sido aprobada tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, Calderón regresó la ley al Congreso con el argumento de que contenía imprecisiones.

Posteriormente interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la promulgación de la legislación.

En su informe titulado “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”, AI señaló que víctimas de distintas partes del país habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.

Por eso, la promulgación de la Ley General de Víctimas fue una de las principales promesas de Enrique Peña Nieto.

Incluso, en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre, el mandatario advirtió que se desistiría el recurso legal interpuesto por Calderón, el cual impedía la promulgación de la ley.

A su llegada a Los Pinos, Peña Nieto desistió de la controversia y la Ley fue publicada el Diario Oficial de la Federación, aunque quedó pendiente el reglamento para implementarla.

Pasaron casi dos años más para que se publicara el reglamento que permite proveer de las herramientas administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos de las víctimas que contiene la Ley.

El registro

El Registro Nacional de Víctimas será la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional.

El registro será individual, de tal forma que cada víctima cuenta con su propio registro, respecto del cual se emitirá la constancia correspondiente.

Cuando se detecte que la víctima ya cuenta con un registro previo, se acordará su acumulación, ya sea que se trate de los mismos o de nuevos hechos.

Para la atención

Toda persona que haya sido víctima de delito o de violación a sus derechos humanos, puede recibir las medidas de atención, asistencia y protección inmediata, en tanto se determine su ingreso al Registro Nacional de Víctimas.

1. La víctima acude a la Comisión Ejecutiva, la cual le dará a conocer los derechos que en su favor establece la normativa vigente y el modo de ejercerlos.

2. Completará el Formato en los casos en que no se haya llevado a cabo con anterioridad y lo remitirá al Comité Interdisciplinario Evaluador.

3. Realizará la canalización que corresponda con las instancias competentes.

4. En caso de que de la entrevista inicial se determine la necesidad de tratamiento especializado de urgencia, la Comisión realizará las gestiones necesarias para solicitar las medidas cautelares o de protección.

¿Cómo pueden disponer de ese dinero?

1. Las víctimas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.

2. La víctima presentará su solicitud por escrito conforme a  la propia Ley, este Reglamento y los lineamientos que al efecto emita la propia Comisión.

3. La Comisión Ejecutiva, en los casos de delitos del orden federal, determinará la procedencia de los pagos con cargo al Fondo, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley y en este Reglamento.

El peregrinar de la Ley

Desde abril del 2012, la Ley General de Víctimas ha estado en proceso. La semana pasada, por fin se publicó el reglamento que especifica la forma en que será aplicada esta legislación.

> 30 de abril de 2012
La Minuta de la Ley General de Víctimas es aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados, en los términos en que la envió el Senado de la República.

> 1 de mayo de 2012
La ONU celebra aprobación de la Ley de Víctimas y Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos

> 10 de mayo de 2012
Se remite el decreto de la Ley General de Víctimas al Ejecutivo.

> 31 de mayo de 2012
El Movimiento por la Paz hace un llamado a la Cámara de Diputados para aclarar la situación que guarda la aprobada Ley General de Víctimas.

> 19 de junio de 2012
Se cumple el límite del Poder Ejecutivo para publicar la Ley General de Víctimas.

> 29 de junio de 2012
El Senado solicita a la Segob girar  instrucciones para que se publique en el diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas.

> 1 de julio de 2012

La subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación devuelve la Ley General de Víctimas con observaciones.

> 19 de julio  de 2012
El Poder Ejecutivo presenta Controversia Constitucional ante la Orden del Senado de publicar la de Ley General de Víctimas.

> 24 de julio de 2012
La Suprema Corte de Justicia admite a trámite la controversia constitucional enviada por Felipe Calderón para detener la publicación de la Ley General de Víctimas y buscar que el Congreso le haga modificaciones.

> 30 de agosto  de 2012
Felipe Calderón presenta al Congreso una nueva iniciativa de Ley de Víctimas, en medio de la disputa que su gobierno sostiene con el Poder Legislativo por el anterior proyecto.

> 1 de diciembre  de 2012
Enrique Peña Nieto instruye a la Consejería Jurídica de la Segob desistirse de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas.

> 9 de enero de 2013
Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. Se prevé integrar el reglamento correspondiente y publicarlo en un plazo no mayor a seis meses.

> 10 de enero
El Movimiento por la Paz asegura que sin un Sistema Nacional de Atención de Víctimas la ley será ‘solo letra muerta’.

> 19 de febrero de 2013
Presentan Movimiento por la Paz y Senadores la  Iniciativa de Reforma a la Ley General de Víctimas.

> 21 de marzo de 2013
Se aprueba en el Senado de la República el Dictamen de Reformas a la Ley General de Víctimas.

> 9 junio de 2013
Se cumple el plazo para la publicación del decreto para integrar el reglamento correspondiente y publicarlo.

> 27 de noviembre de 2014
Anuncia Enrique Peña Nieto el reglamento de la Ley; el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.

> 28 de noviembre de 2014

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que ya prevé el fondo económico, aunque para ser integrado tiene hasta el último día de febrero próximo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.