Se trata de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) que, publicada el 4 de diciembre último, debió incorporarse a los marcos legislativos locales antes del 6 de junio.
A este fracaso se suma el hecho de que el proyecto de presupuesto para 2016 planteado por el gobierno de Peña Nieto pide 40 millones de pesos para instrumentar lo mandatado en la norma, pero esa cantidad representa apenas 4% de los recursos que se requerían y que los legisladores recomendaron.
La “iniciativa preferente” es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Consiste en enviar a cualquiera de las cámaras del Congreso –el día de inicio del periodo ordinario de sesiones– una propuesta de ley que el mandatario considere prioritaria y que no implique reforma constitucional: forzosamente debe ser votada en un mes o menos, y remitida a la cámara revisora para que la vote en el mes siguiente.
Peña Nieto aún estaba festejando lo que llamó “el periodo reformador” cuando presentó la iniciativa de la LGDN el 1 de septiembre pasado. Al día siguiente encabezó un acto donde detalló su contenido.
Durante un mes, el Senado modificó sustancialmente el proyecto. Hacía cinco años que organizaciones ciudadanas –la mayoría integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim– intentaban impulsar la adopción de las normas internacionales en el marco jurídico mexicano, y lograron convencer al Senado de perfeccionar la iniciativa peñanietista mediante una revisión que involucró a cuatro comisiones y opiniones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una vez mejorada, la propuesta se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados.
Entonces iniciaron las presiones. El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado suscrito por su presidente, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, y por el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía. En ese texto se pronunciaron en contra de uno de los derechos que consagra la LGDN. Se referían a la inclusión del concepto “derechos sexuales y reproductivos”, que según ellos no se entendía.
En 2008, y cuando era arzobispo de Monterrey, Robles Ortega ya había promovido una iniciativa panista para crear una Ley de la Familia que contenía matices homofóbicos. Su propuesta era una copia exacta de una encíclica papal, pero el prelado fracasó en su empeño.
La nueva cruzada de Robles en relación con la LGDN citaba la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, y recordaba que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la había regresado a la Asamblea Legislativa impugnando lo mismo que la CEM. En aquella norma se leía:
“Que niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen.”
Luego planteaban su preocupación por que los derechos sexuales y reproductivos de la LGDN significaran eso.
En los días siguientes las organizaciones ultraderechistas católicas Red Familia, Consejo Mexicano de la Familia ABP y Voz Pública emprendieron un cabildeo en la Cámara de Diputados y publicaron un desplegado en el que exigían se eliminara la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, con argumentos similares a los de la CEM.
En redes sociales circularon mensajes que cuestionaban a los legisladores, calificaban a la LGDN de abortiva y aseguraban que ésta implicaba la pérdida del derecho paternal a educar. Finalmente los opositores consiguieron su objetivo, pues los diputados suprimieron la frase en cuestión y aprobaron la ley, lo que motivó la inconformidad en el Senado.
De acuerdo con la Redim, los legisladores terminaron aceptando la eliminación a fin de rescatar la mayor parte del articulado, que entre diferentes mejoras prevé la creación de un sistema nacional de protección, una procuraduría y numerosos preceptos acordes con el derecho internacional.
Esa explicación coincide con la de la diputada Verónica Juárez, que preside la Comisión de Derechos de la Niñez. Ella afirma que si bien debe seguirse luchando por llamar a las cosas por su nombre, la LGDN es mucho más que eso.
–¿Eliminaron el concepto porque sonaba feo? –se le plantea.
–Casi casi. Así, de ese nivel era la argumentación de los grupos antagónicos. Pero no se alteró el espíritu de la ley.
El optimismo
El 4 de diciembre, en la residencia oficial de Los Pinos, la senadora Hilda Flores Escalera, la diputada Verónica Juárez y el presidente Peña Nieto hablaron del contenido de la ley que ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
El mandatario destacó el hecho de que la LGDN reconociera a los menores como titulares de un amplio catálogo de derechos; que creara un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Niñas, además de procuradurías nacional y locales, y regulara los centros de asistencia. Además, mandataba la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en función del interés superior de la infancia.
Aun cuando la iniciativa original fue modificada radicalmente, Flores Escalera se deshizo en elogios a Peña Nieto, a quien atribuyó “una gran sensibilidad”, ser artífice de “la dinámica transformadora” del país y, ya en el clímax discursivo, desvarió:
“A partir de hoy ninguna niña o niño sin nombre y apellido; ninguna niña o niño violentado ni víctima de acoso escolar; ninguna niña o niño sin acceso a la educación; ninguna niña o niño discriminado por discapacidad, origen o raza; ninguna niña o niño con problemas de sobrepeso y obesidad sin atención adecuada.”
Lo cierto es que ni siquiera a escala legislativa se concretó la declaración de la senadora. Entre las numerosas medidas y acciones a realizar, los congresos estatales tendrían que homologar sus respectivas leyes antes del 6 de junio. No ha ocurrido.
El siguiente tropiezo ocurrió a nivel presupuestal. Verónica Juárez explica que, merced a un estudio, el Congreso recomendó asignar un presupuesto de mil millones de pesos para el cumplimiento de la norma federal, pero el propio Peña Nieto pidió sólo 40 millones.
“Parece mucho, pero no lo es. Un ejemplo: el año pasado se aprobaron 10 mil millones de pesos para instalar bebederos en escuelas, cuando ni siquiera estaba garantizado que hubiera agua en las escuelas”.
El pasado jueves 2, durante un conversatorio en el Senado, la Redim se quejó de la falta de programación de recursos, y exigió que se conformara un fondo especial para concretar lo estipulado en la LGDN.
En entrevista, Juárez alude a la falta de voluntad política del gobierno federal: “A iniciativa preferente debería corresponder un presupuesto preferente para concretarla”.
El problema es que con lo solicitado por Peña Nieto, el sistema de protección tan celebrado no podrá concretarse, además de que diferentes aspectos programados por la LGDN no se cumplirán en los plazos previstos.
Juárez afirma que, de hecho, nueve estados no han aprobado la ley. Se trata de Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Chihuahua y Aguascalientes. En Tabasco ni siquiera se dictaminó y en Sinaloa hay una fuerte presión de grupos religiosos. Reconoce sin embargo que el retraso también se debe a los procesos electorales de junio pasado.
Originaria de Jalisco, Verónica Juárez se dice convencida de que las leyes deben verse sin el filtro del dogma. Asegura que hasta ahora no tiene registro de que se esté presionando a los legisladores, pero advierte que las presiones podrían surgir debido a consideraciones fundadas en el desconocimiento de la ley que, a su juicio, no pone en riesgo nada ni a nadie.
El boicot local
“Al elegir a nuestros diputados lo hacemos con la esperanza de que tomen buenas decisiones, por nosotros los sinualenses en el estado y el país, el quere educar anuestros hijos con lo que ustedes piensan o creen que es lo correcto, no es lo justo por el dever y la obligacion es nuestra como padre y si nos ekivocamos Dios se encargara de hacernoslo saver” (sic).
El mensaje anterior es sólo uno de los recibidos por la diputada local sinaloense Imelda Castro Castro en su celular.
Con este tipo de mensajes, más pronunciamientos públicos y privados, la Iglesia católica dobló al Congreso de Sinaloa, que ya se declaró “en moción suspensiva” del proceso legislativo para la LGDN.
En Sinaloa se presentaron cinco iniciativas, una de las cuales fue creada por el gobernador Mario López Valdez. El 4 de junio se elaboró un dictamen que retomaba ideas de todas las propuestas y que estaban en sintonía con la ley federal.
En la Diócesis de Culiacán, el activismo se hizo patente en una circular, difundida por el cura Miguel Ángel Soto Gaxiola, encargado de la Pastoral Familiar, con la que dio inicio la andanada de presiones sobre los diputados, de manera similar a lo que ocurrió en el Congreso de la Unión.
La circular de Soto Gaxiola decía: “El predictamen no considera ni en la parte de derechos ni en la parte de definiciones y principios rectores, las aportaciones realizadas en la iniciativa del gobernador (que es la misma que la de Red Familia y la del señor obispo de Culiacán Jonás Guerrero Corona)” (sic).
El clero pedía eliminar el término “igualdad sustantiva”; cambiar la frase “preferencias sexuales” por la de “género por sexo, pues los niños no tienen preferencias sexuales”, y eliminar “el concepto de libre desarrollo de la personalidad” y sustituirlo por el de “bienestar y desarrollo integral”.
En las semanas siguientes, diputadas como la perredista Imelda Castro y la priista Sandra Lara Díaz empezaron a recibir mensajes en sus domicilios, celulares y correos, mientras los comentarios en redes sociales firmados por padres de familia de colegios privados se radicalizaban.
El 14 de junio los mensajes contra Lara subieron de tono y empezaron a mencionar sus datos personales e inclusive los nombres de sus hijos y familiares, como ya le había ocurrido a la senadora Diva Gastélum seis meses antes. Ante el acoso, Lara emitió un comunicado el día 17, en el que explicó que la armonización legislativa de la LGDN no era una postura personal sino un mandato federal.
Lo que distingue el caso Sinaloa es la consigna “Si es mi hijo, yo lo educo”. En las mesas de debate se reclama incluso el derecho de los padres a castigar físicamente a los hijos.
Entre las exigencias de los grupos identificados con la curia destaca la inclusión de un capítulo sobre “derechos de los padres”.
Para el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, incluir ese apartado equivaldría a que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se pusiera una sección sobre el derecho de los maridos sobre ellas.
“Lo que tienen que entender es que los niños no son una propiedad. La familia es el espacio de desarrollo, que se acompaña del Estado, pero lo que se hace en la familia no puede ir contra su desarrollo y su futuro, y eso lo tiene que tutelar el Estado”, explica.
La Redim y algunos legisladores han solicitado a la Secretaría de Gobernación que su titular –Miguel Ángel Osorio Chong– o el presidente de la República emitan un llamado de alto nivel en defensa de la LGDN promulgada, tal como ocurrió en el caso de la Ley General de Educación, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso controversias constitucionales contra entidades federativas que se apartaron del sentido de la ley.
Proceso solicitó a la Presidencia una entrevista con la Consejería Jurídica, pero hasta el cierre de edición no la habían atendido.
Texto publicado en la edición 2019 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL).